El magistrado Pablo Yadarola presentó un escrito por el origen de los chats. La denuncia cayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien delegó la investigación en Marcelo Martínez de Giorgi.

La causa por el escándalo de los chats de jueces, fiscales y funcionarios respecto a un viaje a Lago Escondido no deja de generar polémica en la escena política y judicial argentina. La última ocurrió horas atrás cuando, a la par de la denuncia del gobierno nacional, el juez Pablo Yadarola, uno de los involucrados, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y la misma recayó en el juzgado de Julián Ercolini, otro de los apuntados. En paralelo, la fiscal de Bariloche imputó a los implicados por el viaje.

Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, presentó este fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal a raíz de la divulgación en internet de conversaciones de un grupo de Telegram en el cual el propio juez, junto con otros tres magistrados, un fiscal y un ministro porteño, elaboraron una estrategia para mentir sobre un viaje a la estancia del terrateniente británico Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín.

Para mayor sorpresa, el escrito presentado por Yadarola recayó – por sorteo – en el juzgado de Ercolini, otro de los jueces involucrados en el escándalo de los chats de Lago Escondido. Según consigna Diarioar, el 4 de diciembre, una vez que los audios y los chats quedaron al descubierto, el juez Ercolini se excusó apelando a la figura de “ausencia momentánea del juez” y le pidió al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que asuma, al menos momentáneamente, la investigación de la causa.

Entre las primeras medidas, Martínez de Giorgi solicitó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el rastreo de la dirección IP desde donde se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono de Marcelo D´Alessandro. Cabe aclarar que el material era ofrecido en un portal web por u$s600 y contenía 900 conversaciones y 4099 contactos del ministro en Télegram.

Además del contenido sobre Lago Escondido, los presuntos hackers publicaron en diálogos con el armador radical, operador judicial y ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y otro chat con un empresario nombrado como “Fede”.

🇦🇷 Un actor de amenazas pone a la venta un lote de información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

💾 Serían unas 900 conversaciones y 4099 contactos del Ministro en Telegram.

🤝 Créditos: @Samir70512349
#Ciberseguridad #Argentina #Cibercrimen pic.twitter.com/pwDGJ0DTh0

— Mauro Eldritch 🏴‍☠️ (@MauroEldritch) December 2, 2022

La presentación de Yadarola por espionaje ilegal coincide con la estrategia que en el chat figura como “contraofensiva” en la cual se proponía revertir la carga de la acusación alegando un presunto espionaje ilegal, elaborar facturas truchas para evitar ser acusados de recibir dadivas e influir en la investigación radicada en Bariloche para que la fiscal y la jueza den por cerrada la causa.

En las últimas horas la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los magistrados, fiscales, funcionarios, y empresarios de medios que fueron al encuentro a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. En la lista de imputados también figuran Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A., Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A.

Pese a la intención de los imputados de crear una estrategia coordinada para mentir sobre su estadía en Lago Escondido, la fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente año “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”. Además, certificó la presencia de los directivos de Clarín.

Días atrás, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un escrito por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas contra el juez federal Julián Ercolini, Carlos Mahiques (integrante de la Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2) y Pablo Cayssials (titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso). Además, apuntó contra el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D Alessandro.

Lo dijo Diego Lagomarsino luego de ser procesado como partícipe necesario de la muerte del fiscal. Desestimó un presunto asesinato y consideró que quieren meterlo preso para “cerrar la causa”.

“Yo no creo que a Alberto (Nisman) lo hayan matado”, afirmó hoy el informático Diego Lagomarsino, al cruzar al juez federal Julián Ercolini, quien sostiene que el caso del fiscal Alberto Nisman se trata de un homicidio.

Ercolini procesó ayer a Lagomarsino como partícipe necesario de la muerte del fiscal porque el arma de la que salió el disparo era suya.

En diálogo con Radio con Vos, el informático contó que Nisman primero intenta conseguir un arma “a través de un comisario, después de uno de sus custodios y finalmente me la pide a mí”; e insistió en que el fiscal le mintió porque le dijo que necesitaba un arma para defender a sus hijas y en ese momento sus hijas no estaban en el país.

“Saben que en el fondo yo digo la verdad. No sospecho de nadie. Meterme preso es para cerrar la causa, no es el camino de la verdad”, completó.

