La justicia decidió dar lugar a las denuncias presentadas por el arco opositor contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde se lo acusa de irregularidad en la comercialización del gas.

Durante las conferencia de prensa que el ministro compartía con Marcos Peña y Germán Garavano, representantes de la justicia ingresaron al ministerio con una "orden de presentación de allanamiento en subsidio", lo que requirió de entrega de información sobre los procesos de comercialización del gas, y en caso de que se niega la entrega del material, las fuerzas policiales tienen la postestad de proceder a la fuerza.

La orden de allanamiento fue dictaminada por el juez Luis Rodríguez, en el marco de las denuncias presentadas por legisladores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, entre ellos, Graciela Camaño y Marco Lavagna.

Los legisladores apuntaron contra el decreto 893/2016, publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio. Esa resolución determinó que "la autorización de exportación de gas natural será emitida por el Ministerio de Energía", en el caso de que sean temporarias y estén destinadas a brindar asistencia ante situaciones de emergencia. A su vez, posibilita la utilización de la infraestructura de los países vecinos en el transporte del gas natural al mercado interno argentino.

El ministro de energía, además, es fuertemente cuestionado por el FPV por su doble rol de funcionario vinculado a la producción de gas y accionista en la empresa Shell, por lo que sus decisiones repercuten directamente a favor de sus finanzas.

Lejos de dar una solución integral al problema de los tarifazos, el gobierno de Mauricio Macri respondió al creciente malestar social con un tope del 400 por ciento al aumento sobre las boletas del servicio de gas.

La medida se aplicará de manera retroactiva al 1 de abril, por lo tanto quienes pagaron facturas con aumentos superiores a ese tope se les hará una nueva boleta y recibirán una nota de crédito por el monto abonado de más.

Así se precisó en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano.

“No podemos importar más gas que el que ya importamos, lo que tenemos es lo que hay”, justificó Peña y culpó a “la imprevisibilidad del clima” por los exorbitantes aumentos de las tarifas de gas.

“Abril y mayo fue el bimestre más frío de los últimos 60 años”, insistió, y luego dijo que eso “generó que se consumiera casi un 50 por ciento más que en el mismo tiempo del año pasado”.

El funcionario también adelantó que en octubre se realizará la audiencia pública para “terminar el proceso de normalización de la adecuación tarifaria”, ante lo que no descartó nuevos aumentos antes de fin de año.

Además, el alto funcionario tiró: "Tenemos costumbres de país rico", para luego decir:"Estoy aprendiendo ahora como estamos aprendiendo todos sobre cuestiones de gas", detalle que llama la atención, ya que en la campaña electoral todos los candidatos de Cambiemos no se cansaron de asegurar que contaban con el mejor “equipo de la historia”.

"Si tuviéramos una alternativa habríamos elegido esa alternativa", dijo Peña para confundir aun más a los periodistas acreditados en Casa Rosada y a las personas que miraban por TV la conferencia de prensa. Siguiendo esa línea el alto funcionario indicó: "Si seguíamos así terminábamos como Venezuela" y remató: "El camino que hemos elegido es el de la gradualidad".

Por su parte, Garavano confirmó que se presentará un recurso extraordinario para que no se aplique el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que frenó el tarifazo a nivel nacional, hasta tanto quede resuelta la situación de fondo, estimó que “en el segundo semestre, luego de la feria judicial, la Corte Suprema puede generar criterios que clarifiquen la situación de los aumentos de tarifas”.

El ministro de Energía no dijo ni una palabra.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, hizo declaraciones públicas luego de que se confirmara el ataque al ministerio de salud banaerense, hecho en el que dispararon 20 perdigones a la fachada del edificio.

El funcionario aseguró que "en la provincia la gobernadora está liderando cambios muy profundos. Ningún acto de intimidación va a frenar ese trabajo".

En la misma línea, la ministra de salud de la provincia, Zulma Ortiz, destacó hoy que "le llama la atención" el atentado que sufrió el ministerio.

"En la puerta principal (del Ministerio), ahí impactaron proyectiles que se sospecha que corresponden a un arma de aire comprimido", ratificó Ortiz en declaraciones a la prensa. El ataque ocurrió en el edificio principal de la cartera sanitaria, ubicado en calle 51, entre 17 y 18, de La Plata.

Sin embargo, y al contrario de la línea oficial no quizo entrar en especulaciones y relacionar los ataques con los hechos que sufrió la gobernadora en su despacho días atrás, sumado a la violación del domicilio del ministro de gobierno Federico Salvai en un hecho confuso.

Por otra parte, Ortiz confirmo la presentaciòn de la denuncia ante la justicia y un acelado pedido de investigación para esclarecer los hechos.

La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, Cecilia Pando, confirmó ayer que mantuvo un encuentro privado con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para manifestarle que militares enjuiciados por la represión ilegal viven "condiciones inhumanas de detención".

"Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente!", comentó Pando al ser consultada sobre la reunión.

