La dirigente mapuche Moira Millán denunció ataques a las viviendas de la comunidad Vuelta del Río en la provincia de Chubut a través de un audio difundido por las redes sociales. Vinculó el hecho con la toma del juzgado federal del juez Guido Otranto, que se desarrolló ayer por la mañana, cuando integrantes de esa comunidad exigieron la renuncia del magistrado que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado.

"En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto, para que renuncie a su cargo", dice Millán al inicio del audio difundido anoche.

La dirigente agregó que "están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales", y agregó: "ellos están llevando adelante estos crímenes".

"Estoy yendo para la comunidad de Vuelta del Río. Me voy a quedar sin señal, les pido por favor que viralicen este mensaje. Es tremendo lo que está pasando en la provincia de Chubut", concluyó el mensaje.

En apoyo a esa comunidad mapuche, las regionales de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron "a los vecinos a unirse hoy en caravana a las 10.30, en el cruce de Maitén rumbo a la comunidad Vuelta del Río".

Ayer, integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, contigua a la Pu Lof Resistencia Cushamen -donde la Gendarmería Nacional realizó el operativo donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado-, tomaron el juzgado federal de Esquel durante la mañana y lo desalojaron a primera hora de la tarde.

La toma de la sede judicial, ubicada en 25 de Mayo y San Martín, se produjo en reclamo de la renuncia del magistrado, a quien la comunidad acusó de "malos tratos" sufridos durante el allanamiento del lunes pasado en esa comunidad y en la de Pu Lof Resistencia Cushamen.

Según los manifestantes, "los policías ingresaron armados rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos".

En tanto, en el marco de la "ocupación pacífica" del juzgado, también fue presentado un hábeas corpus por los "malos tratos" que habrían sufrido durante el operativo, denuncia que, a su vez, fue rechazada por el mismo magistrado durante la tarde.

Se trata de Elizabeth Loncopan, detenida durante el polémico allanamiento que ordenó el juez federal de Esquel en el marco de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. “Lo único que pretenden es identificar a las personas que vivimos allí y generar causas para asustarnos, amedrentarnos y perseguir a nuestras familias”, denunció la mujer.

Elizabeth Loncopan fue liberada esta tarde de la dependencia que tiene la Policía Federal en la ciudad de Esquel. Había sido detenida en el marco del tercer allanamiento que ordenó el juez federal Guido Otranto en territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen y que la propia familia de Santiago Maldonado calificó como “una payasada mediática”.

Según la mujer, los uniforomados llegaron a la comunidad en busca de “una mochila, una campera celeste y los teléfonos celulares que podía llegar a usar Santiago Maldonado”, pero en realidad “nadie buscó nada”.

“Fue una requisa más en la comunidad (…) Lo único que pretenden es identificar a las personas que vivimos allí y generar causas para asustarnos, amedrentarnos y perseguir a nuestras familias”, denunció en diálogo con el canal C5N.

Loncopan contó que “cuatro policías con armas largas” ingresaron a las 7.30 a la casa donde se encontraba y, como ella se negó a identificarse, la precintaron y más tarde se la llevaron detenida en “una camioneta Ranger” sin distintivo de ninguna fuerza de seguridad.

“Cuando lo ven a Otranto, detienen la camioneta, se acerca el juez y me dice que iba a quedar detenida por resistencia a la autoridad. Pidió que me leyeran mis derechos y luego me llevaron a toda velocidad”, relató.

Mostrando las marcas que le quedaron en las muñecas, Loncopan comentó que estuvo “más de diez horas precintada, sin darme ningún tipo de explicación”, y que recién cerca de “las 6 de la tarde” pudo recuperar su libertad.

“El objetivo de Otranto no fue jamás buscar a Maldonado, cuando él es el responsable de su desaparición porque dio la orden de desalojo del 1 de agosto”, insistió .

El ministro de Justicia, Gustavo Garavano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, niegan sistemáticamente que la Gendarmería haya tenido alguna responsabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado. Por su parte, los organismos de Derechos Humanos y los familiares del joven insisten en esa posibilidad. Ahora, la Justicia decidió cambiar la carátula de la causa.

Lo solicitó la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, y lo aceptó el juez Guido Otranto. De este modo, la investigación pasó de "averiguación de paradero" a "desaparición forzada de persona". Sin decirlo explícitamente, la Justicia apunta contra la Gendarmería, la fuerza federal que reprimió brutalmente a la comunidad mapuche. Testigos vieron a Maldonado cerca de agentes de esa fuerza.

Mientras tanto, funcionarios del Gobierno siguen desconociendo esa posibilidad. Eso hizo que terminara muy mal una reunión entre representantes de organismos de Derechos Humanos y los ministros Garavano y Bullrich. "No sirvió de mucho la reunión, mientras hablábamos de Santiago, Bullrich hacía dibujos en un papel", se enojó Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.

El caso sigue teniendo impacto político: una diputada peronista por Río Negro, María Emilia Soria, pidió en el Congreso el juicio político contra Bullrich. Ayer, la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó en las redes que la ministra de Seguridad mintió públicamente al decir que funcionarios de esa cartera no habían supervisado el operativo de Gendarmería en Esquel, provincia de Chubut. El propio Jefe de Gabinete Pablo Noceti reconoció su lugar en el desalojo que terminó con represión.

