Luego de que el proyecto de el acuerdo con los holdouts lograra media sanción en la cámara de diputados, distintos referentes y legisladores del amplio espectro político, hicieron declaraciones públicas sobre la intensa jornada vivida ayer en el Congreso Nacional.

Entre quienes salieron dar su punto de vista sobre el acuerdo con los fondos buitre fue en Frente de Izquierda.

El diputado por el Partido Obrero, Néstor Pitrola, sostuvo que  el proyecto para cerrar un acuerdo con los fondos buitre, le va a costar "sudor y lágrimas" al país y consideró que "se está abriendo un nuevo ciclo de endeudamiento sobre una Nación quebrada".

"Ha ganado el pacto buitre. Este acuerdo nos va a costar sudor y lágrima", dijo Pitrola en declaraciones a la prensa, tras la sesión que culminó con la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo de normalización de la deuda pública.

"Se está abriendo un nuevo ciclo de endeudamiento arriba de una Nación quebrada. No le mientan al país. Es deuda arriba de deuda", indicó Pitrola y rescató el papel del Frente de Izquierda, "como la única voz de los trabajadores frente a esta entrega colonial del país que se votó esta mañana", enfatizó el diputado nacional.

Por su parte,  la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció que "esta sea la primera ley del nuevo Gobierno es todo un símbolo de la orientación política abiertamente proempresaria y atada al capital financiero internacional. Amenazas de hiperinflación y ajuste pronunciadas desde el más alto nivel nos trajeron aquí para intentar ponernos de rodillas: no aceptamos la extorsión ni la coacción que quieren ejercer sobre los diputados”.

Durante su exposición en el Congreso, Bregman recordó que “durante la década del 70 en la Argentina, no solo desaparecieron a los trabajadores y a sus comisiones internas, sino que los grupos económicos locales se beneficiaron con la estatización de sus deudas, socializaron las pérdidas y privatizaron sus ganancias. Entre ellos, Sevel, la automotriz del Grupo Macri, se benefició con esta estafa”.

En el mismo sentido,  agregó que “desde 1983 al 2015 los Gobiernos constitucionales pagaron aproximadamente cuatrocientos mil millones de dólares, e igualmente la deuda es hoy de doscientos cuarenta mil millones de dólares. Esto demuestra que es impagable y un mecanismo de usura”.

La diputada aprovechó para despegarse del kirchnerismo y aseguró que  “demostraron (FpV) cómo abandonaron la retórica de Patria o buitres y que su política es pagar hasta el último centavo a estos, así como les pagaron a Repsol y al Club de París. En términos históricos, hay un aspecto sobre el rol del kirchnerismo que no ha sido suficientemente analizado aún: han naturalizado que hay que pagar la ilegal e ilegítima deuda externa”.

Por último, Bregman recordó que presentó un proyecto de ley de consulta popular vinculante sobre este acuerdo, ya que “es el pueblo trabajador el que soportará las consecuencias de este vergonzoso acuerdo con los buitres, y no puede ser un mero espectador de la entrega: tiene que ser convocado a opinar mediante una consulta popular vinculante. ¿Por qué los docentes, los jubilados, los que no tienen vivienda o se están quedando sin trabajo no pueden opinar acerca de adónde destinarían estas sumas millonarias?”.

“Se cumplen cuarenta años del golpe genocida, y el presidente de EE. UU. vendrá al país.Repudiamos esa visita y nos vamos a movilizar este 24 de marzo en forma independiente, como siempre lo hemos hecho. Por los treinta mil detenidos desaparecidos y por los hijos apropiados que dejó esa dictadura, le decimos no al pago de la deuda que contrajeron los genocidas”, concluyó Bregman.

Organizaciones kirchneristas y de izquierda se movilizarán mañana martes a las 18hs frente al edificio del Congreso para manifestar su rechazo a la derogación de la ley Cerrojo, que diputados de la alianza Cambiemos y de fuerzas aliadas intentarán aprobar en la sesión de esa jornada con la idea de encauzar el acuerdo con los fondos buitres.

La Cámpora, el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y otras

agrupaciones del kirchnerismo confluirán el martes a las 18.00 en

una jornada de protesta contra "el acuerdo con los fondos buitre",

cuyas consecuencias, según sostienen, "las va a pagar el pueblo".

Las agrupaciones de izquierda también se sumarán a lo que

denominan un "plan de lucha contra el endeudamiento y el ajuste",

aunque convocaron de manera separada al kirchnerismo.

