Por orden del presidente Macri el procurador interino, Eduardo Casal, desplazó al fiscal Hernán Schapiro de la investigación por los aportantes truchos.
Tras el pedido del fiscal Di Lello de suspender todas las operaciones, el gerente y pilar de la empresa low cost, Gustavo Goldman, presentó su renuncia.
Al igual que ayer, el aeropuerto de El Palomar volvió a cancelar todos los vuelos de la empresa low cost debido a las tormentas y el fiscal federal Franco Picardi ordeno suspender todos los vuelos de la empresa.
La Justicia investigará si una de las hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se vio favorecida por contratos públicos del Gobierno de la Ciudad. Lorena Triaca fue una de las familiares del ministro que terminaron trabajando en el gabinete nacional.
Por el momento, el fiscal Jorge Di Lello pidió documentación por dos contrato por casi 1 millón de pesos entre Unify Communications y el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, esa empresa, de la que fue empleada jerárquica Lorena Triaca, obtuvo contratos estatales por 60 millones de pesos.
El insólito argumento de la defensa fue que Triaca no fue empleada pública cuando se firmaron los contratos, ya que fue directora de la Agencia de Inversiones. Para los abogados de Triaca, esa oficina "no dependía del Estado, sino que era autónoma". El propio presidente Mauricio Macri desmintió a los abogados, ya que Lorena fue alcanzada por el decreto que prohibió a los ministros tener parientes cercanos en el Estado. Lorena debió renunciar.
Por último, vale recordar que los negocios entre Unify y el Gobierno porteño comenzaron con Macri como intendente. La modalidad siguió con Horacio Rodríguez Larreta. En su mayoría, se trata de contratos millonarios realizados bajo la modalidad de contratación directa.
El fiscal federal Jorge Di Lello decidió imputar a la diputada nacional Graciela Ocaña en una causa iniciada por Gustavo Vera, de la ONG La Alameda. Se investiga si Ocaña se enriqueció ilegalmente como funcionaria pública.
Según Vera, Ocaña tuvo un "notable incremento” del patrimonio que, aseguró, alcanzaría los 5 millones de pesos e incluye una serie de inmuebles, como una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin incluir los otros cuatro de su marido.
De acuerdo a la denuncia, Ocaña pasó de tener 1,5 millones a 4 millones en pocos años. Además, adquirió una mansión de un millón de dólares en el barrio privado Terravista, de General Rodríguez, que, según Vera, estaría declarada como terreno baldío.
Otras de las irregularidades denunciadas, tiene que ver con la declaración de un inmueble de casi 200 metros cuadrados en Haedo con el irrisorio valor de 1 centavo. Por su parte, Ocaña nunca aclaró sobre esas propiedades y sólo pidió "ser investigada hasta las últimas consecuencias".
Otro tema que la Justicia deberá investigar es la existencia de un supuesto vínculo de Ocaña con la empresa “Área Tres Constructora SA”, de quién “recibe de ingresos 1.175.000 pesos por vender activos” y extendió 5 cheques sin fondos, por lo cual se encuentra con "un proceso de liquidez", denunció Vera. Esa constructora habría recibido negocios inmobiliarios de Nicolás Ducoté, intendente macrista de Pilar.
El fiscal Jorge Di Lello investigará al Presidente por sus declaraciones del domingo a la mañana y a los conductores de Periodismo Para Todos y La Noche de Mirtha Legrand, de El Trece.
El fiscal electoral Jorge Di Lello imputó al presidente, Mauricio Macri, por violar la veda electoral el domingo en la mesa de votación en la que sufragó e instó, en rueda de prensa a votar el Cambio.
También impulsó investigaciones contra los conductores televisivos Jorge Lanata y Mirta Legrand que el sábado por la noche hicieron lo propio.
El representante del Ministerio Público Fiscal pedirá una serie de medidas para impulsar la denuncia que se hizo contra Macri por declaraciones que hizo al concurrir al lugar de votación cuando dijo a periodistas que los argentinos "se expresan con alegría a favor de este cambio", confirmaron fuentes judiciales, de acuerdo a ámbito.com. Di Lello solicitará a los canales de televisión los videos para analizar si sus dichos pueden constituir o no violación a la veda electoral.
También requerirá las imágenes del programa conducido por Legrand del sábado pasado cuyo único invitado fue Lanata. Allí, el comunicador de Periodismo Para Todos habló de la campaña y señaló a la gobernadora bonaerense como precandidata de Cambiemos, pese a que no se presentó.
El fiscal analiza más de un centenar de denuncias que se hicieron en una página oficial del ministerio público, denunciaselectorales.mpf.gob.ar, y la mayoría son por faltante de boletas, temas relacionados con autoridades de mesa, pero hubo algunas por violación a la veda electoral. Quienes no respeten las disposiciones podrán ser sancionados con la cárcel o multas diversas.
