Cientos de miles de personas se movilizaron hoy frente a la Casa Rosada para recordar los 40 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina y repudiar las políticas económicas y sociales del presidente Mauricio Macri.

“Vamos a volver” y “Macri, basura, vos sos la dictadura”, fueron  los cánticos más repetidos durante el acto que se desarrolló frente a la sede del Ejecutivo, donde confluyeron numerosas organizaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles.

Desde un escenario armado en la plaza las Madres, Abuelas, HIJOS y ex detenidos-desaparecidos leyeron un documento conjunto en el que rechazaron la visita del presidente estadounidense Barack Obama y “la exclusión planificada” de Macri.

“En estos primeros 100 días del nuevo gobierno, nuestra democracia retrocedió demasiado. Con decretos de necesidad y urgencia, se violentaron leyes como la de Servicios de Comunicación Audiovisual, e instituciones como el Congreso de la Nación, cuando se intentó imponer a dos jueces de la Corte. La necesidad y urgencia que los corría era la desarmar el país que teníamos, integrado a la Patria Grande, con un Estado para el pueblo. En pocos días, lo cambiaron por un país entregado a las corporaciones y con un Estado a espaldas al pueblo”, subrayaron.

También condenaron las políticas neoliberales que se aplica con “un protocolo de represión para que el miedo interfiera en la protesta social y el reclamo por trabajo, educación, salud y vivienda sea demonizado”.

“Los miles de despidos, la persecución a la militancia, los planes sociales desarmados, las leyes en contra del pueblo y la represión son algunos de los hechos que nos convocan en esta plaza a defender la democracia”, afirmaron en medio de los aplausos que emitían los allí presentes y agregaron que “el macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos”.

En otro tramo de su discurso, los organismos reclamaron la continuidad de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que denunciaron que "la participación civil en los delitos de lesa humanidad todavía tiene impunidad”.

En este sentido, hubo críticas para la corporación judicial, que “sigue defendiendo a sus socios”; los cómplices económicos; y los medios que se beneficiaron del terrorismo de Estado.

“El ‘no te metás’ era la línea editorial de los medios como Clarín y La Nación. Colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a los militantes de asesinos y mostrando como enfrentamientos los crímenes de lesa humanidad, con los argumentos de la teoría de los dos demonios. Cuarenta años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen mintiendo”, afirmaron.

Además, hubo un párrafo dedicado a exigir la renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien dudó acerca de lcantidad de desaparecidos que dejó la última dictadura militar número y sostuvo que esa cifra (30.000 desparecidos) se había arreglado en una mesa chica para cobrar subsidios.

“No vamos a permitir que nadie, y menos un funcionario, niegue esta ausencia forzada que son los 30 mil”, sostuvieron desde el escenario y consideraron que “tan grave como sus dichos es que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lo mantenga en funciones”.

Además, reivindicaron al ex presidente Néstor Kirchner, quien le sacó “las vallas a la historia para incluir en políticas de Estado la lucha del pueblo por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, y también a Cristina Fernández por darle continuidad a esa decisión durante su dos gobiernos.

Asimismo, defendieron a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, denunciando que dicha funcionaria es una víctima de las operaciones del macrismo para apartarla de su cargo.

Hacia el final, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le reclamó a Obama que cumpla con su anuncio de desclasificar archivos de la dictadura y que extradite al genocida Norberto Bravo (uno de los responsables de la Masacre de Trelew) que se encuentra radicado en esa nación .

“Esperamos poder acceder a toda la información que tiene Estados Unidos, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante las dictaduras de la región con el Plan Cóndor”, dijo Carlotto y añadió que ese país “debe dejar de violar los derechos humanos, tanto en su territorio como en la cárcel de Guantánamo y en otros lugares del mundo”.

En su intervención, coincidió en que “el cambio de gobierno está significando a diario la vulneración de derechos: miles de despedidos, criminalización de la protesta, profundización de prácticas de violencia institucional y persecución ideológica, con el extremo de tener hoy una presa política. Hoy decimos: libertad ya a Milagro Sala”.

Por último, recordó que “en septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Queremos saber qué pasó con él y que haya juicio y castigo a los culpables”.

