El bloque de diputados de la alianza de gobierno "Cambiemos", buscará priorizar la sanción de los proyecto de devolución del IVA en los productos de la canasta básica y de creación del primer empleo y postergará, en cambio, el tratamiento de la emergencia ocupacional que tuvo ayer sanción del Senado.

De este modo, el oficialismo busca retomar la iniciativa tras el traspié en el Senado con el debate de dos iniciativas del Poder Ejecutivo destinada a los sectores más vulnerables y el que busca mejorar las posibilidades de los jóvenes para insertarse en el mundo laboral.

La idea es sancionar estas dos leyes el 18 de mayo y posteriormente abrir el debate del proyecto votado por el Senado que declara la emergencia ocupacional por 180 días y habilita al trabajador despido a cobrar una doble indemnización.

El secretario parlamentario del bloque radical, Miguel Angel Bazze, señaló que "nosotros reconocemos el problema de la desocupación que solo se solucionará con la creación de empleo y por eso queremos aprobar la ley del primer empleo y la rebaja del IVA para los sectores más vulnerables" ya que "nada logremos con cepos laborales".

En la misma línea, el macrista Eduardo Amadeo dijo que "vamos a abrir la discusión por la positiva: la ley del primer empleo, la obra pública, por el IVA al consumo a los pobres, queremos que se cree empleo y no que se ponga un cepo que va a impactar sobre las pequeñas y medianas empresas", afirmó.

El esquema diseñado por Cambiemos es emitir dictamen el próximo martes en la comisión de Presupuesto de la reducción del IVA a los productos de la canasta familiar, y la segunda semana mayo conseguir despacho del proyecto del tratar en un plenario la creación del empleo joven, a fin de debatir las dos iniciativas en una sesión el 18 de mayo.

Bazze dijo que el proyecto de emergencia ocupacional votado por el Senado también se va a discutir "pero lo vamos hacer como corresponde a todos los sectores involucrados para que opinen todos, los funcionarios nacionales, sindicalistas, empresarios y en especial las pymes que son las que más generan empleo".

Con intención de postergar el debate y la sanción efectiva de la ley que resguarda el empleo de los trabajadores por seis meses.

En tanto, desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, anticipó hoy que ese bloque respaldará la iniciativa aprobada anoche por el Senado para prohibir despidos "tal como lo sancionó la cámara alta "para sacarlo lo antes posible".

"La decisión de nuestro bloque es seguir ese dicho que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. La necesidad de parar con las cesantías es inmediata. Nuestro proyecto puede dilatarse en el tiempo, por eso tal vez lo apoyaremos tal como viene del Senado para sacarlo lo antes posible porque es preocupante la situación", advirtió Recalde en declaraciones a la prensa.

Respecto a la postura del presidente Mauricio Macri, quien anticipó su rechazo al proyecto que se debate en el Congreso para prohibir despidos, Recalde dijo preferir "un escenario más tranquilo y que el presidente no vete la norma y que no nos obligue a hacer nuevos acuerdos para lograr los dos tercios para ratificar la ley, pero mientras tanto el tiempo pasa, la suerte del empleo no admite dilaciones".

Por su parte, el diputado del bloque justicialista Alberto Roberti, presidente de la comisión de Trabajo de la cámara baja, dijo que el proyecto sancionado por el Senado anoche aún no ingresó a Diputados y anticipó que ni bien llegue, esa comisión realizará la convocatoria para avanzar en el tratamiento.

"Primero tenemos que lograr que nos llegue el proyecto y después hay que darle tratamiento", afirmó Roberti, quien aseguró que el oficialismo puede demorar el envío del proyecto a Diputados para dilatar el debate.

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ anticipó hoy que adherirá a la jornada de movilización y protesta impulsada por las cinco centrales sindicales para mañana en el monumento al Trabajo, en el marco de la celebración del Día de los Trabajadores, y ratificaron que insistirán en el Congreso con los proyectos que declaran la emergencia ocupacional “para contribuir a la defensa de los puestos de trabajo”.

A través de un comunicado de prensa, y al ratificar su respaldo a la convocatoria que realizarán mañana las cinco centrales sindicales, la bancada que lidera Héctor Recalde reiteró sus cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri y aseguró que desde que asumió “se registran mil cesantías por día. La respuesta del Ejecutivo ha sido la peor posible: negar el problema”.

