Un escandaloso convenio firmado entre la Corte y la AFI al que accedió el portal Nuestras Voces revela que los espías siguen teniendo el control operativo de las escuchas, lo que le permite al Poder Ejecutivo acceder al contenido de las conversaciones intervenidas y facilita la filtración de escuchas de los enemigos políticos del Gobierno. El oscuro rol de Martín Doctrina Irurzun.

La oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema firmó un convenio con la AFI que sentó las bases para el regreso de los servicios de inteligencia al (des)control de las escuchas judiciales y habilitó específicamente el accionar de la casa de los espías en escuchas directas como las que hicieron sobre CFK y Oscar Parrilli. Este es el telón de fondo que tanto la Corte como el Gobierno ocultan a la hora de echarse culpas sobre las filtraciones teledirigidas de escuchas de opositores a los medios y voceros oficialistas.

El convenio fue firmado el 11 de julio de 2016, a pocos meses de que la Corte se hiciera cargo de las escuchas telefónicas. Un pase de manos que, vale recordar, fue ordenado por Macri.

El convenio tiene 18 puntos. El décimo sexto es clave para comprender la operación en la que escucharon y luego filtraron las conversaciones de CFK y Parrilli. Según consta en el informe sobre estas filtraciones que elaboró el juez Martín Doctrina Irurzun, puesto a dedo de forma irregular por la Corte al frente de la dirección de escuchas, el pinchazo al celular de Parrilli lo realizó en forma directa personal de la AFI. Hasta la gestión Lorenzetti de las escuchas, la AFI no podía realizar escuchas de forma directa en una causa como esta. De hecho, el artículo 18 de la Ley de Inteligencia establece que si la AFI tiene que hacer una escucha debe pedir autorización al juez. Aquí sucedió lo contrario: fue el juez Ariel Lijo el que requirió, según el informe de Irurzun, que las escuchas las hiciera la AFI. El convenio entre la oficina de la Corte y Arribas lo permitió. “La Dirección se compromete a arbitrar los medios para permitir a la AFI realizar escuchas directas autorizadas judicialmente (…) requeridas judicialmente en causas de su competencia”, dice el convenio.

Lo que no explican, sin embargo, son varias cosas. El juez Lijo ordenó las escuchas directas en una causa vinculada al narco Ibar Pérez Corradi cuando éste ya estaba detenido. Ergo, no había ninguna urgencia para escuchas a Parrilli online. Pero, lo que es más grave, había menos justificación aún en otorgarle la tarea a la AFI, algo que pidió Lijo y que autorizaron Irurzun y sus compinches. La deducción es clara. La AFI, sucesora de la SIDE, depende directo de Macri. Por ende, la escucha directa a CFK y Parrilli quedó bajo el control de una dependencia del Poder Ejecutivo.

Que vuelvan los espías

Nuestras Voces confrontó el convenio con la fiscal Cristina Caamaño, un ex funcionario de la AFI y una integrante de una organización que monitorea el rol de los servicios de inteligencia. Todos coincidieron en que se trata de una restauración del poder de la vieja SIDE por sobre las escuchas telefónicas. Estos materiales son la moneda de cambio en las relaciones promiscuas entre servicios de inteligencia, sectores judiciales y los medios hegemónicos.

“Este documento vuelve a la promiscuidad que se intentó derogar cuando le sacaron las escuchas a la AFI”, afirma la fiscal Cristina Caamaño, que estuvo a cargo de las escuchas telefónicas durante el breve período que estuvieron bajo la órbita de la Procuración General de la Nación que conducía Alejandra Gils Carbó. A diferencia de la actualidad, durante la gestión de Caamaño no se registraron filtraciones de escuchas a medios. Con la decisión de Macri de entregarle las escuchas a la Corte y el retorno a las oficinas de avenida de Los Incas 3834 de personal de la casa de los espías las cosas cambiaron.  La consecuencia es que las filtraciones llegaron a magnitudes que no sólo contrastan con la gestión de Caamaño. Aún en la oscura historia de la Dirección de Observaciones Judiciales que manejaba la SIDE, más conocida como la “OJOTA”, no se recuerdan casos de filtraciones a medios oficialistas de conversaciones de opositores políticos y, menos aún, de una ex presidenta.

“Es una restauración del poder de la AFI que el Ministerio Público Fiscal trató de limitar”, resume Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización que integra la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI).

Trabajar en equipo

Uno de los puntos centrales del convenio entre la oficina de la Corte y la casa de los espías es acorde a una de las muletillas del merchandising de Cambiemos: el trabajo en equipo. Este es uno de los ejes centrales del convenio que firmaron el juez Doctrina Irurzun y el amigo presidencial Arribas.

Así quedó establecido en el primer punto del convenio: “Las partes convienen mantener el personal de la AFI”. Mientras durante la gestión de la fiscal Caamaño se buscaba desprenderse del personal de inteligencia a medida que se capacitaba a nuevos miembros de la DICOM, la Corte directamente los mantiene adentro. El detalle, que también funcionaba durante la etapa anterior, es que los agentes de inteligencia que siguen en esta oficina cobran su sueldo de la AFI y los rigen las leyes que regulan al personal de inteligencia. La pertenencia, por ende, es clara.