La dirigente señaló que se trató de un encuentro de carácter "privado", realizado el 25 de abril pasado en la sede del Ministerio de Justicia.

En declaraciones al diario Página 12, Pando aseguró que la reunión tuvo un carácter "humanitario".

"Nuestra preocupación es el tema de las irregularidades en cuanto a los juicios a los militares", señaló.

La dirigente aseguró que los militares detenidos en cárceles comunes por delitos de lesa humanidad se hayan en "condiciones inhumanas de detención".

Por esas características, reclamó al Estado por la figura de "abandono de persona" y explicó: "Nosotros le manifestábamos nada  más que esto (al ministro)".

La reunión se conoce días después de que el gobierno disponga el cierre del área que se encargaba de buscar nietos apropiados por la última dictadura cívico militar.

Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, opinó sobre la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner y analizó que ve "difícil" que la ex mandataria "vaya presa". Además, se refirió al caso que investiga lavado de dinero por parte de Lázaro Báez.

"Los procesos estos no deben ser venganzas. La Justicia lo que trata es superar la venganza y la Justicia por mano propia. Tenemos que tratar de ir a respuestas civilizadas. Lo que sí tiene que hacer la Justicia, además de la prisión, es recuperar los activos", dijo el ministro con respecto a la situación de Cristina Kirchner.

En cuanto a Lázaro Báez, Garavano consideró que en este caso "los jueces podrían avanzar, con determinadas precauciones y cautelas, en la liquidación de algunos de estos bienes, garantizando a las partes que si hubo algún error se podrá recompensar y resarcir".

"El Estado es solvente. El Poder Judicial debe liquidar esos bienes rápidamente y las líneas de investigación deben ir sobre la ruta del dinero. Lo importante es seguir la plata, porque ese es el fin último del que roba", agregó el ministro de Justicia.

Además, rechazó los escraches a Carlos Zannini y los definió como "reacciones desmedidas": "Fueron reacciones desmedidas, fuera de lugar e inadecuadas que en definitiva llevan a esto de la Justicia por mano propia y en términos de una sociedad civilizada es retroceder dos mil años", manifestó.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que existe "tranquilidad" en el Gobierno respecto a la investigación periodística que menciona al presidente Mauricio Macri como participe de una sociedad offshore.

"Puedo garantizar que no hay empresas donde el presidente tenga activos y no estén declaradas", manifestó Peña en el marco de una incómoda conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno.

"Existe la enorme tranquilidad de que no hay nada que ocultar, la poca información que se pueda dar, de algo que no tiene contenido, será brindada a la Oficina Anticorrupcion", indicó Peña.

Acompañado por el ministro de Derechos Humanos, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, que entre otros y paradójicamente presentaron proyectos para combatir lavado de dinero, el jefe de Gabinete indicó hoy que el presidente Mauricio Macri fue "muy claro" al brindar explicaciones respecto a la investigación periodística.

"El Presidente dio las explicaciones a minutos de surgido el tema. No se comunicó antes la información porque no había nada que comunicar", manifestó Peña.

"No hay nada que se haya debido comunicar antes porque no hay cuentas ni activos del presidente que se deba declarar. Es un tema de Francisco Macri que él deberá aclarar", añadió.

En la misma conferencia los ministros aseguraron que respaldan a la jefe de la oficina Anticorrupcion, Laura Alonso, quien fue cuestionada por la oposición por haber asegurado que el presidente Mauricio Macri no cometió delito al participar de la compañía offshore.

Al respecto, al consultado sobre las críticas que recibió Alonso por parte de la oposición, Peña consideró que la exdiputada fue víctima del "ensañamiento".

"Por supuesto que respaldamos a Laura Alonso en su función. Fue consultada sobre un hecho concreto y eso no es una opinión subjetiva, está en el Código Penal".

Y agregó: "Se está trabajando muy bien en fortalecer una Oficina Anticorrupción, que había sido desmantelada y que tiene un objetivo muy importante, que es dotar de más transparencia, más institucionalidad a un Gobierno luego de una serie de gestiones que han generado un enorme manto de sospecha en las acciones de un Estado".

"Ojalá que, como está ocurriendo, la Justicia pueda seguir avanzando en su tarea de transparentar lo que haya ocurrido", concluyó el jefe de Gabinete.

El gobierno nacional sigue con la ola de despidos en los centros de Acceso a la Justicia, una de las políticas claves que había impulsado la gestión anterior y que buscaba acercar derechos a los más necesitados.

A partir del próximo lunes y tras los nuevos despidos dispuestos este último mes por la cartera que conduce Germán Garavano no abrirán los CAJs de Tigre, San Miguel, Avellaneda, Berazategui, Pilar, Tres de Febrero, San Fernando y La Ferrere (La Matanza).

Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

La antigua gestión del Ministerio de Justicia había logrado conformar una red federal de centros que alcanzó  30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.

La nueva política de despidos de Macri también afectó a los Cajs de Usuahía (Tierra del Fuego), Castelli (Chaco) y Maimara (Jujuy).