(por Andrés Fidanza) Tanto en el presupuesto nacional como en el bonaerense, la política social se salvó del ajuste. Al contrario, ambos proyectos prevén un importante aumento de fondos para planes, asistencia y comedores: un 31% de suba en Nación, y más de un 50% en provincia. Esa decisión encierra un guiño a las organizaciones populares, en especial para la CTEP, a la que el macrismo le encomendó un relevamiento en villas y asentamientos. La inversión, sin embargo, no alcanza para compensar la calidad del deterioro que causó (y sigue causando) la política económica, con énfasis en el conurbano.

Si el gobierno se jactó de la apuesta social y federal del presupuesto, la oposición puso la lupa sobre el enorme endeudamiento privado para el 2017. Ambos puntos no son del todo excluyentes. En el proyecto aprobado por amplio margen en Diputados, se prevé un endeudamiento de 44.000 millones de dólares, que se sumará al acumulado de este año. “Cuando Macri asume, la deuda con privados en moneda extranjera era de 43.000 millones de dólares. En 2016 la hicieron crecer en un 90 por ciento: la duplicaron. Este endeudamiento está por encima del blindaje y el megacanje”, definió Axel Kicillof. Para el oficialismo, en cambio, el nivel de deuda todavía es manejable.

Más cerca de Kicillof que del PRO, un informe reciente de la BBC señaló que el endeudamiento “puede convertirse en el talón de Aquiles” de Macri. Según la cadena inglesa, “los préstamos que ha recibido el gobierno no se están gastando en planes a largo plazo que puedan generar el dinero para cancelar esa deuda, sino en pagos de caja menor, reducción del déficit fiscal y aumento de las reservas internacionales”.

El otro aspecto más criticado por la oposición fue el recorte en Ciencia y Técnica y Derechos Humanos: un ajuste de entre el 10 y 15 por ciento respecto al 2016, obviando la inflación.

En la misma ruta ideológica, el gobierno de María Eugenia Vidal planea un endeudamiento de 60.000 millones de pesos para 2017, y por estas horas negocia con el massismo la letra chica del presupuesto.

Ambos proyectos, tanto el nacional como el de Vidal, coinciden en otro eje: el aumento de la inversión social. De ser aprobado en el Senado, el ministerio de Desarrollo Social tendrá un presupuesto de $ 130.000 millones para 2017. O sea, un 46% más que el presupuesto original de 2016, y un 31% más que el ampliado actual.

El gobierno bonaerense aumentará la inversión en Desarrollo Social un 55% para el 2017. Casi la mitad de los 13.000 millones de pesos proyectados se convertirá en alimentos: $ 4700 millones para los comedores escolares donde asisten a 1,6 millones de niños y otros $ 1500 millones para la tarjetas alimentarias de las manzaneras. A esos dos rubros le siguen las copas de leche en los merenderos y el plan nacional de primera infancia.

Esa inversión social intenta una carambola doble: compensar el congelamiento de la economía y garantizar la paz social, a un mes para que lleguen diciembre y sus fantasmas. Con el objetivo de evitar el conflicto callejero, el Gobierno profundizó la tercerización de su política social en un grupo de organizaciones territoriales, con predilección por la CTEP. Tras haberlas habilitado para manejar los fondos destinados a insumos del plan Argentina Trabaja, ahora el macrismo las subcontrató para que concreten un relevamiento en cuatro mil villas y asentamientos del país, donde viven alrededor de un millón de familias. Unos cinco mil militantes de esos movimientos (CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) ya empezaron una especie de censo popular, a cambio de $ 55 por encuesta.

Un millón de encuestas a ese precio suman en total unos $ 55 millones que desembolsará el Estado. A través de este acuerdo de bajo costo para el Estado, el macrismo confirmó su decisión de utilizar el know-how de las organizaciones (con la excepción de las kirchneristas, como La Cámpora o Kolina), en reemplazo parcial del despliegue estatal.

Pese a los esfuerzos del macrismo, esos dos deseos no se le cumplirán integralmente. Al menos no lo harán en el corto plazo. La asistencia social siempre va a la zaga del deterioro económico, la caída de las changas y el consumo. En realidad ni siquiera se trata de velocidades distintas: la política social no corre en el mismo andarivel que el de la economía. Son dos dinámicas cualitativamente diferentes.

