El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y pidió abrir una investigación por el supuesto delito de "abuso de autoridad", a raíz de la inclusión de familiares de funcionarios públicos en el blanqueo de capitales.

En tanto, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por el presidente Mauricio Macri, Peña aseguró que en el Gobierno tiene "una enorme tranquilidad sobre la acción planteada", en referencia al decreto del Ejecutivo que dispuso la ampliación del alcance del denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal, aprobado por el Congreso.

"Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia", aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuán, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro ampliado de Gabinete.

En el dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió medidas de prueba relativas en su mayoría a documentación certificada, como las actas del debate parlamentario de la ley y el posterior Decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, explicaron fuentes judiciales.

Marijuán sostuvo que debe investigarse a los "mencionados en la denuncia" de Donda -el presidente Macri, Peña y Prat Gay- en el dictamen que llegó al juzgado ayer al cierre del horario judicial y que se difundió hoy.

El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos.

En la denuncia, se advirtió que el decreto "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".

En su dictamen, Marijuán tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación.

"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", sostuvo la legisladora en su denuncia.

Como es de rigor, ahora será el juez federal Ariel Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.

El secretario general de la OEA indicó que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas".

El secretario general de la la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que "el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable" ya que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones sino en función de consideraciones objetivas".

"Lo que indica el Estado de derecho es que debe ser el Poder Judicial el que otorgue respuestas técnicas sobre este tema. El sistema político no puede asumir esa representatividad ni prejuzgar situaciones procesales o jurídicas", advirtió Almagro.

En declaraciones al diario La Nación, el secretario general de la OEA subrayó que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas del caso".

"El sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho", subrayó.

Aclaró que "el único interés" que lo mueve es el de "los principios interamericanos en materia de derechos humanos" y señaló que "da tristeza pensar que hay quienes siempre tienden a buscar alguna otra explicación y prefieren adherir al mundo de la post-verdad repitiendo mentira tras mentira".

"Todo el problema en este caso, es de qué lado de los principios te paras. Nada más. Como lo hicimos respecto a Leopoldo López y a los presos políticos en Venezuela. El tema que se ha planteado es respecto a garantías procesales, no podemos hacer un pronunciamiento sobre aspectos de sustancia. Nosotros lo hemos dejado absolutamente claro en la carta que dirigimos a Milagro Sala, la misma señala que nadie está por encima de la ley , nadie es impune y, por lo tanto, todos deben ser juzgados por sus faltas", indicó.

El exministro de Economía de Carlos Menem sostuvo que se deben volver a privatizar las empresas estatizadas durante el kirchnerismo e instó a Macri a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo desempolvó la vieja receta y propuso que "todas las empresas que se han reestatizado" durante el kirchnerismo se "podrían privatizar", e instó a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

Cavallo consideró que, en el gobierno del presidente Mauricio Macri, "subestimaron la gravedad de la crisis heredada por 12 años de kirchnerismo".

Para el ex jefe del Palacio de Hacienda durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, "lo mejor para el país es que haya ganado Macri", pero advirtió que "no estuvo bien preparado" en materia económica.

"Hay que reformar al Estado, por ejemplo todas las empresas que se han reestatizado las podrían privatizar. A las empresas hay que manejarlas con estilo empresario", aconsejó Cavallo, en diálogo con el canal 26.

Insistió en realizar también una reforma monetaria en el marco de "un régimen coherente y un sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso".

"Este régimen ha funcionado de mil maravillas en Perú, dos monedas de competencia que le trajo estabilidad y mayor crecimiento" a ese país, añadió.

Luego le aconsejó al oficialismo: "Traten de ganar la elección (legislativa) de 2017 de la forma como puedan, pero utilicen el año para hacer lo que debieron, tener preparado un buen plan de estabilización y crecimiento".

También criticó a Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano del presidente Macri, porque le recomendó "gradualismo" y no tomar la cuenta la "crisis heredada".

