La denuncia fue presentada esta semana en el Juzgado número 2 en Comodoro Py, y también en los tribunales de Morón por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre junto a una decena de organizaciones de Derechos Humanos e, incluso, un diario local.

Según explicó a Télam la vicepresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Iris Pereyra de Avellaneda, "la denuncia fue acompañada de fotos y documentación que demuestra que Acuña contrató a policías exonerados de la Policía Federal y que, además, los proveyó de armas sin contar con autorización del Registro Nacional de Armas (Renar)".

"Desde el momento en que son exonerados de la fuerza de seguridad y portan armas, son peligrosos", dijo Pereyra, que relató que este año el comando de operaciones "detuvo a cuatro chicas y dos chicos que estaban pegando carteles que difundían la realización de un congreso de mujeres".

En la documentación presentada consta que entre los integrantes del Comando de Operaciones Municipales (COM) se encuentra Gustavo Alberto Contreras, policía bonaerense exonerado en 1995.

Iris, que es la madre del "negrito" (Floreal) Avellaneda, muerto por la dictadura, ya presentó la denuncia junto al resto de las organizaciones, y ahora espera que la Justicia se expida para que termine esta situación irregular.

La denuncia ante los tribunales de Comodoro Py fue ratificada ayer por las organizaciones de DDHH, según confirmó Iris Pereyra de Avellaneda.

La Regional Mar del Plata de la Confederación General del Trabajo (CGT) le reclamó al candidato a intendente de Cambiemos, Carlos Arroyo, que "asuma su pasado" y aclare su actuación "en épocas nefastas y exponga sin mentiras qué proyecto propone para Mar del Plata y sus trabajadores".

El documento de la central obrera indica que la ciudadanía marplatense y en especial los trabajadores "no salimos de nuestro asombro con la noticia difundida por el secretario general del sindicato de taxistas, Donato Cirone, respecto a la tarea de interventor desempeñada por el candidato a intendente por Cambiemos, expresión política que el PRO selló con la UCR y Agrupación Atlántica, Carlos Fernando Arroyo".

Recuerdan que de acuerdo a una publicación del diario LA CAPITAL fechada el 20 de julio de 1979, "Arroyo tuvo a su cargo la ocupación de censor en la Asociación de Conductores, que en aquel tiempo representaba a titulares de licencias. Y el desconcierto es aún mayor -refieren- cuando caemos en la cuenta de la falacia utilizada para engañar a la población expresando que fue contratado a los efectos de reparar semáforos".

Los dirigentes de la CGT remarcan que "en realidad, debemos suponer que la misión encomendada era parte de las variadas formas de represión que el gobierno de facto establecido por la Primera Junta Militar (Videla, Agosti y Massera) que gobernó al país entre 1976 y 1981, puso en marcha interviniendo a organizaciones obreras".

Las denuncias y la preocupación sobre el pasado de Arroyo ya se expresaron en las voces de representantes del radicalismo, miembros del FpV, la agrupación HIJOS y numerosas organizaciones de derechos humanos.

El diputado provincial por el Frente para la Victoria, Gustavo Di Marzio, la asesora en la Dirección Nacional de DDHH, Ailen Díaz; los miembros de la querella Argentina contra los crímenes Franquistas, Adriana Fernández e Inés Holgado y Martín Cobacho, de HIJOS La Matanza, abrieron el ciclo Político y Cultural “De Videla a Franco” que se realizó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Allí el legislador afirmó que “difundir estas etapas, que parecieran tan lejanas, es muy necesario para la creación de este nuevo mundo tan solidario que intentamos construir” y en dicho sentido dijo que “este panel busca seguir consolidando la lucha de nuestro país y lograr la reivindicación del pueblo español”.

“Creemos imprescindible poder hacer una retrospectiva de esos momentos de la historia donde se produjeron tantos dolores, ausencias y que siempre tuvieron atrás la política de algún imperio que aprovechaba esa situación de dolor, represión y muerte para producir la explotación de las grandes mayorías y la producción de la riqueza en pocas manos”, aseguró Di Marzio.

