El gobierno emitió sólo en enero 11.728 millones de dólares, según se desprende de los datos aportados por un informe de la Fundación Germán Abdala.

Colocó 1750 millones de dólares con vencimiento a 2023, 4250 millones a 2028 y 3000 millones a 2048. Todo en los mercados internacionales. Debe sumarse además la colocación de Letes en el mercado interno por 2728 millones de dólares.

El Gobierno emitió 11.728 millones de dólares en nueva deuda en enero. En detalle se precisó que hubo una colocación de 1750 millones de dólares por un bono con vencimiento a 2023, de 4250 millones por un bono a 2028 y de 3000 millones por uno a 2048. Este endeudamiento se hizo en los mercados internacionales. Debe sumarse además la colocación de Letes en el mercado interno por 2728 millones de dólares.

Estos datos de nueva deuda marcan que el gobierno sigue con una tendencia idéntica a la del año pasado, cuando colocó deuda por el equivalente a 94.682 millones de dólares. Según la Fundación Germán Abdala, el 64 por ciento de esas emisiones se hicieron en moneda extranjera y el 36 restante en moneda local. El informe de la consultora aseguró que el 57 por ciento de esta deuda se emitió en el corto plazo, lo cual generó fuertes vencimientos de capital e interés hasta 2022.

La deuda total del sector público, según las estimaciones del informe, cerró el año pasado en 315.760 millones de dólares. En términos del Producto Bruto interno, este monto representa un 57,6 por ciento. En la Fundación Germán Abdala indicaron además que el Tesoro es “sin dudas el sector más endeudado”. El sector privado registró el año pasado emisiones en moneda extranjera por 6015 millones de dólares, en tanto que el sector público provincial y municipal lo hizo por 5183 millones.

El informe de la consultora estimó la proyección de pagos capital e intereses del sector público nacional entre 2018 y 2040. Para este año se deberá cancelar deuda por un total de 57 mil millones de dólares. De ese total, unos 37 mil millones de dólares de vencimientos se explican por las colocaciones de nueva deuda hecha en 2017. Esto muestra que una parte importante del endeudamiento de este año se destinará a pagar las deudas viejas en lugar de usarse para resolver los problemas estructurales del país. El financiamiento de la fuga de capitales y el déficit de cuenta corriente son otros destinos de la nueva deuda externa.

La Fundación Abdala detalló que de los 71 mil millones de dólares emitidos en moneda extranjera en 2017, unos 30 mil millones de dólares se colocaron con un vencimiento de menos de un año, es decir muy corto plazo. Hubo otros 5 mil millones de dólares que se emitieron con vencimiento de entre 1 y 5 años, al tiempo que otros 28 mil millones se hicieron entre 5 y 10 años, 3 mil millones entre 11 y 20 años y, finalmente, 4 mil millones a más de 21 años.

Una de las novedades sobre el endeudamiento este año es que el Tesoro empezó a colocar un bono en pesos para atraer tanto inversores locales como del extranjero. Este título tiene una cláusula gatillo. Esto implica que si los inversores no ganan con el interés prometido en el contrato de emisión del bono más de lo que hubieran ganado si ajustaban su capital por inflación, el Gobierno se compromete a pagarle la diferencia y un premio extra de 3,5 por ciento.

La administración de Cambiemos sacó el dinero de la caja previsional para financiar gastos corrientes y financiarse, ante el abultado déficit fiscal que corren por estos días. Otra medida contra los jubilados.

El Gobierno nacional dispuso este miércoles la emisión de una Letra del Tesoro por 16 mil millones de pesos, que será suscripta de manera directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social  (ANSeS).

La medida se tomó a través de una resolución del Ministerio de Finanzas, en el marco de la programación financiera para este año, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

"Disponer la emisión de una Letra del Tesoro en Pesos a ser suscripta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), por hasta un monto de 16 mil millones de pesos", asegura el texto oficial.

Las condiciones de la deuda:

— Fecha de emisión: 30 de enero de 2018.

— Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2018.

— Plazo: 181 días.

— Moneda de emisión y pago: Pesos.

— Moneda de suscripción: Pesos o Dólares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 (del BAnco Central) correspondiente al día hábil anterior a la fecha de liquidación.