El punto cuarto refuerza la presencia de la AFI en la oficina de la Corte. “La AFI se compromete a prestar soporte técnico, funcional y operativo a la ‘Solución Informática’ con el que opera la Dirección, hasta tanto el personal técnico del Poder Judicial de la Nación pueda hacerlo de forma autónoma”, convienen. Consultada sobre este punto, al fiscal Caamaño afirmó que, en su gestión, ya se había logrado esa autonomía con nuevo personal de la Procuración General de la Nación. El acuerdo actual indica el retorno de agentes de inteligencia al área. El punto sexto vuelve a reforzar la “asistencia” de la AFI en cuestiones operativas de la oficina de escuchas pese a que en la gestión anterior ya no participaban.

El convenio está orientado al trabajo conjunto. Establece, por ejemplo, que la Dirección le enviará información estadística a la AFI, algo que no sucedía antes. La fiscal Caamaño sostiene: “Nunca nos comprometimos a trabajar juntos, al contrario”.

Uno de los puntos críticos es el décimo quinto, donde “las partes se comprometen a evaluar la conveniencia y factibilidad técnica de la adquisición de un software a través del cual puedan generarse parámetros de alerta y de búsqueda en el marco de las captaciones de telecomunicaciones que son ejecutadas en la órbita de la Dirección, y que permitan, previa autorización judicial, dar aviso a la Agencia en caso de detectarse parámetros que pudieran encontrarse vinculados a sus funciones”. Traducido, los jueces hacen las escuchas y se las pasan a los espías cuando les parece que son de su interés.

Pero el punto sigue, y plantea que van a evaluar al compra de equipos para “ampliar la capacidad operativa de la Dirección y hacerla extensiva a nuevas tecnologías de comunicaciones”. Es decir, equipos para interceptar no sólo las llamadas telefónicas sino todo lo que pase por un celular.

La SIDE paralela

Designación a dedo de sus autoridades, ampliación de sus funciones mucho más allá de las escuchas, aumento de personal y duplicación del presupuesto, convenios para acceder a las bases de datos del Estado y controles nulos son algunas de las principales características que, como reveló Nuestras Voces en diciembre pasado, hacen de la oficina de escuchas una SIDE paralela bajo el ala de Lorenzetti y sus huestes.

El convenio firmado entre la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial y la AFI muestra las complicidades en el armado de esta estructura de inteligencia cuyas lealtades, ahora, parecen quebradas.

El convenio tiene cuatro firmas. Por la AFI figura Arribas, su director general. Por la dirección de escuchas telefónicas de la Corte lo hacen los jueces Irurzun y Javier Leal de Ibarra y el secretario letrado Juan Tomás Rodriguez Ponte. Tal como informó Nuestras Voces, Irurzun y Leal de Ibarra fueron nombrados a dedo por Lorenzetti, quien informó de un sorteo para designarlos, del cuál no existen pruebas. Macri no quedó afuera de esta irregularidad. El nombramiento era por un año pero decidió extenederlo a tres vía decreto. El caso de Rodriguez Ponte da cuenta de la influencia del juez Ariel Lijo en el asunto, ya que se trata de su ex secretario y persona de confianza. Que el eje del conflicto actual sean las escuchas telefónicas a Parrilli ordenadas por Lijo y realizadas por personal de la AFI muestra las consecuencias de esos nexos.

Fuente: Nuestras Voces

Autor: Ari Lijalad

Link del Convenio: https://es.scribd.com/document/375090731/Convenio-AFI#download&from_embed

Por Luis Sayavedra

Teresa García preside desde diciembre del año pasado el bloque de Senadores de Unidad Ciudadana. Oriunda de San Isidro, lugar donde nació, representa una de las voces más críticas en la Legislatura bonaerense a la gestión de la gobernadora. “Vidal está blindada mediáticamente” dice y retruca: “pretende que los proyectos se discutan de espalda al pueblo”.

En su extensa trayectoria militante, “Tere”, como la llaman sus allegados, ocupó los más diversos roles. Fue diputada provincial entre 1991 y 1999, Secretaria de Producción de la Provincia (2000-2003) y Secretaria del Interior de Nación hasta 2005 cuando asumió como diputada nacional. En el Congreso, intercaló sus mandatos con la designación como Secretaria Parlamentaria del bloque del FPV, tarea que le encomendó la entonces presidenta Cristina Kirchner tras la derrota electoral del 2009. En esa función, fue la interlocutora con la oposición en tiempos donde el kirchnerismo era minoría.

En su despacho del primer piso del edificio del Anexo de Senadores, ubicado en 7 y 49 de la ciudad de La Plata, Teresa García admite que es difícil reacomodarse en “una Legislatura que muchas veces es una campana de madera que no suena en ningún lado”. Acaba de recibir a un grupo de trabajadores despedidos del INTI y afuera, en la calle, resuenan los bombos y los cantos de una marcha de estatales. “Necesitamos una articulación entre la lucha de los trabajadores y nuestras iniciativas para imponer sus reclamos en la agenda política” afirma con seguridad.