“Por eso, como representantes del pueblo argentino, desde el Congreso Nacional buscamos contribuir a la defensa de los puestos de empleo con un proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional y que esperamos sancionar en breve”, sostuvieron en el texto.

Para el FPV, “quiénes sostienen que la emergencia ocupacional de 2002 desalentó la creación de empleos, hablan desde la ignorancia o la mala fe” y pusieron de relieve que “la desocupación pasó del 23,7% en 2002, a 21,4% en 2003, mantuvo un constante descenso hasta el 8,8% en 2007, y alcanzó un mínimo histórico de 5,9% en 2015”.

Dijeron además que el proyecto que impulsa el Frente para la Victoria junto a la mayoría de los bloques opositores en ambas cámaras del Congreso, “es un freno para la ola de despidos sin justa causa”.

“No queremos volver a ingresar en el círculo infernal que nos llevó a una de las peores crisis de nuestra historia: los despidos llevan a la retracción del consumo, la retracción del consumo a la caída de las ventas, la caída de las ventas a menor producción, la menor producción a más despidos. Esperamos que el gobierno sepa escuchar la voluntad popular, que hoy pide que nos unamos para defender el empleo nacional”, advirtieron.

Los bloques de senadores y diputados bonaerenses del Justicialismo convocaron a marchar y apoyar la movilización que realizarán el viernes las cinco centrales gremiales de la Argentina en contra de los despidos y por la restitución del 82 por ciento móvil a los jubilados.

En un comunicado conjunto, sostuvieron que “desde el justicialismo apoyamos y adherimos a los reclamos de la CGT Azopardo, la CGT Alsina, la CGT Azul y Blanca, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma“.

Además, precisaron que avalan los reclamos de las centrales obreras contra el despido de trabajadores, la modificación de las escalas de ganancias, el 82 por ciento para jubilados y que se establezca un sistema de doble indemnización tal como ocurrió en el 2002.

En tanto, los diputados aseguraron que “adherimos a esta marcha en apoyo a todo el pueblo trabajador y porque creemos ineludible que el gobierno nacional ejecute de manera urgente las medidas necesarias para frenar el ajuste y la ola de despidos masivos, originados tanto en el ámbito estatal como en el privado”.

El Bloque de diputados y legisladores del FPV-PJ, resolvió presentar un proyecto de resolución para que la ministro de seguridad, Patricia Bullrich, se presente a dar explicaciones sobre la actuación de prefectura naval,  durante el evento “Time Warp”, que tuvo el trágico saldo de cinco jóvenes muertos por consumo de estupefacientes.

Según el comunicado oficial del bloque de legisladores, le solicitan a la funcionaria a cargo que cumpla con lo siguiente:

1. Informe sobre el pedido de instrucciones que habría realizado el Departamento de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal nros. 6 y 7, respecto de eventuales intervenciones de la fuerza de seguridad en el evento “Time Warp”.

2. Informe las medidas de seguridad y prevención de narcotráfico implementadas por la Prefectura Naval Argentina en el evento “Time Warp”. Adjunte Orden de Prevención librada para la ocasión.

3. Informe los resultados de las medidas implementadas por la Prefectura Naval Argentina en el evento “Time Warp”. Tipo de estupefaciente y cantidad de dosis secuestradas; cantidad de personas detenidas; cantidad de causas judiciales iniciadas. Asimismo informe los resultados de las medidas implementadas por la Prefectura Naval Argentina para otros eventos de la misma naturaleza realizados en el año en curso.

4. Informe si la seguridad privada del evento detectó estupefacientes, en qué circunstancias, cuántas dosis se secuestraron y cuál fue la participación de la Prefectura Naval Argentina ante estas situaciones (supervisión del cacheo, intervención para el secuestro de sustancias, forma y momento de registración del secuestro de sustancias, etc.).

5. En caso de haberse producido secuestro de sustancias, informe a qué hora se registraron los secuestros y a qué hora se comunicó a la autoridad judicial correspondiente. De haberse constatado demora entra la hora del secuestro y la comunicación judicial explique los motivos. Informe, asimismo, el nombre del personal a cargo del secuestro y especifique si se encontraba prestando “Servicio de Policía Adicional”. Indique si se respetó la cadena de custodia.

6. Detalle las actuaciones administrativas dispuestas por el ministerio para la determinación de las responsabilidades del personal de la Prefectura Naval Argentina en este trágico episodio. Asimismo, informe si se tomó alguna medida disciplinaria, o de otro tipo, respecto del personal que intervino en el operativo y que se encuentra bajo investigación judicial.

