Los escándalos parecen perseguir a Gladys Gonzalez. Es que tras su  convulsionada candidatura a intendente de Avellaneda, y el repudio de sus compañeros del frente Cambiemos por no ser residente del distrito, le llegó la orden de normalizar el sospechado gremio de marineros SOMU.

La entidad sindical, que comandaba Omar "Caballo" Suarez y que esta investigada por manejos fraudulentos, fue intervenida por la justicia penal (algo inédito en la historia del sindicalismo argentino). Entre los normalizadores se nombró a la Diputada nacional Gonzalez como pata política de la avanzada.

El triunvirato de interventores llegó con la orden de poner en claro las cuentas del sindicato, buscar las pruebas para comprobar los ilícitos de Suarez y esclarecer los procedimientos para transparentar la organización gremial. Sin embargo parece que las nuevas autoridades se tomaron algunas atribuciones de más.

Según el material que publicó el portal especializado InfoGremiales, los gestores, nombrados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, resolvieron despedir personal que hacía años cumplía funciones en el gremio, encarar transformaciones edilicias y hasta designar toda una planta de empleados nueva con suculentos salarios.

De hecho, las designaciones que los interventores hicieron, y declararon en el expediente judicial, suman la friolera de casi 1,3 millones de pesos mensuales. Un dineral que sale de los aportes de los afiliados.

Gonzalez, referente político de la intervención, llegó allí por el mandato del propio Mauricio Macri. El Presidente busca las pruebas necesarias para encarcelar a Suarez y enviar un mensaje de mano dura al gremialismo. Por ello mandó a una persona de su extrema confianza a cumplir con una tarea que todavía está en veremos.

Mientras tanto, la blonda diputada se pasea por las seccionales del SOMU hablando con los marineros a los que les promete normalizar la organización gremial. Por el momento estira los plazos, dispone de la abundante caja que encontró en el gremio y busca algo más que autos prestados a un diputado del Frente para la Victoria para justificar su estadía.

Hugo Moyano y Antonio Caló participarán mañana a las 18 horas de la unificación de las regionales bonaerenses de la CGT que será en el camping de UPC.

Los dos jefes nacionales, le darán el visto bueno a la unificación que Carlos Quintana y Julio Castro vienen desandando desde comienzos de año con una serie de gestos recíprocos y actos compartidos.

El propio Quintana justificó la necesidad de unidad: “la grave situación por la q atraviesan los trabajadores amerita la unión de todos sus representantes”, analizó el secretario general de UPCN.

El impacto de la jugada política de ambos dirigentes dará lugar al escenario esperado: el anuncio del paro nacional que prometieron en caso de que el presidente de la nación, Mauricio Macri, vetara la ley antidespidos.

El presidente ya hizo su parte,  habrá que esperar a mañana.

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó hoy el paro nacional y la movilización de mañana en demanda de diversas reivindicaciones y en rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional, informó la organización sindical.

La protesta fue decidida por las asambleas generales de delegados, que determinaron que se paralicen las tareas y se marche hacia el Ministerio de Economía desde las 11.30 de mañana.

Los trabajadores se concentrarán de forma previa en la zona del Obelisco y marcharán en reclamo de "la reapertura de paritarias y la reincorporación de todos los estatales despedidos sin causa".

El titular de la ATE nacional, Hugo Godoy, aseguró que "los conflictos continuarán creciendo" ante "las políticas que aplica el gobierno" y reseñó que "la primera huelga del 24 de febrero último fue un campanazo y, desde entonces, las protestas siguieron y se profundizaron, como ahora en Santa Cruz, Comodoro Rivadavia y la provincia de Buenos Aires o en la docencia y universidades".

El dirigente señaló que ello demuestra que a "la política de transferencia a los sectores más privilegiados los trabajadores le oponen un límite", en tanto calificó el incremento salarial anunciado para la actividad estatal como "insuficiente".

"Los despidos en el Estado fueron la antesala de lo que se vení­a en el ámbito privado, porque se puso en marcha una política económica que trascendió los límites del Estado. Todo ese amplio arco debe unificarse para frenarla", puntualizó el dirigente.

Un plenario general de delegados nacionales también demandó "la reapertura de los convenios colectivos sectoriales y el otorgamiento de mayores unidades retributivas a las categorías inferiores, ya que el incremento anunciado implica que el haber más elevado supere el ingreso íntegro de la categoría más baja".

La ATE también exigió "la función específica" para la actividad y el pase de la totalidad de los empleados a la planta permanente.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, vetó la ley anti despidos, aprobada por la gran mayoría parlamentaria. La oposición salió a hacer públicas sus críticas ante esta decisión del primer mandatario.

Uno de ellos fue, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina (FPV), quién señaló que “el veto del Presidente Macri a la Ley que declara la emergencia laboral constituye un profundo y evidente error, ya que desoye un genuino reclamo social e ignora una amplísima mayoría parlamentaria”.