— Forma de colocación: suscripción directa, en uno o varios tramos.

— Intereses: devengará intereses a Tasa Variable, que serán pagaderos trimestralmente el 30 de abril y el 30 de julio de 2018.

— Amortización: Integra al vencimiento.

— Negociación: la Letra del Tesoro será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

Imparable: el Gobierno de Cambiemos tomará deuda por 10 mil millones de dólares en solo 7 días. Esta semana colocó 9 mil millones y la semana que viene licitará mil millones más.

La única política clara del Gobierno de Mauricio Macri parece ser el endeudamiento externo. Argentina es el país emergente que más empréstitos tomó en los últimos 24 meses, superando a naciones con mucha más población.

En la semana que terminó hoy, el Ejecutivo colocó U$S 9 mil millones en el mercado internacional. Ahora, se supo que en los próximos días licitará dos series de Letras del Tesoro en dólares (LETES) a 6 meses y un año de plazo.

Mientras el oficialismo sigue con su política de endeudamiento, un informe internacional señaló a la Argentina como uno de los países más vulnerables del planeta ante un shock interno. En parte, esa fragilidad explica la presión sostenida sobre el dólar en las últimas semanas, lo que provocó una devaluación de la divisa norteamericana.

El Gobierno de Macri no sólo saca unos 100.000 millones de pesos de los haberes jubilatorios con la reforma previsional, sino que ahora también emite una Letra del Tesoro por un monto similar utilizando a la ANSES.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dispuso la emisión de una Letra del Tesoro en pesos por un monto de hasta $ 91.250 millones a ser suscripta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

De acuerdo con la Resolución 266-E publicada en el Boletín Oficial, esta Letra vencerá el 26 de diciembre de 2018, la suscripción se hará en uno o varios tramos y devengará intereses según tasa variable con amortización íntegra al vencimiento.

Esta es la segunda vez en menos de una semana que la Casa Rosada toma la plata de los jubilados para financiar el déficit público. Hace dos días, emitió 15.000 millones de pesos a costa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El nuevo endeudamiento se conoce el mismo día en que el Gobierno promulgó la ley de reforma previsional, que implica un recorte de 100.000 millones de pesos en los haberes jubilatorios, pensiones y la Asignación Universal por Hijo con la modificación de la fórmula de movilidad.

La norma establece que desde marzo se actualizarán en forma trimestral en base a un sistema combinado entre la variación de la inflación (en un 70%) y del aumento salarial promedio (un 30%).

A través de dos resoluciones del Ministerio de Finanzas, se autorizó la emisión de Letes por 15 mil millones a ser suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y la ampliación de otras por 8.200 millones.

El ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, continúa endeudando sin límites al país. Antes de terminar el año, autorizó emisiones por un total de 23.200 millones de pesos.

Las operaciones, publicadas hoy en el Boletín Oficial, incluyen Letras del Tesoro (Letes) por 15.000 millones a ser suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y la ampliación de otras por 8.200 millones.

Estas emisiones, a vencer en marzo de 2018, se realizaron con un interés equivalente a la tasa que abona el Banco Central con las Lebacs para el plazo de 90 días o similar. En la última licitación, esa Letra pagó el equivalente a 28,8% anual en pesos.

La deuda externa había trepado al cierre del tercer trimestre a 216.351 millones de dólares y registró un fuerte crecimiento 20,3% en forma interanual, según indicó el INDEC.

De acuerdo con el informe de Balanza de Pagos, la deuda se incrementó en 11.436 millones de dólares con respecto a fines de junio pasado, lo que significó un aumento del 5,5% respecto de los 204.914 millones registrados al finalizar el segundo trimestre.

La deuda externa bruta total se había ubicado al finalizar el tercer trimestre del año pasado en los 179.775 millones de dólares.

Por su parte la deuda pública externa del gobierno nacional alcanzó los 134.273 millones de dólares, un 36,2% más frente al tercer trimestre del año pasado, cuando llegó a los 98.551 millones.

El economista consideró que la Argentina va por mal camino con un nivel de endeudamiento de 35.000 millones de dólares por año y recordó que el default de 2001 “lo pagó la pobre gente que tenía depósitos en los bancos”. También apuntó contra el paquete impositivo que envió el Gobierno al Congreso.

