El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini mantuvo un encuentro con las máximas autoridades de la Policía Bonaerense, la Policía Local y del Comando de Patrullas Comunitaria que se desempeñan en el distrito para abordar las medidas de control y prevención del delito de cara a las fiestas de fin de año.

“Hemos armado un esquema para ir diagramando el fin de año, con el desarrollo de diferentes cuadrículas y un sistema de prevención atendiendo a la realidad que vivimos en el distrito; por eso queremos que las familias estén tranquilas, seguras y que puedan pasar las fiestas como corresponde”, explicó el Jefe comunal Leonardo Nardini.

A su vez, el intendente comentó que estuvieron charlando a nivel local con las autoridades policiales para comenzar a trabajar las problemáticas que vienen planteando los vecinos: “La propuesta es trabajar articuladamente entre el municipio y las fuerzas policiales para que éstas cumplan con su deber como corresponde”.

En el mismo sentido, el Subsecretario de Seguridad Jorge Cancio explicó que “Es primordial que el Estado esté presente”; y resaltó que tanto el intendente como su equipo de trabajo recibieron “plena colaboración e integración” de parte de las autoridades policiales”.

Finalmente, Ángel Becerra a cargo de la Dirección General de Seguridad, destacó la posibilidad de abrir canales de comunicación por los cuales expresar la situación real que atraviesan las dependencias policiales porque “sé de las necesidades que padece tanto el personal como las dependencias, por eso ya empezamos a trabajar para solucionarlo”.

Estuvieron presentes el comisario Mayor Seeber Molinari Alfredo, coordinador de seguridad; el comisario Nicolas Carlos, jefe distrital; y jefes de todas las comisarías.

“Nena, por qué no te dejás de joder con Acuña. ¿Vos querés ser boleta?” fue la expresión de la voz del otro lado del teléfono de Silvana Varela, a las 22.11 horas del domingo 8 de abril.

Silvana Varela inició, en 2012 una investigación, junto a Gonzalo Ucha, en la que se sospechaba de una firma vinculada al intendente de Hurlingham, Luis Acuña, y su familia. Esa firma es FASIEM SRL, y según consta en la investigación, sería una empresa creada a los fines de comprar inmuebles y automotores en el exterior.

Según consta en el Boletín Oficial, FASIEM S.R.L fue constituida el 15 de diciembre de 2005 y está conformada por María Azucena Echosor, diputada nacional por el Frente Renovador y esposa del jefe comunal; y los hijos del matrimonio: Fabrizzio Acuña, socio-gerente de la empresa y concejal de Hurlingham; Emiliano Acuña, edil en uso de licencia, trabajando para su madre en la Cámara de Diputados de la Nación; y Silvina Acuña, también empleada de Echosor.

En su momento Varela expresaba que “Se notaba que era una empresa que no tenía actividad real. Había muchas compras y pocas ventas”.

Fue en abril de 2014 cuando la investigación salió a la luz, tras el pedido de informes al Registro de la Propiedad de la Provincia, en el que se detectó que la empresa familiar escondía propiedades inmobiliarias y automotores en nuestro país, en Brasil y en Uruguay.

“Una vez que analizamos y chequeamos los vínculos de los inmuebles con los Acuña, publicamos la información en abril de 2014”, señaló.

A la par, el abogado Jorge Cancio, quien también actúa como defensor de familiares de las víctimas de mala praxis en Malvinas Argentinas, elevó la investigación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por considerar que podría estarse ante la presencia de delitos tributarios y lavado de dinero.

Tras algunos meses, la PROCELAC no sólo corroboró la existencia de los bienes, sino que agregó otras propiedades que los integrantes de la familia poseían de manera individual.

Al mismo tiempo, impulsó una denuncia penal federal contra los Acuña que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, y en la Fiscalía de Sebastián Basso. Fue Salas quien, la semana pasada libró un exhorto a Brasil y Uruguay para que brinden información sobre las supuestas propiedades (se calcula que son 9, además de autos y camionetas) de los Acuña en esos países.

De la denuncia formulada se desprendió que existían motivos suficientes para cuestionar la real capacidad comercial de la firma FASIEM S.R.L, ya que su capacidad económica no se condecía con la actividad comercial real para adquirir la cantidad de bienes que tenía registrados a su nombre.

Sobre la amenaza y las dificultades que vive a diario, la periodista expresó: “El miércoles a última hora publicamos la nota sobre mi testimonial en nuestro sitio web. Sin embargo, a las pocas horas el servidor que sostiene la página fue hackeado. Prácticamente estuvimos 24 horas fuera de línea”, denunció Varela.

