En consonancia con el requisito de reducción de la planta del Estado que ordena el Fondo Monetario Internacional, ahora el Gobierno de Mauricio Macri planea eliminar por decreto los entes cooperadores.

Con el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Modernización, Claro y Telefónica podrían ingresar, sin realizar inversiones significativas, en un mercado de más de USD 3 mil millones anuales. Imponer la condición de satélite argentino es una alternativa para volver a impulsar la industria satelital actualmente paralizada.

El Ministerio de Modernización de la Argentina, de quien dependen directamente el operador satelital estatal ARSAT y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presentaron el jueves 5 de abril un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para realizar una serie de modificaciones regulatorias. El proyecto, denominado “Fomento del despliegue de infraestructura y competencia TICS”, consta de 13 artículos (uno de forma) y tiene entre sus principales ejes permitir a las empresas de telefonía fija y móvil brindar el servicio de televisión por abono mediante vínculo satelital. Esta medida habilitaría a las empresas Claro y Telefónica a utilizar transmisiones satelitales para ofrecer televisión, algo que tuvieron históricamente prohibido y que fue motivo de fuertes discusiones en el país.

El proyecto no surge de una demanda del mercado ni es producto de la evolución tecnológica. En los últimos dos años el poder ejecutivo argentino realizó cambios en el marco jurídico vigente por medio de decretos (267/2015 y 1340/2016) y avanzó en la autorización de la fusión de dos de los mayores grupos económicos del sector. Cablevisión y Telecom ya operan en los hechos fusionadas, aunque hasta el momento solo tuvieron la autorización de la ENACOM restando que haga lo suyo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta nueva empresa que surgiría de la fusión sería la única con la posibilidad de ofrecer servicios convergentes de Televisión, Telefonía e Internet Fija y Comunicaciones Móviles, concentrando el 39% del mercado de la Telefonía Fija, el 52% de Internet, el 37% de la Televisión y el 31% de las Comunicaciones Móviles. Esta situación impulsó el reclamo principalmente del operador móvil Claro (América Móvil) y de Telefónica de Argentina para obtener la autorización en televisión satelital, servicio que ambas brindan en la región iluminando también el territorio argentino desde el Espacio.

La autorización de la televisión satelital a los operadores incumbentes, aquellos con una cuota de mercado muy elevada, notablemente superior al resto de competidores, fue con éxito resistida no solamente por sus competidores directos (Cablevisión, Directv) sino por el entramado de pequeñas empresas y cooperativas que brindan servicios audiovisuales principalmente por cablemodem. Estas argumentaron en reiteradas ocasiones que de prosperar la autorización para brindar televisión por satélitea las grandes empresas, su existencia, y por lo tanto también miles de puestos de trabajo, estarían en considerable riesgo.

Mercado de la Tv

En Argentina el mercado de la televisión por suscripción es un negocio de 65 mil millones de pesos anuales, algo más de USD3 mil millones. Estos ingresos son generados por 9,4 millones de accesos que representan casi el 70% de los hogares argentinos, con un valor promedio mensual por abonado de 585 pesos (USD30).

Argentina es uno de los países con mayor tasa de abonados a la televisión tanto en la región como en el Mundo y, en promedio, los argentinos pasan 3,5 horas delante del televisor. Esta alta penetración, en gran parte, es consecuencia de la mala calidad y escasa cobertura de la televisión abierta analógica y de la concentración de contenidos de elevado interés público (léase futbol) en señales cuyos propietarios también poseen licencias de televisión por suscripción.

Cablevisión, el principal operador de cable argentino que comparte accionistas con el Grupo Clarín, informa 3,5 millones de abonados al servicio de televisión en su publicación financiera para el tercer trimestre de 2017, lo que representa un 37% del mercado. Directv, operador satelital de televisión, dispone de 2,5 millones de abonados, reteniendo el 28% del mercado. Muy lejos de estas dos empresas se encuentran Telecentro (7%) y Supercanal (6%) ambos proveedores de cable. El 22% del mercado se reparte entre más de 200 pequeñas empresas y cooperativas.