Hasta los economistas de la ortodoxia neoliberal creen que las políticas económicas de Mauricio Macri llevan al país a estrellarse contra el paredón.

“Podemos hablar sobre los costos sociales de bajar el déficit hoy, pero si no lo bajás la Argentina va a tener un problema para pagar la deuda en el futuro”, advirtió José Luis Espert y consideró que el actual “nivel de toma de deuda es una irresponsabilidad”.

“¿Cómo te vas a endeudar todos los años entre 30.000 y 35.000 millones de dólares? La Argentina no lo va a poder pagar si sigue así. La Argentina tiene que cortar esto”, sostuvo anoche el economista en el programa Animales Sueltos de América TV.

En este marco, Espert apeló a la historia reciente y recordó que el default de 2001 “lo pagó la pobre gente que tenía depósitos en los bancos”, por lo que insistió: “Esto que está haciendo Macri es absolutamente irresponsable”.

El economista neoliberal también se refirió al paquete impositivo del Gobierno, al que calificó como “absurdo” y “ridículo” porque “no tiene nada que ver con los problemas” del país.

“Estás en una trayectoria insostenible de déficit, de endeudamiento, de atraso del tipo de cambio, de déficit comercial y lanzás un paquete de impuestos para evitar que engordemos por la bebida azucarada o para que no vivamos borrachos por el vino”, ironizó.

Así lo aseguró Waltar Abarca, diputado bonaerense del FPV – PJ. Cuestionó además el nivel de endeudamiento: "La provincia está pidiendo deuda por 80 mil millones de pesos (4500 millones de dólares)", dijo.

"En el primer presupuesto de María Eugenia Vidal pidieron deuda por 120 mil millones de pesos. Gracias a un trabajo de la oposición lo redujimos a 60 mil millones de pesos. El año aprobamos 50 mil millones de peso. Siempre, con un fondo específico para infraestructura. Este año no va a haber fondo de infraestructura". siguió en diálogo con FM La Uni, de la Universidad Nacional General Sarmiento.

Abarca aseguró que Vidal "quiere centralizar los fondos para las obras, para poder manejar esos fondos de manera discrecional, favoreciendo a los municipios más cercanos". "Este presupuesto es un notable avance sobre las autonomías de los municipios. Quieren terminar con un fondo de 8500 millones de pesos para infraestructura", resumió.

Por último, analizó el panorama de la oposición: "La unidad del peronismo tiene que ver con construir una oposición firme contra el gobierno de Vidal, que viene contra las autonomías de los municipios. Si pensamos que eso está mal, todos vamos a estar unidos".

Pasaron las elecciones legislativas y comienzan a conocerse los números de la deuda que prevé tomar el Gobierno provincial a lo largo del año que viene. Se estima en al menos 60.000 millones de pesos. En lo que va de su gestión, María Eugenia Vidal más que duplicó el stock de la deuda pública bonaerense.

Luego del triunfo electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de María Eugenia Vidal se encamina hacia una nueva toma masiva de deuda que seguirá hipotecando el futuro de los bonaerenses.

Según trascendió, el proyecto de Presupuesto que elabora el ministro de Economía, Hernán Lacunza, prevé un endeudamiento equivalente al 10 por ciento del presupuesto estipulado para 2018, que será de unos 620 mil millones de pesos. Es decir, que el permiso de deuda que pedirá Vidal rondaría los 60.000 millones.

El texto del Presupuesto 2018 ingresaría a la Legislatura entre mañana y el lunes y podría empezar a discutirse con “premura” a partir del martes, adelantaron fuentes parlamentarias al diario Página/12.

Un informe del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Buenos Aires (IDESBA–CTA), en 18 meses, el gobierno de Vidal “más que duplicó el stock de deuda pública provincial”.

“La deuda contraída por el gobierno de la provincia desde diciembre de 2015 a junio de 2017 supera al equivalente de 118 mil millones de pesos”, indicó IDESBA al remarcar el nivel de endeudamiento de la provincia.

El informe destacó que de los $14.280 de deuda histórica por cada bonaerense, $7.354 se generaron bajo la gestión de Vidal. También hubo un “notorio cambio en la composición de la deuda”, con un incremento del endeudamiento en moneda extranjera, que pasó 40,1 por ciento de la deuda pública en 2015 al 66,2 por ciento de la en 2017.

