Tras la represión en la Lof Lafken Winkul Mapu y el asesinato del joven Rafael Nahuel, el diario de Héctor Magnetto publicó una nota asegurando que Abdullah Öcalan fue visto en varios puntos del país, incluso en “Chubut durante el juicio a Jones Huala”. La autora del artículo tuvo que admitir que el dato era falso cuando otro periodista le remarcó que Öcalan se encuentra confinado en la isla de Imrali.

¿Si pasa, pasa? En su proceso de criminalización de las comunidades indígenas, Clarín intentó vincular hoy a los mapuches argentinos con “kurdos de origen turco ligados a la guerrilla que lucha por la creación del Kurdistán”.

El artículo fue firmado por Natasha Niebieskikwiat, quien dijo tener “acceso a un informe oficial y reservado de policía e inteligencia que confirma indicios” en ese sentido.

La periodista de Clarín mencionó nada menos que a Abdullah "Apo" Öcalan, líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK), asegurando que “se lo ubicó con domicilios en Palermo y el centro porteño”.

“Según se le informó a este diario, fue visto en Neuquén, Río Negro y Chubut durante el juicio a (Facundo) Jones Huala”, agregó Niebieskikwiat.

Pero esta vez la mentira no pasó. Otro periodista, Fabricio Dietrich, le señaló por Twitter: “Si gugleas ‘Abdullah Öcalan’ los 10 primeros resultados te muestran que está preso desde el 15 de febrero de 1999. Un mínimo chequeo no hubiera venido mal”.

Niebieskikwiat debió admitir que, efectivamente, el dato era falso y el diario de Héctor Magnetto borró de inmediato el nombre del líder kurdo.

Öcalan fue secuestrado por los servicios de inteligencia turcos, la CIA y el Mossad israelí en 1999, cuando se encontraba en la embajada griega en Kenia, camino hacia Sudáfrica, donde el gobierno de Nelson Mandela le había ofrecido refugio. En Turquía lo condenaron a muerte, pero las masivas movilizaciones del pueblo kurdo y la presión internacional permitieron revertir esa condena. No obstante, lo confinaron a cadena perpetua en la isla-prisión de Imrali, donde actualmente es el único prisionero bajo la custodia de unos 5 mil oficiales turcos.

La vicepresidenta defendió la actuación de la fuerza al sostener que deben tener siempre “el beneficio de la duda” ya que ejercen la violencia “para cuidarnos a todos”. Rafael Nahuel, de 21 años, murió de un balazo por la espalda

En sintonía con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, la vicepresidenta Gabriela Michetti justificó la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Lafken Wuinkuñ Mapu, en Villa Mascardi, que el sábado terminó con un joven asesinado.

La autopsia realizada al cuerpo de Rafael Nahuel, de 21 años, estableció que la víctima recibió un balazo de una pistola 9 mm ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar sus órganos vitales.

Sin embargo, Michetti aseguró que el grupo de la comunidad mapuche era “realmente atacante, no era gente que estaba resistiendo, todo lo contrario”.

“El beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona”, remarcó la vicepresidenta en declaraciones al canal América, pese a que el calibre de la bala con la que asesinaron al joven mapuche es el que usan todas las fuerzas de seguridad.

“Ante la violencia, la agresión y el ataque, una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que detener o generar la reacción de rechazo a ese ataque para frenarlo”, insistió.

El periodista Ernesto Tenembaum escribió hoy una dura nota en el portal Infobae contra el Gobierno, luego de conocerse la noticia de la muerte de Rafael Nahuel en el brutal operativo represivo de Villa Mascardi.

La nota comienza con textuales de un alto funcionario del Gobierno del que no se dan detalles: "Acá lo que falta es política. Los problemas con comunidades originarias se han resuelto por vía de la negociación en distintos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Y cuando no hay política, o sea, negociación, empiezan las tomas, las violencia y los muertos. La Patagonia es un territorio inmenso y despoblado. Seguro que hay espacio para negociar entre todas las partes. Apenas se aquiete el caso Maldonado, la política debería volver a conducir el conflicto".