Por su parte Ailen Díaz explicó que este ciclo “tiene como objetivo desarrollar y difundir algunas de las políticas sobre Derechos Humanos en nuestro país y en España”.

“A diferencia del perdón que realizó Néstor Kirchner a la ciudadanía argentina por el genocidio cometido, el cual marcó un antes y un después en el reconocimiento de las políticas de Derechos Humanos, en España no hay políticas de Memoria y se trató de imponer un discurso en donde se explica que lo sucedido fue un enfrentamiento de dos bando y además la educación aún continúa con esas políticas”, finalizó Díaz.

En esa línea, Adriana Fernández argumentó que aún “el pueblo español todavía no tiene conciencia de la memoria histórica: no pueden reconocer la historia tal cual fue, ellos sólo narran la parte oficial como si aún existiese el miedo”.

Más de 12.000 jóvenes bonaerenses participaron, desde ayer, y hasta el 11 de agosto próximo, de encuentros regionales para intercambiar experiencias y debatir sobre políticas de derechos humanos, informó hoy la Comisión Provincial por la Memoria.

Bajo el lema “trabajar con la memoria para pensar el presente: los desafíos por la igualdad”, los jóvenes trabajarán y debatirán sobre los 970 proyectos presentados por escuelas y organizaciones sociales, políticas, y de derechos humanos.

El programa “Jóvenes y Memoria, recordamos para el futuro” fue creado en el año 2002 por la Comisión y su objetivo central es reconocer el derecho a la memoria en las nuevas generaciones y promover el sentido crítico del pasado, como parte del proceso de construcción de su propia identidad y de la profundización de la democracia.

La directora del Programa, María Elena Saraví explicó que como cada año “la diversidad de jóvenes que participan del programa permite reconocer las problemáticas y las demandas que dan cuenta de una nueva agenda de derechos humanos, que es la que resulta significativa para las nuevas generaciones”.

Para ello, durante todo el año, los estudiantes de escuelas secundarias y miembros de las organizaciones sociales territoriales trabajan en un proyecto de investigación que, desde la vinculación de las políticas de memoria con el presente, busca discutir las situaciones de desigualdad y vulneración de derechos humanos.

Según se informó, en esta oportunidad los proyectos contemplan desde investigaciones que recuperan las memorias del terrorismo de Estado hasta temas vinculados con la violencia institucional, las desigualdades socioeconómicas y la participación política y cultural de los jóvenes hoy.

Luego de los encuentros regionales, los jóvenes se preparan para el cierre del programa que se realiza en Chapadmalal, en Mar del Plata, donde expondrán el resultado de sus proyectos de investigación.

Los convenios constituyen el instrumento a través del cual la Secretaría provincial busca consolidar una política masiva de derechos humanos en todo el territorio bonaerense. De hecho, esta nueva firma se trató del centésimo acuerdo institucional entre esta cartera y los municipios.

“La territorialización es un desarrollo indispensable para cumplir con una precisa instrucción del gobernador Scioli: lograr que las políticas públicas estén al alcance de los ciudadanos”, explicó Carlotto.

Los convenios tienen como objetivo brindar en el ámbito del municipio una respuesta eficaz frente a la problemática de la violencia contra las mujeres y comprende el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de las situaciones que se detecten o denuncien.

En ese sentido, West celebró la firma y aseguró que fortalecerán "el trabajo conjunto a través de nuestra mesa local. Todos tenemos que acompañar la lucha de la mujer para ser dueña de su destino y no ser sometida ni juzgada, y tenemos que acompañarlas con las instituciones".

El abordaje de esa problemática se realiza a través del programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM) que depende de la secretaría de Derechos Humanos.

“El AVM nuclea a todos los agentes territoriales que trabajan en esta problemática: desde las Comisarías de la Mujer y los hospitales, hasta el poder judicial y las áreas de los municipios con competencia en la cuestión”, explicó Carlotto.