Durante el acto, se condenaron además los intentos desestabilizadores sobre las democracias latinoamericanas y denunciaron: “Van por Maduro en Venezuela, por Evo en Bolivia, por Dilma y Lula en Brasil; las corporaciones no tienen fronteras, van por nuestra libertad y nuestros derechos”, indicó Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y criticó el acuerdo de Macri con los fondos buitre.

Al finalizar esa marcha, llegaba a la Plaza de Mayo la columna integrada por las organizaciones que se nuclean en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, bajo la consigna "No al ajuste, el saqueo y la represión. Treinta mil compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes!".

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, (APDH) de La Matanza realizó hoy una conferencia de prensa en la que brindo detalles del juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco en un destacamento policial.

Por el caso hay cinco efectivos acusados, tres de los cuales tuvieron prisión preventiva hasta finales de diciembre de 2015 y que comenzará el próximo 16 de marzo.

Pablo Pimentel, presidente de la APDH-La Matanza, estuvo acompañado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los abogados Alejandro Bois y Christian Blanco, patrocinantes de la familia Blanco e integrantes de la Asamblea.

José Schulman señaló que "a cuarenta años del último golpe de estado estamos aquí para decir Nunca Más a la violencia estatal", al tiempo que consideró que "la causa que nos convoca es un claro ejemplo de una práctica que, lejos de ser aislada o casual, es sistemática y creció en los últimos años con los decretos de emergencia en Seguridad, que hizo el ex gobernador Daniel Scioli, en 2014, y con la constitución por decreto las policías locales.

Todo esto generó una situación, para finales de 2015, que la Comisión Provincia​l​ por la Memoria caracterizó como un 'colapso de los derechos humanos'".

Nora Cortiñas expresó que "la prueba irrefutable que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar" y que en este caso, como en el Luciano Arruga y tantos otros, los poderes fueron cómplices". Dijo que "las Madres estaremos en la calle el próximo 16 de marzo cuando comience el juicio y el 24, cuando se cumplan cuarenta años del último golpe". "Siempre acompañaremos a las víctimas de violencia institucional y a la Asamblea porque peleamos por Memoria, Verdad y Justicia", agregó.

Pablo Pimentel afirmó que "no puede haber un retroceso en el empoderamiento de derechos; en la gestión gubernamental anterior tuvimos una relación independiente, como la tuvimos siempre, Hemos dicho lo que estaba bien y lo que estuvo mal, como los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, por ejemplo. Pero habían alguien con quien hablar. Hoy no tenemos con quién. Ahora, sólo reciben a algunos organismos porque viene de visita un presidente extranjero. Esto es grave, porque si logramos denunciar este caso de Gabriel Blanco se va a caer una política de persecución y venganza que se va a dar territorialmente, como en Jujuy con Milagro Sala. Lo que va a pasar con la causa de Gabriel Blanco se va a dar en La Matanza, un lugar que marca tendencia en lo político y social."

Respecto de las últimas decisiones del TOC 5 que actúa en este caso, Pimentel contó que "a los tres policías acusados se les negó la prisión domiciliaria durante años. Sin embargo, en diciembre pasado, con el cambio de gestión nacional y provincial, les dieron ese beneficio, además de declarar la nulidad de la reconstrucción del hecho que había realizado Gendarmería"; al mismo tiempo que "nos niegan la recusación del TOC 5 a quien consideramos parcial. Ahí es donde comenzó a obrar esta nueva administración que no le importa en absoluto lo que significa la defensa de los derechos humanos".

"Hay que revertir esta situación con la construcción de contrapoder popular, debemos estar juntos para el comienzo del juicio el 16 de marzo y la marcha del 24, una movilización que avance y no pare", sostuvo Pablo Pimentel.

El doctor Alejandro Bois expresó que "es difícil lograr Verdad y Justicia con jueces más propensos a estar cerca de las agencias de seguridad". Como antecedentes del TOC 5 Bois recordó que es el mismo que falló "en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y que fue linchado por cinco vecinos a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda".

Bois reseñó que "muchas de nuestras conclusiones se nutren de la reconstrucción ahora anulada, la misma que la Cámara de Apelaciones había validado cuando le tocó intervenir en la causa". Entonces, este Tribunal "no sirve como árbitro porque tiene puesta una camiseta" y además nos señala que por nuestros planteos de parcialidad podemos caer en una infracción a la ética profesional de los abogados". "Así -agrega- el resultado del juicio está un poco anticipado". "El caso de Gabriel Blanco es emblemático respecto de lo que puede pasar con un chico marginado", definió Alejandro Bois.