Al respecto, recordó que Durán Barba fue asesor del ex presidente de Ecuador Jamil Mahuad, quien en enero de 2000 tuvo que dejar el poder por una crisis económica-financiera, hecho de lo que responsabilizó al consultor.

El proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, modifica las escalas y crea nuevos tributos al juego y a la actividad minera, comenzará a ser debatido hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional.

La iniciativa fue aprobada en Diputados la semana pasada gracias a un acuerdo al que arribaron los bloques del Frente Renovador de Sergio Massa, el peronismo disidente de Diego Bossio y el kirchnerista Frente para la Victoria.Además contó con el respaldo de la centroizquierda.

El proyecto es rechazado por el oficialismo, que no logró imponer uno propio, y ahora llega al Senado, donde el interbloque Cambiemos posee sólo quince legisladores para tratar de modificar la iniciativa o retrasar su tratamiento, ya que no tiene número suficiente para rechazarla.

Desde las diez, la comisión recibirá al titular de la AFIP, Alberto Abad, y a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; también se especula con que llegue a estar presente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que está regresando desde China.

Para el mediodía está prevista la presencia de algunos gobernadores, ya que la reforma afecta fuertemente las arcas provinciales debido al costo fiscal que no estaba contemplado en el diseño del Presupuesto 2017.

Hasta ahora está confirmada la asistencia de los gobernadores Juan Manuel Urtubey, de Salta; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; y el chubutense Mario Das Neves.

Asimismo, también podrían ser de la partida el cordobés Juan Schiaretti y el pampeano Carlos Verna; ambos peronistas no kirchneristas; y el neuquino Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino.

De esos mandatarios, los únicos que se expresaron favorablemente al proyecto de la oposición fueron Verna y Das Neves, ya que el resto lo cuestionó duramente.

En tanto, a las 15, los senadores recibirán a la cúpula de la Confederación General del Trabajo.

La intención del peronismo es avanzar con el proyecto que ya fue votado por diputados de sus mismas provincias la semana pasada.

Por ello, tras la firma del dictamen, prevista para esta noche, la oposición prevé llevar al recinto sobre tablas la iniciativa mañana, durante la sesión especial en la que también se debatirán la nueva ley de ART, la Emergencia Social y la ley de Emprendedores.

El oficialismo, en evidente desventaja numérica, sólo podría intentar sumar veinticinco voluntades para bloquear su tratamiento, evitando que el peronismo llegue a los dos tercios para impulsar la discusión.

Si Cambiemos, con quince legisladores, suma a otros diez, podría retrasar la discusión hasta el miércoles 21 de diciembre.

Entre los legisladores que no pertenecen al oficialismo pero no darían los dos tercios para el tratamiento sobre tablas figuran los salteños Rodolfo Urtubey (FPV), María Fiore (PARES), Juan Carlos Romero (Peronismo disidente), Roberto Basualdo (Peronismo disidente) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, opinó ayer que "el Gobierno se autoinfligió una derrota", al poner en discusión una reforma al Impuesto a las Ganancias sin tener los números necesarios en ambas Cámaras del Congreso.

"No es comprensible su actitud. El Gobierno no ha funcionado con la necesaria profesionalidad que debe tener", evaluó el senador rionegrino.

En tanto, el radical Julio Cobos comentó que "el bache fiscal" que dejaría el proyecto de ley si fuera aprobado tal como llegó de la Cámara de Diputados "es de más de 65 mil millones de pesos".

"El proyecto tiene un costo fiscal excesivo. Es muy complejo e inentendible. Genera incertidumbre y desfinancia al Estado nacional y a las provincias", sentenció el oficialista mendocino.

La medida fue publicada por el Gobierno en el Boletín Oficial y es válida solo para sobornos que se paguen en el exterior.

Mientras el Gobierno busca aliados entre los gobernadores peronistas para frenar el proyecto opositor de impuesto a las Ganancias, avanza por otro lado con una insólita modificación del tributo. Es que a través de un decreto aclaró que las coimas que empresarios paguen a funcionarios públicos no podrán contabilizarse como deducciones.

