La diputada nacional por el Frente para la Victoria (FPV), María Teresa García, se refirió a la sesión ordinaria que se dará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados para tratar la ley antidespidos y en ese sentido, dijo que buscarán "llegar a un consenso" con los distintos bloques para sancionar el proyecto que tiene media sanción del Senado.

El FPV intentará hoy aprobar en el recinto el dictamen de mayoría que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta. Desde el Ejecutivo ya adelantaron que de aprobarse lo vetará por considerar que el proyecto desalienta la contratación de personal.

La diputada kirchnerista María Teresa García advirtió que en caso de aprobarse modificaciones al texto del Senado, el trámite para que se convierta en ley demandaría unos “180 días más”.

En este contexto, la diputada, se aclaró que no hay  un acuerdo con cambiemos sino "No es un acuerdo nuestro, sino un acuerdo que hizo Massa para darle los dos tercios y habilitar el tratamiento del tema y para no bajar el día que pedimos la sesión especial y se pusieron de acuerdo para no incluirlo en esta sesión ordinaria”.

En otro pasaje de la entrevista radial, García señaló que “Massa se ha metido en un callejón sin salida” y luego señaló que el centro del debate pasa por “si se quiere o no que salga la ley”.

“Nosotros lo que hicimos fue mantener la coherencia, mantener unidos este un frente con todos los bloques pequeños representantes de provincias en sostener hoy nuestra decisión de votar la media sanción del Senado”, señaló la legisladora del FPV

Para finalizar Gracía detalló: “Estimo, y espero, que aquellos diputados que sepan que la única alternativa que existe hoy en el congreso es que se vote la media sanción del Senado, cualquiera otra ingeniería que se decida votar tiene el fracaso asegurado en el Senado de la nación”.

Un grupo de diputados nacionales del FpV-PJ, encabezado por su titular, Héctor Recalde, solicitó al juez federal Jorge Casanello que impida la venta de la empresa IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en el marco de la investigación que tiene a su cargo sobre Lázaro Báez, ante “la clara vinculación societaria entre ambos empresarios que compartieron y participaron de emprendimientos conjuntos en obras públicas”.

Los diputados que firmaron la petición, María Teresa García, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio y Rodolfo Tailhade, manifestaron en el escrito que “IECSA y Austral Construcciones se presentaron juntas en diversas licitaciones por casi 10 mil millones de dólares, lo cual muestra un ‘affectio societatis’ estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el favoritismo que se le atribuye a Báez”.

“Un hecho repentino reafirma la necesidad de adoptar medidas al respecto”, sostienen los diputados, quienes agregaron que “sorpresivamente y en forma concomitante con la vinculación de la empresa IECSA a las empresas investigadas en las causas que involucran a Lázaro Báez, tomó estado público la voluntad de sus actuales accionistas de vender abruptamente dicha empresa”, en referencia a las informaciones publicadas acerca de que Calcaterra vendería las acciones del Grupo.

“Es decir que, sospechosamente, en cuanto avanza la investigación sobre las empresas de Báez y surge la conexión con IECSA, precisamente en el tema obra pública, se busca rápidamente vender IECSA o al menos, dar la apariencia de venta, trasladando el manejo de IECSA a nuevos titulares, aun cuando se encuentran vinculados al entramado de sociedades que de forma directa o indirecta trabajan y/o forman parte del Grupo Macri”, dice el escrito presentado al juez.

Asimismo, se solicitó: “No deberían descartarse además medidas tendientes a resguardar la responsabilidad patrimonial en la que eventualmente pudieren incurrir los socios, gerentes, síndicos y directores de IECSA, y por ello debería considerarse ordenar un embargo de los bienes registrables de quienes resulten imputados, como así también la inmovilización y congelamiento de los fondos de sus cuentas bancarias, con la finalidad de asegurar el patrimonio involucrado en los ilícitos que se investigan en autos”.

El diputado nacional del Frente para la Victoria, Andrés Larroque, se refirió hoy al proyecto de ley Anti Despidos que ya tiene media sanción en el senado.

“Queremos pedirle a la senadora Michetti (Gabriela) y al senador Pinedo (Fernando) que pasen la ley a Diputados porque la tienen secuestrada”, advirtió el legislador del Frente para la Victoria.

“Creo que nunca se ha visto una demora tan pronunciada en el traspaso de un proyecto de ley para que pueda ser tratado en la Cámara de Diputados. Debe tener que ver con este planteo del Presidente de pedirle a Massa que no votara junto al kirchnerismo esta ley antidespidos”, agregó Larroque.

En la misma línea, el diputado nacional se refirió al gobierno de Mauricio Macri y aseguró que “me parece que no quieren que se trate esta ley y están presionando de todas las maneras posibles”.

“Evidentemente trabajan en contra de los intereses del pueblo y recurren a todos los métodos posibles, retando senadores como lo hicieron con Pichetto (Miguel Angel), o retando diputados como lo hizo Prat Gay (Alfonso) en la Comisión. Creo que no tiene que ver con las prácticas normales de una democracia”, arremetió el referente de la juventud del kirchnerismo.

En cuanto a la labor del bloque de diputados del FPV y de Héctor Recalde, Larroque resaltó que “el presidente de nuestro bloque habló ayer con Pinedo, un hombre de palabra ¿no?, y se comprometió a que iba a dar el giro a Diputados y eso no ocurrió. Por eso Recalde dirigió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para que urgentemente se efectivice lo que espera todo el mundo, que es trate esta ley”

Con respecto al proyecto de ley que busca atenuar la política de despidos que viene llevando adelante el gobierno nacional y que impacta tanto al sector público como en el privado, Andrés Larroque afirmó: “sabemos que no es la solución de fondo, la solución tiene que ver con el cambio de las políticas económicas que ha implementado este gobierno. Pero bueno, este es un paliativo importante que espera la sociedad”

A través de la diputada Luana Volnovich, el bloque del Frente Para La Victoria (FPV) de la Cámara baja tiene presentado un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de prestación de servicios públicos para universidades nacionales y provinciales e institutos universitarios, por el término de un año, o hasta tanto se incremente el presupuesto universitario a los fines de cubrir el aumento tarifario de los servicios.

