(por Andrés Fidanza) Aunque no haya existido llamado, lobby o sugerencia alguna, la buena estrella repentina de Farmacity marca los límites de una ilusión: la independencia plena de poderes. O mejor dicho: la fantasía de que los ex CEOs, empresarios y campeones de las finanzas no arrastren su agenda y su mirada del mundo, una vez que ocupen el poder político. El conflicto de intereses se abre paso, aunque los funcionarios macristas lo eludan, de forma genuina o sobreactuada. Y así se convierte en un sello de agua del ciclo cambiemita. En ese contexto, el ascenso de Farmacity es una metáfora de ese capitalismo serio y moderno, y que aprovecha cada uno de los atajos que se le presentan.

Fundado por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el tanque farmacéutico (un mini-shopping, en realidad) quedó a un paso de alcanzar dos viejos objetivos: desembarcar en la provincia de Buenos Aires y ganar una pulseada histórica contra los poderosos laboratorios locales (Roemmers a la cabeza, archi-enemigo de Quintana) y contra las farmacias de barrio.

Lo que Quintana no consiguió desde el poder empresario, lo está por lograr a control remoto desde su oficina en Casa Rosada. Mario de Mataderos se jacta de ser el único CEO que se hizo de abajo. Al mando del Grupo Pegasus, fundó y presidió Farmacity. También libró peleas jurídicas para que le habiliten su expansión. En 2010, contrató al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados.

El bufete del actual juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, lo representó en la cruzada que hace unos meses llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que considera a la actividad farmacéutica como un servicio público. Pero su planteo fue desestimado en primera instancia, después por la cámara y por la Suprema Corte provincial.

Tras ese triple rechazo, ya con Cambiemos en el gobierno, Farmacity presentó un recurso en queja. Así consiguió que la Corte nacional tomara el caso. Días atrás, se anotó otro golcito: la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, consideró inconstitucional aquella ley provincial. Ese fallo se suma a otra decisión reciente del procurador interino, también favorable para el macrismo: la de correr al fiscal que investigaba el arreglo entre el Estado y el Correo Argentino.

La resolución sobre Farmacity, sin embargo, no es vinculante. La Corte la tomará como una referencia. El caso a su vez le permitirá a Ricardo Lorenzetti recuperar parte del liderazgo perdido. O al menos diluido, tras la asunción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Ambos supremos, nombrados por Mauricio Macri, se excusaron en la causa a raíz de sus vínculos con la empresa.

Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco no tendrán plazos fijos para decidir. El olfato y pulso de Lorenzetti serán decisivos, en el contexto de un vínculo cada vez más zigzagueante entre el gobierno y el presidente de la Corte.

Con pronóstico todavía más favorable, Farmacity acaba de conseguir otro guiño a pedir de sus intereses. Llegó desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio, que la dio la razón en primera instancia a su queja monetaria.

Se trata de un reclamo empezado en 2012 por Quintana. Congelado en tiempos kirchneristas, la CNDC reactivó el año pasado la denuncia por supuestas prácticas discriminatorias entre los laboratorios, las cámaras farmaceúticas y PAMI. Según el planteo, la maniobra apunta a correr a Farmacity del acuerdo de venta de medicamentos con descuento a los afiliados.

El 9 de noviembre pasado, la CNDC decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), dando por acreditadas las conductas denunciadas. Con un detalle: excluyó del fallo a los laboratorios, que ahora se mantienen en silencio absoluto. En 2013, Quintana le había apuntado directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, protestó entonces.

El sistema objetado por Farmacity distingue en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: por ejemplo, una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio al afiliado de PAMI, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%. Y las cámaras son las que deciden. Dentro de ese panorama, los locales de Farmacity (no todos: hay más de 60 que ni siquiera accedieron a vender medicamentos vía PAMI) son uno de los que más aportan: más de 22 puntos.

“La Comisión de Defensa de la Competencia no quiere investigar si hubo una conducta anticompetitiva que perjudicó a Farmacity, sino que ya tiene la decisión tomada de sancionar a la COFA a pedido de aquella”, detalla una presentación hecha la semana pasada por COFA. Y a su vez exige la suspensión de ese especie de juicio que se realiza en la CNDC, dependiente del secretario Miguel Braun.