“La llamada Ley Antidespidos surgió del reclamo que nos hicieran en el Senado los Secretarios Generales de las cinco centrales sindicales que existen en la Argentina. En esa oportunidad, los dirigentes antepusieron el principal reclamo de los trabajadores, frenar los despidos, a sus profundas diferencias políticas y a otros de sus reclamos históricos", explicó Abal Medina.

En el mismo sentido y en referencia a la histórica concentración de trabajadores que tuvo lugar el 29 de abril, agregó "poco después, el 29 de abril, en uno de los más multitudinarios actos de los últimos tiempos, los trabajadores volvieron a reclamarnos esta iniciativa".

"El enorme apoyo que consiguió nuestro proyecto en ambas cámaras legislativas, aprobada por el 75% de los Senadores y el 60% de los Diputados, demuestra que no se trata de una iniciativa de un solo sector político, como erróneamente señaló ayer el Presidente en su discurso, sino de un amplísimo reclamo social que los representantes políticos tomamos", destacó el senador nacional.

Por último, Abal Medina señaló que "el Presidente tiene todo el derecho del mundo de discrepar con nuestra iniciativa pero lo que no debe hacer es desentenderse de una preocupación por el empleo que, según todos los sondeos, es mayoritaria en nuestra sociedad y, menos aún, señalar que nuestra intención fue obstaculizar su gobierno y poner 'palos en la rueda'.

"Particularmente, en lo que respecta al Senado de la Nación decir que 3/4 partes de sus miembros anteponen sus intereses partidarios a los del país, es negar la actitud que esta cámara viene teniendo desde la asunción del nuevo gobierno", afirmó el legislador nacional por la provincia de Buenos Aires.

La elección del adversario, sin embargo, es un lujo que el gobierno no podrá darse eternamente. El macrismo podrá especular con la grieta política, pero sólo mientras la grieta social sea mantenida a raya. Sin caer en el apocalipsis de anticipar un clima pre-2001, ni subestimar la cintura del PRO y dar por hecha su caída, el gobierno no parece estar lo suficientemente alerta ante movimientos por abajo que ya están en marcha. Se trata de un malestar creciente que incluye a los sectores medios con (un poco) más de espalda para aguantar el ajuste.

Fernando, el peluquero más carismático de todo el barrio de Palermo, detectó la tendencia. Cincuentón con intereses, Fernando vive en Don Torcuato y de martes a sábado viaja hasta la zona de Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Con ojo entrenado para anticipar los humores sociales, Fernando ya percibió el mini-cambio de escenario en las butacones de su peluquería, donde siete de cada diez clientes (“7,5 de diez”, corrige Fernando) votaron a Mauricio Macri en el balotaje. “Te resumo: lo que acá me dicen es que está bien, que había que tomar estas medidas, pero no están de acuerdo con la forma tan violenta´”.

Durante la confesión laica del corte de pelo, ese argumento se repite entre los varones que fidelizan su estática en el local de Fernando. Se trata de una línea conceptual que permite marcar distancia con el kirchnerismo, pero a la vez ponerle los puntos al PRO. Los porteños son quejosos, Fernando lo tiene clarísimo, pero en este caso la crítica llegó antes de lo esperado.

En boca de los clientes palermitanos, ese planteo funciona como una carambola tranquilizadora. Sobre todo para el sector que votó a Macri, pero no milita en ese tercio (o un poco menos) incondicional del PRO. Un segmento que su vez resultará decisivo en las legislativas del año que viene.

Porque si bien el gobierno todavía alcanza un importante nivel de aprobación en las encuestas, la valoración positiva se basa cada vez más en aspectos algo abstractos o declamativos. Sobre el manejo de la economía y sus derivados, temas siempre definitorios para la suerte de un gobierno, creció la disconformidad con el macrismo.

A cinco meses de haber asumido, según una encuesta reciente de la consultora Quiditty, el 53% de los votantes del Area Metropolitana avala la gestión macrista. Se trata de un porcentaje de apoyo todavía mayoritario y para nada despreciable.

El número, sin embargo, encierra un dato pesimista: los votantes destacan políticas (o promesas) como la relación con otros países (63%), la lucha contra la corrupción (60%) y el combate al narcotráfico (56%), mientras desaprueban lo hecho hasta el momento para crear empleo (32%), reducir la pobreza (28%) y controlar la inflación (25%). Respecto del manejo general de la economía, sólo un 38% acompaña, contra un 59% que directamente rechaza el rumbo del PRO.

