En tiempo récord, el juez Sebastían Ramos resolvió archivar una de las causas contra Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro por los chats del escándalo.

El juez subrogante del juzgado federal N°5, Sebastían Ramos, resolvió en las últimas horas archivar una de las causas que pesan sobre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y sobre el ministro de Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.

Para fundamentar el archivo de la causa, el juez Ramos sostuvo que “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

La decisión de archivar la causa de los chats del escándalo que tomó Ramos llega después de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, que se encuentra subrogando durante la feria la fiscalía de Eduardo Taiano, en el que enfatizó que no podía abrirse un expediente con una “prueba ilegal”.

“No puedo dejar de advertir la existencia de obstáculos legales insalvables que impiden ingresar en un análisis sobre el fondo de los hechos investigados”, sostuvo Stornelli al optar por no impulsar la acción penal y pedir el archivo de la causa contra Robles y D’Alessandro por los chats del escándalo.

El expediente archivado por Ramos se radicó el lunes 4 de enero en Comodoro Py, por una denuncia que formuló el abogado Gastón Marano, quien representa a Nicolás Carrizo, uno de los integrantes de la “banda de los copitos” acusados en el intento de homicidio de Cristina Kirchner.

“El único motor de arranque de esta investigación penal, sería, en rigor, una conducta presuntamente ilícita, lo que iría directamente en detrimento de las más básicas garantías constitucionales de nuestro país, como lo vengo sosteniendo”, enfatizó el magistrado en su fallo.

En tanto, existen otras tres denuncias contra Robles y D’Alessandro. Una de ellas fue motorizada por una persona llamada Nicolás Nahuel Giasanti, que figura como un monotributista dedicado a “servicios de seguridad e investigación”, presentada en simultáneo con la de Marano.

Al mismo tiempo, los gobernadores de Santiago del Estero Gerardo Zamora y de La Rioja Ricardo Quintela presentaron sendas denuncias en sus provincias contra Robles, pero los dos jueces federales que intervinieron se terminaron declarando incompetentes porque no tenían competencia para actuar.

El representante del Ejecutivo presentó un escrito en el Consejo de la Magistratura para enjuiciar a los jueces que habrían intentado ocultar el financiamiento del viaje a Lago Escondido.

El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por un viaje privado a la mansión de magnate británico Joe Lewis en la región del Lago Escondido, luego de la filtración de un chat que deja al descubierto no solo la existencia de la reunión acontecida sino que también el intento de ocultar el vuelo privado y su financiamiento.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó el escrito, en el que consideró “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.

“Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”, sostiene el documento.

El representante del Ejecutivo en el Congreso describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.

En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

El magistrado Pablo Yadarola presentó un escrito por el origen de los chats. La denuncia cayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien delegó la investigación en Marcelo Martínez de Giorgi.

La causa por el escándalo de los chats de jueces, fiscales y funcionarios respecto a un viaje a Lago Escondido no deja de generar polémica en la escena política y judicial argentina. La última ocurrió horas atrás cuando, a la par de la denuncia del gobierno nacional, el juez Pablo Yadarola, uno de los involucrados, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y la misma recayó en el juzgado de Julián Ercolini, otro de los apuntados. En paralelo, la fiscal de Bariloche imputó a los implicados por el viaje.

Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, presentó este fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal a raíz de la divulgación en internet de conversaciones de un grupo de Telegram en el cual el propio juez, junto con otros tres magistrados, un fiscal y un ministro porteño, elaboraron una estrategia para mentir sobre un viaje a la estancia del terrateniente británico Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín.

Para mayor sorpresa, el escrito presentado por Yadarola recayó – por sorteo – en el juzgado de Ercolini, otro de los jueces involucrados en el escándalo de los chats de Lago Escondido. Según consigna Diarioar, el 4 de diciembre, una vez que los audios y los chats quedaron al descubierto, el juez Ercolini se excusó apelando a la figura de “ausencia momentánea del juez” y le pidió al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que asuma, al menos momentáneamente, la investigación de la causa.

Entre las primeras medidas, Martínez de Giorgi solicitó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el rastreo de la dirección IP desde donde se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono de Marcelo D´Alessandro. Cabe aclarar que el material era ofrecido en un portal web por u$s600 y contenía 900 conversaciones y 4099 contactos del ministro en Télegram.

Además del contenido sobre Lago Escondido, los presuntos hackers publicaron en diálogos con el armador radical, operador judicial y ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y otro chat con un empresario nombrado como “Fede”.

La presentación de Yadarola por espionaje ilegal coincide con la estrategia que en el chat figura como “contraofensiva” en la cual se proponía revertir la carga de la acusación alegando un presunto espionaje ilegal, elaborar facturas truchas para evitar ser acusados de recibir dadivas e influir en la investigación radicada en Bariloche para que la fiscal y la jueza den por cerrada la causa.

En las últimas horas la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los magistrados, fiscales, funcionarios, y empresarios de medios que fueron al encuentro a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. En la lista de imputados también figuran Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A., Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A.

Pese a la intención de los imputados de crear una estrategia coordinada para mentir sobre su estadía en Lago Escondido, la fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente año “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”. Además, certificó la presencia de los directivos de Clarín.

Días atrás, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un escrito por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas contra el juez federal Julián Ercolini, Carlos Mahiques (integrante de la Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2) y Pablo Cayssials (titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso). Además, apuntó contra el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D Alessandro.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph Lewis.

De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph Lewis.

Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

El fallo ratifica la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel).

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013.

En julio pasado, organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios habían reclamado a la Cámara que emitiera una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo a los plazos procesales debía haberse conocido a principios de junio.

Los firmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche debía “decidir sobre los insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días”.

En la causa se reclama que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la Justicia rionegrina hace casi diez años, para garantizar el acceso al Lago Escondido y el uso público de los senderos que llevan hasta ese espejo de agua.

El expediente está caratulado como “Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia”.

Los dos caminos que permitan llegar hasta ese espejo de agua de singular belleza están ubicados en el área cordillerana de Río Negro, dentro de la propiedad de alrededor de 8 mil hectáreas del magnate inglés. Desde hace años se realiza la llamada ‘Marcha de la Soberanía’, que reúne a personas de diversos puntos del país con el objetivo de llegar a Lago Escondido a través de los dos senderos que la Justicia provincial reconoció como públicos para practicar allí deportes náuticos, entre otras actividades.