La Confederación objetó que Defensa de la Competencia rechazara gran parte de las pruebas que había pedido. También exigió la recusación de una perito de la CNDC, por supuesto sesgo en favor de Farmacity.

Mientras tanto, tras casi dos años y medio en el poder, Quintana anunció que venderá las acciones que aún tiene de la cadena (alrededor de un 3%). En caso de ganar alguna o ambas peleas, Farmacity multiplicará su valor.

Antes de la puja actual por entrar al territorio de María Eugenia Vidal, Farmacity tuvo que sortear algunas trabas para asentarse en la Capital. Las farmacias objetaban su condición ventajosa de cadena polirubro. Pero en 2014 un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldó la discusión. Desde ese momento, la empresa fundada por Quintana sigue vendiendo tanto remedios, como artículos de limpieza, golosinas, café y galletas.

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra en silencio hace días, desde que el Gobierno decidió ratificar el tarifazo, contra su postura y la de los radicales.

De juego siempre ambiguo, soprendió que mandaran a sus diputados bonaerenses a defender a Farmacity en la Legislatura. Esta semana, se impuso un proyecto que prohíbe a esa cadena ingresar a suelo de la provincia de Buenos Aires. Es sabido, Farmacity es una preocupación de Casa Rosada, ya que pertence a Mario Quintana, hombre fuerte de gabinete nacional.

En la Legislatura, Cambiemos mostró una grieta y fueron los radicales quienes decidieron no acompañar la posición macrista favorable a Farmacity. Por su parte, los legisladores de la Coalición Cívica sí apoyaron a la empresa de Quintana. De este modo, se confirmó que la relación entre Carrió y Macri sigue en pie, tan fuerte como siempre.

A pesar del rechazo del bloque de Cambiemos, la sumatoria de los votos a favor de todas las bancadas opositoras logró que se aprobara la iniciativa que pone un freno al desembarco de la multinacional del Vicejefe de Gabinete de Macri, Mario Quintana, en territorio bonaerense.

El proyecto aprobado declara como taxativo el artículo 14 de la ley 10.606 de Farmacias, es decir que no puede ser modificada bajo ninguna otra ley. Este artículo explicita cuales son las figuras societarias que pueden instalar farmacias en la Provincia. En ese punto se prohíbe a las sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity.

La iniciativa, aprobada por 43 votos a favor y 40 en contra, fue girada al Senado. Allí, el escenario para que el proyecto finalmente se convierta es ley es más complejo. Cambiemos controla 29 de las 46 bancas.

“Hoy tenemos que estar discutiendo los alcances de esta ley porque hay un responsable con nombre y apellido: se llama Mario Quintana” sostuvo el autor de la iniciativa, Lisandro Bonelli, ante los aplausos de los farmacéuticos presentes en el recinto. Y denunció que “quieren declarar esta ley para poder expandir sus negocios y obtener más ganancias”.

El diputado del Frente Renovador también criticó “el silencio” de la gobernadora Vidal sobre el tema. “Fueron los bonaerenses los que votaron a la gobernadora, no lo hizo Farmacity. Entonces debería manifestarse públicamente si está del lado de nuestros vecinos o de los grupos económicos” señaló.

Por su parte, el diputado de Unidad Ciudadana, Santiago Révora, sostuvo que “Farmacity es uno de los negocios más que los gobiernos de Macri y Vidal quieren llevar adelante en la Provincia”, al tiempo que detalló: “En Capital Federal, en cada apertura de una sucursal de Farmacity, cerraban 9 farmacias de barrio. El desembarco de esta cadena es sinónimo de desempleo en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.

Luego de la votación nominal, el nutrido grupo de farmacéuticos que presenciaron el debate celebraron la aprobación de la iniciativa. Más temprano, se habían movilizado a Gobernación donde entregaron una carta a María Eugenia Vidal, quien en estos meses nunca los recibió.

Miles de farmacéuticos de toda la Provincia protagonizaron hoy una masiva movilización hacia Gobernación en contra del intento de la cadena Farmacity, cuyo dueño y accionista es el Vicejefe de la Nación Mario Quintana, de operar comercialmente en territorio bonaerense.