En una entrevista exclusiva con Primereando, la titular de la bancada de Unidad Ciudadana plantea su postura con respecto al rol de la oposición. “No me importa la cantidad de bloques, me preocupa cuando esos legisladores votan en contra de la gente. Fueron electos para ser oposición y deberían cumplir ese mandato” asegura.

Además, García se refirió al proceso de unidad en el peronismo de cara al 2019. Reconoce que su visión personal es “políticamente incorrecta”. “No me une nada con aquellos que votaron con el gobierno a favor de los fondos buitres” advierte y plantea que “antes de una unidad formal en un frente electoral, hay que tener acuerdos de fondo”. En ese esquema, valora de manera positiva el acercamiento con dirigentes del Frente Renovador, como Felipe Solá o Daniel Arroyo, que “no quieren seguir siendo parte de la estrategia funcional al gobierno de Macri que encarna Sergio Massa”.

En la última sesión del Senado, lograron que el oficialismo desistiera de tratar sobre tablas algunas iniciativas, como las prórrogas de las emergencias, para ser discutidas en comisión. ¿la idea desde el bloque para este año es que se debatan los proyectos sabiendo que Cambiemos tiene el número para aprobarlos?

Ya lo dijimos en diciembre del año pasado. La conformación de este bloque se inauguró con una serie de proyectos con tratamiento sobre tablas. No habían pasado por ninguna comisión. Lo que planteamos como metodología de trabajo legislativo es que los proyectos de ley tienen que ir a Comisión para ser discutidos. Ellos tienen mayoría en las comisiones. Lo que no quieren es que se exhiban públicamente los temas. Si a ellos los eligieron para gobernar, a nosotros nos eligieron para ser oposición, para controlar en la legislatura y ver las medidas de gobierno que toman. Para eso hay que exhibir los temas, la gente tiene que conocerlos. Es lo que no quisieron hacer en diciembre. Así se llevaron puestas las jubilaciones del Banco Provincia, la aplicación de Ingresos Brutos a las Cooperativas y las modificaciones de la Ley del Ministerio, que implicó el despido de trabajadores del Estado. Nosotros hicimos un fuerte reclamo entendiendo que era la última sesión del año, y además en paralelo con la catástrofe de la Reforma Previsional en Nación y la represión en la calle, que también se reprimió en la ciudad de La Plata mientras nosotros sesionábamos. Así que planteamos con mucha dureza que no íbamos a permitir iniciar un año legislativo sin tratamiento en las comisiones porque es una manera que la gente comprenda y se entere qué proyectos de ley se tratan. Los proyectos de ley o las políticas de Estado no deben ser cuestiones secretas. Criticaban mucho a Cristina por las cadenas nacionales. Fue la única presidenta en la etapa democrática que explicaba las medidas de gobierno porque sabíamos que no iba a salir en ningún medio.

Venís de un rol en el Congreso Nacional donde eras la interlocutora, en representación del oficialismo, con la oposición para que avancen los proyectos, en muchas ocasiones con un escenario adverso siendo minoría. ¿Cómo te reacomodas a este nuevo rol opositor y en un escenario provincial donde muchas veces los temas no impactan en la agenda política?

Tengo muchos años de militancia y gestión provincial. La conozco perfectamente a la Provincia. Siempre escuché un comentario sobre la legislatura de la Provincia que es muy triste, que dice que “es una campana de madera que no suena en ningún lado”. Y efectivamente era cierto, porque grandes atrocidades se han cometido en estos dos años en la Provincia de Buenos Aires. Y en verdad son pocos los lugares donde se hayan reflejado el cierre de escuelas rurales o el Bachillerato de adultos. En Nación la agenda se visibiliza más fácil, porque siempre hay un periodista de un medio nacional, que aún para criticar, se refería a los proyectos que se estaban tratando. Eso tenía un reflejo y la sociedad podía enterarse de las discusiones, como se enteró ahora de la reforma previsional porque hubo legisladores de la oposición que expresaron su postura, eso se reflejó en la calle, y la gente tomó conciencia y es uno de los factores que produjo la caída de imagen del gobierno.

En el caso de la Provincia, hay otra cuestión y es que la gobernadora está blindada mediáticamente. El uso de la pauta publicitaria es enorme. Una gran cantidad de medios no reflejan la opinión de la gobernadora con temas graves, como el ARA San Juan, el escándalo de Triaca, no muestran sus opiniones.

Y también sucede que a veces hay sectores de la oposición que están auto silenciados.

A mí no me importa la cantidad de bloque que haya en la Legislatura de la Provincia. Puede haber 10 bloques del peronismo. Lo que sí me preocupa es cuanto los legisladores de esos bloques votan en contra de los intereses de los trabajadores. Todos esos legisladores fueron en una boleta que la gente eligió para que sean oposición a este gobierno, sino la hubieran votado a María Eugenia Vidal. Sin embargo, el 37 por ciento de los bonaerenses votaron la boleta que encabezaba Cristina. Todos los legisladores deberían cumplir ese mandato. Los eligieron para ser oposición.