Una fuente de La Cámpora destacó que la convocatoria

apunta a que "los diputados que van a entregar el futuro del país

tengan claro que gran parte de la sociedad piensa que la solución

es otra".

"El arreglo con los fondos buitre no lo va a pagar (Mauricio)

Macri, lo va a pagar el pueblo. El acuerdo, que se suma a la

devaluación y al tarifazo que ya hicieron, va a generar hambre.

Hoy queda claro cuando (Alfonso) Prat Gay dice que si no hay

acuerdo se va a producir un terrible ajuste", reprochó el

representante de la agrupación kirchnerista.

Uno de los integrantes de la mesa de dirección del Movimiento

Evita Gildo Onorato subrayó que el acuerdo dará luz verde a

un "nivel de endeudamiento que comprometerá el desarrollo futuro

de la economía y de las generaciones venideras", por lo que

confirmó que una nutrida columna del movimiento social liderado

por Emilio Pérsico será de la partida para acompañar el voto en

disidencia de los diputados kirchneristas.

En la misma sintonía, la organización Nuevo Encuentro de Martín

Sabbatella se volcará a la plaza del Congreso bajo la consigna "no

a los fondos buitre".

El legislador porteño y presidente de Nuevo Encuentro por la

Capital Federal, José Cruz Campagnoli, manifestó que el motivo de

la concurrencia será el de expresar que el "pueblo no está

dispuesto a regalar la soberanía".

Por el lado de la izquierda, la militancia comenzará a

aglutinarse en la plaza enfrentada al Congreso un poco más

temprano.

El diputado nacional del Partido Obrero Néstor Pitrola indicó que ese espacio hará su propio acto, separado del que plantea el kirchnerismo, e incluso del que prevén realizar otros partidos de izquierda.

Remarcó que a diferencia del llamado a una consulta popular por

parte bloque mayoritario del Frente para la Victoria, al que

consideró un "fraude" dado que "plantea pagarles un poco menos"

que el oficialismo, los diputados del Partido Obrero van a

plantear la "investigación de toda la deuda pública" y la

convocatoria a un referendo.

Según alertó, de prosperar la iniciativa del gobierno el país

va a "ir hacia un Rodrigazo", ya que "es un ciclo de endeudamiento

que va a conducir a un ajuste de características enormes".

El dirigente nacional del PTS Christian "Chipi Castillo", por

su parte, aseveró que "el pago a los buitres es una nueva vuelta

de tuerca de una deuda ilegitima e ilegal", que se agrava por "el

último fallo del tribunal norteamericano" que deja "abierta la

posibilidad de litigio de otros acreedores".

El MST (al igual que el PTS) llamó a congregarse frente al

Congreso a las 17 horas con el propósito de "levantar la voz en

contra" del acuerdo con los holdouts.

El exlegislador y dirigente nacional del MST, Aleandro Bodart, insistió en que el aval parlamentario que proyecta el gobierno va a "hipotecar al país como en el 2001" y abre la posibilidad de nuevos reclamos sobre el país", en sumas que podrían "llegar a los 400 mil millones de dólares".

El Protocolo contra las manifestaciones y los piquetes que promueve la ministra Bullrich se inscribe totalmente en este ataque. Desde la dictadura de Onganía en adelante se trató de implementar la reglamentación a las protestas populares. De la Rúa directamente instauró el Estado de Sitio y trató de acallar la protesta con una represión que causó 33 muertos. Su gobierno cayó ante una rebelión popular que comenzó el día de la instauración del Estado de Sitio.

El gobierno K armó todo un andamiaje de control y represión de la protesta popular y pretendió reglamentarla por ley, aunque fracasó. La presidenta CFK anunció en su mensaje de apertura de las sesiones del Congreso Nacional en el 2014 su propósito de reglamentar piquetes y movilizaciones. Ya entonces, diputados del PRO y la UCR, hoy funcionarios del gobierno Macri, aplaudieron en forma entusiasta esta parte del discurso, que luego se materializó en el proyecto de ley Pedrini-Conti. Antes había sacado la ley antiterrorista que también está dirigida a penalizar la protesta popular. En los cinco mil casos de procesamiento de dirigentes y luchadores sindicales, ambientalistas, estudiantiles y sociales existente se apela a figuras penales (asociación ilícita, incitación a la violencia, artículo 194 del Código Penal contra los cortes de ruta, etc.) para tratar de ahogar la protesta obrera y popular.