La iniciativa retrotrae las tarifas que pagan las universidades al valor previo a los aumentos tarifarios, y establece que las prestatarias de servicios públicos no podrán trasladar al resto de los usuarios el costo de la reducción tarifaria.

A modo de ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata pasó de pagar 60.000 pesos en marzo de 2015, a 250.000 el mes pasado; la Universidad Nacional de la Matanza pasó de pagar 100 mil a 711 mil pesos de electricidad; y la Universidad Nacional de la Rioja tuvo un incremento del 300%. También en la Universidad de Buenos Aires se registraron incrementos en las tarifas de electricidad de 7 millones a 80 millones, según declaraciones periodísticas del decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

El presidente del bloque de diputados nacionales del FpV-PJ, Héctor Recalde, advirtió hoy que las autoridades del Senado están "demorando" la remisión a la Cámara baja del proyecto de Emergencia Ocupacional -aprobado el pasado miércoles-, en tanto que desde la Presidencia de la Cámara alta afirmaron que la iniciativa "será girada el próximo lunes".

“Como pasaron más de 24 horas y el expediente no ingresa, hablé con el secretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi, y me dijo que estaban en eso. Insistí más tarde y me respondió que lo estaban viendo con (el presidente provisional del Senado, Federico) Pinedo", relató el presidente del bloque FPV-PJ.

Y agregó: "Llamé dos veces a Pinedo y no pude comunicarme con él. Queda claro que están demorando intencionalmente la remisión del proyecto porque están en contra, y para evitar que lo tratemos realizan estas maniobras impropias”.

A través de un comunicado de prensa, Recalde aseguró que “jamás se demoró tanto la remisión de un expediente de una Cámara a otra, un trámite que debe hacerse inmediatamente después de la media sanción”, y reclamó “a la alianza Cambiemos que no entorpezca el mecanismo de sanción de las leyes”.

En el mismo sentido, el diputado nacional Edgardo Depetri exigió la remisión del proyecto y acusó a la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, de “no girar la Ley de Emergencia Ocupacional a Diputados para que sigan los despidos”.

"Exigimos el urgente envío del Senado a Diputados para tratar la ley en sesión especial o que el presidente, Emilio Monzó, lo ponga en temario ordinario para la semana que viene”, enfatizó el diputado del FPV en un comunicado de prensa.

Consultadas sobre el tema, fuentes cercanas a la Presidencia del Senado señalaron que "el proyecto se mandará el lunes; porque Michetti aún no regresó de Nueva York -donde participa del Consejo de las Américas- para poder firmarlo".

El proyecto de Emergencia Ocupacional fue aprobado el miércoles en la Cámara alta, por 48 votos a favor y 16 en contra y contó con el respaldo de todas las bancadas de la oposición, tras un debate que duró casi seis horas.

Desde la bancada que preside Héctor Recalde ya adelantaron la intención de aprobar el proyecto tal como fue votado por la Cámara alta el miércoles pasado, por lo que intentarán llevar el tema al recinto aún antes de que se ponga a consideración de las comisiones.

En el FPV-PJ saben que la posibilidad de que prospere la sesión especial es casi nula ya que no reunirían el quórum para iniciarla, pero igualmente apelan a pedir su realización para apurar al oficialismo en el trámite del proyecto y para obligar a definiciones concretas de otros bloques opositores que aún no expresaron una opinión uniforme sobre el tema.

Si bien desde el bloque kirchnerista advirtieron que "el proyecto aún no fue enviado por el Senado"; quieren anticiparse al tratamiento que le daría el oficialista Luciano Laspina cuando pase por la comisión que preside, la de Presupuesto y Hacienda.

Con este pedido de sesión especial, en el FPV-PJ también buscan una definición de los diputados del bloque del Frente Renovador, que originalmente impulsaba el proyecto de doble indemnización y hoy muestra a algunos de sus integrantes dubitativos ante la posible aprobación del proyecto.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria, presentó una denuncia penal contra el fiscal de Jujuy, Mariano Miranda, que se dirigió a Máximo Kirchner para "aconsejarle" que 'vaya preparando las valijas' para explicar en Jujuy el destino del dinero para viviendas que no fueron construidas.

Los legisladores destacaron que "los hechos que denunciamos son graves, agravian el Estado de Derecho y nuestra representatividad como diputados de la Nación. Y reflejan, además, lamentablemente, un peligroso cuadro de situación en materia de respeto a las garantías constitucionales en la provincia de Jujuy", precisaron desde la bancada que preside Héctor Recalde a través de un escrito.

La denuncia del FPV-PJ se terminó de concretar tras la publicación de la 'carta abierta' que difundió Miranda el viernes pasado, donde, en un intento de explicar los motivos de la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, le sugirió a Kirchner que 'vaya preparando las valijas'.

"Si hubiera un gobierno republicano hoy la provincia de Jujuy tendría que estar intervenida", señaló Héctor Recalde, el jfe del bloque, en conferencia de prensa.

Por su parte Larroque dijo que la situación es "una cortina de humo para tapar los verdaderos problemas que tiene el país"; que "en Jujuy hoy no rige el Estado de derecho" y que Miranda "es un sicario que está operativizando un plan para eliminar el disenso en Jujuy".

Denuncia presentada por el bloque FPV-Pj