Desde la provincia del Chaco, el presidente se refirió a la represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu que terminó con la vida del joven de 22 años, al recibir una bala policial por la espalda. Lejos de repudiar el crimen, habló de los mapuches como “grupos minoritarios violentos” que “no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia”.

Al igual que sus ministros Patricia Bullrich, y Germán Garavano, el presidente Mauricio Macri agitó hoy el discurso demonizante sobre los mapuches que buscan recuperar sus tierras ancestrales. Lo hizo con el objetivo de justificar el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Albatros de la Prefectura.

El joven de 22 años recibió una bala policial 9 milímetros por la espalda el sábado pasado, cuando la fuerza federal reprimió en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche.

Sin embargo, Macri apuntó contra los mapuches calificándolos como “grupos minoritarios” y advirtió que “no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia”.

El presidente formuló estas declaraciones desde el Chaco, tras recorrer las obras de una planta de tratamiento cloacal en Gran Resistencia junto al gobernador Domingo Peppo.

“Eso, por suerte para ustedes, está pasando muy lejos, en el sur, muy lejos de acá, pero es parte de nuestro país. Nosotros queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa, se conviva respetando la ley, que es respetar al que tenemos al lado”, agregó sobre lo ocurrido en la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Tras el asesinato de Nahuel, Bullrich, y  Garavano había dicho que “nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial”.

“La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, enfatizó en esa oportunidad la ministra de Seguridad.

Desde el sábado se encuentran detenidos los mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, los dos jóvenes que bajaron de la montaña hacia la ruta con Nahuel herido en una improvisada camilla, a la búsqueda de ayuda para intentar salvarlo.

El máximo organismo de derechos humanos de la OEA dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a sustituir la prisión preventiva de la diputada del Mercosur por el arresto domiciliario o alguna medida menos restrictiva para sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado argentino “garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala”, quien se encuentra en riesgo desde que la Justicia de Jujuy, a las órdenes del gobernador Gerardo Morales, la privó del arresto domiciliario y la regresó al penal de Alto Comedero.

En este marco, dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a que adopte “de manera inmediata” medidas de protección en favor de la dirigente social y diputada del Mercosur, como la restitución de la domiciliaria o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

No obstante, el máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consideró que “debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal”, algo que en el caso de Sala ha sido violado sistemáticamente desde el 16 de enero de 2016.

La medida tiene “un carácter no sólo cautelar”, sino “fundamentalmente tutelar” porque protege derechos humanos y busca evitar daños irreparables a las personas. El artículo 63.2 de la Convención Americana “obliga a los Estados a adoptar las medidas provisionales” que ordene el tribunal. Ahora Macri tiene hasta el 15 de diciembre para informar cómo cumplirá la resolución.

La decisión de la Corte IDH llegó tras una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que las autoridades argentinas no cumplieron con la resolución en la que dispuso que se cumpla al menos el arresto domiciliario de Sala.

La líder de la Tupac Amaru fue trasladada el 31 de agosto al domicilio de La Ciénaga, que no era su vivienda y no se encontraba en condiciones para ser habitada, pero fue el sitio dispuesto por los jueces como el lugar para su arresto domiciliario. Allí permaneció durante un mes y medio: el 29 de septiembre la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó las decisiones de primera instancia que ordenaron la domiciliaria y el 14 de octubre agentes de la policía jujeña volvieron a llevar a Sala a la cárcel.

La movilización será este miércoles al Congreso impulsada por las dos la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, Camioneros y otros gremios distanciados de la cúpula de la CGT, que negoció 14 puntos del proyecto flexibilizador de Macri.

El titular de la CTA de los Trabajadores y diputado electo por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky ,  planteó hoy la necesidad de dejar atrás “la inmovilidad” del movimiento obrero ante las políticas de ajuste del Gobierno de Cambiemos.

“Quienes consientan la quita de los derechos que logramos con el primer peronismo después que no vayan al cementerio los 17 de octubre a mostrar lágrimas de cocodrilo”, advirtió Yasky al llamar a los sindicatos de la CGT a “no quedar en la banquina de la historia”.

De esta forma, pidió no convalidar el acuerdo entre el Gobierno y los triunviros de la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, que avalaron la reforma laboral del presidente Mauricio Macri.

Las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores que lidera Sergio Palazzo, Camioneros y otros gremios distanciados de la cúpula cegetista marcharán este miércoles al Congreso para rechazar el proyecto flexibilizador, así como los cambios en materia previsional y tributaria.

Yasky adelantó que será una movilización “multitudinaria”, como puntapié de “una lucha sostenida para evitar que nos quiten los derechos adquiridos” y frenar el “avance sobre los jubilados, que son los más indefensos”.