Más tarde, el periodista Ernesto Tenembaum le pidió “una reflexión más” sobre el fiscal, y Lagomarsino respondió: “Nisman fue quien me convenció de votar a Cristina”.

“Yo la voté a Cristina. Y después la denuncia… Salvo que haya ocurrido algo en el medio que desconozco, no lo sé”, sostuvo y añadió: “Alberto era un tipo brillante, muy inteligente, pero también muy manipulador. Manejaba a las personas a la necesidad de él”.

Así lo dijo en un escrito presentado ante el juez Julián Ercolini, a quien le pidió su sobreseimiento en la causa Hotesur. Florencia concurrió a los tribunales federales de Comodoro Py tras la indagatoria de su hermano, Máximo, y de la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner.

Florencia Kirchner se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, donde presentó un escrito en el que denunció “una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial”.

“En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal”, lamentó la hija de Cristina Fernández de Kirchner.

Florencia concurrió ante el juez federal Julián Ercolini tras ser citada a indagatoria en la causa Hotesur y, al igual que su madre y su hermano, Máximo, quienes se presentaron la semana pasada en Comodoro Py, pidió su sobreseimiento.

“Se ha embargado mi salario, fui privada de la administración de todo mi patrimonio, se han iniciado juicios ejecutivos en mi contra por la falta de pago de impuestos que, increíblemente, el propio Poder Judicial me impide cancelar, fui procesada como organizadora”, sostuvo en el documento y agregó que “incluso he recibido intimaciones judiciales que contienen el apercibimiento de ordenar el desalojo del inmueble donde vivo con mi hija Helena”.

También marcó lo que considera una contradicción en la causa, ya que se la acusa de formar parte “de una supuesta asociación ilícita que se habría constituido cuando solo tenía doce años de edad”.

“Es más, en la mayoría de las operaciones a las que se hace referencia tampoco pude haber intervenido, pues al momento en que se llevaron a cabo ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. Se pretende fundar un juicio de responsabilidad penal en mi contra en base a hechos en los que no participé ni tampoco pude haber intervenido”, abundó.

En otro tramo del texto apuntó contra el tratamiento mediático que se le dio a las fotos difundidas de sus cajas de seguridad: “Se ordenó un operativo en el Banco Galicia que concluyó con la obscena filtración, por parte del Ministerio de Seguridad”.

La joven hizo así referencia a las “fotografías del dinero en efectivo” que “fueron falsamente presentadas ante la opinión pública como si se tratara de un hallazgo de tenencias cuando, esos depósitos ya habían sido declarados ante todos los organismos de contralor pertinentes y en este mismo Juzgado”.

En ese marco, aclaró que ese dinero es de “origen lícito” a la vez que criticó que se hayan presentado a la prensa “como si hubieran sido hallados luego de una exhaustiva investigación”.

Para amedrentar, ajustar y saquear, parte 3 :

Escrito presentado hoy por Florencia Kirchner: “Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. https://t.co/EqrOEA9ucK

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de noviembre de 2017

La medida la tomó el juez federal Julián Ercolini en medio de los reiterados intentos del Gobierno de Mauricio Macri de desplazar de su cargo a la procuradora general.

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien le imputa el delito de “administración fraudulenta” por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 para las oficinas del organismo.

La causa fue iniciada por una denuncia anónima que difundieron los medios hegemónicos alineados al Gobierno de Mauricio Macri, que desde que asumió en la Casa Rosada busca sacar a Gils Carbó de su cargo.

Días atrás, el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, había dicho que la procuradora debía alejarse de la Procuración General mientras se la investiga por la compra del edificio de la calle Perón.

“Sometida a un proceso, con un fiscal que depende de ella investigando, debería pedir licencia. La situación institucionalmente es muy delicada, no recuerdo otro procurador llamado a indagatoria”, sostuvo el funcionario macrista.

Cambiemos ya había intentado el año pasado en el Congreso que se modificara la Ley de Ministerio Público Fiscal, que establece que al procurador o procuradora se los remueve del mismo modo que a los jueces de la Corte Suprema, o sea, con el juicio político. La maniobra se inició porque el oficialismo no contaba con votos suficientes para la destitución de Gils Carbó, pero al final no tuvo éxito.

A partir de entonces, la Casa Rosada impulsó caminos alternativos, como conseguir que algún juez federal indague y procese a la Procuradora, con la intención de alegar argumentos en un eventual juicio político. Fue ahí donde entraron en acción Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.