"La política, como se pudo ver en estos últimos días, aun no conduce el conflicto con los mapuches y entonces aparecen las balas, las tomas, los tiroteos. Rafael Nahuel, un joven de 27 años, es el segundo muerto en este contexto en apenas tres meses. El primero fue Santiago Maldonado. ¿Cuántos siguen?", agrega Tenembaum.

"La sociedad argentina, afortunadamente, es muy sensible ante la muerte ajena. Y, si no se lo atiende seriamente a tiempo, el conflicto mapuche está destinado a producir más violencia, más angustia, más pérdida de vidas: no importa lo que digan hoy las encuestas, a nadie le gusta vivir en un país donde los conflictos se resuelven a tiros", prosigue, dejando en claro que el republicanismo discursivo de Cambiemos se desvaneció en el aire, más aún después del triunfo en las elecciones legislativas.

"Los caprichos del destino quisieron que en el mismo momento en que el cuerpo de Santiago Maldonado encontraba finalmente descanso se conociera la noticia de otra muerte, en un contexto similar. Las diferencias, entre uno y otros caso, son palpables porque Nahuel, a diferencia de Maldonado, cayó baleado. Es difícil pisar sobre terreno firme respecto de qué ocurrió, en parte, porque las versiones que surgieron de la comunidad mapuche luego de la desaparición de Maldonado quedaron completamente desacreditadas. Entonces, al Gobierno le es más sencillo instalar la clásica versión del enfrentamiento.", agrega.

Cabe aclarar que tanto Clarín como La Nación titularon la noticia como "enfrentamiento" sin tener información suficiente, poniendo sobre la mesa que ahora los medios más cercanos al oficialismo volvieron a titular de la misma forma que lo hicieron durante la dictadura militar, responsabilizando a las víctimas.

"Esa construcción se desarmaba ante el contacto con preguntas muy elementales. ¿Cuantos son? ¿Qué armas tienen? ¿Qué poder económico los financia? Probablemente, alrededor de cincuenta adultos, sin armas peligrosas salvo las molotov rudimentarias que han usado para incendiar algún predio, y no se percibe ninguna señal de respaldo económico" (…) "El desnivel de poder entre el Estado argentino y los grupos de mapuches que simpatizan con las tomas y las amenazas es enorme. Los segundos no tienen ninguna chance. Su desarticulación parece más una cuestión de pericia que de estrategia bélica" (…) "En los hechos concretos, cualquier barra brava del conurbano cuenta con más recursos humanos y materiales, y mucho más entrenamiento para enfrentar a la policía, que lo mapuches del sur", argumenta.

Refiriéndose estrictamente a la política de derechos humanos oficial de estos dos últimos años recalca: "Hasta la muerte del mapuche conocida en las últimas horas, no habían existido asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad, o paraoficiales, como parte de la represión del conflicto social" (…) "Los hechos ocurridos en el día de ayer cambian esa perspectiva".

"Algunos recomiendan *meterle bala a esos delincuentes* " (que sería lo más preocupante e inadmisible del pensamiento de quienes forman parte del oficialismo).

"Otros, los menos, aconsejan una negociación, que no sería sencilla, pero tal vez evite la multiplicación de cadáveres. En el medio, hay un integrante de las fuerzas de seguridad que disparó con balas de plomo y mató a una persona. ¿Quién es? ¿Quiénes fueron? Mientras la Justicia resuelve si actuó por legítima defensa o no, ¿qué señal envía el Gobierno sobre qué cosas pueden hacer sus agentes?", finaliza.

Un integrante de la comunidad mapuche desalojada el jueves en Villa Mascardi murió este sábado al recibir una bala de plomo en un enfrentamiento con fuerzas federales.

La Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto había denunciado que 3 miembros del desalojado Lof Lafken Winkul Mapu habían sido heridos por armas de fuego convencionales y uno de ellos estaba en grave estado. El dato del fallecimiento fue confirmado a La Nación por fuentes judiciales más tarde.

La orden de desalojo provino del juez federal Gustavo Villanueva. Los otros 2 mapuches, que todavía no fueron identificados, están heridos en el abdomen, en un hombro, aunque se desconoce donde recibió los disparos el mapuche que murió.

Paradójicamente, en el día de hoy, la familia de Santiago Maldonado se encuentra velando el cuerpo del artesano, que murió ahogado durante una represión similar de la Gendarmería a la comunidad mapuche en Esquel.