“Hay una paradoja que genera indignación: el sector donde saca más votos Mauricio Macri es sobre el que descarga las peores medidas”, lamentó el gremialista.

Así lo aseguró la diputada Luana Volnovich sobre el acuerdo que selló el peronista Miguel Ángel Pichetto con Cambiemos para avanzar con la modificación de la fórmula de movilidad y otros puntos de la reforma. Según estimaciones del FpV, los jubilados de la mínima cobrarán en marzo 540 pesos menos.

En el marco de su proyecto de reforma previsional, el Gobierno de Mauricio Macri intentó primero ajustar las jubilaciones sólo por inflación, lo que hubiera significado un recorte del 12%, similar al que aplicó Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa. Luego de la reunión con los gobernadores, dispuso que al cálculo por inflación se le sumara un adicional sobre el crecimiento del PBI.

Sin embargo, cuando la iniciativa se discutió ayer en las comisiones de la Cámara alta, el senador Miguel Ángel Pichetto (PJ) propuso “salir del esquema de porcentaje de PBI e inflación” para que las jubilaciones se actualicen un 70% por inflación y un 30% por el índice Ripte, que es el promedio de los aumentos salariales de los trabajadores registrados.

“Son cosas muy difíciles de comprender, pero así lo hacen para confundir a la sociedad. Lo cierto es que la decisión política es la de recortar las jubilaciones”, dijo a Primereando la diputada del Frente para la Victoria (FpV), Luana Volnovich, quien calificó el dictamen del Senado como “vergonzoso” porque implicará una pérdida del 8% para los jubilados respecto de lo que cobrarían con la fórmula de movilidad actual.

“Con la fórmula vigente que rige desde 2009, la jubilación mínima en marzo de 2018 sería de $8.200; con la del Senado, de $7.660; y con la original del Gobierno, de $7.617. Es decir, que la propuesta de Pichetto mejoró apenas en 43 pesos a la del Gobierno”, explicó la legisladora.

Volnovich también planteó otro escenario preocupante: “el Ripte es un índice que depende de las paritarias y, como una de las prioridades de Macri es plancharlas, eso va a impactar a la baja en las jubilaciones. Si el Gobierno, con su extorsión a los gremios, logra frenar las paritarias, como ya ocurrió en Tierra del Fuego, el Ripte puede dar cero. Así que las movilidades siguientes pueden ser peores aún que la de marzo de 2018”.

El dictamen a la reforma previsional se firmó ayer junto con el paquete fiscal, que incluye el acta de “Consenso Fiscal” y la ley de Responsabilidad Fiscal.

La única provincia que no aceptó las condiciones del Gobierno de Macri fue San Luis. Al presentarse ante el plenario de comisiones del Senado de la Nación, el gobernador Alberto Rodríguez Saá confirmó que no suscribirá ningún acuerdo porque “San Luis no cede su autonomía”.

“El Consenso Fiscal implica desistir de los procesos judiciales vinculados a la coparticipación federal sin ninguna compensación”, completó el mandatario puntano.

El oficialismo pretende aprobar la reforma previsional y tributaria en el Senado antes del 10 de diciembre, cuando cambia la composición del Congreso, y luego avanzará con la reforma laboral.

Si bien la cúpula de la CGT ya dio su visto bueno en cuanto al proyecto de flexibilización laboral, desde las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y sindicatos cegetistas como el de Camioneros, que lidera Pablo Moyano, ya anunciaron que enfrentarán estas reformas con un plan conjunto y movilizaciones al Congreso.

La Cámara Federal porteña resolvió que la denuncia contra el presidente y varios de sus funcionarios debe ser investigada en Esquel, en el marco de la causa principal por la desaparición y muerte de Santiago.

Este viernes se conocerán los resultados de la autopsia que determinarán la causa de la muerte de Santiago Maldonado. El cuerpo del joven, desaparecido el 1 de agosto durante la brutal represión de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, fue hallado en en el río Chubut el 17 de octubre pasado.

La familia Maldonado señaló días atrás que “si bien tal conclusión revelará algunos datos importantes, lejos estará de poder arribar a certezas muchos puntos”.

Por eso, reclamó que “se abra una nueva etapa en la investigación y se concreten medidas indispensables para averiguar la verdad y lograr identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte de Santiago”. También reiteró el pedido de intervención de investigadores independientes a las fuerzas de seguridad federales para “colaborar en la causa y evitar nuevas interferencias y dilaciones”.