7. Detalle los contratos de “Servicio de Policía Adicional” suscriptos por la Prefectura Naval Argentina con personas privadas (físicas y/o jurídicas), celebrados en el año en curso. Indique fecha, destinatario, naturaleza del servicio, personal afectado, monto en pesos y procedimiento de autorización aplicable por la fuerza y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

8. Informe si la Prefectura Naval Argentina tenía contrato vigente por “Servicios de Policía Adicional” con la empresa Dell Producciones para el evento del 15 y 16 de abril, antecedentes de dichas contrataciones. Indique para cada caso fecha, tipo de evento, lugar de celebración, naturaleza del servicio, personal afectado (adjuntar copia de su respectivo legajo) y monto del contrato en pesos.

9. Informe si el Ministerio de Seguridad de la Nación había realizado un análisis criminal y de inteligencia criminal previo al evento sobre el comercio de estupefacientes.

10. Informe la existencia de protocolos de actuación o instrucciones operacionales especiales para la prevención y control de estupefacientes aplicables para fiestas electrónicas o eventos de previsible consumo masivo de drogas sintéticas. En caso afirmativo, adjuntar documentación correspondiente.

11. Informe la existencia de protocolos de actuación o instrucciones operacionales especiales para el personal de la Fuerza que actúa bajo la modalidad de “Servicio de Policía Adicional. En caso afirmativo, adjuntar documentación correspondiente.

El hecho se cobró la vida de 5  jóvenes intoxicados con estupefacientes.

Senadores y diputados bonaerenses del Frente Para la Victoria (FPV) junto a una decena de representantes de diferentes gremios avanzaron en la presentación de un proyecto de ley conjunto para declarar “la emergencia laboral” en la Provincia de Buenos Aires, por el término de un año por la “grave situación” generada por los despidos masivos de trabajadores del sector público y privado en todo el territorio.

El proyecto de emergencia laboral trabajado en conjunto por el senador Sergio Berni y el diputado Marcelo Torres, con el objetivo de frenar la ola de despidos que se está viviendo desde los últimos meses en la provincia, logró un fuerte acompañamiento de los gremios bonaerenses con los cuales comenzaron a ultimar posibles modificaciones antes de su tratamiento.

“Fue una reunión muy productiva. El proyecto está elaborado, los compañeros de los sindicatos lo vieron y han elaborado propuestas y algunas modificaciones”, explicó la jefa de bloque de senadores del FPV, Magdalena Sierra, al tiempo que resaltó la importancia de la iniciativa “ante el embate neoliberal de ajuste, endeudamiento y desocupación que están sufriendo los bonaerenses”.

Por su parte, el senador Sergio Berni, destacó que “los trabajadores están apoyando esta iniciativa porque entienden que hay un factor muy fuerte de presión en la provincia a la hora de tener que sentarse a cerrar las paritarias” donde se están dando “fuertes amenazas de despidos”, precisó. “Estamos trabajando y haciendo todos  los esfuerzos necesarios para impedir los despidos”, resaltó.

A su turno, el diputado Marcelo Torres, destacó que "los tarifazos, la devaluación y la apertura indiscriminada de las importaciones generan el cierre de fábricas, por lo cual estamos viviendo una situación de emergencia con miles de familias que quedan en la calle: el Estado debe tomar medidas urgentes para impedirlo".

Finalmente, el secretario gremial de SATSAID, Gustavo Bellingeri, consideró que “es muy importante que el bloque del FPV tenga una iniciativa para proteger el empleo. Es trascendental en esta disputa la protección de cada uno de los puestos de trabajo porque en los puestos de trabajo se encierran las  posibilidades de desarrollo de cada una de las familias de las provincias”.

“Fundamentalmente es una señal política importante de los legisladores a todo el conjunto de la sociedad que se pueda avanzar en una legislación de este tipo”, destacó.

En la actividad estuvieron presentes los senadores del FPV Magdalena Sierra, Sergio Berni, Juan Manuel Pignocco, Mónica Macha, Cecilia Comerio, el senador mandato cumplido Gustavo Oliva y los diputados del FPV Marcelo Torres, Miguel Funes y Gustavo Di Marzio.

El encuentro, a su vez contó con la presencia del presidente del bloque de senadores provinciales del PJ, Daniel Barrera y la senadora Carolina Szelagowski (PJ).