A través del decreto 1246, firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat-Gay, se añade un párrafo al decreto reglamentario de la ley que establece que "a los efectos del Artículo 80 de la Ley, no se considerarán gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, las erogaciones generadas o vinculadas con la comisión del delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones económicas internacionales, resultando improcedente su deducción".

Esto implica que ningún empresario podrá poner como deducción para pagar menos Ganancias a las coimas que abone a un funcionario público de un país extranjero. La medida no alcanza a las coimas que se paguen en el país, una actividad que está penada con uno a seis años de prisión.

El mencionado artículo 80 de la ley de impuesto a las Ganancias se encuentra en el título III, dedicado a las deducciones que los contribuyentes pueden realizar para abonar menos. Allí, aclara que las mismas son para "para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto".

El gobernador de Salta, un cada vez más amarillo Juan Manuel Urtubey, calificó hoy como una “enorme irresponsabilidad” al proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que obtuvo media sanción en Diputados la semana anterior y adelantó que los legisladores de su provincia en el Senado plantearán un “dictamen alternativo” en busca de “previsibilidad” en materia tributaria.

El mandatario salteño señaló esta mañana en diálogo con radio Mitre que tanto la iniciativa del oficialismo como la de la oposición buscaban elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pero puntualizó que con el proyecto que logró la aprobación en la cámara baja “queda muy poca gente que paga Ganancias”.

Urtubey evaluó como “una enorme irresponsabilidad” que “perjudica a las provincias” al acuerdo de la oposición en Diputados y dijo que los representantes de su provincia en la cámara alta buscarán que “se trabaje sobre ciertas cuestiones para darle a la Argentina cierta previsibilidad” en materia tributaria.

Anoche, al término de una reunión que mantuvo con el intendente del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, en la residencia oficial de Finca Las Costas, en Salta, el gobernador había señalado que en este planteo sobre las modificaciones al proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados coincide “con varios gobernadores”, teniendo en cuenta que la iniciativa aprobada en la cámara baja “perjudica a las provincias”.

En ese sentido, también el senador nacional salteño y hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey, (FpV-PJ) manifestó ayer en declaraciones a la prensa que apoya "en general" el proyecto que introduce cambios al impuesto a las Ganancias impulsado por la oposición pero sostuvo la necesidad de "introducirle modificaciones" en lo que refiere al "financiamiento" para reducir “el impacto fiscal en las provincias".

El senador salteño insistió hoy en la misma línea al marcar que “no es justa” para su provincia la manera en que se distribuye “la carga” impositiva para financiar el aumento del mínimo no imponible en el proyecto que desde mañana tratará el Senado.

En declaraciones a radio Rivadavia, Rodolfo Urtubey reconoció que la propuesta del Gobierno para Ganancias “también era insuficiente" pero consideró que “volver a instalar las retenciones a la minería” como postula el proyecto opositor “provocaría un impacto fuerte en el nivel de inversiones” en provincias como Salta, Catamarca y La Rioja.

Según una trabajo de la consultora Poliarquía, el 45% de los consultados considera que el primer año de gestión de Mauricio Macri fue peor a lo que esperaba. Un 33% contestó que fue igual y sólo un 20% consideró que superó las expectativas que tenía al momento de la asunción de Cambiemos.

La encuesta elaborada por la consultora Poliarquía y publicada ayer en el diario La Nación, indica que la explicación más profunda sobre los aspectos positivos y negativos está en el desarrollo de la economía. Al responder sobre las "peores medidas" todos los encuestados hicieron foco en las decisiones económicas. La medida que peor recepción tuvo fue la del aumento de las tarifas, seguido por la falta de activación de la economía y la falta de control de la inflación.

Entre las medidas más valoradas, se encuentran la reparación histórica a los jubilados y la eliminación del cepo al dólar.

Respecto a las perspectivas sobre el futuro, un 52% cree que la situación general del país dentro de un año mejorará frente a un 27% que considera que empeorará. En tanto, sólo un 16% cree que a fines de 2017, superadas las elecciones de medio término y promediando el mandato, se estará igual.