¿Por qué crees que esos legisladores que fueron votados por la lista de Unidad Ciudadana hoy acompañan las iniciativas del gobierno?

Por la misma razón que muchos gobernadores que fueron por nuestro espacio, inmediatamente de terminada la elección, empezaron a opinar negativamente del espacio que los llevó a la gobernación como también de la figura de Cristina. Ves a Urtubey (gobernador de Salta) o a Bertone (gobernadora de Tierra del Fuego) en la cumbre de Davos hablando de facilitar la gobernabilidad. Y la pregunta es ¿Cuál es la gobernabilidad cuando tienen a los habitantes de sus provincias hambreados, con menos ingresos por la reforma previsional? Fue un acuerdo político con Macri para obtener recursos que nunca les llegaron. Porque hay que ver la crisis que tiene Tierra Del Fuego. Y además esos acuerdos han sido hechos con el costo de la desgracia de los trabajadores. Entonces, ingresan a la gobernación por un espacio político que manifiesta con claridad lo que quiere para el país, luego se retiran de ese espacio y acuerdan con un gobierno liberal en función de una gobernabilidad para ellos porque nunca le llega al pueblo.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires es asimilable a la Nación. Hay intendentes que, por la supuesta gobernabilidad, han firmado la adhesión al pacto fiscal que los van a limitar y obligar a situaciones que van a dejar a los vecinos de sus distritos en muy malas condiciones, en especial los trabajadores del Estado. Con esos acuerdos con Vidal y el Jefe de Gabinete Federico Salvai, no se dan cuenta que van a correr el destino de Bertone, de Urtubey que perdieron las elecciones en sus provincias. El pueblo argentino ha demostrado ser sabio a lo largo de la historia y sabe identificar con claridad quienes están a favor de las necesidades de la gente.

Es cierto que la gestión de Vidal tiene un blindaje mediático. Sin embargo, la gestión Daniel Scioli ha sido mala en muchos aspectos y eso dejó una vara baja, que fue aprovechada por la actual gobernadora para dar respuestas a demandas históricas en la Provincia.

Comparto que la gestión anterior fue pésima. Tuvo muchos recursos del gobierno nacional que no fueron bien utilizados. No se tuvo una política energética en el interior de la Provincia donde existen las cooperativas como prestadoras del servicio. No hubo una política en materia hídrica, actualmente hay sectores de la Provincia que sufren las inundaciones. No se ha tenido una política de mejora de caminos rurales y fundamentalmente no hubo una planificación de un crecimiento productivo. Está muerto el sector lácteo, los tambos de la cuenca del Salado están en crisis. Al no haber una política integral, donde había que fortalecer las regiones que iban creciendo productivamente para mejorar el servicio educativo y de salud, de tal manera de asentar población con igualdad de oportunidades, tenemos una migración de los sectores rurales al segundo cordón de los cascos urbanos hoy empobrecidos. Esto ha sido por falta de política productiva y de integración de la población.

Coincido con que han dejado la vara tan baja que hoy una gobernadora con una sonrisa angelical puede decir: “yo le doy lucha a las mafias”. Y no es verdad. Son distintos sectores de las fuerzas de seguridad que confrontan entre sí, a veces ganan unos. Se desafectan comisarios.

¿No crees que se subestimó la figura de Vidal? Cuando comenzó su gestión, muchos sectores del peronismo planteaban que no conocía la provincia y que no iba a poder gobernarla.

Yo nunca dije eso. Es cierto que quizás no podía conocer acabadamente la Provincia, ella no se dedicó al trabajo territorial en la Provincia. Pero eso no quiere que en 3 meses no pueda conocerla. Basta con estudiarla, ir a las regiones y tener la temperatura del faltante. Muchos sectores del peronismo tuvieron una visión equivocada con respecto a lo que planteas. Yo digo que Vidal es a imagen y semejanza de Macri el mismo modelo en la Provincia. El retiro del Estado en la cosa pública. Me gustaría ver a Vidal acudiendo a la Corte para impedir que la cadena Farmacity, de Mario Quintana, ingresara a la Provincia de Buenos Aires. La Ley de Farmacias es una de las mejores leyes que tenemos. Está atada a la salud pública de manera impecable. El día que entre Farmacity va a poner en riesgo cada farmacia, que hoy es una asistencia en el pueblo donde existe. No entiendo como la gobernadora no defiende los intereses de los bonaerenses. ¿Será que a lo mejor los intereses de Quintana con Macri la condicionan?

¿Es posible generar instancias de articulación con otros sectores de la oposición, como el Frente Renovador, para dar pelea en estos temas?

Es imprescindible que eso suceda. Desde diciembre hay un rumor de que quieren modificar el Instituto de Previsión Social (IPS). Hacer depender el IPS del Anses sería un desastre. He hablado con senadores que no son de nuestro bloque que se han manifestado en contra. Estimo que frente a leyes de tanta envergadura como esas, van a votar correctamente. No creo que haya tanto condicionamiento sobre sus municipios para que tengan que votar con el gobierno.