El modelo Cambiemos se evidencia claramente también en el destino del dinero: apenas de 14 por ciento de los compromisos fue destinado a obra pública, mientras que 55 por ciento de la nueva deuda fue para repago de deuda e intereses.

El presidente del bloque de concejales del FpV de San Antonio de Areco y diputado electo por la provincia de Buenos Aires, Mariano Pinedo, consideró que tanto el Gobierno nacional como el provincial están “llevando al país a una experiencia que ya vivimos y que marca que, cuando uno se endeuda a ese nivel, lo primero que perdés es soberanía”.

“Lo que generás es una pérdida de capacidad resolutiva, los acreedores te empiezan a decir cómo tenés que gastar la plata para poder pagar la deuda que contrajiste”, advirtió Pinedo.

Los municipios del Conurbano ven cada vez con mayor preocupación el creciente nivel de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, mientras se profundiza el ajuste y se deteriora la situación económico-social. Lo grafican como “un cóctel implosivo difícil de sortear”.

(Fernando M. López *) Argentina ya bate un record mundial. En tan sólo veintidós meses, Mauricio Macri nos llevó al primer puesto de países “emergentes” con mayor endeudamiento. En segundo lugar está China, pero mientras el gigante asiático ostenta un PBI de 11,2 billones de dólares, el nuestro apenas llega a los 540.000 millones. La deuda argentina creció a lo largo de ese corto período en 100.000 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires también figura en la tabla, ocupando el puesto 22, detrás de Qatar y el sultanato de Omán.

“La sultana bonaerense”, según la ocurrencia de Cristina Fernández de Kirchner al referirse días atrás a María Eugenia Vidal, elevó la deuda local de 9.362 millones de dólares en 2015 a casi 18.000 millones a septiembre de 2017, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg, por lo que prácticamente se duplicó en menos de dos años.

Las tasas de interés de esas nuevas deudas son exorbitantes (van del 6 al 9%), cuando el propio Macri prometía una baja significativa como consecuencia del pago a los fondos buitre, allá por marzo de 2016.

“La tasa no desciende porque quienes deciden prestarle a la Argentina ven riesgos importantes. El gobierno ha agudizado los desequilibrios fiscales y deteriorado la solvencia macroeconómica del país. En el Presupuesto 2018 reconoce que hasta 2020 va a tener un déficit creciente de su balanza comercial. Ya hoy se registra el mayor déficit de los últimos veinte años. Y lo mismo pasa con el desequilibrio fiscal: cuando nosotros nos fuimos, rondaba el 4,1% del PBI; hoy está en el 6,1. Si sumamos a las provincias, el déficit está en 7%, y si vemos la aglomeración de Lebacs, se acerca al 9%”, explicó a Contexto, Roberto Feletti, exviceministro de Economía y actual secretario de Hacienda de La Matanza.

Esos mismos desequilibrios, sumados a una política económica nacional recesiva, son los que explican en buena medida el crecimiento de la deuda bonaerense, ya que cuando “la economía cae o se estanca, la recaudación se frena”.

“Si no hay reactivación económica, una política mucho más definida de inversión en sectores industriales, y la provincia no asume el sostenimiento de la demanda interna, sobre todo con políticas sociales, nos vamos a encontrar con un presupuesto similar al de la nación, donde los intereses de deuda cada vez empieza a ocupar una parte más grande del gasto total”, advirtió Feletti.

Pero hay otra cuestión alarmante para el funcionario matancero: “En la medida en que Buenos Aires se endeuda en dólares y recauda en pesos, cualquier salto en el tipo de cambio impacta automáticamente en un aumento de los servicios de deuda, con lo cual va creciendo el peso de la deuda dentro de todo el gasto, inclusive en contra del proceso de inversión”.

Basta con recordar la devaluación que llevó adelante el gobierno de Macri en diciembre de 2015. La medida supuso un incremento del 20% sobre el stock total de la deuda en dólares bonaerense.

