(por Andrés Fidanza) En julio de 2016, el juez Ariel Lijo ordena que se hagan pinchaduras telefónicas online. La causa está centrada en la supuesta complicidad de Oscar Parrilli en la fuga de un narco. El juez Lijo a su vez permite que Agencia Federal de Inteligencia tenga acceso y participe de las escuchas. Vía Oscar Parrilli, gran parte de los audios alcanzan a Cristina Kirchner. En el expediente de la causa se incluye un resumen con transcripciones de las conversaciones. Así, desde octubre, tanto la AFI, como el juez Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán y el propio Parrilli manejan esa información.
Por decisión de Lijo, los agentes de la AFI captaron online las pinchaduras telefónicas a Parrilli (con Cristina Fernández). Lijo podría haber delegado el trabajo en alguna otra fuerza de seguridad, pero optó por la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A pesar de que las escuchas dependen de la Corte Suprema (y ya no de la AFI), Lijo pidió en junio pasado la colaboración de los agentes y se inclinó por la modalidad urgente del vivo y en directo, en general usada en casos de secuestros extorsivos.
El juez justificó esa decisión por el protagonismo que había tenido la ex SIDE en el inicio de la investigación contra Parrilli y otros tres ex espías (uno de ellos fue el Director de Asuntos Judiciales de la AFI en la gestión kirchnerista, Emiliano Rodríguez). Según la versión de la actual conducción de la Agencia, los jefes macristas dieron con una carpeta que muestra la complicidad de Parrilli con el narco Ibar Pérez Corradi.
Casi seis meses más tarde, se filtran a la prensa un parte de las escuchas: una edición de los tramos en los que habla la ex presidenta. Nadie se hace cargo de la difusión: ni el juez, ni el fiscal, ni la AFI, ni la Corte Suprema. Si bien los audios no tienen relación con la investigación por las que fueron autorizadas, generan ruido político y mediático, y hasta denuncias judiciales paralelas contra Parrilli y CFK.
Al momento, el contenido de las charlas no parece demostrar delitos flagrantes por parte de los pinchados. Y en concreto, no tiene conexión alguna con la investigación original: supuesta ayuda de Parrilli, el último jefe kirchnerista de la ex SIDE, al narco Ibar Pérez Corradi, ex prófugo por el triple crimen de General Rodríguez.
El modus operandi de esta trama muestra un link demasiado estrecho y al borde de lo ilegal entre el poder judicial y la Agencia Federal de Inteligencia. Con la asistencia, por lo menos acrítica, de algunos medios de comunicación. En resumen, se trata del mismo combo por el que, años atrás, se acusaba al kirchnerismo. O más específicamente: se señalaba a un sector de la ex SIDE, más ciertos jueces y fiscales, por su funcionalidad con el gobierno anterior. A fines de 2014, cuando Cristina Kirchner intuyó deslealtad por parte de la vieja guardia de espías, con Jaime Stiuso a la cabeza, empezó el descabezamiento general de “la Casa”. En ese momento se rompió el stato quo sostenido por años dentro de la ex Secretaría de Inteligencia.
Ahora, el sainete de las escuchas es síntoma de un regreso: el de aquella zona oscura. Un espacio de convivencia admitida, normalizada e histórica entre los servicios de inteligencia y la justicia federal. La víctima, en este caso, como siempre, es una circunstancia. Le toca a Cristina Kirchner, pero ya llegarán otros, de distinto signo político. Y aunque el kirchnerismo haya mantenido inercialmente ese esquema durante años, nada justifica que se repliquen las peores prácticas del apriete y la extorsión.
La vuelta de aquella máquina en bambalinas, en general puesta al servicio de algún sector de la política, tiene más de un nombre propio: el actual director de finanzas de la AFI, Juan José Gallea, ocupó ese mismo puesto en el gobierno de la Alianza. Tras la caída de Fernando de la Rúa, Gallea fue señalado e investigado por su rol en el pago de coimas para aprobar una ley de flexibilización laboral: la famosa Ley Banelco. Según una pista que nunca se pudo comprobar, la plata para los sobornos habría salido de los gastos reservados de la ex SIDE.
La promesa institucionalista del macrismo, en este punto, sigue pendiente. En realidad, a la fecha no parece existir la menor intención de empezar con un cambio.