En el plano político y pensando en las elecciones de 2019, se habla mucho de la necesidad de la unidad del peronismo. Participaste del acto la Pedrera, en San Luis. ¿Qué implica esa unidad, cuál es tu postura?

Soy políticamente incorrecta con el tema. No creo que con la unidad se resuelve el problema. Podemos tener una unidad con todos los sectores del peronismo y sería una oferta electoral interesante. En ese esquema, tendríamos que incluir a los que votaron a favor de los fondos buitres. La desgracia con este gobierno comenzó el día que votaron esa ley y permitieron que el país comenzara a endeudarse nuevamente y el FMI nos volviera a condicionar. Personalmente no me une nada con dirigentes políticos que cuando asumió Macri entendieron que había que acompañar este proceso, inteligentemente, porque ninguno es tonto y sabían que era el camino sin retorno de un camino liberal. Hay dirigentes que dicen que, sin unidad, el peronismo no gana. Yo comparto. Tenemos que estar todos juntos los peronistas, junto a los compañeros de organizaciones sociales y de otras fuerzas políticas que componen Unidad Ciudadana, pero todos los que pensemos que hay que hacer determinadas cosas. Porque imaginemos ganar en 2019 y gobernar con los que creen en caminos distintos. ¿Cuáles son los intereses que van a defender? ¿En base a lo que votaron estos dos años y medio junto al gobierno? Me parece que antes de la unidad formal en un frente electoral, lo que hay discutir es que vamos a hacer con la deuda, si vamos a hacer un plan de pagos similar al de Néstor, cuál va a ser el rol de la industria nacional, que vamos a hacer con las importaciones, tenemos que tener acuerdos de fondo.

Hay muchos dirigentes del peronismo que después de que perdimos las elecciones, repetían como loros que había que terminar con la política de subsidios. Hoy uno de los grandes problemas es que la gente ya no puede pagar semejantes tarifazos.

A mí no me interesa cuantos años de afiliado tiene el compañero con el que discuto, lo que si me importa es que intereses va a defender. Y eso tiene que ver con la unidad del peronismo. Yo descuento que vamos a ir la mayor cantidad de peronistas juntos, todos los que armamos Unidad Ciudadana vamos a estar, y seguramente vendrán compañeros que hoy están con el Frente Renovador y con el PJ más tradicional.

En ese esquema, ¿hay sectores del massismo que pueden llegar a acercarse?

Ya hemos visto algunas intenciones como el caso de Felipe Solá en Capital Federal junto a otros dirigentes compartiendo espacios. El propio Daniel Arroyo. Hay compañeros que hablan con dirigentes del massismo. Porque además de darle vergüenza ser parte de la estrategia funcional al gobierno que encarna Sergio Massa, todos construyen política a futuro y todos saben el futuro que se avecina.

Entonces, pensando en el 2019 ¿Qué tienen que modificar para revertir el escenario político con resultados desfavorables en las últimas dos elecciones?

La apuesta del gobierno es conformar la misma estrategia que tuvo en el 2017, que es desarmar al peronismo, armando un PJ con Florencio Randazzo y otros sectores, apuntando que a que no fueran parte de Unidad Ciudadana, porque necesitan una tercera alternativa para poder ganar. Ellos ven que, en un escenario de tres tercios, pueden ganar en 2019. Nosotros entendemos que el castigo que está sufriendo la gente, con los despidos, los tarifazos y la inflación, va a ser consciente de sus elecciones. Después de que falleció Néstor y con Cristina dando las batallas en el gobierno, sobre todo en la 125, que fue cuando se exhibió la cara del poder económico y que sucede cuando uno quiere construir poder con la sociedad. A partir de ahí, hubo una decisión de terminar con los movimientos nacionales y populares no solo en nuestro país sino en toda la región.

Cuando el poder es transferido al pueblo, los que han concentrado el poder ocultamente durante tantos años, lo pierden. Y es una tensión lógica que se da en la política.

Después hay que corregir errores que hemos tenido. Tendríamos que haber discutido de otra forma el impuesto a las ganancias. Deberíamos haber tenido otro tipo de relación con los sectores gremiales porque los trabajadores son la columna vertebral de este país. Y también una política de comunicación mucho más acorde a los momentos que vivíamos.

No quería dejar de preguntarte sobre el rol de la mujer en la política. Con tantos años de militancia ¿cómo has vivido el machismo en el ámbito político?

