Entre las razones de la recusación se encuentra la negativa del magistrado a llamar a declarar a Pablo Noceti, mano derecha de Patricia Bullrich, quien comandó el operativo represivo que terminó con la desaparición del joven.
La familia de Santiago Maldonado recusó hoy al juez federal de Esquel, Guido Otranto, que lleva el caso por la desaparición forzada del joven de 28 años, por considerar que hubo irregularidades en la investigación y que el magistrado actuó de manera parcial.
Entre las razones que esgrime la familia se encuentra la negativa del magistrado a llamar a declarar a Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalado como responsable del operativo represivo de Gendarmería del 1 de agosto, primero en la ruta 40 y después en la comunidad mapuche de Cushamen. Diversos testigos de la comunidad, muchos de ellos ya con testimonios que constan en la causa como en de la mapuche Soraya Maicoño ubican a Noceti en la entrada de la Pu Lof en el momento de la desaparición de Santiago.
La familia Maldonado también reclama la unificación del expediente de la desaparición forzada con el de la causa en la que Otranto ordenó el desalojo del corte de la ruta 40.
“A través de nuestra abogada, hicimos la presentación de recusación. Queremos que haya un juez imparcial y una investigación seria. Llegó el momento, como familia, de pedir un nuevo juez”, confirmó Andrea Antico, cuñada de Maldonado.
El pedido de recusación de la familia llegó luego de los últimos “aportes” realizados por el Gobierno, que presentó ante Otranto nuevas declaraciones de los gendarmes que participaron de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Esquel.
Llamativamente, estas nuevas declaraciones que afirman que un efectivo habría herido a un manifestante “con una piedra” fueron brindadas 40 días más tarde de la denuncia de desaparición y luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendiera desde un primer momento la actuación de la Gendarmería. Además, esas declaraciones fueron tomadas en actuaciones internas por esa misma fuerza en los días posteriores a la desaparición del joven y Bullrich estaba al tanto de ellas.
“No estamos conformes. El fin de semana, el Gobierno le presentó unos papeles al juez que no fueron presentados ni a la familia ni a la abogada y eso ya es el colmo”, manifestó Antico, quien expresó su sospecha de que las autoridades buscan digitar el curso de la investigación.
Desde un primer momento, la querella se quejó del secreto de sumario extendido que ordenó el juez, lo cual no le permitió acceder a la causa ni a los pedidos de prueba solicitados en los primeros días de la investigación.