La fiscal Paloma Ochoa imputó al empresario Alfredo Coto y su hijo Germán por el arsenal encontrado en una de las sucursales de su cadena de supermercados, así como también a los funcionarios responsables de ANMAC (ex Renar) que tuvieron participación en el procedimiento llevado a cabo en el depósito del negocio familiar y son sospechados de haber ocultado el caso.
La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa. La inspección de parte de ANMAC, fue realizada el 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito.
El arsenal encontrado es escandaloso: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.
Asimismo, resultó llamativo para los investigadores un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado, además de ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003.
Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les habían borrado los números de serie.
En lo que respecta a los directivos ANMAC fueron avisados en su momento sobre tamaño arsenal pero respondieron que "dejaran todo como está", ya que ellos se ocuparían. Por lo tanto la ANMAC no actuó y se ocultaron las pruebas hasta que la UFI-ARM, a cargo de Jorge Di Lello, recibió una denuncia anónima sobre el caso y actuó de oficio, donde constató la veracidad de la acusación y formuló la denuncia penal, que recayó en la fiscalía federal número 10, a cargo de Paloma Ochoa, y del juez Sebastián Ramos.
Junto al Presidente, el fiscal Jorge Di Lello imputó a funcionarios del Ejecutivo, a miembros de la línea aérea de origen colombiano AVIANCA y a empresarios del sector aeronáutico. Es por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino
El presidente Mauricio Macri fue imputado por el fiscal Jorge Di Lello en el marco de la causa en la que investiga posibles irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y a favor del grupo Avianca.
Junto al Presidente, el responsable de la Fiscalía Federal número 1 imputó a funcionarios del Ejecutivo, a miembros de la línea aérea de origen colombiano AVIANCA y a empresarios del sector aeronáutico por la posible comisión de los delitos de" asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias", consignó el sitio Fiscales.
El instructor, en su requerimiento, refirió a una serie de maniobras, entre las que se encuentra el otorgamiento de rutas áreas, presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.
También fueron apuntados por Di Lello el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis; el director General de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas; el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin; y el director nacional de Transporte Aéreo de ese organismo, Hernán Gómez.
En el expediente, el fiscal señaló que podrían haber cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino, puntualmente en el otorgamiento de rutas a Avianca.
Lo hizo en un dictamen firmado hoy y que fue enviado al juez federal con competencia electoral platense Laureano Durán, informaron a fuentes judiciales.
La decisión se tomó luego que el candidato a gobernador bonaerense del frente UNA denunció presuntas alteraciones en el resultado de las PASO del 9 de agosto pasado que lo perjudicaron.
Tras escuchar a Solá, quien no se refirió a robo de boletas sino a diferencias entre los telegramas de sus fiscales con los publicados en Internet por el Correo Argentino, Di Lello pidió al juez platense que evalúe "si resulta conveniente" la apertura de las urnas y "el recuento material de los votos", según explicaron fuentes judiciales.
El fiscal diferenció dos situaciones referidas a mesas donde Solá obtuvo cero voto y otras donde habría diferencias de hasta un doce por ciento en los telegramas.
El dictamen de Di Lello se envió por delegación de Policía Federal a La Plata y se estima que llegaría el lunes próximo a esa jurisdicción.
El juez platense deberá resolver ahora si comparte la sugerencia del fiscal porteña, da vista a la fiscalía de su jurisdicción o aguarda el resultado del escrutinio definitivo.
Al presentarse en los tribunales federales de Retiro, Sola afirmó que hubo irregularidades en partidos como Ezeiza, La Matanza, 3 de Febrero, General Pueyrredón.
Tras reunirse ayer con el candidato a gobernador bonaerense del Frente Renovador en UNA, el fiscal Jorge Di Lello admitió que el caso "amerita una investigación", pese a que antes había dicho que la posibilidad de montar un mecanismo para llevar adelante un fraude le sonaba "un poco a ciencia ficción".
"Es un planteo serio que amerita una investigación. Él tampoco habla de fraude, dice que puede ser error o que puede haber conductas dolosas", señaló Di Lello en declaraciones a radio Latina.
El fiscal contó que Solá le presentó un trabajo "de deducción lógico matemática en base a estudios de distintas mesas, comparando la media de diferencia entre el voto a Presidente y a Gobernador".
En esa evaluación, dijo que se daba "un tipo de situación sorprendente" en algunas mesas puntuales, donde había mucha diferencia entre los votantes conseguido por Solá con respecto al candidato a Presidente del mismo espacio.
"Lo mejor sería curarse en salud y abrir las urnas. Lo ideal sería la totalidad de las que él tiene cuestionadas en base a las actas que acompañó, que es una buena cantidad, y que por otra parte él no las saca de ningún laboratorio raro sino de lo que está colgado en internet, en la página pública", subrayó.
Di Lello adelantó además que entre hoy y el lunes enviará su investigación preliminar a la Justicia Electoral de La Plata, y dijo que lo mejor es tener una respuesta "antes de las elecciones de octubre".
