El mandamás del Grupo Clarín se encuentra en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Su internación se produce a poco más de tres meses de la muerte de Ernestina Herrera de Noble.

Héctor Magnetto permanece internado desde esta tarde en terapia intensiva por un presunto “problema en sus huesos”, según dejaron trascender algunos medios nacionales.

El CEO del Clarín llegó al porteño Hospital Italiano acompañado por sus hijos Ezequiel y María, además de su sobrino Pablo Casey, quien se desempeña como gerente de Relaciones Institucionales del grupo monopólico.

A principios de la década del 2000, Magnetto sufrió un cáncer de laringe y debió ser operado. Más tarde, en 2005, le detectaron un cáncer de garganta que lo obligó a someterse a un tratamiento que le generó dificultades en la dicción.

Magnetto fue acusado por crímenes de lesa humanidad en el marco de la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar, aunque un año después de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada resultó absuelto junto al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fallecida el 14 de junio pasado.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el fallo del juez Julián Ercolini, que había exculpado a los principales directivos de Clarín y La Nación al considerar que no existía “vinculación alguna” entre la transferencia de acciones de Papel Prensa y los delitos de lesa humanidad cometidos sobre la familia Graiver, durante la última dictadura cívico-militar.

A tono con el 2×1 de la Corte Suprema al represor Luis Muiña y las domiciliarias otorgadas a decenas de genocidas, los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia decidieron confirmar el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa, símbolo de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.

Además de los principales directivos del Grupo Clarín y del diario La Nación, también fueron beneficiados Raymundo Juan Pío Podestá, ex funcionario de la dictadura, y Guillermo Juan Gainza Paz, quien ofició como intermediario en la transferencia de las acciones que estaban en manos del Grupo Graiver a Fapel S.A., sociedad integrada por Clarín, La Nación y La Razón.

El fallo de la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, dictado este miércoles, coincide con el juez Julián Ercolini, quien en diciembre último, sin siquiera llamar a indagatoria a los imputados, sostuvo que “no existen en autos elementos” para considerar que “la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura”.

Ballestero y Leopoldo Bruglia fueron en la misma dirección, desestimando los testimonios de las víctimas, ente ellos Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, y Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa, así como la maniobra del traspaso de la empresa “a precio vil”.

Para los camaristas, Magnetto, Herrera de Noble, Mitre, Podestá y Gainza Paz no cometieron ningún delito, sino que “cumplieron un único rol, ceñido a un único instante: haber adquirido en noviembre de 1976 la empresa Papel Prensa en el marco de una operatoria concertada con un solo propósito comercial”.

“Como consecuencia de tal conclusión, que exhibe que la venta de la firma no estuvo motivada en una coacción dirigida a ese específico fin, y que ninguna implicancia tuvieron en ello los dueños y los representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, resulta fútil responder aquellos enigmas que se ciernen sobre el valor de la operación. Si, más allá de la particular situación financiera que da contexto a los hechos, la venta se concertó libremente y entre partes cuya capacidad no fue cuestionada, no hay cabida para impugnar por vil el precio así pactado”, agregan en el fallo.

A pesar de la resolución de la Cámara porteña, las querellas integradas por Papaleo y Ianover podrán continuar con la causa por vía de apelaciones ante Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.

Alejandro Rúa, abogado de Papaleo, confirmó que apelarán el fallo de la Cámara, al que calificó como “una marca de la impunidad que nos gobierna”.

“Es la negra noche de la impunidad en derechos humanos, ya lo vimos en el 2×1, pero vamos a superar esto”, completó el letrado.

David Graiver, fundador de Papel Prensa, murió en agosto de 1976 en un accidente aéreo ocurrido en México y las acciones de la empresa pasaron a sus familiares. Según la investigación del fiscal Leonardo Gómez Barbella, dos meses después la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, los padres y el hermano, y Rafael Ianover, fueron “intimidados” a transferir las acciones a Fapel S.A. Esto sucedió en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, donde estuvieron Magnetto, Mitre, Patricio Peralta Ramos (entonces director de La Razón) y el abogado fallecido Bernardo Sofovich, en representación de Herrera de Noble.

Más tarde, entre marzo y abril de 1977, todos los integrantes del grupo Graiver, incluidos Lidia y su hermano, Osvaldo Papaleo, serían secuestrados y trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

El juez federal  sobreseyó a los directores y dueños empresarios de Clarín y La Nación, como a ex funcionarios del gobierno militar por la causa Papel Prensa en la que se investigaba la transferencia de acciones de la empresa en la última dictadura cívico-militar.

Luego de cinco años de dilaciones y sin indagar a los principales imputados, el juez Julián Ercolini consideró que no hubo delitos de lesa humanidad en la apropiación de la empresa durante la última dictadura cívico militar y “corresponde dar por cerrado” el proceso contra los directivos de Clarín y La Nación.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Julián Ercolini, dispuso este viernes el sobreseimiento en la causa Papel Prensa de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre; el ex funcionario de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá; y el intermediario Guillermo Juan Gainza Paz.

Según la resolución del magistrado, “no existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina”.

Ercolini, que recibió la causa hace cinco años, emitió su fallo sin indagar en todo ese tiempo a los principales imputados, entre ellos Magnetto, Herrera de Noble y Mitre.