Mientras tanto, la Sala I de la Cámara Federal porteña resolvió que la denuncia por encubrimiento presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) sea investigada por el Juzgado Federal de Esquel, junto a la causa principal por la desaparición y muerte de Maldonado.

El fallo señala que la tramitación conjunta de las causas es para dar “una más pronta administración de justicia en virtud de la comunidad probatoria que podría existir entre ambas actuaciones”

La denuncia por encubrimiento durante la búsqueda de Santiago alcanza al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y a comandantes de esa fuerza.

Tras conocer la noticia de la explosión, dijeron sentirse engañados y manipulados. “Dicen que esto lo supieron ahora. No lo creemos”, señaló la mujer de uno de los tripulantes del ARA San Juan, mientras que otro familiar agregó indignado: “Mataron a mi hermano porque los sacan a navegar con alambre”.

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, aseguró hoy que el gobierno recibió esta mañana un informe a través del embajador argentino en Austria de que “hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona del último contacto del ARA San Juan.

Entre el dolor y el llanto, los familiares de los tripulantes reaccionaron apuntando contra el Gobierno de Mauricio Macri y la Armada, al considerar que hubo un ocultamiento de la información durante los ocho días de espera.

“Dicen que esto lo supieron ahora. No lo creemos”, sostuvo Itatí Leguizamón, esposa de uno de los tripulantes, y añadió: “Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá más de una semana. Me siento engañada, nos manipularon”.

“Según ellos (la señal) la detectaron ahora, pero ¿quién es tan estúpido para creerlo? Los mandaron en una mierda a navegar”, insistió la mujer desde la Base Naval de Mar del Plata.

Otros familiares expresaron la misma indignación: “Mataron a mi hermano, hijos de puta. Mataron a mi hermano porque los sacan a navegar con alambre”.

Afuera de la base, un grupo marplatenses se concentró para expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas.

Allí las críticas también apuntaron contra el Gobierno, responsabilizando a Macri y a su ministro de Defensa, Oscar “El Milico” Aguad. “Estoy seguro que lo sabían desde el primer momento. Me dan asco”, lanzó uno de los vecinos.

Miles de trabajadores se movilizaron por las calles de la capital bonaerense hasta la Gobernación. Exigieron a María Eugenia Vidal que garantice el financiamiento del Astillero Río Santiago.

Con un paro en La Plata, Berisso y Ensenada, los estatales de ATE se movilizaron junto a trabajadores nucleados en medio centenar de gremios de la CTA, la CGT y organizaciones de izquierda para rechazar el brutal ajuste y la reforma laboral, previsional y tributaria impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri.

Bajo la consigna “en defensa del salario y las fuentes de trabajo”, más de 12.000 manifestantes confluyeron en la Plaza San Martín, frente a la Gobernación bonaerense, donde se realizó el acto central.

“Nos plantamos en la calle contra el paquete de medidas del Gobierno y en la construcción de una marcha para el 1 de diciembre en rechazo a la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) planteada por el Gobierno”, dijo el titular de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

Durante la protesta también se reclamó a la gobernadora María Eugenia Vidal que garantice el financiamiento del Astillero Rio Santiago “para poder cumplir con los compromisos asumidos en la construcción de embarcaciones” y asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo.

Los trabajadores pidieron inversión tecnológica y plantearon la defensa de la seguridad social y del sistema solidario de reparto, así como la necesidad de la emergencia alimentaria y la plena vigencia de la emergencia social.

La CTERA advirtió que el paquete de leyes en materia laboral, previsional y tributaria “es idéntico al de los ‘90” y que significará un “recorte brutal para pagar intereses de la deuda externa”. La titular del gremio, Sonia Alessso, adelantó que los maestros se movilizarán cuando se trate en el Congreso.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, con el aval de la cúpula de la CGT, también pone en peligro el sistema educativo nacional.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) alertó hoy que la creación del Instituto Nacional de Formación Laboral en el ámbito del Ministerio de Trabajo avanza sobre las competencias del Instituto Nacional de Educación tecnológica (INET) al “limitar la vigencia de la ley 26.058 en lo referido a prácticas profesionalizantes de nivel secundario”.

“Entendemos las practicas profesionalizantes como parte esencial del sistema educativo y del proceso de formación integral de los jóvenes. Este avance sobre leyes construidas con el consenso de la sociedad busca poner a la educación al servicio de las necesidades del mercado y son otro paso en el proceso de mercantilización de la educación”, completó la CTERA en un comunicado.

La titular del gremio, Sonia Alesso, también rechazó las reformas en materia previsional y tributaria, y adelantó que los docentes se movilizarán al Congreso cuando se trate este paquete de leyes que “es idéntico al de los ‘90”.

