La reacción surge luego que el libertario dijera que la candidata de Juntos por el Cambio “puso bombas en un jardín de infantes”.

De cara al debate del domingo rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció que denunciará penalmente a su par de La Libertad Avanza, Javier Milei, por sus recientes dichos sobre su pasado en la organización Montoneros.

“Ella era una montonera tirabombas. Puso bombas en un jardín de infantes”, dijo el lunes por la noche el libertario, declaraciones que motivaron una reacción por parte de la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

Bullrich hizo el anuncio este martes durante una visita al partido bonaerense de San Isidro y luego de las repercusiones que tuvieron las expresiones del candidato de LLA.

“24 horas después de haberme dicho que aceptaba que yo podía ‘haber cambiado’, para justificar lo de (Luis) Barrionuevo, sale a decir en un programa televiso que yo había ‘puesto bombas en un jardín de infantes’. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal”, dijo la candidata del macrismo.

Además de tildar de “mentiroso” a Milei, la ex ministra expresó que el candidato ultraliberal le “aceptó” en el debate presidencial que “haya cambiado” con respecto a su pasado -Bullrich reconoció haber pertenecido a la Juventud Peronista-, pero le achacó que lo hizo sólo para “justificar” su acercamiento al histórico sindicalista gastronómico Barrionuevo.

“El otro día en el debate, Milei dijo ‘si vos cambiaste, te acepto que hayas cambiado, asunto terminado’. Eso lo hizo para justificar que él había convocado a Barrionuevo, porque dijo que es un liberal en leyes laborales”, apuntó Bullrich.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, le pidió a la justicia federal que investigue a los agresores de Sergio Berni.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, formuló a primera hora de esta mañana una presentación ante la justicia nacional para que se esclarezcan los hechos que tuvieron como víctima al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública. Aclaró que, si bien Sergio Berni tomó la decisión personal de no denunciar el ataque, la gravedad institucional de lo sucedido justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento.

La presentación ante la justicia nacional responde a que los hechos tuvieron lugar en la General Paz y la Avenida Juan Manuel de Rosas —ámbito jurisdiccional de CABA— y la calificación jurídica de los hechos excede la competencia de la justicia contravencional porteña.

Luego de que la Defensoría del Pueblo bonaerense denunciara penalmente a la empresa por la mala prestación del servicio, el Ministerio Público Fiscal decidió investigar a las autoridades de la entidad.

La Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora requirió instrucción respecto de los directivos de Edesur, luego de que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires denunciara penalmente a la empresa por la mala prestación del servicio, se informó este viernes.

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que la fiscal Cecilia Incardona consideró que la actuación de Edesur “constituye el delito de entorpecimiento de los servicios de provisión de electricidad, previsto y reprimido por el artículo 194 del Código Penal, sin perjuicio de que podría hallarse configurado un delito de mayor gravedad, por lo que corresponde instruir sumario para su investigación”.

El organismo que conduce Guido Lorenzino denunció que la entidad recibió muchos reclamos contra Edesur y “aunque la empresa sabía de la llegada de altas temperaturas no hizo las adquisiciones de energía para abastecer el caudal energético impidiéndole usar el servicio a las y los usuarios”, destacaron y subrayó “los sospechosos movimientos accionarios de Enel, la propietaria de Edesur”.

El Ministerio Público Fiscal avanzó con la denuncia e instruyó una serie de medidas de prueba a fin de investigar las conductas de los directivos de las empresas Edesur y el grupo Enel, “cuyos datos filiatorios se desconocen por el momento”, y solicitó una serie de medidas de pruebas para investigar a las firmas.

Entre ellas, solicitó que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) comunique toda la información relacionada a la operatoria de Edesur y Enel, las multas que se le aplicaron, los planes de obras que se le impusieron y las auditorías que se le hicieron; a la Comisión de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) que informe sobre los anuncios de venta de los activos de Enel y todo información de interés; y también que la Inspección General de Justicia explique la composición dirigencial de Enel y Edesur.

El titular de AFIP presentó una denuncia tras recibir mensajes intimidatorios en Twitter con información de la ubicación de veraneo de su familia.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, presentó una denuncia policial luego de haber recibido una serie de amenazas a través de las redes sociales.

Allí, además de ser intimidado junto a su familia con actos de violencia, se incluyó información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

Los mensajes fueron publicados desde distintas cuentas de la red social Twitter, que se hicieron eco y reprodujeron un mensaje de un usuario que, aseguró, vacacionaba en el mismo lugar que Castagneto y su familia, y que tenía “ganas de hacerle una maldad”.

El mensaje en cuestión se publicó el 28 de enero pasado, en el que la usuaria @embroshco (embroschca ANTI K.) escribió: “Carlos castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad….”.

