Señalado por ser el máximo responsable de controlar la seguridad del micro que trasladó a los jugadores de Boca al Estadio Monumental, el Ministro de Justicia y Seguridad de Horacio RodrÍguez Larreta presentó su renuncia.
Mientras sigue detenido, José Pedro Potocar presentó su renuncia al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Martín Ocampo. Está procesado como jefe de una asociación ilícita en una causa que investiga el fiscal José María Campagnoli. Había sido defendido por el Jefe porteño de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta.
Potocar presentó su dimisión luego que la Cámara del Crimen de la Ciudad rechazara el pedido de excarcelación solicitado por el policía.
En cuestión de días, Cambiemos perdió a dos de sus principales jefes policiales, ambos sospechados por casos de corrupción. El 9 de mayo, renunció Pablo Bressi a la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como el ministro de Seguridad Cristian Ritondo habían ratificado a Bressi más allá de las graves acusaciones en su contra por parte de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió. La legisladora vinculó al ex comisario con el narcotráfico.
En su despedida, Bressi aseguró: "Agradecimiento infinito a Vidal y Ritondo". Y explicó: "Porque la confianza que depositaron en mí y en el trabajo que tenía que desarrollar fue incondicional desde el primer momento".
Ahora fue el Ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, el que abonó la teoría de que la gente es arriada como ganado a las manifestaciones para desestabilizar. "Hay que dejar de hacer cortes porque ahora hay diálogo", lanzó el macrista.
Tras las repudiables declaraciones de Javier Gonzalez Fraga, quien señaló que se pagaron “500 pesos, vino, coca cola y choripanes” si concurrían a la marcha a la Plaza de Mayo el pasado viernes, Cambiemos redobla la apuesta. Ahora habla de gente arriada a los piquetes.
En esta oportunidad fue el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien afirmó que "mucha de esta gente es llevada a los cortes y no saben por qué están en esa protesta", en referencia a los últimas protestas contra la gestión de Mauricio Macri.
"Mucha de esta gente es llevada a los cortes y no saben por qué están en esa protesta. Tenemos que salir del sistema prebendario y de los cortes sistemáticos porque ahora hay diálogo", aseguró el ministro en declaraciones a radio Nacional.
Con respecto al uso de la fuerza policial para reprimir los piquetes y cortes de calle, Ocampo precisó que "no abdicamos del monopolio de la violencia que tiene el Estado. Es el último recurso, pero existe".
Y agregó: "Hay que aplicar el diálogo y al que esté fuera de la ley, aplicarle el rigor de la ley. Vamos a seguir intentando el diálogo y después, si cometen ilícitos, actuará la Policía".
Organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país. Para disimular, ayer la Dirección de Migraciones cambió en su página web el comunicado que anunciaba el convenio bajo el título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”.
“Era el año 2010 y Mauricio Macri todavía iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria argentina: Tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, Macri responsabilizó de los hechos a la “inmigración descontrolada”. Con esa concepción, el gobierno nacional firmó ahora un convenio con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”, subrayó ayer Página 12, en una nota destacada sobre el tema.
El 19 de agosto pasado, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.
Así detalla Página 12, medio que consultó a Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS. Este explicó que la ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. Morales subrayó que la nueva interpretación del Gobierno implica “una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla”.
Amnistía Internacional afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”. El organismo expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.
Este cambio de actitud también despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Álvaro García Linera, de visita esta semana en el país, donde recibió el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
“Este Gobierno quiere romper todo lazo con los países hermanos de la región. Está teniendo una actitud servil con Estados Unidos para que no haya visa mientras quiere meter presos a los latinoamericanos”, advirtió el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.
Un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”. “De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”, alertaron.
El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. La Policía Federal, dependiente de Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”. Previamente se realizarán “tareas de refacción y reconstrucción” del lugar.
Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.
