(por Andrés Fidanza) Bajo el argumento de que “la sociedad nos legitimó”, tal como se jactó ayer el ministro Jorge Triaca frente a los dirigentes sociales, el gobierno consolida la profundización del rumbo. Desde una mezcla de marketing triunfalista, resultado electoral (un poco) mejor al esperado y bastante auto-convencimiento, el macrismo desafió a un sector de la CGT y, ahora también, a las organizaciones sociales. Mientras tanto, reivindica a sobre cerrado el papel de Patricia Bullrich e insiste con una lectura en clave victimizante sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Según ese método, casi cualquier cuestionamiento al oficialismo es plausible de entrar en la categoría K. Una forma muy tranquilizadora de ponerle un cierre a los discusiones.
El endurecimiento también llegó a la relación con los grupos sociales. En un giro parecido a la que tuvo con la CGT, el gobierno optó por mostrarle los colmillos a los representantes de la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Si bien el quiebre está lejos de ser definitivo, el oficialismo tensó el vínculo con los grupos sociales, un sector con el que había mantenido un trato fluido durante sus 21 meses de gestión. La disputa de fondo es por unos 5 mil millones de pesos, un monto que el oficialismo se pretende ahorrar.
“La sociedad legitimó el rumbo”, se jactó el ministro de Trabajo, en uno de los momentos más friccionados del encuentro con los dirigentes sociales. Fue una forma de finalizar el debate sobre la aplicación de la Ley de Emergencia Social. El argumento presume de un doble cambio de escenario hacia adelante: el resultado de las PASO empujará las protestas políticas hacia la marginalidad más absoluta; y el tibio repunte económico (que no impacta sobre el universo de la economía informal, y ni siquiera beneficia a sectores como el textil) deslegitimará cualquier reclamo hecho desde el bolsillo.
Sancionada por amplia mayoría en diciembre, la Ley de Emergencia Social planeaba otorgar entre 25 y 30 mil millones de pesos, a lo largo de tres años y en forma de salario complementario (la mitad del mínimo vital y móvil), a trabajadores de la economía popular.
Así, se suponía que el gobierno iba a destinar $10 mil millones en 2017. Pero, tras algunas demoras en la implementación de la ley, sólo incluyó a 100 mil trabajadores a partir de julio: proyectando esa inversión, las organizaciones calculan que el oficialismo habrá invertido alrededor de 3 mil millones. O sea, una subejecución del 70%.
La versión macrista es bien distinta: incluye en el presupuesto un paquete de planes, preexistentes a la Ley, otorgados por el Ministerio de Trabajo. Y así estima una ejecución de más del 80%. Así, el macrismo coló un ajuste (lo está intentando, al menos) de 5 mil millones de pesos.
En la antesala de un nuevo choque de fuerzas, las organizaciones sociales anticipan que su reacción no será tan adocenada como la de la CGT. Y a su vez preanuncian un contraataque de cortes, piquetes y manfiestaciones callejeras: música para los oídos absolutamente pragmáticos de Jaime Durán Barba.
Con un aire a la lectura triunfalista que hizo Cristina Kirchner en la presidencial de 2011, cuando sacó el 54% de los votos, el macrismo ensaya su propia época de oro. El 35% obtenido les alcanza para el entusiasmo: para sentirlo y para actuarlo. Si no hay hegemonía real, al menos que parezca.