“Quieren cercenar derechos a todos los jubilados. Este recorte brutal que pretenden hacer es para pagar intereses de la deuda externa, no para mejorar la economía argentina. Va a afectar a miles y miles de trabajadores de la educación de todo el país”, sostuvo en declaraciones a FM La Patriada y advirtió que todas estas reformas “traerán miseria al pueblo argentino”.

“El paquete de leyes es parte de lo que pide el FMI. Vamos a movilizar al Congreso y a solicitar audiencia con todos los legisladores nacionales, los que se están yendo y los que vendrán. Esto va a ser un duro golpe a los derechos de los trabajadores”, completó la secretaria general de la CTERA.

En cuanto la reforma fiscal, Alesso advirtió que “significa que las provincias van a tener menos trabajadores” y “que el Estado deje de sostener la inversión social y que se le rebajen impuestos a los empresarios”.

“Lo que se está proponiendo a los legisladores es que vayamos hacia un país con un desempleo brutal y con flexibilización de las leyes del trabajo. Deberán hacerse cargo de lo que votan. Sería un retroceso que ni en los ‘90 se atrevieron a hacer. Esto se votará la semana que viene con un gran bloqueo mediático. Prácticamente no se habla de lo que este paquete de leyes va a generar”, concluyó.

El presidente los visitó el lunes en la base naval de Mar del Plata, pero el video con las críticas se difundió recién hoy cuando la búsqueda del submarino y las esperanzas de rescatar a la tripulación con vida entraron en una fase crítica.

Al cumplirse una semana de búsqueda del submarino ARA San Juan, la Armada confirmó que aún no hay ningún rastro de la nave y que preocupa la posible falta de oxígeno. “Ni por sonar, ni por sensor térmico, ni por el de anomalías magnéticas se detectó la presencia del submarino”, remarcó esta mañana el vocero de la fuerza, Enrique Balbi.

Mientras se alejan las esperanzas de rescate, se conoció hoy el video del encuentro de Mauricio Macri con los familiares de los 44 tripulantes. La visita se produjo durante el feriado del lunes pasado, cuando el presidente interrumpió su descanso en Chapadmalal para ir hasta la base naval de Mar del Plata.

“Es un suicidio viajar en un submarino viejísimo”, lo increpó la esposa de uno de los marinos y remarcó: “Desde ahí es muy fácil hablar, pero son ellos los que están adentro”

“¿No pueden invertir presupuesto estatal en hacer algo por comprar un submarino nuevo y evitar esto? ¿Tiene que morir alguien para cambiar?”, protestó la mujer al considerar que “están jugando con la vida de nuestra gente”.

La gran mayoría de los jubilados y pensionados no perciben ni la mitad de lo que necesitan para vivir, pero según la vicepresidenta hay que recortar parte de sus haberes porque se trata de un sector que se queda con “los montos más grandes de todos”.

Desde aquella vez que habló de una “luz al final del túnel” macrista, la vicepresidente Gabriela Michetti justificó las medidas más antipopulares de su gobierno y hasta se refirió a la leche como un producto de lujo cuando cayó su consumo como consecuencia del deterioro económico-social.

Ahora Michetti trató de explicar el brutal recorte a los jubilados con la modificación de la ley de movilidad para calcularla por la inflación a partir del año que viene, lo que implicará un ajuste de 100.000 millones de pesos.

“¿Por qué siempre con los jubilados?”, le preguntó el periodista Fernando Carnota, cercano al macrismo, a lo que la funcionaria respondió que se trata de “reordenar algo que se había salido de cause” por “demasiadas medidas de populismo” del gobierno anterior.

Pero el periodista insistió: “¿No se puede meter en el resto menos en los jubilados?”. Dejando en evidencia toda su insensibilidad, la vicepresidenta respondió que no porque “lo que se lleva ese sector son de los montos más grandes de todos”.

Como se sabe, alrededor del 70% por ciento del sector percibe el haber mínimo, que en el caso de los jubilados llega a 7.246 pesos, mientras que en el de los pensionados a 5.797 pesos.

Sin embargo, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, un jubilado o pensionado necesita al menos 17.523 pesos mensuales para vivir más o menos dignamente. El monto de esta canasta –un 100% más cara que en noviembre de 2015- fue determinado tras los últimos aumentos en los precios de los alimentos, remedios, alquileres y servicios de la vivienda.

En el estudio se detalla que los jubilados y pensionados necesitan $3.728 para alimentos, $3.894 para medicamentos con descuentos, $4.677 para gastos vinculados a la vivienda, $1.819 para higiene y limpieza, y un mínimo de $715 para ropa, transporte y recreación.