En representación de los trabajadores estuvieron también presentes Octavio Miloni (CTA); Leandro Ciriaco (Obras sanitarias); Galdys Galván (Asociación Bancaria); Luis Olguín (Unión Ferroviaria); Facundo Chancel (Supeh); Jorge Baldovino (AERI); Omar Alberto Alegre (Secretario General del Sindicato Personal Mensual del Hipódromo de La Plata); Francisco Grasso (Secretario Adjunto de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de Argentina  - UTHGRA); Horacio Carman (UTEDYC); Gustavo Bellingeri (SATSAID); Hugo "Japo" Romero   (Unión Obrera Ladriellera).

La diputada nacional Elisa Carrió pidió hoy que se declare la emergencia "hídrica, agropecuaria, productiva, vial, económica, sanitaria y social" a las localidades de las seis provincias afectadas por las recientes inundaciones y consideró que el gobierno nacional debería eximir a los damnificados del pago de aportes, contribuciones, tasas e impuestos.

Carrió fijó su postura en un proyecto parlamentario que presentó esta tarde y que propone que "se declare zona de desastre y emergencia" a poblaciones de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, por un plazo de 120 días prorrogables.

La iniciativa recomienda la "exención o condonación parcial o total del pago de aportes, contribuciones, tasas e impuestos; la habilitación de líneas de créditos de fácil acceso para la adquisición de bienes materiales y el aumento del ciento por ciento en los montos para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo, para jubilados y pensionados, y para Asignaciones Familiares y Prestaciones por Desempleo y por el Progresar”.

El proyecto propone que el Ejecutivo instrumente "mediante el Sistema Federal de Emergencias, los ministerios y organismos correspondientes -en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales- medidas de mitigación y asistencia necesarias para la reconstrucción de las zonas afectadas".

Con ese objetivo, Carrió consideró que el gobierno deberá destinar "una partida especial para afrontar estas acciones" y para poner en marcha "planes de prevención y gestión integral del riesgo, con carácter de prioritarios".

El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ, por su parte, expresó su preocupación por la forma "displicente" con que el gobierno nacional está encarando la grave situación de emergencia por las inundaciones que sufren varias provincias del litoral y centro del país.

El comunicado hace referencia a las consecuencias devastadoras, y dejan a la intemperie y en la quiebra a miles de familias y pequeños y medianos productores.

A su vez, el FpV, salió al cruce del presidente Macri y detalló que hizo una inspección "aérea" de las zonas inundadas, pero hasta el momento, aseguraron "ignoramos qué medidas de asistencia tomará con los damnificados. Seguimos esperando si habrá algún tipo de anuncio o asistencia a los gobernadores de las provincias afectadas que hacen frente al azote climático con recursos propios."

A la vez, hicieron referencia a la lectura que desde el gobierno se viene haciendo de la situación "no alcanza con cuantificar las pérdidas que las inundaciones provocarán a la producción de soja, con la lamentable especulación de si serán pocos o muchos los dólares que irán al Banco Central", aseguraron desde el FpV.

Para concluir, el bloque de diputados del Frente para la Victoria, advirtió que "estamos hablando del sufrimiento de miles de familias que van perder sus pertenencias, y de pequeños y medianos productores de trigo, maíz y tamberos que contemplan su quebranto bajo el agua. Y las pérdidas en infraestructura provincial son incalculables, mientras el gobierno nacional no asiste a los gobernadores.", concluyeron de manera categórica.

La Cámara de Diputados ratificó esta tarde el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Medios y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), normativa que de este modo queda firme, ya que para la validez de un DNU es necesario el voto favorable de un solo cuerpo legislativo.

Ya tiene aval parlamentario el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, y que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en reemplazo de la AFSCA y de la AFTIC, que fueron disueltas.

El decreto –el más polémico de la sesión de este miércoles- fue avalado por la Cámara de Diputados en una votación a mano alzada, a pesar de las protestas del kirchnerismo, que pidió realizarla de manera nominal.

El Frente Renovador de Sergio Massa le garantizó el apoyo numérico a la alianza oficialista Cambiemos, tal como lo hizo en la comisión bicameral abocada a los DNU.

El rechazo fue encabezado por el Frente para la Victoria, el progresismo y la izquierda, mientras que el bloque Justicialista decidió abstenerse.

Aunque el Senado todavía no se expidió al respecto, la sola aprobación por parte de la Cámara baja deja ratificado el DNU.