El peronismo siempre ha tenido actitudes machistas, sobre todo los sectores sindicales. Fueron muchos años de lucha. En el año 1993 cuando se sancionó la ley de Cupo significó la posibilidad de que sentaran en las bancas el 30 por cientos de las compañeras. Fue un gran avance. Estos últimos años, con el movimiento de mujeres y las enormes movilizaciones se han visibilizado muchos temas. Hace 30 años no se hablaba y no se exhibían públicamente las situaciones de violencia de género. Hoy las jóvenes lo hacen con una naturalidad suprema y eso es maravilloso. En la política está bien claro que las mujeres discutimos a la par de los compañeros. Hay otros lugares donde las mujeres estamos ausentes. En el gobierno de la Provincia de Buenos no hay mujeres en el gabinete. En la justicia tampoco. Ni hablar en las representaciones empresarias, en la UIA o Carbap. Hay una crisis de representación femenina en todos aquellos sectores que no son de la política, porque estamos en batalla permanente hasta que se conquistó el uno y una en la conformación de listas. En los gremios hay una situación similar. Uno ve la cúpula de la CGT y son todos hombres. Sin embargo, cuando se hizo la movilización el año pasado, quienes empezaron a cantar por la fecha del paro fueron 5 mujeres de la UOM. Hay una existencia real de mujeres con mucha fuerza en la construcción diaria de las políticas gremiales que no están reflejadas en los lugares de decisión. En la política lo estamos discutiendo, no nos va mal.

El intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, se distanció del Gobierno nacional al que responsabilizó por la situación de desempleo en la ciudad costera. Según el Indec, la desocupación llegó al 9,3%: es el distrito en peor situación de todo el país.

“Yo no manejo el costo del dólar, el de importaciones o exportaciones y todo eso tiene que ver con el problema de la ocupación y desocupación”, aseguró Arroyo, que integra la alianza Cambiemos.

“El desempleo es un problema nacional, que depende de la economía nacional, no tanto de la local”, siguió en declaraciones a la prensa.

De fondo, está la pelea que Arroyo mantiene con la gobernadora macrista María Eugenia Vidal, quien prefiere a un dirigente más cercano como candidato en Mar del Plata en 2019. De hecho, Vidal realizó visitas a la ciudad sin avisarle a Arroyo ni mostrarse con el jefe comunal. Esa pelea, por ahora silenciosa, tendrá nuevos capítulos.

En la reunión de la Comisión Bicameral Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino Ara San Juan en la cual participaron familiares de los tripulantes, la hermana de uno de ellos se plantó ante los diputados y senadores, y dijo lo que todos omitían sobre la ausencia de respuesta por parte del ejecutivo nacional.

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Fuente: Diario K

El Presidente se comunicó con una mujer que compró su casa propia en Mendoza, pero varios detalles muestran que la comunicación estuvo premeditada.

Macri llamó a Cecilia, una mujer que se compró un inmueble mediante un crédito de los UVA. La comunicación, que fue presentada como espontánea, mostró que fue premeditada: había una cámara dentro de la vivienda de la mujer, quien además recibió el llamado de Macri en su propio celular.

Tras el diálogo la mujer llora, agradece el llamado y se muestra sorprendida. En Facebook los usuarios criticaron a Mauricio y el acceso al plan por ser restrictivo.

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Fuente: El Destape

A través de un borrador realizado por los ministros de Hacienda y Modernización se busca que los estatales puedan desvincularse de sus puestos por voluntad propia.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, indicó que en 2018 se implementaría el plan de jubilación anticipada y luego, un plan de Retiro Voluntario para reducir la planta del Estado.

El borrador que Ibarra y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne propusieron para que el presidente Macri firme como decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018 fue publicado este martes por La Política Online.

El decreto -que guarda un parecido notable con la de Retiro voluntario que implementó en enero Rosana Bertone en Tierra del Fuego- y que, de acuerdo a lo anunciado por Ibarra debería rubricarse antes de fin de mes, prevé que los empleados -esencialmente los administrativos- puedan desvincularse de sus puestos por propia voluntad bajo un régimen que prevé tres tipos de incentivos de acuerdo a la edad del trabajador. De todos modos, los ministros y secretarios conservan la potestad de "rechazar la solicitud del Retiro Voluntario por razones de servicio".

En primer término, para aquel empleado de 65 años o más que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria, el decreto bajo su redacción actual, le ofrece la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales "no remunerativas" equivalentes a su salario neto.

Por otra parte, para aquellos que tengan 60 años, pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.

El tercer caso es el de los menores de 60 años de edad para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% del salario.

Aunque se trate de pagos no remunerativos, el decreto establece quienes se acojan al plan de Retiro Voluntario "continuarán gozando de la cobertura médica asistencial de obra social durante el plazo de percepción de las cuotas o hasta la obtención del beneficio previsional, lo que ocurra primero, según lo determine la reglamentación".

Por otra parte, al establecer que se trata de cuotas no remunerativas, no establece mecanismos para que las personas en edad de jubilarse, pero sin los años de antigüedad cumplidos, puedan completarlos para acceder a una jubilación de forma ordinaria.

El decreto prevé en su artículo 7º que "el Retiro Voluntario dejará de abonarse luego de SEIS (6) meses de iniciado el trámite jubilatorio o al momento de su otorgamiento, lo que ocurra primero".

En todos los casos, aquel que se sume al régimen de Retiro Voluntario, no podrá volver a ser incorporado a la planta estatal en un período de cinco años.