Sus dilaciones se mantuvieron, incluso, luego del dictamen de los peritos del Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema, al que había condicionado el llamado a indagatorias. A fines de agosto último, el peritaje demostró que los dueños de esos diarios, junto a los de La Razón, adquirieron las acciones de la única productora de papel para diarios del país a un precio entre un 40 y un 80% por debajo del valor de mercado en 1976.

Sin embargo, en su sobreseimiento, el magistrado sostiene que “no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa”

“Si bien los puntos denunciados, por los que se calificó de irregular e inescindible de delitos de lesa humanidad la operación comercial que llevo a la transferencia de acciones de Papel Prensa S.A., fueron descartados en las consideraciones precedentes por inexistencia de pruebas que los sostengan -lo cual por sí es suficiente para rechazar las imputaciones-, debe abordarse también el resultado del estudio técnico de tasación realizado en autos, porque también se ha sostenido ha sido vil el precio de compra”, agrega Ercolini en sus fundamentos.

Para el juez, “no se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de Papel Prensa S.A, el día 2 de noviembre de 1976” y los “hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas”, denunciados por la familia y representantes de David Graiver, ex propietario de la empresa.

“Por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”, sostiene Ercolini.

En este marco, el juez concluye que “corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido… En efecto, en razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa S.A. por parte de representantes del Grupo Graiver a la empresa FAPEL S.A., por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente”.

David Graiver, fundador de Papel Prensa, murió en agosto de 1976 en un accidente aéreo ocurrido en México y las acciones de la empresa pasaron a sus familiares. De acuerdo a la investigación del fiscal Gómez Barbella, dos meses después Papaleo, Ianover y los padres y el hermano de Graiver fueron “intimidados” a transferir las acciones a Fapel S.A., integrada por Clarín, La Nación y La Razón. Esto sucedió en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, donde estuvieron Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Patricio Peralta Ramos (entonces director de La Razón) y el abogado Bernardo Sofovich, en representación de Herrera de Noble.

Luego llegó el secuestro. Entre marzo y abril de 1977, todos los integrantes del grupo Graiver, incluidos Lidia y su hermano, Osvaldo Papaleo, serían trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

En varias oportunidades, la viuda de Graiver dijo recordar “claramente los rostros de quienes me torturaron”, pero “nunca olvidaré la cara del señor Magnetto, y su mirada, que me daba más miedo que quienes me custodiaban […] Él me amenazaba directamente con la muerte de mi hija”.

En un mismo día Arroyo Salgado, quien se convirtió en una defensora acérrima de la figura del fiscal fallecido Alberto Nisman, benefició a la dueña del Grupo Clarín y a un grupo de periodistas ligados a la ex SIDE.

En 2011, luego de diez años de dilaciones, Felipe y Marcela Noble Herrera aceptaron realizarse los estudios de ADN para comprobar si eran hijos de desaparecidos. El cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo.En tanto, respecto a la causa por la adopción irregular de Felipe y Marcela Noble Herrera, de quienes se sospechaba eran hijos de desaparecidos durante la dictadura, la magistrada federal remarcó que el estudio deADN realizado a ambos y comparado con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo.

En 2011, luego de diez años de dilaciones, Felipe y Marcela Noble Herrera aceptaron de golpe realizarse los estudios de ADN para comprobar si eran hijos de desaparecidos.

El cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo. En tanto, respecto a la causa por la adopción irregular de Felipe y Marcela Noble Herrera, de quienes se sospechaba eran hijos de desaparecidos durante la dictadura, la magistrada federal remarcó que el estudio de ADN realizado a ambos y comparado con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo. Sin embargo, la apropiación sí fue irregular y nunca quedó del todo clara.

En septiembre de 2012, la jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE en el menemismo, dos ex agentes de Inteligencia y el director del portal Seprin, Héctor Alderete, por ser parte de una “compleja organización clandestina de espionaje” que hackeó cientos de correos electrónicos de los más altos funcionarios de Gobierno. A los periodistas Carlos Pagni, de La Nación; Edgar Mainhard, director del portal Urgente 24, y Roberto García los procesó por encubrimiento, ya que habían usufructuado los datos obtenidos de forma ilegal.

Pero el 30 de diciembre último –el fallo se conoció ayer– la magistrada decidió anular y cerrar la investigación con el argumento de que el expediente se originó con información a la que la ex SIDE llegó de forma irregular. Es decir que, luego de diez años de investigación, se anotició de que la causa nunca debió haber sido abierta. La medida es más llamativa aún si se tiene en cuenta que la jueza no tenía en su poder el expediente, ya que éste estaba en la Cámara de Casación, que debía resolver antes del 10 de febrero si confirmaba los procesamientos. Y mientras un tribunal superior tiene una causa en revisión, los jueces inferiores no pueden tomar este tipo de decisiones.

“Dispondré la nulidad de carácter absoluto de la nota remitida por el entonces secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga por violación de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio y de todo lo actuado a consecuencia de aquella, disponiendo el sobreseimiento de todos los sujetos traídos a proceso”, dijo la magistrada en alusión a la notificación a partir de la que se abrió el expediente, que consideró “viciado desde su origen”.

Arroyo dijo en su último fallo que la información que sirvió para iniciar la investigación por espionaje fue obtenida por dos “agentes infiltrados” que no tenían autorización para actuar como tales. Ese supuesto hecho, de todas formas, figuraba en la foja 1 de la causa.