El guiño político tampoco alcanzará para domesticar a las organizaciones sociales. A pocos días de haberles concedido el relevamiento (una forma de empoderarlas), el oficialismo ya tiene un nuevo foco de conflicto. Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Evita exigieron a la ministra Carolina Stanley que el bono de fin de año se pague por beneficiario de la AUH y no por hogar, tal como dispuso el gobierno. Ante el rechazo PRO, esos movimientos anunciaron una marcha conjunta con la CGT para el 18 de noviembre al Congreso.

Con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares impulsado por Desarrollo Social y una serie de organizaciones sociales, el Gobierno busca evitar cualquier tipo de conflictividad social de envergadura para diciembre próximo; por ello Stanley como el Ministro de Trabajo, están estudiando la propuesta de un “aguinaldo social”.

Otro acuerdo entre el Gobierno y diferentes movimientos sociales se encuentra en plena marcha: un bono de fin de año para evitar conflictos se encuentra en etapa de estudio y reuniones. Un asunto que no pasa desapercibido por la Casa Rosada frente a la crítica situación social y económica en todo el país y el simbolismo que tiene un mes como diciembre.

De forma separada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Trabajo, Jorge Triaca, estudian la propuesta de un “aguinaldo social” para diciembre, que consiste en la ampliación del bono con una suma fija por cada hijo, aunque la idea del Ejecutivo es pagar por grupo familiar.

Tema sensible y de prioridad absoluta para la Casa Rosada y que incluye un monitoreo constante de la situación en las zonas más marginadas del país.

Principio del formulario

El pasado 12 de octubre, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció un bono de mil pesos para jubilados que cobren la mínima y para los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).

Pero los movimientos sociales exigen aumentar la suma y para eso negocian en simultáneo con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.

Al ministerio de Trabajo, en tanto, acudieron los beneficiarios del Programa Trabajo Autogestionado y del Programa Construir Empleo, que cobran alrededor de 3100 pesos por mes.

El Gobierno ofreció actualizar el monto que perciben estos beneficiarios, pero los movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie y el Movimiento Evita reclaman que además de actualizarles los planes les paguen un bono navideño.

La respuesta del Ejecutivo, por el momento, es que estos beneficiarios ya van a cobrar el bono mediante el pago que se va a hacer a través de la AUH.

De todo esto hablarán mañana Stanley con el Presidente Mauricio Macri al mediodía en el Salón Norte de Casa Rosada.

El proyecto que declara la Emergencia Social y busca generar 1 millón de planes sociales presentado por el senador es tan inconsistente y plagado de fallas técnicas, jurídicas y legislativas que ni los propios asesores lo defendieron.

El Senador Abal Medina presentó hace algunas semanas un proyecto de Emergencia Social producto de su acercamiento al Movimiento Evita, relación que no termina de formalizar públicamente debido al juego zizgaguente que posee con el peronismo ortodoxo, con Massa e incluso con el oficialismo.

Lo que no sabía Abal Medina, diploma de honor de la Carrera de Ciencia Política y con el promedio más alto de todos los graduados, era que su juego con el Evita lo llevaría a presentar un proyecto de ley que pone en duda su capacidad legislativa, pues el proyecto que busca imponer por fuerza de ley es un deseo del Movimiento Evita está plagado de inconsistencias técnicas, jurídicas y legislativas.

Las inconsistencias técnicas son de tal magnitud que ningún asesor de Abal Medina fue a defender el proyecto en las reuniones de asesores e incluso hicieron correr el mensaje de que el propio Papa Francisco apoyaba la iniciativa a los fines de evitar las observaciones que todos los bloques tenían para hacerle.

Según pudo saber Primereando, entre las observaciones se destacan declarar una Emergencia Social cuando en realidad ya se encuentra vigente por la ley 25.561, generar 1 millón de planes sociales sin establecer fundamentos del porqué de ese universo, sin incorporar criterios de distribución geográfica, inclusión, etc. Además, plantea establecer un aumento mensual del 15% a la AUH sin ningún tipo de parámetro y promueve la creación de un índice de consumo paralelo específico de los sectores involucrados en el Plan, entre otras.

