La información figura en un reporte del BCRA a la causa que investiga el préstamo del FMI al gobierno de Macri. Las operaciones fueron legales. Quiénes figuran en el informe.

El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdió por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La operación –que fue perfectamente legal, puesto que el gobierno de Macri así lo permitía– fue realizada a través del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina.

“Todas las transferencias por mí realizadas fueron originadas desde cuentas en bancos argentinos, autorizadas por el Banco Central, con dinero debidamente declarado”, explicó Rosenkrantz, ante la consulta de Tiempo.

El dato sobre Rosenkrantz es apenas uno de los muchos que figuran en un informe que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le envió, a regañadientes, a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien junto con el fiscal Franco Picardi llevan adelante la investigación por la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri. Esa causa, impulsada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a instancias del presidente Alberto Fernández, tiene entre sus objetivos determinar si el dinero del préstamo se fugó de la Argentina.

Pese a que la jueza dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigación, el BCRA venía demorando ese informe hasta que finalmente lo aportó al expediente la semana pasada. No obstante, hasta el viernes los investigadores no habían podido acceder de manera completa al voluminoso informe por un problema de compatibilidades de programas informáticos.

Rosenkrantz es solo uno de los muchos nombres vinculados directa o indirectamente con el Poder Judicial que aparecen con operaciones registradas en el BCRA de transferencia de dólares al exterior, todas legales y declaradas. Están también Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani.

Casi todos ellos explicaron, ante la consulta de Tiempo, que las operaciones son legales, que todo está declarado ante la Afip, que pagaron los impuestos correspondientes y que eso nada tiene que ver con fuga de divisas.

En el caso de Rosenkrantz no solo aparece la transferencia el día después de las PASO. El informe del BCRA (que tienen cientos de nombres de personajes públicos) muestra que el expresidente de la Corte también recibió pagos en dólares durante el proceso en que se aprestaba a asumir en el máximo tribunal, primero por un decreto de Macri y finalmente mediante el proceso que establece la Constitución Nacional.

El 12 de agosto de 2016, diez días antes de jurar como juez, Rosenkrantz recibió 68.622 dólares de Anheuser Busch Inbev, la empresa belga que es la mayor fabricante mundial de cerveza, desde una cuenta en Gran Bretaña; el 12 de abril, 77.160 de Chambre de Commerce, la cámara de comercio de Francia; el 16 de mayo, 40.015 desde una cuenta en Panamá. Hay otros ingresos, cuyas fechas y orígenes están aún sujetos a chequeo.

“Se corresponden a servicios profesionales realizados y legalmente facturados con anterioridad a mi asunción como juez de la Corte Suprema, y fueron debidamente declarados en su oportunidad”, indicó el magistrado.

Rosenkrantz integró un prestigioso estudio de abogados que trabajaba con varias de las principales empresas transnacionales, aquí y en el exterior. Fue designado juez de la Corte por decreto el 15 de diciembre de 2015 pero una semana después, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decretó la inconstitucionalidad de ese nombramiento. Entonces su pliego recorrió el camino tradicional y el 15 de junio recibió el acuerdo del Senado. Podía haber jurado al día siguiente (de hecho, Horacio Rosatti, en su misma situación, asumió el 29 de junio), pero por una nunca bien explicada razón postergó más de dos meses su llegada a la Corte.

El procurador bonaerense Julio Conte Grand aparece en los registros en una transferencia importante con base en una cuenta en Estados Unidos. Pero consultados sus allegados por Tiempo, explicaron que esa operación no solo no sacó dinero al exterior sino que lo que hizo fue ingresar dólares a la Argentina el 26 de abril de 2019. “Es dinero declarado que ingresó para una operación inmobiliaria. No sacó dinero al exterior; lo trajo”.

Esteban Conte Grand, su ahijado y hasta marzo de 2017 jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, aparece en una transferencia de 332 mil dólares a una cuenta en Estados Unidos el 17 de octubre de 2019, a través del SCB.  Los mismos allegados aclararon que para ese entonces ya no era funcionario y tampoco lo es actualmente, y que “esa transferencia fue de origen legal y está declarada”.

Ricardo Gil Lavedra aparece en una transferencia de 400 mil dólares a Uruguay el 27 de agosto de 2019.

Consultado por Tiempo, señaló: “Tengo desde hace mucho cuenta en Uruguay y dos departamentos. Me imagino que quieren hacer aparecer un tema de fuga. No es, en absoluto, mi caso”.

“Todos mis movimientos están declarados ante la Afip y no recuerdo que haya habido algo en la fecha del acuerdo con el FMI. Tengo que chequear, pero no hice nada en esa época. (La operación) figura un año después y la plata estaba en la cuenta antes del convenio”.

Gil Lavedra, candidato a presidente del Colegio Público de Abogados por una lista opositora a la actual conducción, resaltó: “Todos los años traigo dinero, repatriándolo. Todos los años. Si buscan a quienes fugaron, no soy yo. La eventual fuga del préstamo fue en 2018”.

El fiscal federal Carlos Rívolo figura en el reporte en una transferencia al exterior por 77 mil dólares el 15 de octubre de 2019, también a través del SCB. Ante la consulta de Tiempo, indicó: “Es dinero ahorrado que salió por el Banco Ciudad a mi cuenta afuera y allí permanece. Declarada acá y allá, y pagados los impuestos”.

Su colega Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen porteña desde hace casi 30 años, aparece mencionado en un giro por 200.400 dólares a una mujer cuya identidad este diario mantendrá en reserva. Tiempo intentó contactar al funcionario a través de WhatsApp, pero Sáenz clavó el visto y no respondió.

Con respecto a Bernardo Saravia Frías y del camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Gallegos Fedriani, quienes también aparecen en el reporte con importantes transferencias al exterior, Tiempo no pudo tomar contacto con ellos, razón por la cual los detalles de las operaciones permanecerán por ahora en reserva.

FUENTE: Tiempo Argentino

Lo hará en el marco de la causa que lleva adelante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi. El juez de Avellaneda deberá expedirese “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

La ronda de declaraciones testimoniales en la causa que investiga espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo seguirá este próximo lunes con la citación al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien podría pedir postergar el trámite como ya lo hizo Mariano Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri.

Por otro lado, en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi preparan cuestionarios de preguntas para enviar a otros dos de los testigos que fueron convocados, el diputado Diego Santilli y la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quienes por sus cargos hicieron uso de su derecho a declarar por escrito, informaron fuentes judiciales.

En cuanto a Mariano Macri, el magistrado reprogramará la audiencia luego que el hermano del exPresidente pidió postergarla por razones de salud.

Carzoglio está convocado para el lunes al trámite que se haría a través de la plataforma Zoom, pero según fuentes del caso podría pedir postergación.

El juez de Avellaneda estuvo suspendido y está en la actualidad de licencia y fue convocado para que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano“, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo, cuando estaba a cargo del juzgado de Avellaneda.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones para declarar bajo juramento de verdad, entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación que pasó del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.

En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.

Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.

La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso las nuevas medidas y, entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.

La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

El Juez envió un oficio con la medida dictada contra el ex presidente, a quien consideraron el “autor” de maniobras de espionaje ilegal contra los familiares de los marinos del Ara San Juan.