Un aspecto relevante de la televisión en Argentina es la escasa oferta de servicios por satélite, que en los hechos deja a Directv en posición monopólica para gran parte del extenso territorio argentino. Actualmente operan sobre Argentina tres servicios de televisión satelital. Directv con una alta participación del mercado, InTV de Red Intercable Satelital y el componente satelital de la Televisión Digital Abierta (TDA). La norteamericana Directv, adquirida hace unos años por AT&T, opera en el país desde el Intelsat-30, lanzado junto al ARSAT-1 en el año 2014 por Arianespace. InTV ocupa para su servicio casi 100Mhz del ARSAT-2, que son operados por SERSAT del Grupo Datco desde su telepuerto en la Ciudad de Buenos Aires.

La TDA satelital, un servicio abierto dependiente de Medios Públicos, dispone de más de 30 canales y 5 radios, solo requiere la compra del equipo receptor y opera desde el telepuerto de ARSAT sobre capacidad en el ARSAT-1.

Sorprendentemente, InTV tiene escasos 20 mil abonados, una cantidad casi nula para el mercado, y su actividad comercial es apenas testimonial. Por otro lado, la venta de equipos receptores para la TDA Satelital se encuentra interrumpida por parte de ARSAT desde principios del año 2016. Por lo tanto, se podría concluir que en Argentina hay un solo proveedor de televisión por satélite. Esta situación deja a todo el ámbito rural y aquellas zonas con escasa, deficiente o nula infraestructura terrestre para televisión con Directv como única forma de acceder a la televisión.

Mercado de Servicios

Los satélites son una alternativa más que conveniente para la distribución de televisión directa a los hogares. Mediante un único artefacto ubicado en una órbita geoestacionaria se puede cubrir, como lo hace el ARSAT-1 para llevar la TDA Satelital, toda la Argentina y países limítrofes. Un satélite de estas características tiene un costo de alrededor de USD250 millones y requiere no más de 4 años para su fabricación. Si tomamos que en el país hay 12 millones de hogares, da un costo por hogar de USD20. El tendido de cables de fibra óptica, por ejemplo, tiene un costo de entre USD30 y USD150 por metro, dependiendo si es urbano, semiurbano o rural y del tipo de terreno. No vale la pena hacer la cuenta de que costo tiene cablear cada hogar del país, el costo es sideral.

Según el último informe de la Satellite Industry Association (SIA), durante el año 2016 la industria satelital generó ingresos por USD260 mil millones, de los cuales USD127,7 mil millones corresponden a servicios. Aquellos vinculados a comunicaciones se llevan la mayor porción con USD104,7 mil millones, siendo casi la totalidad (USD97,7 mil millones) provenientes de los servicios de televisión satelital. Es decir, el 76% de todos los ingresos que generan los satélites desde el Espacio, considerando la venta de imágenes satelitales, la telefonía y la banda ancha satelital, corresponden a televisión. No cabe duda que si uno quiere fabricar satélites debe pensar seriamente, aunque no únicamente, en quienes los utilizan para vender televisión.

Satélites argentinos

Argentina, a través de la empresa de alta tecnología INVAP cuyo accionista es la provincia de Río Negro, desarrolló la capacidad de diseñar, fabricar y ensayar satélites geoestacionarios de comunicaciones. Lo hizo sobre la base de la experiencia adquirida en proyectos de alta complejidad del sector nuclear, los satélites de observación terrestre construidos para el Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la fuerte voluntad política plasmada en el estatuto societario de ARSAT aprobado en la ley 26.092 de creación de la empresa donde se establece que sus satélites deben estar diseñados y fabricados en el país.