Quienes miran el proyecto con condescendencia admiten que es necesario una propuesta más integral, que incorpore a las PYMES, a los pequeños comerciantes, etc., pues de lo contrario el proyecto devela su único fin: generar un millón de planes para que sean administrados por el Movimiento Evita a través de la CTEP, su frente de cooperativas y economía popular.

La noticia encierra dos elementos novedosos en virtud de la propia iniciativa del gobierno en un tema social y por el modo en que llevará adelante dicha política.

Por un lado, que el gobierno reconozca la necesidad de relevar los sectores más vulnerables para incluirlos en la AUH indica que de algún modo reaccionan al malestar social y buscan contener las consecuencias que sus políticas han generado en los sectores más humildes..

Pero el aspecto más llamativo es el modo en que el Gobierno de Macri va a encarar esta tarea de “Relevamiento de los Barrios Populares”, pues además de la participación de la ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio del Interior y Obras Públicas, se sumarán organizaciones políticas como la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y Barrios de Pie y, tambien, el Movimiento Evita a través de su frente de cooperativas y economía popular que se aglutina en la CTEP. Junto a ellos, el Gobierno sumó a Caritas y a la ONG TECHO.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, organismo encargado de la relación con las organizaciones sociales, manifestaron que otro conjunto de organizaciones han rechazado la propuesta.

En efecto, muchas organizaciones se han manifestado críticas de este programa pues afirman que “el gobierno busca con nuestra participación legitimar una política de exclusión y pobreza” y que “nuestras organizaciones están resistiendo en los barrios a las políticas de Macri, pero no vamos a ser parte de un programa que pretende usarnos para contar los pobres que ellos mismos han generado con sus políticas”.

En Desarrollo Social, destacan el rol del Movimiento Evita y la CTEP como enlace con el resto de las organizaciones y los mismos funcionarios se jactan de contener a un costo muy bajo el conflicto social a partir del giro de fondos o de la cesión en el manejo del programa de cooperativas Argentina Trabaja en varios distritos del conurbano.

Ruidos de arranque

Más allá del acercamiento del Movimiento Evita con el Papa Francisco, los sectores de Caritas que son parte del programa de “Relevadores” cuestionaron las prácticas clientelares que utilizan las organizaciones que los acompañarán en el relevamiento. Concretamente, refieren al modo en que las organizaciones ubican a los humildes como objetos, dependientes de un plan y más grave aún, obligando a que parte del dinero que reciben por el plan deban devolverlo a la organización que se los consiguió.

Cáritas suele diferenciarse de estas prácticas en el trabajo con los sectores humildes al destacar que su objetivo es la emancipación y no la conformación de sujetos dependientes de un plan o programa.

Desde el Ministerio hicieron oídos sordos a estas observaciones e incluso en off reconocen que esa crítica es en efecto su tarea política, es decir, contener el malestar social, apagar los focos de conflicto y por ende reducir la emancipación a la asistencia social.

El doble juego de las organizaciones

Conscientes del costo político que les genera caminar el territorio junto con el Gobierno de Macri, en la previa a que se ponga en funcionamiento el programa han montado en la calle escenarios que los ubica como protagonistas del malestar social.

A esta estrategia de visibilizar el conflicto en la esfera pública subyace una lógica de la negociación y el acuerdo en tanto el gobierno nacional como las organizaciones salen beneficiadas, unos por que logran reducir las manifestaciones de sus políticas de exclusión y los otros porque consolidan la reproducción de sus estructuras organizativas.

Forma parte de esta misma estrategia la Ley de Emergencia Social que se presentó en el Senado que busca generar 1 millón de planes Argentina Trabaja (actualmente son cerca de 150.000).

Todos reconocen imposible su sanción o se resignan al veto presidencial, sin embargo, al mismo tiempo las organizaciones lograron crearse para sí varios centenares de puesto de trabajo como “relevadores” del gobierno de Macri, que estiman pagarán $300 por formulario entregado.

¿Cómo será el relevamiento?