El decreto 267 del 29 de diciembre de 2015 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, organismos de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, respectivamente.

En su reemplazo se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones.

También se creó en el ámbito del Poder Ejecutivo una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las leyes citadas, una de las banderas del kirchnerismo.

El diputado macrista Pablo Tonelli defendió la “necesidad y urgencia” que llevó al presidente a dictar un DNU sin pasar por el Parlamento. La primera razón, dijo, “es que el decreto fue emitido durante el receso del Congreso”, antes del inicio del período ordinario el 1ro. de marzo.

También aseguró que era “necesario y urgente superar los defectos y problemas que tenían estas dos leyes y sobre todo los desvíos en que estaban incurriendo los organismos encargados de aplicarlas”.

Además advirtió que la AFSCA estaba “conducida por un notorio militante político”, en alusión a Martín Sabatella, que había sido candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria.

En otro orden, Tonelli consideró que las entidades tenían superposición de competencias y que esto atentaba contra la tendencia moderna de la convergencia. En cambio, aseguró que ésta se verá favorecida con el nuevo ENACOM, al entender que va a tener competencia en medios audiovisuales y en telecomunicaciones.

El rechazo estuvo a cargo del camporista santafesino Marcos Cleri, quien en primer lugar negó la necesidad y urgencia del decreto al señalar que el presidente estaba facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

Con más énfasis, el diputado kirchnerista aseguró que el DNU “concentra mucho más la comunicación, atenta con la libertad de expresión y apunta a dejar a gente sin voz y trabajo”.

“Es inconstitucional, ilegal, ilegítimo y viene a cumplir con quien lo acompañó a Macri en la campaña electoral, que es el Grupo Clarín y los grupos concentrados; viene a darle una sola voz, concentrada en la Capital Federal”, denunció Cleri y amplió que apunta a “darle todas las ventajas necesarias en las licencias, en la comunicación, y darle vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica”.

También protestó porque por medio de este decreto del Ejecutivo fueron removidos los directores de AFSCA y AFTIC nombrados por el Congreso, porque “cesa la participación ciudadana” en el otorgamiento de licencias y porque “no hay una sola medida que beneficie la industria cultural”.

“Hace cesar los límites para la formación de monopolios”, alertó Cleri en relación a la eliminación del tope de licencias audiovisuales.

Luis Petri, de la UCR, se sumó a la defensa del decreto y cargó contra la utilización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del kirchnerismo, al que le pidió “que rinda cuentas de la pluralidad de voces y la democratización de la palabra en la Argentina”.

“El gobierno anterior partía de la premia de que todo medio que no se subordinara al relato era un medio opositor. Entonces, para equilibrar la balanza, construyeron un holding de medios amigos.

Esto es lo que hicieron con la Ley de Medios”, denunció el mendocino.

El representante del Frente Renovador en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Raúl Pérez, justificó el apoyo de su bloque al DNU al destacar que abre la discusión a una nueva Ley de Medios, dado que la vigente tuvo “escaso consenso interno en este Parlamento”.

Asimismo, Pérez fue duro con Sabbatella, a quien tildó de “mediocre funcionario con mucha militancia y poca cintura política”.

Por último, el massista le advirtió al oficialismo que “no cometa el mismo error que el Frente para la Victoria” con la utilización de la norma.

Por parte del espacio progresista, Alicia Ciciliani (Partido Socialista) también apuntó a la “desastrosa aplicación de la ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del gobierno anterior. “Fue usada a favor de uno y en detrimento de otros”, resumió.

La Cámara alta de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley de Emergencia en Infraestructura, Vivienda, Hábitat y Servicios públicos que le permitirá a la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, apurar los tiempos de licitación para avanzar en diferentes obras públicas. Desde el bloque del Frente para la Victoria (FPV), señalaron como “preocupante” la nueva sanción, ya que se otorga “un cheque en blanco para contratar servicios y obras sin ningún tipo de control”, mientras que el oficialismo y el Frente renovador celebraron la aprobación de la Ley.

Para que esta nueva legislación provincial se concretará los senadores de Cambiemos, con las bancadas del Frente Renovador y bloques minoritarios, llegaron a los 28 votos afirmativos, mientras que el FPV-PJ, se opusieron con 18 escaños.

En el proyecto enviado por el poder Ejecutivo, la declaración de la emergencia "buscará paliar el déficit existente y permitir la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general de los bonaerenses".