Recientemente, y como consecuencia del paro y movilización nacional convocado por ATE el 24 de febrero contra los despidos en las administraciones públicas, fueron encausados los dirigentes Raquel Blas y Roberto Macho (ATE) y Federico Lorite (SITEA) de la provincia de Mendoza por organizar una gran manifestación sindical de protesta contra los despidos masivos. Fue el debut de la aplicación el Protocolo contra las luchas sociales.

El Protocolo pretende que las manifestaciones o cortes sean avisados y pactados con las autoridades, de lo contrario estarían prohibidos y serían pasibles de ser reprimidos en forma sumaria por las fuerzas policiales, y sus dirigentes y participantes terminar en prisión. La reglamentación de la protesta popular por el gobierno es muy precisa. Habilita la filmación de manifestantes por parte de las fuerzas de seguirdad en lo que es la institucionalización del Proyecto X de espionaje y criminalización de la protesta popular. Incluso se ha cuidado también de regimentar a los medios de prensa: hay un capítulo especial dedicado a los periodistas que ya no tendrán la posibilidad de moverse libremente en el terreno de los acontecimientos, sino que deberán responder a las instrucciones policiales. Se trata de una restricción a la libertad de prensa y de un pasaporte de impunidad al atropello y la represión policial.  Con este Protocolo nunca se habría sabido que el comisario Fanchiotti ejecutó estando detenidos a Kosteki y Santillan en 2002, o constatar la ‘zona liberada’ en la que se desarrolló el crimen de Mariano Ferreyra. Los periodistas habrían sido reprimidos si intentaran captar las imágenes que recorrieron el país y el mundo, y permitieron saber la verdad sobre la provocación policial contra los manifestantes.

Denunciamos que este Protocolo no sólo es impulsado por el gobierno nacional de Macri-Bullrich, sino que ha sido avalado por gobiernos provinciales del PJ y el FPV. Alicia Kirchner pidió la Gendarmería para desalojar a los huelguistas que protestan contra el vaciamiento y el robo de sus salarios por Lazaro Baez.

El objetivo del Protocolo es imponer con represión las medidas de ajuste antinacional y antipopular, dictadas por el pacto con los fondos buitres que el gobierno y el conjunto de las fuerzas de Estado y los grupos económicos y financieros proponen como salida a una nueva bancarrota nacional. Desde Nueva York se está dictando la política nacional y se subordina al propio Congreso. El protocolo antimanifestación es un arma del ajuste.

Por eso, el 24 de marzo vamos a marchar miles para reclamar su anulación.

*Néstor Pitrola, militante del Partido Obrero, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.

El Frente de Izquierda salió a denunciar que se ha dado la "irregular" situación de que las únicas comisiones constituidas en la Cámara de Diputados son las de Presupuesto y de Finanzas. En este marco, consideran que "la única agenda que mueve al oficialismo es el pacto con los fondos buitres".

El diputado del FIT, Néstor Pitrola, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, intervino en su constitución planteando: “Como rechazamos de plano que un triste Juez norteamericano le marque la agenda al país, a su gobierno y, peor todavía, a los representantes del pueblo, no aceptamos los plazos que se han conocido para un tratamiento express del pacto buitre”.

“Reclamamos no sólo que se conozcan públicamente los pactos guardados hasta ahora bajo llave, sino el conjunto de la documentación que obra en el juzgado de Griesa y sus mediadores, tanto de las negociaciones llevadas adelante por el actual gobierno como por el anterior", dijo el representante de la izquierda.

Al mismo tiempo, reclamó también que "participen del debate no sólo ministros informantes, sino especialistas, personalidades y dirigentes sindicales propuestos por los distintos bloques para abrir una deliberación popular”.

De igual modo, para analizar el complejo acuerdo con los holdouts, el Frente para la Victoria solicitó la presencia del ex ministro Roberto Lavagna y de Guillermo Nielsen, quienes participaron del canje de deuda durante la gestión del ex mandatario Néstor Kirchner. También pidieron convocar a dirigentes gremiales y empresariales representativos

Este lunes 22 de febrero a las 12 horas en el Congreso Nacional, los diputados Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, que integran el bloque del Frente de Izquierda, convocan a una audiencia pública en rechazo al protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, presentaron un proyecto de resolución en rechazo al mismo.

“El protocolo regimenta severamente el derecho a la protesta popular y a la libertad de prensa y, a su vez, habilita la represión y convalida la impunidad de las fuerzas de seguridad”, expresa la invitación que se está girando a todos los bloques del Congreso.

Pablo López, diputado del FIT por Salta, sostuvo: “A Macri no le importa el tránsito sino la regimentación de la movilización popular. En la campaña electoral participó de los cortes de ruta de las patronales agrarias a quienes después premió con la quita de retenciones y la devaluación".