El Juez Federal de Morón, Juan Pablo Salas, es quien se encuentra a cargo de la causa. Semanas atrás envió a Uruguay y Brasil un exhorto para que se informe sobre la posible adquisición de propiedades de la familia del Intendente Acuña en esos países.

El pedido no hizo mas que internacionalizar la investigación, por la causa que ya enfrentaba el Jefe comunal massista Luis Acuña, su esposa, la diputada nacional por el Frente Renovador, María Azucena Echosor, y sus hijos, por la posible conformación irregular de una empresa denominada FASIEM SRL, que podría servir para ocultar al menos nueve propiedades, relacionadas con su familia y varios automóviles.

Días atrás, el Juez Juan Pablo Salas, a cargo de la causa que tramita en la Justicia Federal de Morón envió una “solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal”.

Así, en el marco de la causa que tramita en su juzgado bajo el número 65.095/2014, caratulada “FASIEM SRL s/inf. artículo 1 de la Ley 24.769, solicitó que la justicia de Uruguay y de Brasil “constante la existencia de bienes muebles e inmuebles (automotores, propiedades) a los imputados Luis Emilio Acuña, como así también a su esposa, María Azucena Echosor y sus hijos Fabrizio Miguel Acuña, María Silvina Acuña, Emiliano Acuña y sus cónyuges Analía Cecilia Joaquín, y Matías Ariel Liotta”.

El exhorto relata además, que “en la causa se investiga el incremento patrimonial y el posible ocultamiento de bienes por parte de los imputados en infracción al artículo 1 de la Ley 21.769. El pedido de informe solicita “con premura” constatar la existencia de bienes muebles e inmuebles “para profundizar la investigación”.

En tanto, también solicita información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para sumar a lo proveído por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc).

La causa, que actualmente investiga la Justicia Federal se originó en un informe periodístico del programa 2punto0, en abril del año pasado, en el que se daba cuenta de la conformación irregular de una sociedad integrada por los tres hijos del Intendente de Hurlingham Luis Acuña y por su esposa, la diputada nacional, María Azucena Echosor.

La nota fue presentada como “FASIEM SRL, la curiosa empresa de la familia del Intendente de Hurlingham posee un patrimonio inmobiliario difícil de explicar del que difícilmente pueda desvincularse la familia de funcionarios”.

FASIEM, el nombre de fantasía de esta empresa, se compone de las dos primeras letras de tres nombres: Fabrizio, Silvina y Emiliano.

Casualmente, los socios de FASIEM son: Fabrizio Acuña, Silvina Acuña, Emiliano Acuña (todos hijos del Intendente) y María Azucena Ehcosor (esposa del Intendente). Y según el informe solicitado al registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires en 2013, registraba 9 inmuebles, todos ellos, directamente relacionados a la familia Acuña.

El informe derivó en una denuncia impulsada por el abogado Dr. Jorge Cancio ante la ProCELAc), que plantea la posibilidad de delitos tributarios y lavado de dinero.

Tres meses después, la misma ProCELAc entendió que no sólo todo lo denunciado por el informe periodístico era veraz, sino que además se sumaban otras irregularidades y otros bienes por lo que impulsó la denuncia ante la Justicia Federal que también consideró que existe mérito para avanzar con la investigación.

Entonces se abrió la instancia penal que cursa bajo Expediente FSM 65095/2014 del registro de la Secretaría nº 2, a cargo del Dr. Germán Cancela, del Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, caratulado “FASIEM SRL s/infracción ley 24.769, que ya tiene como imputados al Jefe comunal y a toda su familia. El Fiscal que impulsa la denuncia es el Dr. Sebastián Basso.

El artículo prevée prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los familiares de las víctimas mortales de casos por Mala Praxis, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, continúan con su reclamo para cambiar las condiciones del sistema de salud municipal, y piden justicia por lo que consideran una negligencia deliberada impulsada desde la propia gestión política local. Por su pedido aseguran haber recibido amenazas e intimidaciones permanentes.

Esta vez, debieron acercarse hasta el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Allí entregaron un informe al nuevo ministro, Daniel Gollán, para interiorizarlo sobre los numerosos casos denunciados.

El próximo jueves los familiares volverán a marchar por las calles del distrito para alertar y concientizar a los vecinos. “La situación sigue igual, día tras día, con nuevos casos de inexplicables muertes de bebes y madres”, advirtieron.

Jorge Cancio, abogado que representa a los familiares de las víctimas mortales, le apuntó a la gestión massista: “En Malvinas Argentinas funciona un sistema de adulteración de historias clínicas”.

El abogado penalista y militante por los derechos humanos a través de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, explicó que “el secretario de salud de Malvinas es el responsable de la máquina de adulteración de historias clínicas. Esto ocurre porque para acceder a la documentación hay que solicitarla ante el municipio, que como responsable político de los casos de mala praxis habilita la práctica de adulteración”. Es decir que: “La raíz del problema es que a esos documentos no los administra ni entrega el hospital, sino el municipio, algo que no debe tener registros en ningún otro lugar”.