La ley autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación, a la vez que incluye los convenios de colaboración con organismos provinciales o nacionales, municipios, consorcios de gestión y cooperativas.

Con ese fin, se podrán usar normas de excepción previstas en decretos, leyes, de contabilidad, obras públicas, expropiaciones, compras y contrataciones, pudiendo eximirse además del decreto ley relacionado con el Consejo de Obras Públicas.

Los ministerios y demás organismos quedan exceptuados de publicar las ejecuciones y contrataciones en el Boletín Oficial, pero las difundirán en el sitio web u otros órganos de publicidad que determine la reglamentación de la ley.

Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en el proceso de contratación, el ministerio, secretaría o entidad autárquica, deberá dar cuenta de su actuación a los organismos de asesoramiento y control.

Para el senador de Cambiemos Gabriel Monzó la norma “es una herramienta útil, necesaria e indispensable para lograr la puesta en marcha de hospitales, caminos y escuelas”, y consideró que los plazos previstos en las leyes de contratación vigente “son para períodos de normalidad por lo que no se puede pretender aplicarlos en situaciones de emergencia”.

A través de un comunicado publicado por el FPV se denuncia “que el proyecto de ley aprobado hoy, permita a la gobernadora saltearse la publicidad de todos los actos de gobierno, vértice fundamental de la transparencia de la gestión que tanto prometió en sus discursos de campaña y que a tan solo tres meses de iniciado su mandato ha decidido echar por tierra”.

“Preocupa también que la emergencia aprobada atente contra la seguridad jurídica de la provincia al permitirle al Estado provincial desconocer los compromisos contractuales previos. Lo cual, al desconocer la bilateralidad de contratos y cláusulas de rescisión, abre la posibilidad a una catarata de demandas contra el Estado que en definitiva terminarán pagando todos los vecinos de nuestra provincia”, aseguran los legisladores de la oposición.

Para finalizar indican que “desde el bloque del Frente Para la Victoria no dudamos que la provincia requiera agilizar y mejorar la calidad de los procedimientos de gestión, consideramos que de ninguna manera esto se podrá lograr aumentando la falta de transparencia y control”.

El proyecto pasó por la Cámara de diputados hace quince días y fue votada la media sanción, con el respaldo de Cambiemos, el Frente Renovador y Justicialismo Bonaerense, mientras que el FPV y el Bloque Justicialista se opusieron.

Mediante un comunicado los diputados nacionales del bloque FpV-Pj mostraron preocupación por el aumento en las tarifas y la ola de despidos.

"Los diputados nacionales del FpV-PJ expresamos nuestra preocupación ante el tremendo aumento de tarifas que está implementando la administración de Mauricio Macri, que se suma a la ola de despidos tanto en el sector público como el privado, y pedimos al gobierno nacional que rectifique la política de ajuste brutal que está llevando a cabo sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad", detalla el escrito.

En el mismo sentido, advirtieron que "cuando dijimos que si Macri devaluaba cuando llegaba a la Presidencia se venía un ajuste feroz, con despidos, aumentos de tarifas y destrucción de salarios, nos acusaron de orquestar una campaña del miedo. Queda claro ahora que nosotros no mentimos. El que le mintió y le miente al pueblo argentino es este gobierno", sentenció el comunicado que lleva la firma del presidente del bloque, Héctor Recalde.

En esa línea, uno de los párrafos recuerda que en los primeros días de diciembre, antes de sumir, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich afirmó: “No va a haber aumentos en los boletos, vamos a mantener los subsidios”. En el debate presidencial, Macri aseguró: “No vamos a devaluar, ni ajustar, ni sacar los subsidios. No tenemos previstos tarifazos. No vamos a echar a nadie de su trabajo”.

Pero a la vez, los diputados nacionales detallaron cuál es el resultado de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri: "el costo de la energía eléctrica se quintuplicó y el del transporte se duplicó, la tarifa del gas se triplicará y la del agua se quintuplicará, a la vez que se están despidiendo mil trabajadores por día."

A la vez, se refirieron a desmantelamiento del plan espacial nacional que contemplaba Arsat-1, -2 y Arsat-3.

"La verdadera campaña del miedo es la de Macri. La sufren los trabajadores que temen por el progresivo deterioro de los salarios y la amenaza de perder el empleo. También las pymes, principales generadoras de fuentes de trabajo en la Argentina, que con el exponencial aumento de tarifas y la apertura importadora quedan al borde de la quiebra", enfatizaron los legisladores nacionales.