La normativa también establece en su artículo 2º que no podrá adherir a este Régimen ni el personal policial, ni de las Fuerzas Armadas, ni de Inteligencia. Tampoco aquellos "que se desempeñen en un cargo docente, profesional de la salud, del servicio exterior o científico técnico", ni los que estén sumariados, procesados, jubilados -o con trámite iniciado- ni "en situación de disponibilidad".

Los retiros voluntarios abarcarán a los empleados de los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la ANSES como a la AFIP, entre otros organismos públicos.

Se trata de unos 208.000 agentes públicos, pero se estima que el universo en condiciones de acogerse sería de 80.000, y podrían adherirse entre 3.000 y 5.000 empleados públicos, que no podrán ser reemplazados.

El plan de retiros contemplará la percepción de ingresos por dos o tres años, según el caso. El nuevo régimen de retiros estaba previsto en el artículo 109 de la ley 27.431 de presupuesto 2018.

Sigue cayendo todos los indicadores del Gobierno de Mauricio Macri en relación a la valoración y la expectativa de la sociedad. Todos los índices muestran los peores números en lo que va de gestión amarilla. La inflación y el desempleo acaparan el 50% de las preocupaciones de los argentinos.

El sondeo fue realizado por la consultora Synopsis en todo el país. La imagen positiva está en el 35%, uno de los porcentajes más bajo desde diciembre de 2015. Por su parte, 41% tiene una valoración negativa de la administración de Cambiemos. El dato positivo para el macrismo, es que en marzo se dio la caída más leve desde diciembre pasado. Como sea, en octubre de 2017 la imagen positiva llegaba al 51,6%.

Sobre las expectativas a futuro, la encuesta reveló que el 45% de la sociedad cree que la situación económica del país estará peor el año próximo. Se trata del número más alto desde diciembre de 2015. Por su parte, sólo el 28,5% cree que estará mejor. Con respecto a su situación personal, solo el 22% opinó que mejorará dentro de 12 meses.

El sondeo, además, preguntó sobre el rumbo económico elegido por el macrismo. Desde octubre de 2017 a marzo de 2018 cayó notablemente el acompañamiento de las medidas del Ejecutivo. Ahora, sólo el 18,9% cree que el rumbo es el correcto. En cambio, el 41,7% considera que se tomó un camino equivocado. En el medio, crecen los que dudan: pasó del 28% al 35% en los últimos 5 meses. Como suele ocurrir, el rechazo al macrismo crece notablemente entre las personas menores de 40 años.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) señaló que en 2018 “habrá una mayor brecha de desigualdad”, advirtió que no hay mejoras estructurales y proyectó un aumento de la pobreza si no crece el empleo. “Falta plata en los sectores más populares y sobre todo del Conurbano”, aseguró.

Salvia repasó primero los números de la pobreza durante los dos años de Cambiemos. “En los números uno diría creció la indigencia, creció la pobreza, entre 2015 y 2016, y en 2017 a raíz de una retracción de la inflación y un lento crecimiento de algunos sectores del empleo logramos volver de alguna manera parecida a la situación que se tenía en 2015”.

“Lo que tenemos es una recuperación de la situación de los sectores medios bajos que habían caído en la pobreza en 2016, y una profundización, una mayor brecha de pobreza en los sectores más pobres, que efectivamente quedaron retrasados no sólo por la cuestión del mercado interno sino que los programas sociales no van alcanzando para cubrir el riesgo inflacionario, y están un poco más pobres que antes”, agregó.

El titular del organismo utilizado como fuente por la oposición durante las gestiones kirchneristas, reiteró que “el 2016 fue desastroso y crítico” y aseguró que actualmente “no mejoramos”.

“La pobreza estructural se resuelve con más empleo, pero las inversiones están rezagadas. El mercado interno está rezagado. Por lo tanto nada vislumbra que va a haber un cambio cualitativo en este año para mejorar”, dijo, aunque también agregó que “nada muestra que se vaya a agravar en forma explosiva”.

Salvia precisó que “es posible que en el primer trimestre haya subido la pobreza, en el segundo o tercer trimestre devendrán los aumentos de las paritarias y programas sociales y jubilaciones, lo cual en parte va compensar la pérdida sufrida en el primer trimestre, y volverá la situación que teníamos a fines del año pasado”.

En el mismo sentido, explicó: “Por eso en el segundo semestre en tanto haya una mejora en crecimiento y empleo podrá bajar algún punto la pobreza. La indigencia seguirá en los niveles que tenemos porque esos segmentos seguirán aplacados porque no hay consumo interno, falta plata en los sectores más populares y sobre todo del Conurbano, eso haga que haya menos movimiento económico, menos changas. La situación será de transición, tal vez un punto más o un punto menos de pobreza, pero volvemos a decir no hay cambios cualitativos en cuanto a la baja“.

“Puede haber mayor dinamismo en el sector más exportador, en los sectores más concentrados, y rezago en los sectores de consumo interno. Y eso marcará una mayor brecha de desigualdad. Esto estuvo ocurriendo en 2016/2017, y seguramente va a ocurrir en 2018”, agregó.