Desde que se inició el conflicto, María Eugenia Vidal rechazó los reiterados pedidos del Colegio de Farmacéuticos para entablar un canal de diálogo. Ante la negativa, los manifestantes dejaron en la mesa de entradas una carta dirigida a la gobernadora.

“Nos hubiese gustado charlar personalmente, pero lamentablemente nunca nos concedió una reunión, ni permitió está posibilidad. Es por ello que hacemos pública nuestra tristeza por su silencio y por la falta de reconocimiento a nuestra profesión y a nuestro trabajo social” expresa un fragmento del texto, y resalta que “está en sus manos definir, como lo hicieron todos los gobernadores que la precedieron, si el servicio farmacéutico estará regido por las normativas de salud o por el libre mercado.

Desde que asumió su mandato, la gobernadora ha mantenido un silencio total sobre el lobby que viene realizando la cadena Farmacity para que se autorice su operación en territorio bonaerense. Luego de que la Justicia provincial rechazara en varias instancias su pedido, la empresa de Mario Quintana acudió a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre el tema.

“No queremos que se destruya un sistema sanitarista para favorecer una empresa de un funcionario” afirmó en diálogo con Primereando la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Isabel Reinioso, al tiempo que calificó como “un escándalo que se quiera modificar una ley para beneficiar a Mario Quintana”.

La normativa que hace referencia Reinoso se trata de la ley provincial 10606, vigente desde 1987, que establece el funcionamiento de las farmacias como un servicio de utilidad pública en salud y no un mero comercio de medicamentos. En concreto, el artículo 14 permite la instalación de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales, al tiempo que prohíbe las sociedades anónimas, como es el caso de Farmacity.

Hace unas semanas, el Procurador Interino de la Corte Suprema de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el artículo que prohíbe el desembarco de la multinacional en la Provincia es inconstitucional. Si bien el fallo no es vinculante y resta la definición de los jueces de la Corte, se vislumbra por detrás la presión de Mario Quintana, hombre cercano al presidente Mauricio Macri y uno de los tantos funcionarios nacionales que se ve envuelto en un caso atravesado por conflictos de intereses.

A pesar del silencio de la mandataría bonaerense acerca del desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, varios municipios respaldaron el reclamo de los farmacéuticos, quienes denuncian que esta cadena tendría una posición dominante en el mercado.

La avanzada de Farmacity para lograr instalarse en la provincia de Buenos Aires sigue cosechando rechazos en varios Concejos Deliberantes bonaerenses. Los primeros en aprobar iniciativas a favor de la actual ley que regula la actividad fueron Avellaneda, San Nicolás, Rivadavia, Trenque Lauquen, Guaminí y Mercedes, a los que luego se sumaron otros en el resto de la Provincia.

También, se produjeron votaciones en contra del desembarco de la empresa en ciudades como Zárate, Pilar, Tandil, Almirante Brown, Rauch, Luján y Pergamino. Estas dos últimas son las primeras en cerrar las puertas a Farmacity con un decreto municipal.

Por su parte, Famarcity logró un respaldo a sus intenciones de penetrar en la Provincia luego del dictamen -no vinculante- de la Procuración General de la Nación, declarando inconstitucional uno de los artículos de la ley que regula la actividad farmacéutica en el territorio bonaerense y dejando ahora la decisión en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Otra medida de defensa que los farmacéuticos bonaerenses esperan con ansias es el tratamiento del Proyecto del Dip. Lisandro Bonelli que plantea declarar el carácter taxativo del artículo 14 de la Ley 10.606, que reglamenta la actividad y que se trataría en la legislatura provincial el jueves 26 próximo.

Sigue el escándalo en torno a la empresa Farmacity, que está vinculada con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Primero, la firma recibió el visto bueno del gobierno de María Eugenia Vidal para que pueda operar en provincia de Buenos Aires, a pesar de la resistencia de los farmacéuticos. Ahora, procesaron a un ex funcionario macrista por proteger a la sociedad.

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos, quien procesó a Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud. Se lo acusa por una supuesta protección a Farmacity, al demorar y luego negarse a sancionar a la cadena.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez en la resolución. El procesamiento es sin prisión preventiva, tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa.