La gestión de Macri es evaluada de distinto modo de acuerdo con la zona de residencia. En la Capital Federal, bastión histórico de Pro, es donde el Presidente tiene los mejores índices (62%) de aprobación. En las provincias del interior ese número baja al 57%. Es en el Gran Buenos Aires donde el Presidente tiene la peor marca, con un 48%.

Tras el escándalo de los Panamá Papers ahora el Presidente vuelve a estar involucrado en casi una treintena de empresas fantasmas. En la lista figuran también otros funcionarios de Cambiemos, incluidos familiares del mandatario y hasta el propio hijo del ex jefe de Estado Fernando De la Rúa. Algunas sociedades se fundaron el año que comenzó la última dictadura cívico-militar.

En el mundo político que rodea a Cambiemos todo tiene un por qué oscuro. En medio de la polémica por la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales, revelaron unas nuevas 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios del macrismo.

La denuncia fue realizada por el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Darío Martínez, quien aseguró que “hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente”.

Precisamente el pasado 29 de noviembre Mauricio Macri firmó el decreto 1206/16 por medio del cual se les permite a funcionarios del Estado presentarse al blanqueo de capitales, declaración de la cual habían quedado exentos. Dada esta situación, desde la oposición denunciaron penalmente al presidente acusándolo del “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por permitir que familiares directos sean aceptados dentro de la moratoria.

Pero lo más escandaloso para el presidente vuelve a reflotar el fantasma de Panamá Papers. Es que las 29 sociedades denunciadas del Grupo Macri fueron creadas a partir de 1976, año que instauraría la dictadura más sangrienta en la historia del país.

La primera empresa en conformarse fue Fracsocma Internacional SA, con el propio padre del presidente, Franco Macri, a la cabeza. La última fue el año pasado, Danae Alliance Company SA, cuyo presidente es Doménico Cappelli, un histórico colaborador de la familia presidencial en la corporación empresarial, según indica el diario Hoy.

Es por ello que Martínez cuestionó que “seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que tener una sociedad offshore no constituye delito, que cualquier persona puede tener una, que hay una confusión de nombres y que, jamás tuvieron cuentas o actividad financiera”.

Además del presidente, funcionarios ligados al macrismo también aparecen en la extensa lista de sociedades offshore. Uno de ellos es el miembro del grupo empresario y extesorero de Boca Juniors durante la gestión de Macri, Orlando Salvestrini, presente en los directorios de Lorela SA, Grandberry Inc., Omexil SA, y Niagara Holding Corp.

Lo mismo ocurre con el hermano del presidente, Gianfranco Macri, quien figura en las empresas Kagemusha SA, Joy B28 Corp., Le Mare A18 Corp., Serenity C44 Corp., Yoo H45 Corp., Office One G11 Corp., Inmobiliaria de Negocios Corp., y XG Patagonia Corp. Dentro de los directorios de estas firmas aparecen también su esposa, Eliana Andrea Badessich y su hija Gianina.

Pero la lista de funcionarios PRO que buscan evadir impuestos es mucho más extensa. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, uno de los principales responsables del ajuste y los despidos masivos en la cartera que conduce, figura al frente de la sociedad Kalushy SA.

Por su parte, el diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolf, aparece nombrado en el directorio de Massparking C.A. SA., de la misma manera que lo hacen el diputado bonaerense por Cambiemos, Daniel Ivoskus, al frente de la empresa Paralelo Cero SA; el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Interior Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Daniel Chain, en la empresa Intellect Usa Inc; y el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con La Veneziana Corp.

Además, se encuentran con distintas empresas Párrafo aparte se merece el director artístico del Teatro Colón y exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, quien aparece en la offshore Supernova Productions Inc., con la novedad de que en su directorio también aparece Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

El empresario y amigo de la infancia de Macri en el club Newmann, Nicolás Caputo, se encuentra al frente de la firma MB 2014 LLC. También amigo del presidente, operador del macrismo en los Tribunales de Comodoro Py y quien maneja una gran porción de los bingos, es el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, quien figura en la compañía Corbalan Services Inc.