Ya está definido que los relevadores deberán usar pecheras que los identifiquen (ver imagen adjunta) y aunque restan detalles en relación al contenido del formulario, no hay dudas de que continuarán la practica impuesta en Desarrollo Social donde incorporaron al informe social una encuesta que indaga sobre posicionamiento político, social y económico de las familias.

En definitiva, el Gobierno Nacional ingresará a las barriadas populares para obtener información inestimable para su futura campaña y lo hará de la mano de organizaciones políticas y sociales que se reconocen herederas de las tradiciones libertarias y revolucionarias de nuestro país. Es probable que al juramento que reza “ser el legado de las luchas de mayo, de los trabajadores de la Patagonia trágica, de la resistencia peronista…y de estar con los últimos de la fila” deberán incorporar “ser la pata territorial y relevadores del Gobierno de Macri”.

ASÍ SERÁN LAS PECHERAS DE LOS RELEVADORES

El pasado sábado, el diputado provincial Rubén Ledesma, junto al dirigente de la Federación de Empleados de Comercio, Oscar Nieva, se reunió con referentes locales del Movimiento Evita en la Cooperativa de Trabajo El Palmar.

“Ya nos había visitado anteriormente, unos años atrás, y ahora vino a interiorizarse para ver cómo la estamos pasando con el tema de los tarifazos y la situación social. Intercambiamos opiniones acerca de la situación de los trabajadores con todas las medidas que ha tomado este Gobierno y charlamos de política nacional”, explicó Gerardo Fernández, referente del ME matancero, en declaraciones al portal El1 Digital.

Buscando despejar los rumores de un acuerdo, Fernández dejó en claro: “Nosotros decidimos reunirnos con todos los sectores, no excluimos a nadie. Ledesma es un dirigente sindical y política de envergadura en el distrito, lo invitamos y vino sin ningún requisito. Todavía falta mucho para las elecciones”.

“Todos se reúnen con todos. Algunos lo hacen en la oscuridad y otros públicamente, como nosotros. No tenemos condicionamientos de ningún tipo, somos una organización que ha decidido tener autonomía en la política y en la pelea social”, reflejó.

Sobre el eje del diálogo con Ledesma, el referente del Evita clarificó: “Charlamos sobre la preocupación de ver cómo se sale de este problema social gravísimo en el cual nos metió el Gobierno. Lo electoral va a terminar de definirse al calor de la cuestión social”.

“El Movimiento Evita no va a hacer acuerdos con nadie que no contemple la resolución de la problemática social. No vamos a hacer acuerdos con nadie que esté a favor de los tarifazos, de la inflación, de la pérdida de puestos de trabajo”, se explayó Gerardo Fernández.

Aunque desde todos los dos sectores niegan el acercamiento, son cada vez más frecuentes las fotos entre los dirigentes de ambos espacios.

El proyecto consiste en la creación de un ente ejecutor coordinado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley.

La firma del acuerdo sería en los días próximos y de esa manera unas cuatro cooperativas (dos vinculadas al Evita y las restantes al Movimiento de Trabajadores Excluidos –MTE–) evitarían quedar bajo la órbita de la Comisión Nacional Cooperativistas y Trabajadores (CNCT) o del Municipio de Luján, que son los otros dos entes ejecutores del programa Argentina Trabaj en Lujan.

Con la puesta en marcha del acuerdo entre Desarrollo Social y el Evita, la CTEP tendrá a su cargo la organización de cooperativas, agrupadas en entes y desde allí se haría la planificación del trabajo diario.

Este acuerdo genera incertidumbres, ya que al cambiar de interlocutor, los cooperativistas no saben cuál va a ser el futuro del programa nacional, las formas de administración, las labores y las formas de pago.

Además, desde las cooperativas dicen que hay un desconocimiento total del proceso de cambio de ente ejecutor, sumado a que los cooperativistas no tienen ningún tipo de participación en la elección a que ente quieren pertenecer, solo saben lo que les informa el municipio.

En varios partidos del Conurbano bonaerense está ocurriendo esa situación en baja intensidad, como lo demuestra el caso de Luján y esta pasando lo mismo en Lanús, Quilmes y Campana, donde la CTEP paso a ser la encargada de dirigir las cooperativas agrupadas en entes.

