Así lo aseguró el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci. De esta manera, analizó la grave situación que vive el sistema de generación y distribución de electricidad en el país. Ganancias extraordinarias para las empresas, tarifazos y cortes de luz.

“Hoy estamos ante una crisis grave, como resultado de que no logran satisfacer las demandas energéticas que contemplen el presente y el futuro del país”, describió Minucci en diálogo con Primereando las Noticias. “Bajo

la metodología de bajar costos, desprecian el servicio, hacen que falte material, disminuyen los sectores operativos, reducen la planta permanente de trabajadores, e ignoran la experiencia que este servicio requiere", dijo.

Y agregó: "Su política es entregar el complejo manejo del servicio eléctrico a tercerizados y a otros sistemas, para obtener así una reducción importantísima en sus costos laborales, llevando el servicio al actual estado de improvisación y vaciamiento estructural”.

Por su parte, Minucci cuestionó la "decisión del Gobierno de vender una participación accionaria en Transener -operadora de la red troncal de transmisión eléctrica en todo el territorio nacional", porque "va a afectar al Estado argentino y a sus habitantes". Además, "según informes difundidos, existen denuncias sobre las irregularidades en el procedimiento de venta, lo que muestra su verdadera intencionalidad, que no es otra que repetir el

desguace de las mismas, despojándose también de tres Centrales eléctricas como Ensenada Barragán, Brigadier López y Manuel Belgrano II”.

Por último, el dirigente sindical concluyó: “Nos oponemos terminantemente a las ventas de las empresas del sector dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Así se desprende de una resolución que apareció en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Se suma al incremento del casi 50% del año pasado. Las subas del 2018 serán en dos tramos, en enero y febrero.

Desde el gobierno de PBA argumentaron que el nuevo tarifazo tiene que ver con cambios en el precio mayorista dispuesto por el Ejecutivo nacional. De esta manera, la luz aumentará cerca de un 100% en dos años mientras siguen las denuncias por cortes de los usuarios.

Al incremento de la electricidad habrá que sumar otras subas en el combustible, las prepagas, el transporte público, los peajes. Mientras tanto, el macrismo pretende ajustar las paritarias en el 15%. El bolsillo de los bonaerenses, cada vez más complicado.

A dos semanas del aumento del 10% dictado por María Eugenia Vidal, se define en audiencia pública un nuevo incremento del servicio en el interior de la Provincia que oscilará entre el 19 y el 30 por ciento. Varios intendentes se preparan para recurrir a la Justicia.

Convocada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA), se realiza este martes en Olavarría la audiencia pública que fijará el nuevo tarifazo para los usuarios de las distribuidoras EDEA, EDES, EDEN, EDELAP y las 200 cooperativas eléctricas de todo el territorio bonaerense.

El tarifazo, que oscilará entre el 19 y el 30 por ciento, llega luego del aumento del 10% autorizado unilateralmente el 30 de noviembre por la gobernadora María Eugenia Vidal a esas mismas empresas.

Previendo el impacto negativo que tendrá el nuevo incremento sobre las economías locales, intendentes del interior bonaerense adelantaron que recurrirán a la Justicia como lo hicieron el gas.

El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, explicó que la presentación colectiva en contra del tarifazo del gas fue impulsada porque vieron avasalladas algunas de las premisas que dispuso la Corte Suprema de Justicia cuando frenó por primera vez los aumentos, como la progresividad, razonabilidad y el carácter no confiscatorio que deben tener los ajustes tarifarios.

“Estamos intentando evitar que a estas tarifas casi impagables se les sume un aumento del 50 por ciento”, dijo el jefe comunal y ejemplificó con el caso de “familias trabajadoras” a las que les llegan facturas de “8 ó 9 mil pesos”.

En este amparo colectivo, encabezado por la Oficina de Defensa del Consumidor de Leandro N. Alem, también figuran los municipios de Mercedes, Gonzáles Chaves, Daireaux, San Antonio de Areco, Bolívar, Chascomús y General Alvarado.