El Grupo Macri todavía intenta escapar de la exposición que produjo el escándalo de Panamá Papers, y ahora nuevas sociedades offshore vuelven a evidenciar lo que nadie quiere reconocer dentro del gobierno nacional. Mientras, el presidente decreta que sus familiares y amigos puedan ingresar al blanqueo de capitales, ante la desesperación de las nuevas empresas fantasmas que siguen aflorando y desmienten a más y más funcionarios de Cambiemos.

Así quedó establecido a partir de una resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial. Dicen que se trata "de una estrategia financiera integral" para este año. Argentina es el país que más deuda ha emitido en 2016 entre los países emergentes.

El Gobierno dispuso este martes ampliar dos emisiones de Letras del Tesoro por un monto global de 468,3 millones de dólares, que habían sido lanzadas en agosto y noviembre últimos.

Así quedó establecido a partir de una resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial, "en el marco de una estrategia financiera integral" para este año.

Una de las Letras fue ampliada en 202 millones de dólares y había sido emitida originalmente en agosto último, con vencimiento el 8 de mayo de 2017.

El otro de los títulos de deuda fue ampliado en 266.303.265 millones de dólares -había sido emitido originalmente el 30 de noviembre último- y tendrá vencimiento el 20 de marzo de 2017.

Ambas Letras serán colocadas en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con la resolución.

El alto nivel de endeudamiento fue advertido en la últimas horas por el economista heterodoxo Arnaldo Bocco. “Argentina es el país que más deuda ha emitido en 2016 entre los países emergentes y coloca al país en una situación de mucha vulnerabilidad”, explicó.

Para Bocco el Gobierno está endeudando al país en unos 200 millones de dólares por día promedio, lo que representa unos 9.000 pesos mensuales por cada familia y agregó que esto “presagia situaciones que la Argentina ya vivió”.

El docente universitario y exdirector del Banco Central expresó que la emisión de deuda externa se convirtió en un “pilar” de la política macroeconómica de la alianza Cambiemos, lo cual es “peligroso a futuro”.

Así lo afirmó el organismo internacional al aceptar la invitación del Gobierno a visitar el país, pero advirtió que no considerará otra respuesta que la libertad de la dirigente política, que se encuentra privada de su libertad injustamente desde hace once meses. Se espera la visita para mayo del año que viene

El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Detención Arbitraria aceptó la invitación del gobierno argentino de visitar el país, en respuesta al pedido de liberación inmediata de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero pasado en Jujuy, aunque advirtió que “la única respuesta satisfactoria es la liberación” de Milagro Sala.

El presidente del Grupo, Roland Adjovi, en declaraciones ofrecidas a la prensa internacional, señaló: “El gobierno federal tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones”..

Funcionarios argentinos declararon que la petición de la ONU había sido remitida a Jujuy. “En principio sería una visita de seguimiento, pero como hace mucho que la primera visita tuvo lugar (en 2003), una visita completa sería lo más apropiado. La cuestión será resuelta una vez convenida la fecha”, consideró Adjovi, quien aclaró que “no puede haber visita exclusivamente ligada al caso Milagro Sala”.

En cuanto a la fecha de la visita del Grupo, una fuente de la organización que pidió conservar el anonimato informó a la agencia AFP, que la ONU le ha propuesto a la Argentina que sea en mayo de 2017.

La decisión del Grupo de la ONU de exhortar a la Argentina a liberar a Milagro Sala fue apoyada en los últimos días por la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de haber sido compartida por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por expertos de los Comités de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Pese al pronunciamiento en el mismo sentido de los principales organismos internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno de Jujuy ratificó la prisión de la dirigente, al tiempo que el presidente Mauricio Macri confirmó el carácter de presa política de Sala, al reconocer que se mantiene privada de su libertad por cuestiones ajenas al Estado de derecho. “A la mayoría de los argentinos nos pareció que había cometido delitos”