Por último, anticiparon que presentaran un proyecto de ley ar declarar la emergencia laboral, que contemple la suspensión de despidos por un año e impulsaran iniciativas para que las tarifas no constituyan, lo que denominaron "un saqueo a los bolsillos de los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios".

Gracias a los 54 miembros de la Cámara alta que votaron el proyecto del Ejecutivo de pagar a los Holdouts, Argentina vuelve al ciclo de endeudamiento del cuál había logrado salir de la mano del ex presidente Néstor Kirchner.

Entre ayer y hoy a la madrugada, el Senado de la Nación ledio cumplimiento al tratamiento parlamentario exigido por el juez estadounidense Thomas Griesa, para acordar con los Fondos buitres (que incluye la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y que autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares).

De esa manera, con 54 votos a favor de Cambiemos, peronistas disidentes y el massismo, entre otros, más los 26 respaldos del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FPV-PJ), Argentina reingresa a un ciclo de endeudamiento que llevó al país a la crisis económica y política más honda de su historia.

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En declaraciones ofrecidas hoya Radio Vorterix, el senador por la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, argumentó su decisión de votar a favor del pago a los buitres y explicó que “la mayoría de los integrantes del bloque lo que hizo fue votar a conciencia, con sus convicciones”.

Contra el pedido del gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que llamó a votar en contra del arreglo con los holdouts, el parlamentario del FPV aseveró: “Fue una decisión de libertad de acción, lo hicimos convencidos de que hay que salir y culminar la etapa de desendeudamiento y que es mucho peor no salir de esta situación”.

“Tenemos la convicción  que el Congreso debe recuperar sus facultades para entender sobre el tema de la deuda externa”, indicó Perotti, para luego decir que “uno siente que se podría haber negociado mejor, pero cerrar esta etapa estaba en nuestra agenda y que el país está en condiciones de salir al mercado financiero internacional”.

El ex candidato a gobernador santafecino, en referencia al presidente Mauricio Macri expresó: “No nos va a tener acompañando si el objetivo son los gastos corrientes”, en clara referencia a una distribución federal del financiamiento.

Tanto las declaraciones ofrecidas por Perotti hoy a la mañana en la radio, como su intervención en el pleno de la Cámara de Senadores, se enmarcan dentro de las elecciones internas próximas del PJ y sus posicionamientos obedecen a un jugada individual para hegemonizar como alternativa partidaria.

Foto: Fotosur.

Los argumentos que delineó en su intervención de anoche el jefe del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto, para dar su voto afirmativo al pago de los holdouts, llamaron la atención al afirmar que el acuerdo de pago propuesto por el gobierno de Macri, para el cual habrá que tomar créditos millonarios en el exterior, no significa más deuda, y que la deuda externa ya no representa un mecanismo de dominación.

Otro de los polémicos pasajes del discurso, fue a la hora de sostener que los inmigrantes africanos son ilegales y viven de ilícitos y  además menosprecio en forma discriminaría a Bolivia y otros países, tratándolos de “bananeros”.

Los que votaron en contra

Los 16 miembros de la Cámara alta que se opusieron al proyecto del Ejecutivo de pagar a los holdouts, fueron Anabel Fernández Sagasti, Virginia García, Ruperto Godoy, Eduardo Aguilar, Hilda Aguirre, Ana Almiron, Silvina García Larraburu, Nancy Gnozález, María Ester Labado, Mirtha Luna, Daniel Pérsico, María Inés Pilatti Vergara, María Sacnun, Juan Mario Pais, Marcelo Fuentes y Juan Manuel Abal Medina.

Entre los discursos de argumentación del voto negativo al pago de los buitres, uno de los que más llamaron la atención fueron las palabras de la senadora nacional, Virginia García, quien  sentenció: “No nos vamos a dejar extorsionar”.

La legisladora además reivindicó los principios básicos de reestructuración de la deuda aprobados por el Congreso Nacional y  recordó: “Muchos senadores presentes acompañaron el proceso de desendeudamiento llevado adelante por Néstor y Cristina”.

Además, advirtió que “no tenemos la garantía de que el 93 por ciento (que ingresó a los canjes de 2005 y 2010) no vaya a litigar contra la Argentina” a partir de este arreglo con los Fondos buitre.