Durante todo el año pasado la Unidad de Información estaba al tanto de los pagos que realizó un empresario brasileño de Odebrecht al jefe de la AFI, aunque no se advirtió a la Justicia.

Luego de la información revelada sobre el pago por parte de un operador de Odebrecht, la constructora brasileña investigada por coimas, al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, se conoció que la Unidad de Información (UIF) había recibido una advertencia y datos sobre las cinco transferencias de cerca de US$600 mil realizadas en 2013, pero decidió no investigar al funcionario de Mauricio Macri.

Según lo consignado por el diario La Nación, el organismo encargado de investigar los delitos financieros, como el lavado de activos, recibió una alerta desde el exterior en abril del año pasado por esas cinco transferencias, realizadas por un operador de Odebrecht, Fernando Meirelles, a una cuenta de Arribas en un banco suizo.

Sin embargo, la unidad antilavado, que lideran Mariano Federici y María Eugenia Talerico, ambos nombrados por Macri, decidió no investigar al actual jefe de inteligencia del Gobierno. Ni siquiera consideró informar a la Justicia por esos extraños pagos, salidos a la luz con la explosión del escándalo de corrupción Lava Jato, que involucra a varias firmas brasileñas, entre ellas Odebrecht.

Ante las repercusiones que provocó la información, Arribas emitió un comunicado en el que negó haber recibido esos pagos, que sumarían US$ 594.518, y solo reconoció una de las transferencias, la cual atribuyó a la compraventa de un inmueble de su propiedad de la Ciudad de San Pablo. Además, acusó al periodista Hugo Alconada Mon, autor de la investigación, de pretender involucrarlo en el Lava Jato “de manera antojadiza y temeraria”.

Ante la consulta de La Nación, desde la UIF, lejos de aclarar esa decisión de no investigar el caso, se limitaron a responder que "habiendo revisado la normativa vinculada a nuestro deber de secreto, no corresponde que se haga ningún comentario sobre el tema de consultas".

Ayer, tras la publicación del caso, dirigentes aliados y de la oposición como Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Margarita Stolbizer pidieron al Gobierno que investigue al jefe de la AFI y que se lo remueva de su cargo.

Un operador de Odebrecht le giró 600.000 dólares al jefe la AFI. El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, le hizo en 2013 cinco transferencias desde una cuenta controlada por una “empresa de fachada”. El jefe de la ex SIDE dice que fue porque vendió un departamento.

“Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht”, reportó el diario La Nación.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la “delación premiada”, y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. La Nación obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros, sostiene el mismo diario.

Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Arribas sólo admite una transferencia y la adjudica a la venta de un inmueble en San Pablo, por 70.495 dólares el 26 de septiembre de 2013,

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió el diario porteño en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como “doleiro” -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al “cuevero” de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó “propinas” en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en “un total de 3000 o 3500 operaciones (pagos) en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así”.

Desde Curitiba, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, dijo que su cliente “no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal de Brasil”.

Desde el entorno del “doleiro”, sin embargo, indicaron a La Nación que “esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares”, y deslizaron que, más que Meirelles, “el que tiene la información más precisa es Youssef”, en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la “delación premiada”.

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi 600.000 dólares por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle 80.000 dólares que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

El 30 de agosto de 2013, se publicó el decreto 1244 con el que se creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con 700 millones de pesos del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros 1500 millones de dólares.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: “Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura”.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por 154.666 dólares en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros 70.500 dólares -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una “organización criminal” que entre 2012 y marzo de 2014 realizó “operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas”.

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que “empresas de fachada”. ¿Para qué? “Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales”, bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones “que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior” entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para “transferencias internacionales mediante contratos cambiarios basados en importaciones ficticias”.

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la “delación premiada”, admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó 2,9 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario.

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas “adicionales” por “aproximadamente” 500.000 dólares a cuentas privadas “de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos”. Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

Ese fue el mensaje que envió el alto funcionario a un grupo de legisladores; dos se comprometieron a trabajar en una reforma de la Ley de Inteligencia para darles facultades policiales a los agentes de la ex SIDE.

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quiere que los espías puedan realizar detenciones para evitar que “los delincuentes se le escapen”. Así lo planteó ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en una reunión que encabezó en su despacho.

Según publicó el sitio La Política Online, el cónclave se dio en octubre pasado y contó también con la participación de Silvia Majdalani, subdirectora general del organismo.

El reclamo de Arribas se debe a la desarticulada relación que mantienen los agentes de la ex SIDE y la Policía Federal. Sobre todo, cuando se trata de casos no mediáticos. Uno de los presentes en aquel encuentro reveló a LPO que el Señor 5 “relató como un espía convivió con una banda delictiva y cuando pidió su detención, la Federal lo ignoró y los malhechores huyeron”.