Con el exitoso lanzamiento de ARSAT-1 (2014) y ARSAT-2 (2015) el operador satelital logró proteger las dos posiciones orbitales asignadas al país e INVAP colocó a la Argentina entre los 10 países del mundo con esta capacidad tecnológica. La plataforma ARSAT-3K, de 3 mil kilogramos de peso al lanzamiento y 3Kw de potencia, es similar a la desarrollada por OHB de Alemania con aportes de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ambos desarrollos comenzaron casi al mismo tiempo pero la plataforma de INVAP fue al Espacio antes que la europea. Actualmente OHB tiene más de 5 proyectos tanto para el sector público como el privado. Esto, de alguna manera, es un indicador del potencial de mercado de estas plataformas.

Las dos plataformas fabricadas por INVAP fueron exitosas en sus primeros años de operaciones, con ARSAT-1 llegando a su cuarto aniversario en octubre de este año. Esta demostrada su fiabilidad por clientes tanto del sector público como del privado e incluso en lo que a televisión satelital refiere con la operación de dos de los tres servicios activos en la Argentina (TDA Satelital e InTV).

Para darle continuidad a la industria satelital de comunicaciones, el Congreso da la Nación Argentina sancionó en el año 2015 la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, la cual aprobó un plan para el segmento satelital de ARSAT para el período 2015-2035. Este plan estipula la ampliación de la flota de ARSAT llevándola de dos a seis satélites, la exportación de dos plataformas y el remplazo de ARSAT-1 y 2 al fin de su vida útil. Entre otros aspectos, el plan también incluye el desarrollo de una plataforma completamente eléctrica en INVAP con la intervención del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Sin embargo, el cumplimiento de la ley 27.208 se vio abruptamente interrumpido desde principios de 2016 y ARSAT-3, primer satélite del cronograma, suspendido sin justificaciones claras. Incluso a mediados de 2017 se dio a conocer, luego de una filtración periodística, la firma de un acuerdo entre ARSAT y Hughes para privatizar ARSAT-3. La iniciativa no prosperó por el fuerte rechazo de la sociedad y por ser violatoria de la propia ley 27.208 que estipula claramente que una medida de estas características debe ser aprobada por ley (Artículo 10).

Actualmente el sector espacial argentino, en lo que a fabricación de satélites refiere, se atraviesa una grave crisis financiera. El incumplimiento de la ley 27.208 junto a la reducción presupuestaria en la CONAE llevaron a INVAP y a las empresas pymes proveedoras de tecnología a reducir notablemente su actividad generando gran incertidumbre de cara al futuro. Recientemente se conocieron declaraciones del propio gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, reconociendo la situación financiera límite y las negociaciones con funcionarios nacionales para intentar revertir la crítica situación.

Proyecto de Modernización

El proyecto presentado por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, entre otras cosas, habilita a las empresas Telefónica y Claro a brindar televisión satelital. El proyecto modifica el marco jurídico de las telecomunicaciones, leyes 27.078 Argentina Digital y 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual y establece una serie de condicionamientos para los nuevos posibles prestadores de televisión por satélite. Por un lado limita la posibilidad de comercializar los servicios en localidades con población menor a 80 mil habitantes donde los licenciatarios de telecomunicaciones actuales sean empresas pymes o cooperativas. Por otro, establece un plazo mínimo temporal para que los servicios puedan comenzar a brindarse y busca promover la oferta de servicios mayoristas de televisión.

Si bien el proyecto establece una protección a los licenciatarios de empresas pymes y cooperativas, sin duda no promueve las inversiones. Como se mencionó antes, tanto Claro como Telefónica brindan actualmente televisión satelital en gran parte del continente y estas transmisiones ya están disponibles en Argentina.

Una alternativa para impulsar la industria

Telefónica de Argentina facturó en los primeros 9 meses de 2017 2.600 millones de euros y Claro alcanzó ingresos por alrededor de USD1.800 millones, ambas con excelente márgenes operativos. Este cambio regulatorio, que le permite a las dos empresas incursionar en un negocio anual de 65 mil millones de pesos (USD3.250 millones), equivalente al valor 13 satélites ARSAT-1, bien podría valer una exigencia de operar sobre satélites de fabricación nacional.

