Se trata de un reconocimiento por las tareas que llevan a cabo para evitar la propagación del coronavirus

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, puso en funciones a los titulares de las cuatro fuerzas

Una cámara registró el momento en que el miembro de la policía local de Avellaneda, Luis Chocobar, efectuó dos disparos por la espalda que terminaron con la vida de Juan Pablo Kukok. Mira el video.

¿Héroe o asesino? Un video que reveló el medio Infobae muestra el momento exacto en que el policía de Avellaneda, Luis Chocobar, de civil, mató de tres tiros a Juan Pablo Kukok el 8 de diciembre pasado. Según la causa, Chocobar intervino  para socorrer a un turista estadounidense que había sido asaltado y apuñalado en 10 oportunidades por ladrones en La Boca. Tal como describen las imágenes, disparo contra Kukok que tenía una cámara robada en su mano y cayó en el piso. Al ser consultado sobre los disparos, ese mismo día,  dijo: "Disparé porque tuve que defenderme".

La publicación, agrega que a partir del video, el juez Velázquez dijo en su resolución: "La agresión a la que era pasible no era inminente, ya que de las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez se observa que al momento de recibir los disparos corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento y se encontraba a varios metros de distancia del oficial".

Kukoc fue trasladado al hospital Argerich, donde también estuvo Wolek, y el 12 de diciembre al mediodía murió, producto de los balazos en la región lumbar y en el muslo. La trayectoria de los impactos fue de atrás hacia adelante. Chocobar quedó detenido y fue liberado un día antes de la muerte del ladrón.

Días atras, el presidente Mauricio Macri recibió al agente de la policía, que tras contarle su situación judicial, lo felicitó: "Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente".

En un audio adjudicado al secretario de Seguridad del municipio se escucha la planificación para recrear detenciones en el barrio Carlos Gardel, en busca de imágenes para publicitar la "lucha contra el delito".

"Mi idea es preparar otro video del móvil llegando al lugar, como para justificar que no tenemos las imágenes", se escucha en un audio de WhatsApp a un funcionario que en Morón identifican como el secretario de Seguridad de ese distrito, Bernardo Magistochi.

"Preparemos nosotros la denuncia o lo que tengamos que presentar. Incluso hacerle saber a la comisaría que está este video donde fueron trasladados", comienza el audio difundido por el sitio El Cactus.

"Después repetimos modulaciones y se las agregamos al video", señala el funcionario en un mensaje de texto también filtrado por el medio local.

Fuente: El Cactus

El diputado nacional electo, Horacio Pietragalla Corti, y la concejala local, Ana Marks, ambos del FpV, interpusieron un Habeas Corpus Preventivo y Colectivo para garantizar la integridad de todas las comunidades mapuche en la Jurisdicción del Juzgado Federal y del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Ambos legisladores se presentaron en la sede del Juzgado Federal de Bariloche, en virtud del hostigamiento y represión que padecen miembros de comunidades por parte de fuerzas de seguridad federales presentes en la región, fundamentalmente desde el desalojo violento a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en territorio del Lago Mascardi. El operativo, ordenado por el Juez Federal Horacio Villanueva, está en curso desde el 23 del corriente y ya le costó la vida al joven Rafael Nahuel, resultaron heridos varios miembros de esa comunidad con balas de plomo, fueron golpeadas mujeres y las detuvieron e incomunicaron durante 12 horas junto hijos e hijas (3 menores de 10 años y una menor de 16; situación que sufrieron de modo particular los más pequeños de la comunidad.

Pietragalla Corti y Maks fundamentan la medida no sólo en la existencia de retenes de fuerzas de seguridad presentes en el lugar del conflicto que configuran un “inminente riesgo sobre la integridad física”, temores que se acrecientan con la llegada de refuerzos por la realización de una cumbre pre G20 en la zona y que mantienen militarizada la región; también advierten de las tensiones generadas en la sociedad debido a crónicas periodísticas que “intentan vincular al pueblo mapuche con actos delictivos, sumado a dichos y trascendidos provenientes de autoridades de las fuerzas de seguridad que sugieren la posibilidad de realizar allanamientos en otras comunidades”.

La escalada del conflicto, la tensión reinante en la ciudad y el intento de legitimación discursiva que busca criminalizar y estigmatizar al pueblo mapuche, pueden agravar la situación de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y extenderse al resto de las comunidades asentadas en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En el escrito se afirma que “no puede admitirse que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar objetivos, sin sujeción a derechos. Ninguna actividad del estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana”(caso Velásquez Rodríguez, Sentencia 29.7.1988, Serie C04,párr.154)

El Diputado Nacional electo, Horacio Pietragalla Corti y la concejala Ana Marks, son veedores en la mesa de diálogo que busca frenar la escalada del conflicto para lograr un desenlace pacífico a la situación a pedido del Lof Lafken Winkul Mapu.

Ambos dejaron constancia que de no prosperar la presente solicitud, concurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La decisión es una clara violación de la independencia del poder judicial y deja a las fuerzas de seguridad con más poder incluso que los jueces. Aún no fue blanqueada por el poder ejecutivo en el Boletín Oficial.

Será para algunos delitos y se combinará con la ley que permite el accionar policial sin intervención del Poder Judicial. Buscan presionar al juez que investiga el asesinato de Rafael Nahuel.

La postura dialoguista del juez Gustavo Villanueva, quien investiga el asesinato del joven mapuche en la zona del Lago Mascardi el sábado pasado, no es del agrado del Gobierno nacional.

La secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado para aclarar que no participaba de la mesa de diálogo “con los ocupantes ilegales”.

Se trata de una decisión inédita. Los jefes policiales podrán decirle a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez (sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia policía).

Fuente: Página 12