Al respecto manifestó que “En varios casos de los que hemos denunciado, vemos que el perito designado de los tribunales de San Martín, entiende que el accionar médico siempre es el correcto. Cuando empiezo a revisar las historias clínicas sobre las que se expide este perito, encuentro que los documentos tienen correcciones, tachaduras, sobreescrituras, y entonces, por ejemplo, en casos de operaciones programadas no se registran las fechas de la intervención”.

La fiscalía 4 es la que lleva los 45 casos, pero se declaró incompetente y el expediente pasó a otra unidad fiscal, que también dio traslado de la denuncia a una fiscalía de delitos complejos del departamento.

Entre las irregularidades figuran casos de familiares que están pidiendo la historia clínica de pacientes desde hace más de 3 años.

Todo comenzó en 2012 cuando ocurrió el caso de Celeste Morales, una niña que fue operada exitosamente por un quiste benigno, pero que por falta de atención postoperatoria se produjo una obstrucción de una sonda que tenía colocada en su cuello y la nena falleció.

“Desde Celeste Morales, considerándola como caso cero, hasta hoy llegamos a denunciar penalmente 45 casos, todos por hechos similares. Errores de diagnóstico, falta de atención, partos que no son realizados por cesárea y que terminan con la muerte del bebé –desde noviembre de 2014 hasta hoy tenemos cinco denuncias formuladas- porque se posterga el nacimiento y los bebés mueren por ahorcamiento u otras causas. Esta es la realidad en Malvinas. No hay respuesta política, no hay pretensión de querer cambiar el sistema”, explica el abogado.

Al parecer las graves consecuencias de las malas prácticas médicas recaen, sistemáticamente, sobre los pacientes de escasos recursos y sin cobertura médica.

Por los reclamos y averiguaciones del abogado, en 2014, el secretario de Salud del municipio gestionado por el Frente Renovador, Hugo Schwab, realizó una insólita denuncia penal, ante la fiscalía 8 de San Martín, contra Cancio porque “según sus dichos, el denunciado buscaría destruir la confianza que los pacientes tienen en los médicos y centros de salud del partido de Malvinas Argentinas, para con ello obtener dinero de fraudulentas denuncias de mala practica médica a partir de falsas denuncias inducidas a pacientes y/o familiares atendidos en el sistema de salud”.

Pero, la denuncia fue desestimada por inconsistente y abstracta.

Por estos casos los familiares de víctimas entregaron un petitorio y un pedido de audiencia a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.

Según explicaron, el objetivo es interiorizar al flamante titular de la cartera, Daniel Gollán, sobre “la cantidad de casos denunciados en la justicia de San Martín, la lentitud del Poder Judicial y la falta de respuestas de parte del Ejecutivo municipal de Malvinas Argentinas”.

Los familiares y las víctimas, que responsabilizan por la situación al intendente massista Jesús Cariglino, resolvieron además una nueva marcha para el próximo jueves 12 de marzo. La protesta se realizará a partir de las 8.30 frente a los hospitales de Malvinas Argentinas, donde se entregará información a los vecinos sobre los casos de mala praxis denunciados.

Por sus constantes reclamos los familiares han denunciado intimidaciones y amenazas y expresaron que “Cariglino es responsable de esto”

Uno de los hechos sucedió en la madrugada del lunes, al encontrarse en la puerta de sus domicilios artefactos que simulaban ser bombas. La situación demandó la intervención de personal especializado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la evacuación preventiva de las dos viviendas. En ambos casos, los expertos policiales informaron que los bultos carecían de capacidad explosiva.

Los paquetes fueron dejados en la madrugada frente a los domicilios de las familias Bugliolo y Ledesma, ambas domiciliadas en ese municipio del noroeste del conurbano bonaerense.

Sus miembros integran un grupo que reclama justicia por las muertes de familiares, por supuesta mala praxis en centros municipales de salud de Malvinas Argentinas, tal como se expresó en una conferencia de prensa el viernes pasado.

La hija de los Bugliolo, Gisela, de 23 años, murió después de dar a luz en la maternidad "Mohamil Akil de Menem", de Grand Bourg -en el mismo municipio-, en 2004. Desde entonces Bugliolo, en demanda de justicia para su hija, recopiló información de 147 casos de supuesta mala praxis.

Para el próximo jueves 12 de marzo, a las 8.30, entonces, los familiares volverán a marchar por Malvinas Argentinas para concientizar a los vecinos del distrito gestionado por Jesús Cariglino.