Según la ley 27.208 Argentina Digital, se define: “satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación Argentina, a la utilización de satélites construidos en la Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las que éste tuviera participación accionaria mayoritaria”. Por lo tanto, la restricción al uso de satélites argentinos para que estos dos operadores brinden televisión satelital no los limita hacerlo con ARSAT. Según la definición, podría tratarse de un satélite propiedad de cualquier operador satelital fabricado por INVAP, o un satélite operador por ARSAT fabricado por un constructor extranjero, para dar solo algunos ejemplos. En cualquiera de las combinaciones, la industria espacial argentina es impulsada por este condicionamiento para promover las inversiones en tecnología y servicios nacionales

Si bien es loable que se establezcan restricciones para proteger al pequeño empresariado y las cooperativas con operaciones locales, la restricción geográfica podría no ser la mejor alternativa. La dificultad para determinar que una antena se encuentra activa en un municipio vedado al prestador es elevada y, además, mantiene grandes porciones del territorio donde no hay cableados, o estos son deficientes, con una sola oferta de televisión (Directv). En este sentido puede ser una mejor alternativa, como sugieren algunos referentes del sector, implementar una política similar a la establecida para la portabilidad numérica. La aplicación a este caso sería imponer que un usuario no pueda ser dado de alta por los nuevos licenciatarios de televisión por satélite si cuentan con servicios de una empresa Pyme o una cooperativa.

Por último, una de las reiteradas e incumplidas demandas a la televisión satelital es la inclusión de contenidos regionales y locales. La imposibilidad técnica de transmitir desde un solo satélite la totalidad de las señales públicas nacionales, provinciales y locales, más los canales de las universidades, los pueblos originarios y la iglesia católica, tal como está previsto en la ley 26.522, requiere pensar alternativas para su cumplimiento. La inclusión de receptores de TDA terrestre para adosar a la grilla provista por el servicio por suscripción pude ser una forma eficiente de dar una solución satisfactoria.

@GuillermoRus

Mientras se espera un fenomenal ajuste estatal con más de 20.000 empleados del Poder Ejecutivo al borde del despido, el ministro Andrés Ibarra gastará una importante suma de dinero en "modernizar" la terraza de su Ministerio.

A través del expediente EX-2017-23359299- -APN-DCYC#MM, Modernización comenzó el proceso de compra del material para renovar la azotea del Edificio "Banco Argentino Uruguayo", ubicado en Av. Roque Sáenz Peña 511.

Más puntualmente, la idea del ministro es la construcción de un "deck" cuyos materiales costarán $ 743.665, entre la madera, los tornillos y la pintura correspondiente. Así lo contó además el sitio El Canciller.

Esta nueva decisión se enmarca en un nuevo plan de ajuste en el Estado, que se prevee en este verano reducirá su planta en aproximadamente 20.000 trabajadores.

Mirá los documentos:

367957815-Modernizacion-gastara-casi-un-millon-en-un-deck-en-la-terraza-de-su-edificio

Fuente: El Destape

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, preparó un informe que da cuenta de 19 mil despidos en las diferentes carteras del Gobierno nacional. Hace una semana, Primereando las noticias adelantó que según el gremio ATE se esperan más de 30 mil expulsiones antes de fin de año.

El documento que circula por los ministerios nacionales incluye un "método de adecuación" – tal como se lo denominan desde Modernización- que radica en presionar a los trabajadores que están cerca de jubilarse para que cumplan con su retiro, castigar con despido a los trabajadores con "ausencias reiteradas injustificadas" y, desde el llano, no renovar aquellos contratos que finalizan en diciembre.

Según ese informe, que, entre otros medios, reseñó el portal Infocielo, los despidos se darán en prácticamente todas las áreas de Gobierno aunque los mayores ajustes se producirían en las subsecretarías de Pesca, Agricultura Familiar, Desarrollo Forestal y el área de Recursos Humanos.

