La fiscalía sostiene que se debe revocar la decisión tomada por la Cámara Federal porteña de sobreseer al expresidente y a los ex responsables de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, pidió este viernes que sea revocado el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino hundido ARA San Juan por considerar que se trató de una resolución “a todas luces prematura”.

El representante del ministerio público fiscal señaló en su dictamen que la investigación “ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación” sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino y que, por el contrario, no logró acreditarse que esas tareas hayan sido desplegadas para neutralizar un potencial riesgo a la seguridad presidencial.

La hipótesis de la “seguridad presidencial” había sido utilizada por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, para revocar el procesamiento que pesaba sobre Macri cuando el caso llegó a los tribunales federales de Comodoro Py.

Ahora la Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de definir si confirma o revoca los sobreseimientos con los que fueron beneficiados Macri, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de exagentes de ese organismo.

“Se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraba reunida para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados, sin que la Cámara haya logrado demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad”, señaló el fiscal en su dictamen.

Además, consideró “llamativo que la Cámara a quo adopte una decisión como la aquí recurrida, que resulta a todas luces prematura, teniendo en cuenta el estado en el cual se encuentran transitando las presentes actuaciones”.

De esa forma, con su dictamen, Pleé sostuvo la apelación presentada por su colega de la instancia anterior, José Luis Agüero Iturbe.

El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.

El letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y “posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato”.

Según consta en la denuncia, el abogado reclamó además que, mientras tramita su pedido, “se proceda a suspender a los magistrados denunciados” y se formule “la correspondiente acusación y sumario ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.

Tagliepietra -quien actúa como querellante en la causa penal- formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de éstos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.

En su pedido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra, fallecido en el hundimiento del 15 de noviembre de 2017, sostuvo que los jueces “violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación”.

El denunciante afirmó que las tareas de espionaje “ilegal” fueron “intromisiones gravísimas” en la vida privada de los familiares de los tripulantes del submarino y que los camaristas “no explican en qué modo, tiempo y circunstancias quienes resultamos victimas podríamos realizar” la actividad criminal que, según la ley 25.520, autoriza las actividades de espionaje.

Tagliapietra manifestó que sí se hubiese temido una actividad contra el entonces Presidente de la Nación, se debió “denunciar dicha circunstancia ante el Juez Federal en turno para que este adopte las medidas que entienda necesarias para hacer cesar este peligro”.

Agregó que, para sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani como a otros procesados, Llorens, Bertuzzi y Bruglia prescindieron de “cuantiosa prueba” incriminatoria y solo ponderaron testimonios que favorecieron a los imputados.

“Estamos en peligro y no hay estado de derecho”, dijo la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia en referencia al uso ilegal del sistema de reconocimiento de prófugos en CABA.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró que “la gente ve lejana la posibilidad de que la espíen”, pero “estamos todos en peligro” porque “no hay estado de derecho”, al referirse al sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno porteño, que el pasado martes fue suspendido por la justicia tras detectar un uso ilegal del mismo.

“La gente tiene otros problemas y no le parece algo grave el espionaje porque cree que esto no le va a pasar. La gente ve lejana la posibilidad de que lo espíen, pero estamos todos en peligro porque no hay estado de derecho”, afirmó Caamaño este sábado en declaraciones a Radio 10.

El martes pasado, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras detectar un supuesto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

Al respecto, la interventora de la AFI señaló que “el espionaje ilegal es parte de la naturaleza de ellos. No importa cómo se llamen Pro, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Siempre espían”, sentenció.

“A pedido de un juez, las cámaras son bien usadas y está buenísimo que haya muchas cámaras porque pueden detectar justamente a las personas prófugas o en otros casos pueden detectar a personas cometiendo un ilícito o poder trazar un recorrido utilizando bien las cámaras”, advirtió Caamaño.

Pero, aclaró: “Ellos –el macrismo- siempre terminan dándole un uso ilegal. Terminan ilegalizando lo legal, porque las cámaras están bien, ya sea cuando lo agarran in fraganti y lo van a llevar ante el juez o en el caso del que el juez pida que se fijen por donde estuvo una persona”.

“Sin embargo, ellos hacen algo ilegal desde que (Mauricio) Macri era jefe de Gobierno porteño. Siempre terminan haciendo algo ilegal que en el principio es legal”, aseveró.

Caamaño además resaltó que “es muy raro” la situación de espionaje ilegal a propios socios políticos porque “entre los espiados está (Gerardo) Morales, (Elisa) Carrió y Patricia Bullrich”.

Al ser consultada sobre las razones por las que los integrantes políticos de Juntos por el Cambio no se van del espacio tras ser espiados por sus propios socios, Caamaño recordó la frase del expresidente Macri: “Cuando dijo ’quien saca los pies del plato desaparece’ era literal”.

“Yo ya dije que el gobierno de Cambiemos había sido mafioso por todo lo que había hecho con la Agencia Federal de Inteligencia”, apuntó.

Asimismo, Caamaño consideró que en el macrismo “deben tener grabaciones, filmaciones y escuchas de todos y entonces lo puede decir así tan tranquilamente”.

Al finalizar, la interventora de la AFI aseguró que “con el presidente Alberto Fernández estamos en un estado de derecho pleno y se respetan todas las garantías”.

En la resolución judicial, el juez Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

El magistrado Martín Bava continuará al frente de la causa que investiga al expresidente por el espionaje ilegal montado sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

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