Tras cuestionar el beneficio otorgado por el juez Otmar Paulucci, el fiscal Adolfo Villate advirtió que Patti podría “simular” su deterioro de salud: “El condenado no es la persona débil y desvalida cuya imagen pretende dar la defensa y sus peritos de parte”.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario apeló ante la Cámara de Casación Federal la resolución que otorgó la prisión domiciliaria al genocida Luis Abelardo Patti, al considerarla “nula y arbitraria”.

Patti, condenado dos veces a perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, ya se encuentra en el lujoso country Septiembre de Escobar, gracias a una resolución del juez de ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, Otmar Paulucci.

El fiscal Adolfo Villate entendió que el fallo “carece de fundamentación” y que se llegó a ella “en violación al debido proceso”, ya que la Fiscalía “no pudo controlar el peritaje realizado por un médico de la Cámara de Apelaciones de Rosario”.

Asimismo, consideró que existen elementos para creer que Patti podría “simular” su deterioro de salud porque, entre otras razones, el represor se niega a realizar la rehabilitación en el Hospital Penitenciario Central (HPC).

“El condenado no es la persona débil y desvalida cuya imagen pretende dar la defensa y sus peritos de parte”, completó Villate.

El juez se basó en un informe elaborado por el médico de la Cámara Federal rosarina, José Roberto Settecasi, quien visitó a Patti el 4 de agosto pasado en el penal de Ezeiza, aunque para Villate existió irregularidad en ese dictamen.

“Dicho informe fue emitido en flagrante violación a las normas procesales que rigen el dictamen de peritos y la posibilidad de control que de los mismos pueden hacer las partes”, sostuvo en su escrito ante Casación.

Según el fiscal, “esa única circunstancia alcanza para disponer la nulidad de dicho informe y de cualquier decisión que lo tome en consideración”, y agregó que “las partes no podemos ser apartadas de un proceso en paridad de condiciones por la sencilla razón de que ya no existirá en tal caso proceso alguno”.

Villatte contrastó la conclusión de Settecasi con la declaración indagatoria brindada por el ex policía federal Osvaldo Jorge Tebez, detenido por crímenes de lesa humanidad en el mismo hospital penitenciario que Patti.

“El día 29 de enero de este año me encontraba en el hall central fumando, Patti me dijo: ‘Flaco, no fumes más, te voy a ir a apagar el cigarrillo’. Y vino y me agarró de atrás, del cuello y me golpeaba, tiene mucha fuerza en las manos por la silla de ruedas”, declaró.

Además, recordó otro episodio registrado el 27 de febrero cuando, dijo: “Hubo otro quilombo más con Patti, conmigo y con dos comisarios más casi llegan a las manos”.

La decisión fue repudiada por los organismos de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo remarcó que el cuadro de salud que presenta el represor “puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza”.

El juez del Tribunal Oral Federal de Rosario N°2, Omar Paulucci, dispuso que el genocida Luis Abelardo Patti, condenado dos veces a perpetua por crímenes de lesa humanidad, cumpla prisión domiciliaria dentro de una casa ubicada en el barrio privado “Septiembre Country Club” de la localidad de Escobar.

Tras repudiar el beneficio, otorgado sin informes del Cuerpo Médico Forense que lo avalen, las Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que “llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel”, traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo domicilio de privilegio.

“Además, resulta preocupante que no se tuviera en cuenta la circunstancia, debidamente acreditada, de que en el desarrollo de los juicios en su contra Patti fingiera afecciones de salud para evitar ser juzgado”, agregaron desde la asociación defensora de los derechos humanos.

Según las Abuelas, el cuadro de salud que presenta el represor “puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza y a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal”, como lo venía haciendo hasta el momento.

Si bien en la decisión judicial se dispuso incorporar a Patti al programa de “vigilancia electrónica”, no se ha ponderado el hecho de que el domicilio se encuentre en un barrio cerrado, lo que dificulta la realización de mayores medidas de control así como una respuesta rápida ante el quebrantamiento de los límites de la prisión domiciliaria.

“Además de rechazar el privilegio concedido, exigimos la protección de los testigos que han contribuido a que los responsables de delitos de lesa humanidad sean condenados. En este sentido reclamamos que se adopten medidas para garantizar que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta”, subrayaron las Abuelas.