No es el primer escándalo que rodea a Farmacity, que empieza a hacerse sentir al interior de la coalición Cambiemos, cada vez más complicada por casos de corrupción. La semana pasada, la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, dos días después de que Quintana anunciara en una entrevista que venderá las acciones que le quedan en la compañía. Después del anuncio de Casal, las acciones de Quintana aumentaron su valor. Total normalidad.

Un rato después, los concejales radicales de Zárate, que responden al vicegobernador Daniel Salvador, salieron en defensa de las farmacias locales y chocaron con los concejales del PRO. Ocurre que en la provincia de Buenos Aires hay una verdadera rebelión de los farmacéuticos que se sienten perjudicados con la llegada de la cadena.

El diputado por Cambiemos volvió a protagonizar una polémica situación en Twitter al atacar a los pequeños comerciantes que se quejan por la llegada de la empresa de Quintana a la Provincia de Buenos Aires.

El diputado troll cuestionó los planteos de diversos usuarios que se mostraron preocupados por el futuro de sus negocios por la competencia desigual con el gigante farmaceutico y de golosinas y lanzó polémicas frases.

"Usted tenía el monopolio de la esquina? Se llama competencia, entiende? Baje los precios. Atienda mejor. Busque otro lugar. Haga otra cosa. Queremos ser capitalistas con las reglas del Komintern", le respondió a un kiosquero que realizó una queja.

Asimismo, disparó: "El sueño del pobrista es un país hecho solamente de kiosquitos, almacenes y fabriquitas. Cree que la gran empresa es incompatible con la pequeña y el desarrollo capitalista, con la justicia social. Después se indigna de que dejaran a la gente defecando en pozos y 30% de pobreza".

La Procuración General de la Nación dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley de Farmacias, vigente desde 1987. El planteo lo inició en 2012 el actual Vicejefe de Gabinete y ex Ceo de la multinacional, Mario Quintana. La Corte Suprema debe definir el pleito judicial.

El dictamen del Procurador interino, Eduardo Casal, establece que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es inconstitucional. Con este polémico fallo, que contradice a la justicia bonaerense que en reiteradas ocasiones rechazó el planteo de Farmacity, se abren las puertas para el desembarco de la multinacional fundada por uno de los hombres más cercanos al presidente Mauricio Macri.

La medida que beneficia a la cadena generó el rechazo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia. “La Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud pública y nuestro poder judicial ya lo hizo” sostuvo su presidenta, Isabel Reinoso, en diálogo con Primereando y agregó que el “fallo es bochornoso desde el punto de vista jurídico y fue promovido a medida de esta empresa cercana a los funcionarios nacionales”.

El artículo 14 de ley que el Procurador declaró inconstitucional permite la instalación de farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales, al tiempo que prohíbe las sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity.

Desde los bloques opositores de la Legislatura bonaerense también se sumaron a las críticas por el polémico fallo. “Con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías a la Provincia” expresaron desde el bloque de Unidad Ciudadana en el Senado. Al tiempo que advirtieron que “permite al amigo de Macri expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país. Esta decisión le asegura un negocio de ganancias multimillonarias”.

Por su parte, el diputado del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, consideró que “el visto bueno de la Procuración evidencia una clara presiones del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema que se debe expedir sobre el tema”. Y exigió que “se respete la ley. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”.

Tras este nuevo capítulo de la batalla judicial iniciada por Farmacity para operar en la Provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si permite la expansión de un negocio millonario que puede perjudicar el acceso a la salud pública de los millones de bonaerenses.

Una periodista subió un video a Twitter en el que puede verse una bolsa de mix de cereales de la marca Nat, perteneciente a Farmacity, con gusanos en su interior.

Mirá el video:

PAMI propone que Farmacity ingrese como prestador pleno y en igualdad de condiciones que el resto de las farmacias de todo el país en el nuevo convenio con la industria. La COFA denuncia que sería “escandaloso”. El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, sin duda, el gran ganador del nuevo esquema.