A su vez, las áreas del Estado nacional que para el ministro Ibarra estarían “superpobladas” son las carteras de Producción, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Agroindustria, Hacienda, Educación, Trabajo y Transporte -entre otros- y organismos como el INTA, ENACOM, INCAA, Energas, Fabricaciones Militares y ANSES, entre otras dependencias.

Área por área, cuántos despidos programa el macrismo para este fin de año:

Producción 1103 (37%)

Desarrollo 912 (14 %)

Salud 880 (19%)

Cultura 566 (17%)

Interior 502 (18%)

Energía 471 (27%)

Subsecretaría Administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros 132 (32%)

Modernización 131 (9%)

Ambiente 124 (13%)

Seguridad 109 (7%)

Defensa 91 (4%)

Turismo 80 (12%)

Ciencia y Tecnología 25 (3%)

Áreas cuya “adecuación” se encuentra “demorada” o en curso:

RREE 319 (15%)

Hacienda 502 (16%)

Educación 527 (25%)

Trabajo 651 (16%)

Transporte 76 (8%)

Agroindustria 922 (20%)

PAMI 3000 (20%)

Niñez 734 (27%)

Hospital Posadas 648 (30%)

Renaper 515 (15%)

Acumar 423 (49%)

Biblioteca 292 (31%)

Dirección Nacional de Migraciones 240 (6%)

INDEC 204 (13%)

Instituto Nacional Vitivinícola 83 (13%)

CITEDEF 75 (13%)

Instituto Geográfico Nacional 28 (10%)

Tribunal Fiscal de la Nación 28 (12%)

Subsecretaria de Servicios Logísticos 23 (13%)

Agencia de Administración de Bienes del Estado 7 (2%)

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 4 (2%)

Oficina Anticorrupción 9 (8%)

SENASA 364 (6%)

Áreas cuya “adecuación” no está finalizada:

INTA 1057 (14%)

ENACOM 707 (27%)

Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) 42 (1%)

Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) 17 (7%)

INCAA 168 (24%)

ENARGAS 33 (8%)

UIF +13 (+6%)

IIAAC 3 (3%)

ORSEP 3 (3%)

Fabricaciones Militares 538 (27%)

ANSES 2310 (15%)

A su vez, el macrismo entiende que en las áreas que sí deben sumar miembros a su planta laboral son:

Comunicaciones +52 (+70%)

Finanzas +21 (+11%)

SN COMEX +1 (+1%)

SNV +7 (+2%)

SEGEMAR +9 (+2%)

Fondo Nacional de las Artes +17 (+16%)

Instituto Nacional de Promoción Turística +4 (+8%)

Tribunal de Tasaciones +9 (11%)

De esta manera el macrismo reproduce en despidos los resultados de su modelo de ajuste, generando un achique de la planta del estado, quitándole capacidad de resolución a los problemas de la sociedad. Al tiempo que manda un peligroso mensaje al mercado laboral privado, donde muchas empresas presionan al Gobierno para achicar costos laborales.

En sinfonía con el pedido del presidente de “Modernizar” al estado, el Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, congelo los ingresos de nuevos funcionarios a su plantel, despidió a 10 trabajadores y ajustó las horas extras.

Tras conocerse el nuevo proyecto de Ley de Modernización del Estado presentado ayer por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, donde se diseñan nuevos mecanismos para congelar el ingreso de nuevos aspirantes a cargos en el estado, el Intendente Hector Gay canceló el ingreso de 10 nuevos trabajadores, junto al recorte en las horas extras.

Ademas, hace semanas dio a conocer la lista de 10 funcionarios de segunda y tercera línea que fueron despedidos de sus funciones. Entre los nombres que dejarán su cargo aparecen Diego Montero, Director de Emprendedores, y Juan Ignacio Vitalini, quien se desempeñaba como asesor en materia legal. También se suman Federico Tucat, Constanza Rivas Godio y Lucia Pendino, que pasarán a ocupar una banca en el Concejo Deliberante y sus puestos no serán reemplazados.