El doctor Christian Blanco se refirió a "un cambio de paradigma" respecto de las decisiones judiciales como la validez de la reconstrucción del hecho y la prisión de los acusados hasta el momento del juicio oral y público, ambas cuestiones revocadas por el TOC 5.

El 1 de marzo de 2007, Gabriel Blanco apareció colgado en el calabozo de la comisaría 2º de San Carlos, localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Gabriel fue detenido en el barrio “La Borgward”. Era hostigado para que robara en zonas liberadas. Pero él no quería. Había estado preso por robo, pero, en ese momento, tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones.

Gabriel estaba nervioso. En la comisaría, su compañera pidió hablarle y que viera a su hijo, convencida de que así se calmaría. Los policías le dijeron que ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Por la noche, un patrullero se acercó a la casa de Teófilo para informarle que Gabriel, su hijo, se había suicidado.

Durante el velatorio dudaron sobre la versión oficial y advirtieron marcas en el cuerpo. También le faltaban piezas dentales.

Solicitaron una segunda autopsia. Se realizó la reconstrucción del hecho, en la que se determinó que la versión del suicidio era inverosímil.

El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictaminó la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte.

La apelación a la prisión preventiva fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

Los abogados de los efectivos detenidos denunciaron a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por extorsión, afirmando que dichos organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los presos declarasen en contra de los miembros de la fuerza policial. Sin embargo, fueron ellos quienes cambiaron sus dichos siete años después para deshonrar a los militantes.

Además, integrantes de la Asamblea fueron difamados con pintadas y pasacalles en San Justo, intimidados y golpeados en la calle, mientras que familiares de Gabriel fueron amenazados. Todo fue denunciado ante la Fiscalía General de La Matanza.

Sin elementos que sostuvieran los cargos, la fiscalía dio lugar a la investigación contra Pablo Pimentel y otros miembros de la Asamblea.

El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco será el próximo 16 de marzo.

Como anticipo, el Tribunal en lo Criminal nro. 5 (TOC 5) tomó las siguientes decisiones:

– Anuló la prisión preventiva de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2015.

– Declaró nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica en marzo de 2012 porque, asegura, los testigos –Balbuena, Suárez y Gómez- no contaron “con la debida representación” para controlar sus manifestaciones y “no fueron relevados del juramento de decir verdad”, siendo que esos dichos fueron posteriormente “utilizados en su contra”.

De la conferencia de prensa brindada hoy participaron además medios de comunicación alternativos, organizaciones políticas, sindicales y sociales como La Garganta Poderosa; SUTEBA-Seccional La Matanza; HIJOS-La Matanza; Nuevo Encuentro-La Matanza; Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Todos contra la impunidad; Bachillerato Popular Coihue; Asociación Justicia por Franco Zárate; Asociación Civil Yanapacuna y el diputado provincial Miguel Funes (FPV). También adhirieron a la convocatoria el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En el marco de la escalada neonazi en la ciudad balnearia, la Delegación Provincia de Buenos Aires del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) le llamó la atención a la gestión del intendente Carlos Arroyo al expresar su “preocupación por la agresión sufrida por un joven de la comunidad gay en Mar del Plata” y le reclamó "el pronto esclarecimiento del hecho”.

”Juan Martín Navarro fue atacado el 8 de diciembre por cinco personas que le pegaron con palos de PVC y cemento mientras lo insultaban. A raíz de los golpes, la víctima perdió el conocimiento, estuvo internado un día y medio en el Hospital Regional y tiene fracturado el tabique nasal y marcas en todo el cuerpo”, señaló el INADI en un comunicado.

El INADI bonaerense recordó, igualmente, que ya había denunciado este tipo de hechos a fines de octubre pasado cuando dos jóvenes de la comunidad gay habían sido agredidos de la misma forma, con caños de PVC rellenos con cemento por un grupo de personas que llevaban símbolos nazis. En aquella ocasión ambos terminaron hospitalizados con heridas de gravedad.