La situación también inquieta a otros municipios. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, Martín Pollera, afirmó que ven con “mucha preocupación” el incremento de la deuda. “No sólo por cómo se contrae, con qué tasas, qué plazos y bajo qué condiciones financieras, sino por cómo se utilizan esos recursos en la provincia de Buenos Aires”, dijo, y confirmó que “no se están volcando en obras públicas”, como sostiene el discurso oficial.

Para colmo, lo poco que va a obras se distribuye de manera extremadamente selectiva. Pollera aportó un dato concreto: “De cada diez pesos que gira el gobierno nacional a través del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), ocho queda en manos de municipios de Cambiemos; mientras que un peso va a los opositores y el resto a municipios con buena relación con el oficialismo”.

Por su parte, Feletti precisó que “la plata de la deuda se usa para financiar una paulatina retirada del Estado y eso agudiza el desequilibrio, de modo tal que en algún momento nos vamos a encontrar de cara a un ajuste forzado”.

“Cuando se dice que está en ciernes un ajuste sobre la economía, y en particular sobre el sector público argentino, no es un eslogan de campaña electoral. Sólo hay que ver el Presupuesto que ha presentado el gobierno nacional para darse cuenta que en la rebaja de subsidios, en la pérdida de peso real de la transferencia a las provincias y en la caída real del gasto de un punto del PBI está contenido el ajuste del que estamos hablando”, completó.

Un “cóctel implosivo” en el Conurbano

Mientras crece la deuda y se profundiza el ajuste, el deterioro económico y social es cada vez más patente en toda la provincia, particularmente en los distritos del Gran Buenos Aires.

“En Florencio Varela se sancionó la emergencia pyme porque ocho de cada diez empresas industriales no van a contratar trabajadores en los próximos seis meses, siete de cada diez están trabajando a la mitad de su volumen de producción y hay dos despidos por cada empresa industrial. Es una situación que se replica en el resto de los municipios del Conurbano”, indicó Pollera.

En el país hay alrededor de 600.000 establecimientos productivos. El 30% de esas unidades están radicadas en la provincia de Buenos Aires, de la cuales la mitad corresponde al Conurbano.

El funcionario varelense detalló que “el 96% de esas empresas son pymes que venden en su totalidad al mercado interno”.

“Cuando el mercado interno se deprime, hay mayor gasto en materia de tarifas de gas y electricidad y, al mismo tiempo, se abren las importaciones, se hace un cóctel implosivo difícil de sortear”, subrayó.

El desempleo en el Conurbano llegó al 10,9%, un valor similar al de 2006, mientras que Macri y su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insisten en que todos los días se crean nuevos puestos laborales.

Según Pollera, lo que el gobierno señala como un crecimiento del empleo y de la economía “en realidad es una verdadera trampa”. “Cada dos nuevos puestos de trabajo monotributista, se pierde un trabajo registrado en el sector privado. Es decir, se destruyen puestos de trabajo cuyos salarios estaban por encima de la media y empiezan a crearse trabajos con salarios por debajo de la media, una clara precarización laboral. Lo mismo ocurre cuando uno mira los datos de la industria: lo que crece es la construcción, pero los sectores afectados por las importaciones mantiene una tendencia hacia la baja”, concluyó.

(*) Tomada del diario Contexto de La Plata.

Así lo reveló en un informe la consultora Analogías, que dio cuenta del impacto del feroz endeudamiento realizado por el Gobierno sobre las cuentas públicas. Este año, el país deberá pagar unos 68 mil millones de dólares por vencimiento de deuda, más del doble de lo que pagó por ese mismo concepto en 2016.

Desde que asumió Cambiemos se puso en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento impulsado por la deuda pública. Se trató de la vía de escape ante la crisis de restricción externa y el déficit fiscal, y se articuló a su vez con un nuevo patrón de acumulación de capital con eje en la especulación financiera.

El endeudamiento externo tiende a cubrir la brecha de divisas que se acentuó con el incremento de la fuga de capitales al exterior y las importaciones por efecto de la apertura comercial, y además permitió compensar parte del déficit fiscal. Sin embargo, el eje de la valorización financiera tuvo lugar con la elevación de las tasas de interés de las Lebac y la estabilización del tipo de cambio, que permitió internalizar una ingente rentabilidad en dólares. El elevado stock de Lebac en manos del sector privado requiere mantener altas tasas de interés y emitir otras letras del Tesoro Nacional para evitar la dolarización de carteras que presionen sobre el tipo de cambio. Además son funcionales para cubrir el creciente déficit fiscal. Se trata de una encrucijada típica de un proceso especulativo.