De esta manera, la planta de trabajadores del municipio se reduce a 90 empleados públicos. No descartan nuevo recorte a partir del primero de enero de 2018.

El Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra lanzó una extraña iniciativa para incentivar a quiénes trabajan en las diferentes áreas del Estado. Se trata del pago con golosinas para quienes hagan horas extras y se capaciten.

El gobierno nacional quiere que sus empleados se capaciten para a prender a utilizar el Gestión Documental Electrónica (GDC). Sin embargo, en lugar de lanzar un plan tradicional apela a una extraña "gratificación" laboral.

Desde la cartera que conduce Ibarra, y que fuera la cocina de los despidos masivos y la tercera reforma del Estado, se promocion

a para los trabajadores que realicen esa tarea fuera del horario de trabajo, un pago con golosinas.

En una flyer enviado desde el Ministerio de Modernización a las otras carteras, llaman a capacitarte "en la semana de la dulzura" a cambio de golosinas.

Los cursos se dictan en establecimientos de la UBA, la UCA y e lNAP y representan parte del "plan" de profesionalización que tanto prometía el macrismo y que terminó en caramelos.

Se trata de Andrés Ibarra, quien asumió la jefatura de ese nueva cartera apenas asumió la gestión de Cambiemos. Se lo acusa de abuso de autoridad, de violación de los deberes de funcionario público y de irregularidades en la compra de máquinas para el voto electrónico.

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este jueves abrir una investigación contra Andrés Ibarra, titular del Ministerio de Modernización de la Nación, a raíz de una denuncia por la supuesta compra de máquinas para voto electrónico cuando aún no se había dado tratamiento en el Congreso a la ley de la reforma electoral.

El caso recayó en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, quien ahora ordenará una serie de medidas sugeridas por el fiscal Marijuán. El fiscal pidió varias diligencias "a fin de posibilitar la actividad investigativa en la presente causa", tendientes a "la averiguación de la verdad de los hechos denunciados". Entre otras cosas pedirán copia del memorandum firmado con Corea para investigarlo a fondo y determinar si hay negociaciones aún antes de que la ley pasara por el Congreso.

La abogada pidió que se investigue si Ibarra pudo haber cometido los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público", según la denuncia.

Así se desprende de unos documentos filtrados por el Ministerio de Modernización, que detallan cerca de mil despidos en diferentes entidades gubernamentales. Diciembre caliente Mirá los documentos.

El documento del Gobierno con el plan de despidos en todos los ministerios by INFOnews on Scribd

El sitio El Destape tuvo acceso a los documentos que revelan 882 despidos indiscriminados que realizará el Gobierno en diferentes áreas y Ministerios. Allí se puede ver la cantidad de trabajadores que echarán de cada dependencia pública. Las carteras más perjudicadas son las de Producción y la de Educación y Deportes.

En los documentos que pertenecen al Ministerio de Modernización, se detalla las salidas que darán a varios trabajadores durante diciembre y enero, como para terminar el año de la mejor manera.

no es la primera vez que el Gobierno realiza despidos indiscriminados, sino que ya lo hizo desde que asumió despidiendo a más de 10 mil trabajadores públicos.

"Nosotros cuando lo hicimos, el año pasado, lo hicimos a través de un decreto", dijo una fuente del ministerio de Ibarra a El Destape. Al parecer la estrategia es responsabilizar a cada ministerio, para deshacerse así de los reclamos de ATE.

Del total de 882, una parte será despedida directamente y a la otra no se le renovará el contrato que finaliza el 31 de diciembre de este año.

Otros de los sectores más afectados es la Secretaría General, donde echarán a 90 personas -en su mayoría- trabajadores de Fútbol Para Todos, que no serán rehubicados.

También en la Jefatura de Gabinete despedirán a 50 trabajadores cesanteados, en Cultura en cambio serán 36 los despidos, mientras que en Salud y Medio Ambientes serán 20.