Sobre las paritarias con techo oficial del 15% y una inflación proyectada en 20% o más, indicó que impactará en una nueva pérdida del poder adquisitivo. “Esos 5 puntos se van a producir en pobreza, o habrá que ver la otra ecuación que pretende el Gobierno de creación del empleo para compensar la pobreza”.

“Si no crece el empleo o crece muy raquiticamente a fines de este año, tendremos 1 o 2 puntos más de pobreza”, concluyó.

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Fuente: Diario Pulse

Luego de la visita del presidente Mauricio Macri a un colegio rural de Florencio Varela, autoridades del establecimiento criticaron que la actividad haya sido sin un anuncio previo. “Ojalá le hubiéramos podido plantear al presidente la cantidad de problemáticas de nuestra escuela y que conozca las críticas condiciones de vida de los jóvenes y niños que asisten” cargaron desde la comunidad educativa.

Primereando Las Noticias se comunicó con Ignacio Concetti, Director de la Secundaria N° 55, para conocer su opinión sobre la visita del presidente al establecimiento ubicado en el barrio Villa San Luis del partido de Florencio Varela. “Una visita de estas características siempre requiere de un aviso previo. Nos hubiera gustado saber de su llegada porque somos testigos del deterioro económico y social en la vida cotidiana de los chicos” fue la respuesta del director de la Secundaria a la que asisten más de 300 chicos de una zona rural.

“A nuestra escuela asisten chicos que entre sus familias deciden quien viene y quien no porque los hermanos comparten zapatillas. Alumnos que no tienen ingresos para acceder a un guardapolvo” sostuvo Ignacio Concetti en diálogo con este medio, quien unas horas antes publicó en las redes sociales un duro mensaje contra el presidente: “El responsable de la falta de trabajo de los padres de nuestros estudiantes visita nuestra escuela sin anunciarse, sin obras ni mejorar para la comunidad”.

Consultado sobre la situación laboral y económica de las familias de la zona donde se encuentra ubicado el establecimiento educativo, el Director de la Secundaria expresó: “Trabajamos en una zona rural, en donde el pequeño productor está sufriendo un impacto negativo en sus ingresos por las políticas económicas del sector agrario. Quinteros que son los padres y madres de nuestros alumnos, donde el trabajo infantil y adolescente tiene un impacto muy fuerte”.

Asimismo, Concetti se refirió a las falencias del servicio alimentario escolar. “Los valores nutricionales y calóricos que reciben los chicos son menores a los que necesitan. Eso genera cansancio, menor rendimiento escolar y están propensos a enfermedades” criticó el Director, al tiempo que denunció que “nuestra secundaria no cuenta con un comedor donde los chicos puedan comer un plato caliente. A duras penas, con el exiguo valor del cupo alimentario, podemos darles un sándwich con algún alfajor”.

En ese sentido, el Director del establecimiento afirmó que “estas necesidades de los chicos y sus familias son las cuestiones que las autoridades públicas tienen que escuchar, en especial un presidente que toma las decisiones de política económica para nuestro país”. Y agregó que “desde la escuela estamos tratando de dar respuestas a una situación muy crítica y como no hay ámbitos para canalizar los reclamos, nos hubiera gustado tener la posibilidad de tener un diálogo con el presidente”.

La Secundaría N° 55 comparte el edificio con la Primaria N° 5, el Jardín de Infantes N° 917 y el anexo de la escuela de Adultos N° 721. En total, son cuatro instituciones dentro de un mismo establecimiento. La falta de espacio físico y sobrepoblación escolar son otras de las problemáticas de la escuela a la que el presidente recorrió sin avisar.

“No hay lugares en el aula. Hay cursos de 45 alumnos de segundo año, con una falta de dignidad en las condiciones para enseñar y aprender. Los docentes no pueden hacer una atención personalizada para generar aprendizaje de calidad” expresó Concetti, quien también se refirió a la falta de inversión educativa por parte del Estado. “El primer paso para que haya inclusión educativa es la construcción tiene que ser la construcción de edificios donde los chicos puedan estudiar en condiciones dignas” concluyó.

El fiscal Germán Moldes soprendió a propios y extraños al pedir seguir investigando al presidente Mauricio Macri por la firma de un "memorándum de entendimiento" con Qatar, el 6 de noviembre de 2016. "Una denuncia como esta debe ser investigada", aseguró Moldes.

El presidente fue sobreseido en esa causa por dos instancias. Sin embargo, el fiscal apeló y exigió continuar con la investigación. Se acusa al Gobierno de firma un acuerdo que incluía sociedades offshore, lo que está prohíbido por la legislación argentina.

"Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio. Por eso interpongo este recurso", siguió Moldes.

De fondo, está la grieta entre sectores de la justicia federal y el Gobierno de Cambiemos. En las últimas semanas, varias fallos objetaron actuaciones de la administración nacional. Hasta el año pasado, los jueces federal habían trabajado en sintonía casi absoluta con el macrismo, lo que parece romperse ahora. ¿Cómo seguirá esa pelea que promete traer mucha cola?