La Juventud Peronista en el Movimiento Evita, Jóvenes de Pie y la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras remarcaron: "Vemos con preocupación, bronca y tristeza cómo la pobreza está disolviendo nuestras esperanzas de una vida mejor", comienza la nota que las distintas organizaciones le escribieron al jefe de Estado y que hoy a las 12 entregarán en la mesa de entradas de la Casa Rosada.

El documento, firmado por las agrupaciones juveniles que desarrollan trabajo territorial en barrios y villas de todo el país, hace un llamado al Presidente a "reflexionar sobre la delicada situación de los sectores más humildes de nuestra población".

"El temor crece en cada familia", dice el texto y enumera las que analiza como las causas de esta preocupación los "15 millones de pobres, 1.500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, los tarifazos, la creciente desocupación, la concentración de la tierra que expulsa a los campesinos, el recorte presupuestario a la educación, y el aumento del narcotráfico, los casos de gatillo fácil y los asesinatos por violencia de género".

La carta de las organizaciones da varios ejemplos para ilustrar la situación social que según ellos se registra hoy en el país y cita "la desaparición de las llamadas changas" porque "lo primero que recortan las familias de sus gastos son los pesos que le daban al pibe que cortaba el pasto, o a la piba que les cuidaba los chicos".

"Por cada trabajo formal que se pierde, se pierden tres en la economía informal o popular" , añaden.

Por estos motivos, las distintas agrupaciones le solicitan al presidente "establecer una mesa de diálogo, para atender las problemáticas que viven los jóvenes argentinos en su vida cotidiana".

"Nosotros no somos Tinelli ni Mirtha Legrand, pero la importancia del trabajo que realizamos desde cada una de nuestras organizaciones demanda una respuesta", señalan.

Finalmente, recordaron para el próximo domingo 7 de agosto, en el marco de la festividad de San Cayetano, Patrono del Trabajo, marcharán junto a distintos movimientos políticos y populares en una "Caravana de la Dignidad" desde Liniers (donde se encuentra la basílica de dicho santo) hasta Plaza de Mayo, pidiendo "paz, pan y trabajo", siguiendo "el consejo del papa Francisco, quien nos convoca a que hagamos lío ante las injusticias", concluye el documento.

Un duro comunicado emitido por la militancia del Movimiento Evita de Entre Ríos, donde se cuestiona la decisión de romper con el Frente Para la Victoria (FPV) y se acusa a la dirección nacional de esa organización política de no consultar a las bases y de "negociar con el liberalismo responsable de la miseria".

El comunicado comienza manifestando: " No estamos de acuerdo con los arreglos de la cúpula y manejos espurios de nuestra conducción nacional", en clara referencia al alejamiento del Movimiento Evita del FPV, de los diferentes niveles de acercamiento y dialogo que  mantiene con el gobierno de Mauricio Macri y de las señales de aproximación con el Frente Renovador de Sergio Massa.

"Mucho menos bancamos a nuestros dirigentes que en forma inconsulta negocian con el liberalismo responsable de la miseria y del atentar con la vida de nuestra población con el hambre y el trabajo en un país de 40 millones de argentinos", señala duramente el comunicado de la regional de Entre Ríos.

En referencia a los diferentes acuerdos con el gobierno de Cambiemos, el texto subraya: "No podemos ser aliados de un gobierno neoliberal mentiroso y corrupto que cumple con los dictados del FMI" y a continuación relata: "no podemos apoyar a un gobierno que golpea a nuestra compañera Cristina, quien encarga un proyecto de país con inclusión y justicia".

Para finalizar, el comunicado señala: "Le recordamos a nuestros cumpas, una enseñanza de Perón que decía: ´Primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres".

A pesar de este duro documento emitido por la militancia del Evita de Entre Ríos, el diputado bonaerense y miembro de la dirección nacional del Evita, Fernando "Chino" Navarro, dijo : "No vi el reportaje a Cristina, prefiero ver películas o estudiar los domingos" y luego aclaró,: "Trato de no ser opinador de opiniones".