El violento operativo, del que también participaron efectivos de Gendarmería y Prefectura, se realizó en el Lof Lafken Winkul Mapu, ubicado a orillas del lago Mascardi. Hubo heridos y mujeres detenidas, según denunciaron desde la comunidad.

Tras una orden dictada por el juez Gustavo Villanueva, fuerzas federales reprimieron y desalojaron a una comunidad mapuche que había recuperado su territorio hace apenas dos meses en la zona de Villa Mascardi, a la altura del kilómetro 2006 de la Ruta 40.

“Entró la Policía Federal para hacer una caza de mapuches. Estábamos asentándonos en la recuperación de territorios, en los cuales hay mucho interés capitalista”, contó Peñi Pinito, integrante del Lof Lafken Winkul Mapu, quien denunció la existencia de heridos y mujeres detenidas.

El operativo fue desplegado las 5:30 de la mañana a orillas del lago Mascardi, a 30 kilómetros al sur de Bariloche. Además de la Federal, participaron efectivos de Gendarmería y Prefectura.

Pinito explicó que “no tomamos territorios privados” y que reclaman “lo que es nuestro, la tierra para poder sembrar y tener nuestros animales”.

La radio Newen Hueche fue excluida del fondo de fomento. Desde la comunidad originaria Linares consideraron la decisión como “arbitraria” y “discriminatoria”. FARCO pidió la reconsideración del caso y la intervención de la Defensoría del Público.

El gobierno de Mauricio Macri no sólo persigue, reprime y expulsa de sus tierras ancestrales a muchas comunidades originarias, ahora también las priva del derecho a la comunicación.

La comunidad mapuche Linares, que gestiona la radio intercultural Newen Hueche –ubicada en el paraje Aukapán de Neuquén-, denunció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presidido por Miguel de Godoy, rechazó “arbitrariamente” el proyecto que presentaron para acceder a la línea de equipamiento del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), previsto en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El organismo alegó falta de documentación con la que sí contaban, llegando al extremo de pedirle dos veces una fotocopia (haciéndolos viajar 650 km hasta la delegación) para rechazarla de todas formas porque se cortaba el anteúltimo renglón.

“Estábamos contentos porque nos dijeron que el proyecto iba a salir, que estaba encaminado, que tengamos esperanzas. Encontrarnos con que no fuimos favorecidos, fue muy injusto”, dijo hoy la autoridad de la comunidad, María Teresa Tripailaf.

La inai lonko opinó además que acción del organismo es “discriminatoria” por ser mapuches y que son considerados “el último orejón del tarro”.

Por su parte, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) solicitó al ENACOM la reconsideración del caso, aclarando en primer lugar que se trata de documentación con la que la organización efectivamente cuenta, y que las comunidades originarias tienen prioridad para acceder al fomento, según el reglamento

“Su eliminación deja a toda una región geográfica (la Patagonia) sin representantes en la selección de la línea equipamiento”, subrayó.

FARCO recordó que, “pese a que los FOMECA son obligatorios por Ley, en el año 2016 no fueron implementados en todo el año, recién en diciembre se efectivizaron las convocatorias y casi un año después siguen sin conocerse los resultados en la mayoría de las líneas. Si hablamos de este año, aun no se han abierto las líneas a concursar”.

Por último, el Foro solicitó a la Defensoría del Público que intervenga para garantizar el cumplimiento del fomento de medios comunitarios, previsto en Ley 26.522.

Fue presentada por el Observatorio Petróleo Sur tras los violentos desalojos policiales en la zona de Vaca Muerta y el grave impacto socio-ambientales. “Sin dudas este último año ha sido el más violento”, agregaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén.

A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petróleo Sur (Opsur) presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén.

Tras la presentación, Opsur espera que a mediados de octubre la ONU se ponga en contacto con el Estado argentino para que garantice los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y dé cuenta cómo hará para mitigar los efectos ambientales del fracking.

Según el Observatorio, se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada –ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales-; y, por otro, “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país.

Para Opsur, esta avanzada tiene que ver con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, en particular “una ola de subsidios al gas no convencional”.

“Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo e investigador Diego Di Risio al diario Página/12.

La elaboración del documento contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative).

“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, contó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”.