La sostenibilidad de esta política encuentra, entre otros, uno de sus posibles límites en el incremento del peso de los vencimientos de la deuda. Al respecto en el Gráfico 1 se advierte que los vencimientos de intereses y capital del gobierno nacional tanto en deuda en pesos como en moneda extranjera registraron un incremento significativo por efecto del endeudamiento en tiempos del macrismo (es decir, en forma posterior a diciembre de 2015).

Si bien, en 2016 los vencimientos alcanzaron a 24.371 millones de dólares con escasa participación de la deuda contraída a partir de ese año (apenas 1.620 millones), en 2017 los elevados vencimientos treparon a 68.205 millones de dólares con una elevada presencia de emisiones de corto plazo bajo la gestión actual. De esos 68.205 millones de dólares de vencimientos, 23.946 millones correspondían a deuda emitida en forma previa a diciembre de 2015, en tanto que 44.259 millones de dólares (64,9% del total) a deuda emitida durante la administración Cambiemos. Esta relevancia del peso de los vencimientos de las colocaciones posteriores a diciembre de 2015 sobre el total de vencimiento de la deuda pública también se ve reflejada en los vencimientos de 2018 (66,5%), 2019 (51,4%), 2020 (63,3%) y 2021 (51,3%). Se trata, por cierto, de una “bola de nieve” en permanente expansión en virtud del acelerado ciclo de endeudamiento de Cambiemos, con una importante presencia de deuda de corto plazo. De allí que se trate de una “foto” conservadora de los vencimientos que deberá afrontar la Argentina en los próximos años.

Desde la óptica oficial el proceso de endeudamiento es una cuestión inevitable ante una situación de desequilibrio fiscal por el elevado gasto público, en particular por los subsidios en las tarifas de los servicios públicos implementados por el gobierno anterior. De allí el sustancial incremento de las tarifas que desplegó la gestión de Macri. Cabe señalar que el equilibrio fiscal es un “dogma de fe” para la economía ortodoxa en la cual se inscribe la actual política económica.

De cualquier modo, y a pesar de la reducción del gasto público en términos reales en 2016, resulta llamativo el incremento del déficit fiscal a pesar del efecto extraordinario provocado por el blanqueo de capitales, que supuso un ingreso adicional equivalente a un mes de recaudación. Ciertamente, el déficit fiscal acrecentado se financió con deuda debido a la reducción de los ingresos fiscales en términos reales en el marco de la recesión inducida por la política económica y la reducción de las retenciones a las exportaciones y el impuesto de bienes personales. Al respecto, cabe recordar que algo similar ocurrió durante la década de 1990, lo cual indica que se trata de un dogma que no cuenta cuando se trata de generar las condiciones para impulsar el endeudamiento y potenciar la valorización financiera

La paradoja del discurso oficial es mayor cuando se observa que la reducción del peso de los subsidios en el gasto público es más que compensada con el peso de los intereses de la deuda, lo cual puede observarse en las evidencias aportadas por el Gráfico 2.

En los primeros siete meses de 2015 el peso de los subsidios en el gasto alcanzaba el 11,1% y el de los intereses el 3,9%. Durante el mismo período de 2016 el gasto público se redujo en 18.063 millones de pesos nominales en un contexto de elevada inflación. De allí que el ajuste tarifario -que además se postergó por el fallo de la Corte Suprema en el caso del gas- se haya mantenido en torno al 11,8% del gasto público, en tanto que los intereses de la deuda se expandieron hasta el 6,4% del gasto.

En los primeros siete meses de 2017 la información es contundente como para afirmar que si bien la gravitación de los subsidios se redujo considerablemente (7,4% del gasto) los intereses treparon hasta alcanzar el 8,6% del gasto público. En efecto, si se comparan los primeros siete meses de 2017 respecto al mismo período de 2015 el peso de los subsidios en el gasto cayeron 3,7 puntos porcentuales, pero los intereses de la deuda aumentaron en 4,7 puntos, más que compensando el ajuste en los subsidios.