También, a contra mano de lo que expresa el texto emitido por la militancia entrerriana del Evita, Navarro señaló:"Estoy en contacto con la gente en la calle, recorro mucho y escucho propuestas, reclamos e iniciativas. La gente tiene preocupaciones distintas a las que tenemos los políticos, cómo llegar a fin de mes, la devaluación, la inflación y el tarifazo".

Y adelantó que su organización participará el  domingo próximo hacia Plaza de Mayo "para reclamarle a Macri tierra, techo y trabajo digno para todos los argentinos", en donde participarán el Unión Clasista y Combativa y Barrios de Pie, y donde se esperan la presencia de 60.000 personas.

"Veníamos laburando por los derechos del trabajo y hoy estamos peleando contra el hambre de vuelta", lamentó Emilio Pérsico que se movilizará al frente del Movimiento Evita para participar de la marcha hacia Plaza de Mayo junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) el domingo 7 de agosto, día en que la Iglesia Católica conmemora a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

En diálogo con radio Diez, Pérsico explicó que el reclamo de las organizaciones a los diputados por un salario social garantizado prevé que "todos los planes sociales se sinteticen en uno nacional" que equivalga al "50% del salario mínimo vital y móvil".

Asimismo, remarcó que la situación en los barrios comenzó con un proceso donde "primero se nota la pérdida de la changa por el ajuste que hacen los trabajadores", a lo que se suma "la inflación que se come todos los recursos".

"Ahora estamos en un proceso de mano de obra muy calificada que quiere ocupar el lugar de la changa en los barrios, sobre todo en la construcción y en la aparición de negocios que cierran", reveló Pérsico.

"Que abramos de nuevo los comedores en donde teníamos talleres o locales Fines (planes de estudio para adultos) es la mayor vergüenza para nosotros como organización y la mayor derrota como sociedad", señaló.

La movilización convocada por CTEP, Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) partirá el domingo a las 9 de la iglesia de San Cayetano en Liniers hacia Plaza de Mayo.

Bajo el título “El Movimiento Evita también despide trabajadores”, los periodistas despedidos del semanario Miradas al Sur emitieron un comunicado de prensa en el que le exigieron a Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico, Jorge Taiana, Adela Segarra, Raúl Lorenzo, Gerardo Rico y al conjunto de los integrantes de la Mesa Nacional del Movimiento Evita que asuman la responsabilidad legal que tienen con los empleados del medio "en tanto trabajadores y sean coherentes con los postulados de esa organización social y con sus declaraciones públicas sobre conflictos similares”.

Miradas fue comprado por la organización a Sergio Szpolski, en medio del proceso de dispersión de los medios que manejaba el ex zar multimedios de Tigre, hoy responsable de una serie de vaciamientos.

Los trabajadores, a través de las redes sociales, responsabilizaron al Movimiento Evita por el despido de 24 personas de la redacción sin previo aviso, desconociendo la relación de dependencia existente en un medio con 8 años de vida.

Los empleados informaron que el 29 de diciembre de 2015, el Movimiento Evita, propietario del semanario Miradas al Sur a través de su empresa Ultrakem S.A., envió sin previo aviso telegramas de despido a la totalidad de los trabajadores y sin tampoco poner a nuestra disposición las indemnizaciones correspondientes.

“Pese al envío de los telegramas, integrantes de la Mesa Nacional del Movimiento Evita explicaron que Miradas al Sur se relanzaría en abril con nuevo inversor y que la totalidad de los trabajadores pasaríamos a formar parte de la nueva empresa, que nos reconocería las condiciones laborales preexistentes”, agregaron.

Y destacaron que “a siete meses de dicha promesa, han incumplido con su promesa de recontratación y continúan sin abonar las indemnizaciones, posiblemente apostando al desgaste de trabajadores que pasan meses sin cobrar”.

Concluyeron, además, que la Asamblea de Trabajadores de Miradas al Sur responsabiliza de todos estos hechos a los máximos dirigentes del Movimiento Evita que hoy, mientras emiten declaraciones de repudio por los despidos que ocurren en el Estado y en varios medios periodísticos de la Argentina, y denuncian a la vez la existencia de un “cerrojo informativo”, se comportan con nosotros como la más inescrupulosa de las patronales.