Desde la CMN alertaron al diario porteño que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.

La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”.

Más de 150 docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) presentaron, en la ciudad de Neuquén, un documento en apoyo al pueblo mapuche, en el que destacaron la importancia de que "se dé a conocer y sea respetada la preexistencia del pueblo mapuche, sea reconocida como legítima la legalidad y justeza de los derechos territoriales del pueblo mapuche y sea tratada la prórroga de la ley 26.160 para evitar futuros desalojos".

La antropóloga Jorgelina Villareal, en diálogo con la prensa, señaló que "como docentes e investigadores extensionistas venimos trabajando hace muchísimos años y nos preocupaba el tratamiento que se estaba haciendo en los medios de comunicación y las acciones concretas en relación a allanamientos, desalojos y el tema del vencimiento de la ley 26.160".

"Como universidad, estamos asentados en este territorio, que es territorio mapuche en términos de la preexistencia que se reconoce en las constituciones provincial y nacional; en los claustros de nuestra universidad tenemos presencia del pueblo mapuche, y sentíamos la necesidad y el deber ético de poder compartir con la sociedad cuál es nuestra posición como docentes e investigadores, y cuáles han sido los resultados que han arrojado nuestros estudios", explicó Villareal.

La antropóloga hizo referencia a la situación de los seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe a los cuales la fiscalía buscará mañana imputar por el delito de usurpación de tierras en 2014, cerca de Añelo, en el megayacimiento de energía no convencional Vaca Muerta.

"En Campo Maripe el tema es complicado, porque se hizo un relevamiento que en lo que respecta al informe histórico antropológico, en todas las pruebas que se aportaron, no sólo en términos de entrevistas, sino documentación, fotografía, evidencia del terreno, fueron desestimadas por provenir de las ciencias sociales y por suponer que eso no permite comprobar la preexistencia", explicó la investigadora.

Lo hizo la Asociación Americana de Juristas al exponer en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se trató la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el derecho constitucional de los pueblos originarios a “recuperar su territorio ancestral”.

David Ricardo López, integrante de la Asociación Americana de Juristas, señaló su preocupación ante la ONU por la desaparición de Santiago Maldonado y los ataques permanente que sufren las comunidades mapuches por parte del Gobierno de Mauricio Macri, lo que está “generando un clima de violencia en la Argentina”

El jurista colombiano fue el encargado de repasar los antecedentes del caso ante sus compañeros de Comisión de Derechos Humanos, el 19 de septiembre pasado.

En ese marco, recordó que “en el 2015, la comunidad Pu Lof de Cushamen recuperó una porción de su territorio ancestral en el noroeste de la provincia de Chubut disputado por la compañía Tierras del Sur de Luciano Benetton. La recuperación mapuche se produjo en el marco de la Constitución nacional que ordena su restitución y la ley 26.160”.

En enero de 2017, “argumentando el despeje de las vías de un tren turístico que pasa por la Pu Lof, la policía realizó un operativo dejando heridos graves”, mientras que meses más tarde se produjo “la detención ilegal del lonko Facundo Jones y de otros seis mapuches, basada en un pedido de extradición de Chile, cuyo juicio fue anulado por inteligencia ilegal y pruebas conseguidas bajo tortura”.

López detalló que el 1 de agosto, cuando la Gendarmería ingresó a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen “había ocho hombres, dos mujeres y dos niños”, y que “Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido, trasladado en un móvil de Gendarmería rumbo a Esquel”.

A pesar de que su desaparición forzada fue denunciada por la APDH, instruyéndose la causa con pruebas documentales y testimoniales, el Estado argentino “niega su detención, descalificando a los indígenas con medidas discriminatorias y una campaña mediática política de grupos económicos que intentan instalar la idea de que el indígena que lucha por sus derechos es un violento enemigo de la patria para seguir militarizando Chubut, una región disputada por intereses transnacionales, por sus recursos naturales”.

“La ley 26.160 que protege a los territorios indígenas, impide desalojos hasta noviembre de 2017. Mientras el Poder Ejecutivo se niega a continuar con el relevamiento de los territorios y obstaculiza el tratamiento de la prórroga de la norma en el Senado, generando un clima de violencia en la Argentina”, concluyó el jurista ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.