El posteo ya lleva 13,3 mil reproducciones y más de 160 comentarios en los que se pueden leer toda clase de incitaciones a la violencia, insultos, alusiones ofensivas contra la familia de Castagneto y amenazas de muerte, como la que escribió citando al tuit original el usuario @jjfinsua_juanjo, que pide “agarrar una ametralladora”. La denuncia fue presentada por el titular de la AFIP ante la división Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que le tomó declaración y ya interviene en la investigación.

Estas amenazas se dan en el marco de una escalada de la violencia política que tuvo como pico máximo el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Un amplio abanico de organizaciones presentó un amparo ante el “intento del radicalismo de desconocer a delegados de 90 centros de estudiantes”. Apuntan a Emiliano Yacobitti, diputado y armador de Martín Lousteau.

Organizaciones del movimiento estudiantil denunciaron a la actual conducción de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a cargo del radicalismo, por haber convocado a elecciones para este sábado tras haber “invalidado a delegados de 90 centros de estudiantes” que representan a distintas universidades del país.

Acorde a la denuncia, impulsada por espacios peronistas, de izquierda e independientes, la Franda Morada busca que, por medio de prácticas “fraudulentas y proscriptivas”, los congresales que representan a estos 90 Centros de Estudiantes no acudan a votar para evitar una eventual derrota en la elección de la conducción de la FUA.

En función de este reclamo, la Secretaria General de la FUA, Constancia Bossio, afirmó: “queremos que los delegados y delegadas de todos los centros puedan votar en la FUA. No vamos a avalar las maniobras proscriptivas que son el manotazo de ahogado de una agrupación que ya perdió”.

En ese sentido, las agrupaciones denunciantes, entre las que se encuentran la Cámpora, el movimiento Evita, la  que conformaron el Frente Malvinas Argentinas, anunciaron la presentación de un amparo judicial para “denunciar este proceso electoral fraudulento” que recayó en el Juzgado de María Servini de Cubría.

Actualmente, el presidente de la FUA es Bernardo Weber, un dirigente estudiantil que responde al diputado nacional y operador político, Emiliano Yacobitti, quien además es la mano derecha del senador Martín Lousteau.

Para visibilizar el reclamo y exigir una nueva convocatoria que “permita votar a la totalidad de los centros de estudiantes del país”, las agrupaciones denunciantes realizarán este viernes 2 de diciembre, a las 10.00 horas, una conferencia de prensa en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ubicada en Puán 480.

Las agrupaciones que impulsan la denuncia contra la Franja Morada son Juventud Universitaria Peronista; La Cámpora; Movimiento Universitario Evita; La Mella en el Frente Patria Grande; Auge; Corrientes Estudiantil Popular Antiimperialista; Movimiento de Participación Estudiantil; Frente Universitario Nacional por la Emancipación; Frente de Estudiantes Tecnológicos Independientes y Movimiento Universitario de Izquierda.

Esa es la repuesta del intendente porteño al reclamo por mejoras en el servicio de viandas y en contra de prácticas obligatorias no rentadas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas en reclamo de mejoras en viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas.
“Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares”, sostuvo un comunicado del Ministerio de Educación porteño.
En el caso del Mariano Acosta, fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma. La cartera educativa que conduce Soledad Acuña indicó que, “además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”.
“Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron”, afirmó la ministra de Educación porteña, en diálogo con el canal de noticias LN+.
Añadió que “hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”.
Sobre qué pasará con los jóvenes que toman las escuelas Acuña sostuvo que “van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación”.
La Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, el colegio Mariano Acosta y la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1 de la ciudad de Buenos Aires permanecían este lunes tomadas por sus alumnos.

La abogada Valeria Carreras presentó la medida luego de que se conociera que el vicecanciller en Gran Bretaña firmó el acuerdo bajo un estado de ebriedad.

La abogada Valeria Carreras amplió la denuncia por “traición a la patria” contra el expresidente Mauricio Macri por el acuerdo por el cual Argentina se comprometía a “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico” de las islas Malvinas, luego de las revelaciones sobre el entendimiento conocidas este martes a partir del testimonio del excanciller británico a cargo de las negociaciones.

“Amplié la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se podía firmar ni borracho”, señaló la abogada en declaraciones a Radio 10, en las que se refirió a las memorias del exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, quien dijo que el entonces vicecanciller Carlos Foradori “estaba borracho” cuando se firmó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas sobre las empresas británicas que operan en las aguas que circundan a las Malvinas.

Según reveló el sitió Declassified, en ese acuerdo, alcanzado en septiembre de 2016, se otorgaban por parte de la Argentina concesiones para frecuencias de vuelos que llegarían a las islas desde distintos puntos del continente haciendo escala en Argentina.

Según Duncan, el trato se cerró en una bodega que tiene la Embajada británica en Buenos Aires, en cuyas paredes reposaban varias botellas de vino merlot, y que en ese escenario se llevó a cabo una reunión con Foradori, en representación del Gobierno que encabezaba Macri.

“A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”, indicó el excanciller británico.