El desagregado de esa información resulta especialmente amenazante para el gobierno. Porque el malestar en relación con el ajuste y el enfriamiento de la economía crece entre los que no son K ni PRO (la famosa ancha avenida del medio, sobre la que intenta desplegarse Sergio Massa). La consultora divide al 40% de los votantes que fluctúa entre entusiastas (el 18% que no votó a Macri en primera vuelta, pero sí en el ballottage) y escépticos (el 21% que recién optó por Daniel Scioli en el ballottage). Y si bien entusiastas y escépticos aprueban los ítems más blandos de la gestión macrista, rechazan su manejo de la economía.

Sin necesidad de servirse de las encuestas, Fernando leyó que la novedad del rechazo al macrismo venía por ese lado. Ahí está el principal problema que enfrenta el gobierno. La elección del adversario (kirchnerismo o Frente Renovador) es una rosca que aturde al macrismo y que, a lo sumo, solo le sirve para ganar tiempo.

"El modelo excluye", afirmó Emilio Pérsico, quien señaló que el Movimiento Evita tiene "un diálogo con el Gobierno para solucionar" una serie de "temas" concretos.

En declaraciones a Radio del Plata, el dirigente que parece haber sido elegido como CEO de las organizaciones sociales por Cambiemos, señaló que a partir de una serie de planteos lograron "que todas las fábricas recuperadas paguen la mitad de los tarifas".

También destacó que "El Gobierno va a bancar parte de la construcción de 600 merenderos" y explicó: "estas cosas no van a resolver temas de fondo. Pero sí tenemos que plantear las cosas y discutirlas".

"La situación social es grave. Se terminaron las changas, ajustaron los bolsillos de los de abajo", advirtió de todos modos Pérsico.

Pérsico se pronunció de esa forma tras el revuelo que generó la foto en la que pudo vérselo cerca del presidente Mauricio Macri en un acto público.

En la imagen, el dirigente social y Secretario General del Movimiento Evita aparecía situado al costado de la tarima desde donde Macri anunció la reanudación de obras en Almirante Brown que habían quedado interrumpidas desde la gestión anterior.

Para reanudar esas obras el Gobierno llegó a un acuerdo con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la organización apadrinada por el Movimiento Evita que representa a los trabajadores informales.

Esa presencia de Pérsico junto a Macri, por más institucional que haya sido (el jefe del Movimiento Evita acudió en su calidad de representante de la CTEP) es interpretada desde los códigos de la ortodoxia kirchnerista como una capitulación ante el "proyecto conservador".

"Le aconsejo fraternalmente a Pérsico no sacrificar la política en aras del aparato", escribió en Twitter hace unos días otro dirigente social ultrakirchernista, el líder de Miles, Luis D Elía.

Lázaro Báez declaró ante la Justicia que tiene una sociedad con el primo del presidente, Ángelo Calcaterra en una licitación del Estado. Esto desató una vía de investigación que hasta el momento el periodismo y la justicia no había tenido en cuenta.

Según informó el portal de noticias El Destape, Mauricio Macri técnicamente aún es dueño de las acciones de una empresa de su primo Ángelo Calcaterra, quien junto con Báez ganó una licitación del Estado.

Es que el jefe de Estado todavía tiene control sobre la empresa que le habría cedido el grupo SOCMA en 2007 a Calcaterra. Las empresas que fueron cedidas fueron IECSA y Creaurban, con las que Calcaterra forma una unión de empresas llamada ODS.  La forma en la que el primo presidencial le "compra" las empresas fue a través de una prenda de sus acciones. Es decir que los Macri se quedaron con las acciones de ODS en garantía, hasta que esta firma pudiera cancelar la deuda.

Hasta acá todo parece normal, pero un gran detalle revela que las cosas no son como parecen. Esta prenda venció a fines de 2014 pero la deuda no fue cancelada, por lo que Mauricio Macri sigue siendo parte de las empresas de su primo. En este punto hay que destacar que Calcaterra es el tercer mayor contratista del Estado en los últimos años y uno de los socios es Lázaro Báez.

Según la última Declaración Jurada de Macri, el presidente es el dueño de SOCMA, y ésta sigue teniendo dentro de su organigrama a SIDECO, dueña de las acciones de la empresa de Calcaterra, ODS.

Según el diario que Ernestina Herrera de Noble dirige, Pérsico no tuvo reparos en compartir un asado con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y su marido. Además, Clarín, refleja la opinión que desde el Ejecutivo tienen del dirigente social: “Es honesto y trabaja. No hacemos cacheo ideológico”.

Desde que Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre del año pasado, en el país se registraron cerca de 200.000 despidos, fuertes aumentos en los servicios públicos, el pago a los tenedores de bonos de deuda o fondos buitre, entre las acciones más destacadas en cinco meses.

Los antecedentes de estos acuerdos entre Pérsico y el macrismo, nacieron en febrero de este año cuando el dirigente del Movimiento Evita se entrevistó con el jefe de Gabinete Marcos Peña y Rogelio Frigerio para reclamarles por la situación de Milagro Sala. Hace apenas 10 días, se pudo ver de nuevo a Pérsico acompañando al presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, para el anuncio de la construcción de 700 viviendas a cargo de cooperativas en Almirante Brown.

