Además, el fiscal federal opinó sobre la situación del Poder Judicial. “El sistema judicial tiene un problema estructural muy grave y necesita una regeneración global para que las instituciones estén cerca de la gente y nos mejore la vida a todos”, expresó. 

Este miércoles el fiscal federal Federico Delgado solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti la indagatoria de Javier Iguacel y otros exdirectivos de Vialidad por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El fiscal que más incomoda al Gobierno habló en una entrevista a fondo

Federico Delgado solicitó a través de un escrito que se continúe con la investigación al presidente Mauricio Macri por su supuesta vinculación con sociedades en paraísos fiscales. Además, cuestionó la declaración de “incompetencia” del juez Sebastián Cassanello. ¿Cuáles son sus argumentos?

Primereando.com.ar accedió al texto completo que Delgado presentó a la Justicia con los argumentos para seguir investigando al primer mandatario. Según él, resta averiguar dos cuestiones. Por un lado, saber por qué Macri no mencionó a las sociedades offshore, Fleg Trading y Kagemusha, en sus diferentes declaraciones juradas. "Además, (hay que) desentrañar la entidad y alcance de su participación en Yacylec y la propiedad de unas hectáreas ubicadas en Tandil", agregó Delgado.

Por otro lado, el fiscal centró la atención en Fleg Trading, que perteneció al Grupo Macri e hizo operaciones millonarias en Brasil por 9 millones de dólares a fines de los años 90. El presidente se desempeñó como directivo de esa sociedad. “Es necesario reconstruir totalmente sus actividades en la República Federativa del Brasil, en el marco del proyecto 'Pago Fácil’”, señaló Delgado.

En ese contexto, Delgado vinculó a Fleg Trading con la fuga de divisas del grupo económico ligado al presidente durante la grave crisis ocurrida en 2001. "Las fechas de algunos movimientos, además, coinciden en términos relativos con los que detectó la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados de la Nación", describió. Según esa comisión, SOCMA INVERSORA SA sacó del país 9,3 millones de dólares, prácticamente la misma cantidad que operó Fleg Trading en Brasil.

En su escrito, Delgado concluyó con un pedido: "La justicia tiene una magnífica oportunidad: investigar al poder instituido. Esto es decisivo: investigar y no culpar. Investigar". Ahora deberá resolver la sala II de la Cámara Federal cuál será la suerte de la llamada causa Panamá Papers.

El fiscal de la causa objetó no sólo el contenido del fallo sino la declaración de "incompetencia" de Casanello para seguir con el expediente.

El fiscal federal Federico Delgado apeló hoy el fallo del juez Sebastián Casanello que desvinculó al presidente Mauricio Macri del delito de "lavado de activos" en la causa denominada "Panamá Papers".

Delgado objetó no sólo el contenido del fallo sino la declaración de "incompetencia" de Casanello para seguir con el expediente, y su remisión a la Justicia en lo Penal Económico para que se investigue la eventual "omisión maliciosa" de las empresas en el extranjero.

El dictamen insiste en la recolección de "información internacional y de completar la local" para determinar si existió o no el delito de "lavado" por parte del jefe del Estado.

La decisión del fiscal es un baldazo de agua fría para el Presidente que estaba festejando su absolución en los medios. "Me alegro que se haya terminado", había declarado el miércoles desde Paraná.

Los diputados nacionales del FPV-PJ Héctor Recalde y Rodolfo Tailhade ampliaron la denuncia contra el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por los pagos que recibió de parte de Leonardo Meirelles, condenado a cinco años de prisión por el caso de corrupción Lava Jato.

Los legisladores señalan las contradicciones entre los comunicados emitidos por Arribas el 11 y el 24 de enero, donde atribuye la transferencia de 70 mil dólares a la venta de un inmueble en Brasil y que fue ratificada luego por el presidente Mauricio Macri, y sus declaraciones ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Allí, según informaron diferentes medios periodísticos, el director de la AFI cambió completamente su versión de los hechos y dijo que la transferencia a su cuenta correspondía a la venta de “muebles y cuadros”.

También hacen hincapié en el comunicado difundido por Arribas el 3 de febrero de este año. Dentro de las cuestiones que aún quedan por investigar, Recalde y Tailhade se preguntan: “1) por qué el documento por la supuesta venta de los muebles tiene fecha de suscripción el 19 de enero de 2017 pero señala que la operación se llevó a cabo en 2013; 2) por qué el supuesto comprador de los muebles, Atila Reys Silva, no aparece en la escritura de venta del inmueble; 3) por qué la certificación del documento de venta de muebles se realizó en Belo Horizonte, ubicada a 600 kilómetros de la ciudad de San Pablo, lugar de la presunta firma”.

Los diputados sostienen que la fecha del documento que acredita una venta de muebles que habría ocurrido cuatro años antes “resulta una evidencia irrefutable de una versión armada, ficticia e insostenible. No puede entenderse cómo el 24 de enero Arribas insistía con que Meirelles le transfirió us$ 70.500 por la venta de un departamento, cuando cinco días antes se había firmado el documento que daba cuenta que se trataba de la venta de muebles”.

La causa es tramitada en el juzgado del juez Ariel Lijo y la investiga el fiscal Federico Delgado.