Ante esto, al menos dos legisladores anticiparon que presentarán en febrero proyectos para modificar la ley de inteligencia, sancionada durante la gestión de Fernando De la Rúa. Precisamente, fue esa norma la que limitó para siempre a los presidentes a nombrar sólo al director y subdirector de “La Casa”. Por debajo de ellos sólo hay empleados de carrera con la única misión de nutrir de información al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el Congreso no hay consenso respecto a la posibilidad de dotar a los espías de tantas facultades, ya que no saben si están instruidos para trabajar de policías.

(por Andrés Fidanza) Sin brotes verdes, ni luz al final del túnel a la vista, las internas de gobierno se hacen cada vez más explícitas. Ante la falta de resultados (económicos), Emilio Monzó le pasa facturas estilísticas a Jaime Durán Barba y a Marcos Peña. Se trata de una de las tantas fricciones que existen en Cambiemos. Pese al panorama de tensiones y recesión, el gobierno negocia exitosamente con gremios y organizaciones sociales, aprovecha cierto ánimo social de confianza (o desgano), y a su vez resigna una parte de sus objetivos. Así, el macrismo consigue el único requisito indispensable para seguir adelante: gobernabilidad.

Lejos de ser una novedad, los cuestionamientos de Emilio Monzó son un clásico de las internas macristas, que suelen aflorar en los momentos de crisis: los PRO-peronistas se sublevan frente a la estrategia "gentista" (dominante en el macrismo) de hablar el lenguaje de los despolitizados (el 80% del electorado, según estima Durán Barba).

Dentro de Cambiemos, ya son varios los fuegos amigos bien consolidados: los hay personales, históricos y más conceptuales. Elisa Carrió, por ejemplo, acusa diariamente a Daniel Angelici de operar en la justicia y la ex SIDE. Y si bien el gobierno lo relativiza, se trata de un dato innegable: ayer El Tano Angelici y el jefe de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas, almorzaron en el restaurante Red de Puerto Madero.

Otras internas notorias son las que busca y genera la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien está enemistada tanto con Marcos Peña, como con el ministro bonaerense Cristian Ritondo. Su perfil alto, declaraciones temerarias y protección a sobre cerrado de la corporación policial (incluso ante casos de aparentes abusos), ya le valió algunos roces importantes, al punto de que Mauricio Macri tuvo que mediar entre ella y María Eugenia Vidal.

Es una ley no escrita de la política: la economía a la baja potencia los malhumores preexistentes. Así, a un año de haber asumido, el mayor mérito que exhibe el gobierno de Mauricio Macri es prácticamente una cuestión de fe: haber plantado los pilotes para el desarrollo futuro, para el largo plazo venturoso y para convertir a la Argentina en Australia. Creer o reventar. Y ese es el handicap con el que por ahora cuenta el PRO: todavía son mayoría social los que prefieren creer.

Por arriba, en la franja de las elites opositoras o que simplemente no pertenecen a Cambiemos (sindicalistas, legisladores, organizaciones sociales, empresarios y medios de comunicación), pasa algo parecido. Se impone una mezcla de cálculo, obtención de pequeñas ventajas, falta de creatividad y percepción de un clima social que todavía le da cierto crédito al macrismo. Y algo más: no hay actores de peso que apuesten al desgobierno. Ese algoritmo da como resultado una especie de statu quo aprovechado por el oficialismo. Se trata, sin embargo, de un equilibrio demasiado frágil, en el que el macrismo ni siquiera puede desplegar libremente toda su agenda de gobierno.

La tercerización de la política social en un grupo de organizaciones territoriales, con predilección por el Movimiento Evita y la CTEP, no implica una garantía de paz social por tiempo indeterminado. Los planes sociales no logran reemplazar a una economía estancada. Con la mini-fractura del bloque del FpV todavía en caliente, el cristinismo exagera a sabiendas, al atribuir un juego tibio y casi oficialista por parte de la CTEP y el Evita. La semana pasada, la marcha de las organizaciones sociales al Congreso, con la presencia de un sector de la CGT, estuvo lejos de ser en apoyo al gobierno. A lo sumo se trató de una bravata previa a la mesa de negociación, en la que de hecho consiguieron algunas mejoras y aumentos en los programas. Vista desde el gobierno, esa concesión (contraria a su propio discurso e ideología) servirá para pasar diciembre en calma, para condicionar futuros reclamos y, sobre todo, para hacer tiempo y ganar un poco de aire.