“Con el nuevo convenio todos pierden…los jubilados que le van a dar menos medicamentos, la industria que pierde el validador y le ponen precios máximos, las farmacias que no saben si van a cobrar y cómo. El  único que gana es Quintana: 15 millones por mes al bajársele la bonificación a Farmacity del 26% al 15% y el PAMI le va a  dar el alta para que atienda en todas las sucursales que no tienen PAMI”,  sintetizó un dirigente del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal, al término del último confederal de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en que se debatieron medidas para resistir el avance de la cadena.

Isabel Reinoso, titular de la COFA, confirmó que “lo que el  PAMI está solicitando para el nuevo convenio es otorgar el propio PAMI las altas de farmacias”.

“En los últimos años y tal como lo dice el convenio para dar de alta a una farmacia debe además de presentar los papeles de habilitación por parte de la autoridad sanitaria, cumplir con las disposiciones legales sanitarias de cada jurisdicción o Provincia”, explicó Reinoso.

“Como sabemos esta cadena Farmashopping no cumple (con esas disposiciones legales) así que si esto sucede nos opondremos como lo vinieron haciendo las entidades farmacéuticas desde 2011”, prometió.

Reinoso subrayó que “además sería escandaloso que por influencias políticas logre las altas cuando sigue sin cumplir las normativas sanitarias de las respectivas provincias y de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Es verdad, una de las exigencias de Sergio Cassinotti (titular del PAMI), es dejar entrar a Farmacity. Nosotros le avisamos a las confederaciones farmacéuticas apenas pusieron la exigencia sobre la mesa”,  explicaron voceros de la industria.

Estos voceros ratificaron el apoyo de las cámaras empresarias a los farmacéuticos que han sido una de las patas históricas del convenio pero dejaron abierto un interrogante:”van a tener que ir a negociar a la Jefatura de Gabinete…”.

Pero sucede que en la Jefatura de Gabinete habita Mario Quintana el ex CEO de  Farmacity y a quien se le adjudica los cambios que se quieren introducir en el convenio.

Cabe recordar que hace años durante una dura pelea con la industria, Quintana acusó directamente a los laboratorios nacionales (y en especial a uno) de bloquear su ingreso pleno al PAMI ya que solo veinte sucursales estaban autorizadas para atender a los jubilados.

“Con el nuevo esquema se perjudica al 70% de las farmacias y solo se salva el 30%, incluidas cadenas como Farmacity que tendrá el respaldo financiero propio para sostener la atención al PAMI mientras ahogan a la farmacia de barrio o de pueblo”, se  lamentó el dirigente del colegio porteño.

Para el dirigente el esquema es “tan perverso” que las farmacias de pueblos o localidades alejadas que pagan una bonificación del 10 por ciento diferencial, “ahora pagarán 15% igual que Farmacity”.

También se entiende la demanda de PAMI de acceder a la base de datos y a la transferencia de Farmalink como una exigencia de Quintana para fortalecer el negocio de Farmacity.

El convenio no está cerrado y por lo tanto el crimen todavía no ha sido cometido. Pero parece que falta poco, a menos que estalle una rebelión y los actores de la industria y los farmacéuticos decidan patear el tablero, algo que no se percibe por ahora.

“Esto solo se puede resolver con una reunión política de alto nivel”, especulan los voceros mirando hacia la Casa Rosada.

En realidad, ya hubo una reunión en Olivos entre el presidente Macri, al regreso de las vacaciones, y algunos  empresarios farmaceúticos “amigos” que originaron expectativas ahora irresueltas.

“Dejar en manos de terceros el manejo de negociaciones, en las cuales están en juego los intereses de todos, nunca será una opción válida para nosotros. Las consecuencias pueden ser letales: cualquier sacrificio o concesión que el negociador acuerde con el PAMI necesariamente repercutirán en las economías de las farmacias, con especial impacto en las pequeñas y medianas."

Concretando nuestra visión, diremos que de ningún modo comulgamos con la idea de dejar todo sin cambios y solo demandar que PAMI afecte más dinero a la operatoria.

Por el contrario, consideramos que la mejor opción para producir beneficios para el conjunto (incluido PAMI), pasa por implementar mejoras en la gestión de procesos y recursos, como condición previa imprescindible para determinar si realmente hace falta una mayor inversión por parte de PAMI".

Fuente: Pharma Baires