En medio de la polémica por el editorial de La Nación, que cosechó repudios en el ámbito periodístico por pedir el cese de los juicios de lesa humanidad, en Bahía Blanca se dará a conocer el veredicto contra 22 represores imputados por delitos contra los DD.HH. cometidos en la base naval de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada.

En este marco, agrupaciones de derechos humanos de Bahía Blanca realizarán distintas actividades en el marco de la lectura del fallo. La convocatoria está encabezada por la Agrupación HIJOS, junto con la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Red por la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.

"Este es un momento muy importante y particularmente en Bahía Blanca, en esta política de Derechos Humanos que hace 12 años que estamos transitando", afirmó Anahí Junquera, integrante de HIJOS.

Junquera dijo que "si bien es el tercer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca, es el primero de la Armada y en el cual se pudo mostrar y comprobar cómo tanto la pata civil como el Ejército y la Armada confluyeron necesariamente para que se dé el exterminio de personas".

Por su parte Alejandra Santucho, de la misma agrupación, se refirió al desarrollo del juicio e indicó: "Estamos muy conformes porque creemos que se ha podido comprobar todas las pruebas que presentó tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante".

"Se ha podido comprobar la connivencia entre las diferentes fuerzas de seguridad y fue un plan sistemático", agregó.

En el marco del extenso juicio, que comenzó en julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados.

La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

Por su parte, el fiscal José Nebbia, quien junto con su colega Miguel Angel Palazzani integra la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, señaló hoy que "los objetivos fueron ampliamente superados" en referencia a los distintos elementos de prueba y testimonios que fueron aportados en el marco del juicio oral y público de la causa Armada Argentina.

"Los objetivos que uno analiza antes de comenzar el debate fueron ampliamente superados, la riqueza de la prueba producida a través de los testimonios, como así también el análisis de la profusa prueba documental que hay en la causa arrojaron más resultados que aquellos que uno espera al comienzo", expresó el fiscal a FM de la Calle de Bahía Blanca.

En los alegatos los fiscales solicitaron que la parte resolutiva de la sentencia "sea publicada en un lugar destacado y visible en el diario La Nueva Provincia", dado que ese medio no denunció ni publicó en lugar destacado el asesinato de dos trabajadores de la empresa, cuando ocurrió.

En ese contexto Nebbia dijo que "lo que entendimos es que en las páginas de La Nueva Provincia se mintió con intención, por eso está imputado el único sobreviviente de los directores, y que una forma de reparar a las víctimas sería que La Nueva Provincia por primera vez diga la verdad, que aquellos a quienes mencionaban como delincuentes que traicionaban a la patria no eran tales sino que fueron víctimas".

"Entonces publicar que fueron víctimas y también publicar el nombre de los victimarios es una forma más de reparar a las víctimas y que sus biografías, al menos en esas páginas, no queden escritas de esa manera", concluyó.

Foto Gentileza: https://juiciobahiablanca.wordpress.com

La resolución firmada por los camaristas Pablo Candisano Mera, Alejandro Segura, Jorge Ferro, Agustín Lugones y Roberto Lemos Arias sostiene que los nombramientos de ambos fiscales "encuentran sustento legal en el artículo 33 de la ley 24946, que atribuye a la procuradora general de la Nación el ejercicio de la superintendencia".

Según el fallo al que tuvo acceso Télam, los integrantes de la Cámara expresaron que "la resolución 407/13 que nombró en el carácter de Fiscales ad hoc a los Dres. José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani respondió a la necesidad de reforzar el esquema de funcionamiento de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de que son objeto de actuaciones complejas y voluminosas".

"La necesidad de conformar un equipo de trabajo (art. 33 inc. g,ley 24.946) -frente al volumen y complejidad de las causas que versan sobre crímenes de lesa humanidad- fue lo que motivó el nombramiento de los doctores Nebbia y Palazzani", agregó la Cámara bahiense.

La recusación contra los fiscales había sido presentada por los defensores de los imputados Aldo Mario Alvarez, Héctor Jorge Aballeira y Felipe Ayala en el marco de una causa por privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio conocida como la del "Quinto Cuerpo del Ejército".

El juez de primera instancia había declarado la ilegalidad de la resolución firmada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aunque manteniendo "la validez y eficacia de las actuaciones cumplidas" por Nebbia y Palazzani.

Los imputados formularon sus palabras en la última audiencia que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti (presidente) y Martín Bava.

Tras las palabras de varios de los imputados, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de noviembre a las 18:30, en que se procederá con la lectura de la sentencia.

Ante los jueces hicieron uso de la palabra entre otros, el ex capitán de navío Enrique de León, quien dijo que "finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubría la facetas oscuras, corruptas, de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba".

Por su parte, el integrante del Ejército Raúl Oscar Otero afirmó, como forma de defensa, que "padezco de una enfermedad terminal, he tenido once operaciones, lo vengo peleando desde 1998, esta enfermedad que es cruel y terminal, la estoy tratando de sobrellevar con operaciones cada dos años".

Tras ello el presidente del Tribunal, anunció que "el cierre de la discusión final" y convocó a las partes para el 25 de noviembre a las 18:30 en donde se dará lectura del veredicto.

En el marco del extenso juicio, que comenzó en julio de 2014, la Unidad Fiscal Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados.

La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad, por el crimen de genocidio y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Blanca.

Además, los fiscales solicitaron penas de 19 años para un integrante del Ejército y 25 años para otro acusado de la Prefectura.

También requirieron para un ex policía bonaerense una pena de 10 años de prisión y para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense 18 años.

Entre los represores de la Armada pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez.

En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.

En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila.

También solicitaron 10 años de prisión para el ex policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el ex agente penitenciario Héctor Luis Selaya.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.