El espacio que conducen Pérsico y Navarro en paralelo a este acuerdo con el ejecutivo nacional viene planteando un notorio distanciamiento de CFK y del Frente para la Victoria, sumergiéndose en la estrategia de la unidad del peronismo en abstracto, sobregirando su relación con Francisco, para fortalecer el aparato propio, ver la evolución de las circunstancias y luego desplegar nuevos acuerdos electorales (algunos dicen con Massa otros con Randazzo). Esto le está generando importantes contradicciones dentro de sus propias filas y en el conjunto de la militancia del FPV.

Según Clarín, “entre mañana y pasado el Gobierno promete firmar los convenios específicos entre el ministerio del Interior, la Secretaría de Vivienda, el ministerio de Desarrollo Social y las intendencias para culminar 774 viviendas en Brown y 490 en Escobar, que darán trabajo a 2 mil cooperativistas. La misma mecánica llegará próximamente a otros municipios del Conurbano y a otras provincias”.

Clarín publicó que el gobierno cedió ante las organizaciones sociales y que producto de esas demandas también fueron posibles los bonos y aumentos para beneficiarios de AUH, jubilaciones mínimas y los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen.

En ese sentido la estrategia del Movimiento Evita obedece a arrogarse la representación de los trabajadores informales cuando en realidad no tienen representación sobre la totalidad, y en función de esa situación negocian con el gobierno de Macri.

Al leer la nota publicada en ese diario argentino, D´Elia no tardó en twitter y escribió: “El Movimiento Evita negocia y se abraza con él macrismo y da por con terminado el liderazgo de Cristina ¿Qué pensas?” Lo que generó una serie de respuestas de sus seguidores por esa red social.

Luego del discurso que realizó el presidente Mauricio Macri ayer en Cresta Roja, donde anunció que vetará la Ley Antidespidos, el ex intendente de La Matanza y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Fernando Espinoza, criticó por twitter la decisión del jefe de Estado.

Pero la fuerza de la crítica tomo fuerza cuando el mandatario citó a Juan Domingo Perón y parafraseo: “La productividad es la estrella polar que tiene que guiar este país", lo que provocó en Espinoza una serie de tuits repudiando la decisión del Ejecutivo

"Respaldar el veto a la Ley Antidespido es traicionar a la clase trabajadora" y expresó que los dirigentes no pueden desoír a la mayoría que los votó.

También se refirió a la quita de a las retenciones de la minería que efectuó esta gestión de gobierno y remarcó "para beneficiar a las mineras y a los pooles de siembra hay DNU, pero para ayudar a los trabajadores; "sólo hay Veto Presidencial", escribió.

Finalmente, y no menos contundente, se mostró enojado por el mal uso de las frases de Perón en un momento como este y dijo: "le pido a Macri que no cite a Perón, cuando quiere vetar una ley que defiende al trabajador" y agregó que "es una falta de respeto.

La diputada nacional por el Frente para la Victoria (FPV), María Teresa García, se refirió a la sesión ordinaria que se dará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados para tratar la ley antidespidos y en ese sentido, dijo que buscarán "llegar a un consenso" con los distintos bloques para sancionar el proyecto que tiene media sanción del Senado.

El FPV intentará hoy aprobar en el recinto el dictamen de mayoría que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta. Desde el Ejecutivo ya adelantaron que de aprobarse lo vetará por considerar que el proyecto desalienta la contratación de personal.

La diputada kirchnerista María Teresa García advirtió que en caso de aprobarse modificaciones al texto del Senado, el trámite para que se convierta en ley demandaría unos “180 días más”.

En este contexto, la diputada, se aclaró que no hay  un acuerdo con cambiemos sino "No es un acuerdo nuestro, sino un acuerdo que hizo Massa para darle los dos tercios y habilitar el tratamiento del tema y para no bajar el día que pedimos la sesión especial y se pusieron de acuerdo para no incluirlo en esta sesión ordinaria”.

En otro pasaje de la entrevista radial, García señaló que “Massa se ha metido en un callejón sin salida” y luego señaló que el centro del debate pasa por “si se quiere o no que salga la ley”.

“Nosotros lo que hicimos fue mantener la coherencia, mantener unidos este un frente con todos los bloques pequeños representantes de provincias en sostener hoy nuestra decisión de votar la media sanción del Senado”, señaló la legisladora del FPV

Para finalizar Gracía detalló: “Estimo, y espero, que aquellos diputados que sepan que la única alternativa que existe hoy en el congreso es que se vote la media sanción del Senado, cualquiera otra ingeniería que se decida votar tiene el fracaso asegurado en el Senado de la nación”.