A raíz de las agresiones, esta semana la Federación Argentina LGBT (FALGBT), Hijos Mar del Plata y la CTA Mar del Plata, entre otras agrupaciones, realizaron una marcha por una “Sociedad sin fascismo” y la comunidad LGBT se declaró en “estado de alerta”.

No es la primera vez que el INADI le llama la atención al nuevo intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo de Cambiemos. En septiembre pasado, cuando Arroyo era candidato a intendente, el INADI salió a criticarlo por “declaraciones xenófobas y discriminatorias” al referirse a la comunidad boliviana.

“Si la frontera sigue siendo una criba, o sea un colador, por donde entra cualquiera de cualquier país con cualquier cosa, todos de la misma nacionalidad y son todos expertos en cultivar coca, por ejemplo, que no quiero nombrar al país para no hacer distinciones pero usted se imagina”, había dicho Arroyo en declaraciones televisivas, antes de llegar a la intendencia.

“No estamos dispuestos a dar un paso atrás en los derechos conquistados”, adelantaron los miembros de la agrupación HIJOS de La Matanza, mediante un comunicado en el que fijan posición de cara al primer balotaje presidencial que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre.

Para la organización matancera de derechos humanos, los candidatos del Frente para la Victoria y del Frente Cambiemos, Daniel Scioli y Mauricio Macri, representan dos modelos opuestos.

"Votamos a la formula Daniel Scioli – Carlos Zannini porque no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en los derechos conquistados”, plantea HIJOS La Matanza.

“En el caso de Scioli, hablamos de la continuidad de las políticas inclusión que se vienen dando desde hace tiempo”, manifestó Juan Martín Cobacho, uno de los miembros fundadores de la agrupación HIJOS matancera, en comunicación con el portal digital "El1 Digital".

El comunicado, que va en la misma dirección que las palabras del militante, hace un breve repaso por las principales políticas tendientes a la recuperación de la memoria, búsqueda de la verdad y en pos de la justicia.

“En estos últimos doce años recuperamos las esperanzas, nos devolvieron la dignidad, se derogaron las vergonzantes leyes del perdón, y se juzgan a los responsables del terror, siendo por esto ejemplo en el mundo, pudimos proyectar, volver a soñar con un país libre, soberano, con justicia social como querían y por lo que lucharon hasta perder sus vidas nuestros padres”, añade el texto.

Por último, el comunicado asume la coherencia de los tiempos que corren y no deja lugar a posibles ambigüedades: “HIJOS La Matanza votamos a la formula Daniel Scioli – Carlos Zannini porque no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en los derechos conquistados”.

Organismos de Derechos Humanos pidieron que los jueces Ulpiano Martinez y Pontet sean descartados de causas de Lesa Humanidad por “maniobras de obstaculización y parálisis” en causas vinculadas a la última dictadura.

La subrogancia del Juzgado Federal de Bahia Blanca se trató ayer en el Consejo de la Magistratura. Y allí fueron las organizaciones de derechos humanos a reclamar para que no se designe a los dos magistrados.

Los magistrados fueron cuestionados por los organismos de derechos humanos por sus constantes “maniobras de obstaculización y parálisis” en las causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

En consonancia con ese reclamo, Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos, convocaron a una manifestación en las puertas del Congreso de la Magistratura, en el microcentro porteño.

El pedido de Abuelas es que los consejeros rechacen las designaciones de los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet como subrogantes del juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad.

Ese mismo pedido que ya fue realizado ante la Comisión de Selección de Magistrados.

En el comunicado que lleva la firma de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora e H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional, se expresa que nos movilizamos "frente a las reiteradas maniobras de la Corporación Judicial, en Bahía Blanca, en los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, en particular las causas en los que se investiga la responsabilidad del poder mediático, eclesiástico y judicial".

Los organismos señalan como "paradigmáticas" las causas de Vicente Massot (Director del Diario La Nueva Provincia), Vara y Sierra Girotti, "en las que se han perpetrado constantes maniobras de obstaculización y parálisis" por parte del juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, del Juzgado Federal 1".

Por último, consideraron "imprescindible romper definitivamente el pacto de impunidad construido entre el poder judicial y la dictadura cívico-militar por entender que esta situación compromete seriamente el curso de las investigaciones".