El presidente dijo que el Gobierno está buscando al joven desaparecido hace 10 días: "Hay búsquedas por distintos lugares sin mucha colaboración de esta organización que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos”. Por su parte, Bullrich cuestionó a los mapuches y también a la familia de Maldonado y a los organismos de derechos humanos que según la funcionaria "instalaron la idea de una desaparición forzada de persona".

Mauricio Macri prefirió hablar poco sobre el tema en una entrevista radial. No hizo alusión a la represión de Gendarmería y mucho menos a la hipótesis que vincula a esa fuerza federal con la desaparición del joven de 28 años. Prefirió tildar de "antidemocráticos" a los mapuches.

En la misma línea se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa en la que aseguró que "Gendarmería no detuvo a Maldonado". Hoy, en un allanamiento ordenado por un juez federal se encontraron restos de sangre y cabellos en una camioneta de esa fuerza. En cambio, la funcionaria defendió a Gendarmería y cargó contra la familia del joven y contra los organismos de Derechos Humanos: "Esto no ha sido una desaparición forzosa, eso es una construcción de un sector".

Esta tarde, una multitud se convocará en Plaza de Mayo para reclamar la "aparición con vida" de Santiago Maldonado.

La fuerza federal invadió la comunidad Pu Lof en Resistencia, realizó disparos y quemó instalaciones, según denunciaron las víctimas. La policía también rodeaba el penal donde se encuentra preso Facundo Jones Huala. “Nos encontramos con la ciudad de Esquel militarizada”, dijo Andrea Millañanco, compañera del líder indígena.

En el Día de la Pachamama, la Gendarmería volvió a reprimir ferozmente a los mapuches en la provincia de Chubut, tal como ocurrió en el mes de enero pasado.

Según denunciaron las víctimas, los efectivos de la fuerza federal ingresaron ayer con camiones a la comunidad de Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, dispararon y quemaron instalaciones para desalojar a sus habitantes.

“Gendarmería está quemando todo. No sabemos quién dio la orden de allanamiento. Y hay tres mujeres y dos niños que no se encuentran. La gente de la comarca y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han querido ingresar, y la Gendarmería no los dejan pasar la tranquera”, informó esta tarde Andrea Millañanco a la agencia ANRed.

La vocera de la comunidad también indicó a la revista Crítica que los mapuches que intentaban trasladarse desde Esquel hacia Cushamen eran “interceptadas por la policía, que pide documentación y los deja detenidos en la comisaría de Leleque”.

Mientras tanto, la policía provincial rodeaba la Unidad Penal 14, donde se encuentra preso el lonko Facundo Jones Huala. “Nos encontramos con la ciudad de Esquel militarizada”, remarcó compañera del líder mapuche.

La nueva arremetida de los gendarmes contra la comunidad de Jones Huala se produjo tras la brutal represión que se vivió ayer frente al Juzgado Federal de Bariloche, Río Negro, cuando distintas organizaciones indígenas y sociales reclamaban por la libertad del lonko, detenido desde hace más de un mes. Nueve personas fueron detenidas y también hubo varios heridos, entre ellos Romina Jones, hermana de Facundo, que fue brutalmente golpeada en el rostro y perdió varios dientes.

En este marco, Millañanco subrayó que mientras crece la violencia policial, los medios nacionales ocultan lo que ocurre y los regionales “crean todo un fantasma de terrorismo en torno al pueblo mapuche”.

“Toda esta ayuda mediática hizo que justifique toda esta escalada de violencia de parte del Gobierno. Acompañado siempre de los poderes económicos. Los medios de comunicación son funcionales a los grupos de interés al que pertenecen. Grupos que tienen la vista puesta en la tierra, en el desarrollo minero, el desarrollo sojero, el desarrollo petrolero”, sostuvo y aseguró que, pese a todo, “estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias”.

“No tenemos nada. Somos pobres. Lo único que nos queda son las tierras que fueron de nuestros ancestros. El territorio es parte para la espiritualidad mapuche, y para el que no es mapuche quizá sea difícil de entender. Pero es así, preferimos morir luchando que vivir hacinados en las ciudades”, completo Millañanco.

Jones Huala fue apresado arbitrariamente el 27 de junio pasado cerca de la localidad rionegrina de Río Villegas, horas después de la reunión bilateral entre Macri y su par chilena, Michelle Bachelet, en la que hablaron sobre la situación judicial del líder indígena.

El Estado trasandino lo requiere tras participar en 2013 de la defensa del territorio sagrado del Ngen Mapu Kintuante, a orillas del río Pilmaiken, en la localidad sureña de Osorno. El lugar corre peligro al ser entregado a la empresa de capitales noruegos Statkraft para la construcción de una central hidroeléctrica. Desde entonces, acusan al líder mapuche de “incendio de fundo” (daño a la propiedad) y de violar la Ley de Extranjería, que data de la dictadura pinochetista, por lo que podría recibir una pena de hasta dieciocho años de cárcel.