Aunque el iniciativa despertaba polémica, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. firmó un convenio con Corea del Sur que preveía la compra de maquinaria para afrontar el proyecto del voto electrónico.Se lo acusa de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario publico".

El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, fue denunciado este jueves por el acuerdo suscripto con Corea del Sur para la eventual compra de las máquinas de voto electrónico.

La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Laura Carreras ante la Cámara Federal porteña y tras el sorteo recayó el juzgado federal 4 de Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Guillermo Marijuan, informaron fuentes judiciales.

La denuncia es por el convenio con Corea del Sur que supuestamente preveía la compra de maquinaria para afrontar el proyecto del voto electrónico, el cual finalmente no prosperó en el Senado de la Nación.

La abogada acusó a Ibarra de cometer los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario publico" a raíz de ese acuerdo con el país asiático.

En su presentación, la abogada hizo hincapié en artículos periodísticos recientes, uno de los cuales daba cuenta que se había convenido la compra de maquinaria que ya estaba en dependencias de la Aduana.

El ministerio de Modernización que dirige Andrés Ibarra, tras echar a cientos de miles de trabajadores de diferentes dependencias estatales, contrató e inventó unos 146 cargos para designar Directores a personas vinculadas con el partido del oficialismo.

El Destape hizo un relevamiento en base a las resoluciones y designaciones publicadas en el Boletín Oficial desde diciembre hasta la fecha y allí se observó que Modernización creó 146 cargos nuevos y que sus funcionarios ganan en promedio 70 mil pesos.

Los puestos se componen por 5 nuevos secretarios, 11 subsecretarios, 30 directores nacionales, 47 directores y 53 coordinadores. De todos ellos, este medio pudo corroborar la designación de 128, ya publicados en el Boletín Oficial.

Esta cifra no incluye a las dependencias públicas que ya existían antes del 10 de diciembre de 2015 y solo toma en cuenta aquellas que fueron inventadas para la actual gestión. Entre ellas hay puestos como el flamante Coordinador de Aplicaciones Móviles, la Dirección de Coordinación y Administración de Tablas (con un coordinador homónimo bajo su dependencia) y dos Directores de Sistemas Financieros y Subsidios.

Los sueldos

Todos estos cargos fueron designados sin pasar por concurso. Muchos de ellos, como "designación transitoria en planta permanente" y varios como extraescalafonarios, con excepción de los requisitos que impone el convenio de empleo público.

De acuerdo al relevamiento hecho por El Destape, el promedio de sueldos de estos puestos es de casi $70 mil: 68.557,45 pesos de sueldo bruto, para ser más precisos. El piso corresponde a los coordinadores, que arrancan en los $54.715,82. Los directores van en un rango de entre 60 a 80 mil pesos, de acuerdo a la estimación hecha en base a la escala salarial de UPCN y las designaciones publicadas en el Boletín.

Así, por ejemplo, el director de Creación y Administración de Tablas cobra $60.290,44, al igual que eldirector de Firma Digital, mientras que el coordinador de Ciudadano Digital anda en los $54.715,82.

Según informó dicha cartera al diario La Nación en enero, los subsecretarios cobran $94 mil y los secretarios, $100.624. Desde el ministerio aseguraron a El Destape que esas cifras no variaron. Ibarra, por su parte, cobra $153.004,77 de ingreso bruto, tras saberse que los ministros y el propio presidente Macri incrementaron sus haberes un 31% promedio desde mayo.

La historia de Modernización

La cartera que conduce Andrés Ibarra no existía hasta la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Para su creación, transfirió a su órbita, desde la Jefatura de Gabinete, a la Secretaría de Gabinete y la Oficina Nacional de Contrataciones, todas con sus dependencias.

Según el GPS del Estado, que elaboró el CIPPEC, hacia 2015, la Secretaría de Gabinete contaba a su vez con 7 subsecretarías (una de las cuales pasó a la órbita del Ministerio del Interior con Macri) y 5 direcciones, más el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).