"Acá lo que está en juego son los intereses sociales que se defienden. Este protocolo es contra los reclamos de los trabajadores, en el marco de un fuerte ajuste. En Salta lo conocemos, porque Urtubey es un adelantado en el ajuste y la represión. El ejemplo son las trabajadoras despedidas de Cerillos, que fueron encarceladas y se encuentran procesadas con graves imputaciones", fustigó el diputado salteño.

Soledad Sosa, diputada por la provincia de Mendoza, explicó que “el protocolo es similar a lo que estableció la Intendencia radical de la capital de Mendoza, multa a gremios y organizaciones políticas de izquierda por realizar movilizaciones por reclamos populares, que no logró evitar. En cambio, exceptuó de las multas a las movilizaciones encabezadas por la UCR y el PRO. Está claro el sentido regimentador y represivo que posee esta medida del Ejecutivo”.

Por su parte, Néstor Pitrola, agregó que “el protocolo está hecho para hacer pasar el ajuste, por eso fue avalado por la mayoría de las provincias, incluidas las gobernadas por el FPV".

"No sorprende, Scioli no solo había planteado en su campaña ´tolerancia cero´ a los piquetes sino que en los últimos días sus referentes defendieron las medidas contra el pueblo trabajador llevadas adelante por el gobierno de Macri, que generarán fuertes convulsiones sociales", agregó el ex candidato a gobernador de la izquierda.

Están convocados a la audiencia diputados, legisladores, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.

El dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y diputado nacional, Néstor Pitrola, coincidió en la necesidad de “autoconvocar” al Congreso junto a otros bloques opositores, como una respuesta a los decretos del gobierno presidencial de Mauricio Macri.

En diálogo con PRIMEREANDO, Pitrola consideró que “por supuesto” el bloque de izquierda está dispuesto a ser parte de una autoconvocatoria en el Parlamento nacional. Incluso sostuvo que ha mantenido conversaciones con Héctor Recalde, titular del bloque del Frente para la Victoria, y lo responsabilizó de “no haber dado ningún paso” para convocar al recinto.

Asimismo, el diputado del FIT mencionó que dialogó también con los sectores de Victoria Donda, del Movimiento Libres del Sur, y Alicia Ciciliani, del Partido Socialista en el mismo sentido.

“El macrismo está gobernando a decretazos. La baja de las retenciones, la ley de medios, la emergencia en seguridad y ahora también buscan tomar deuda, así lo anunciaron en la cumbre de Davos; son todas medidas que tienen que debatirse en el Congreso”, aseveró Pitrola.

Ayer, en diálogo con Radio del Plata, Recalde aseguró: "Estamos pensando en la autoconvocatoria. Y especificó que para autoconvocar “tenemos que tener 129 diputados”, pero el FpV llega a 103 legisladores. Por esta razón, los bloques opositores buscan aunar esfuerzos para lograr el quórum y convocar al Congreso.

Consultado por el decreto que aumenta la coparticipación de la CABA, Pritola aseveró: “Tenemos que discutir los impuestos que se lleva Nación. En la Ciudad buscan financiar el traspaso de la Federal cuando hay 53 comisarías que `cartelizan` el delito, es una policía responsable de 403 casos de gatillo fácil, no se puede financiar sin investigarlos”.

Por otro lado, el legislador porteño del FIT, Patricio Del Corro, criticó que “el macrismo ahora se apresta a modificar la coparticipación por decreto”, algo que había criticado del kirchnerismo.

“El debate central debería ser para qué se usan esos fondos. No van en beneficio de la salud, la educación y la vivienda, sino en un aumento que el PRO dirige a incrementar los policías de la Federal y la Metropolitana”, sostuvo Del Corro.

“En la Legislatura denunciamos el traspaso de la Federal porque son ellos los que organizan el delito en la CABA”, agregó el legislador del PTS, quien también lanzó sus dardos al gobierno de Cambiemos por convocar la Legislatura para “sesiones exprés y tener el Congreso virtualmente clausurado”.

La represión con balas de goma realizada ayer por la Gendarmería Nacional a los trabajadores de Cresta Roja para desalojar la autopista Riccheri podría tener consecuencias en la justicia.

El Partido Obrero (PO) denunciará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado.

En un comunicado que difundió la Izquierda Diario, el PO informó que denunciará a Bullrich al acusarla de “recurrir a los métodos de la injuria y la provocación política contra el Partido Obrero, y justificar la acción represiva contra los obreros de Cresta Roja”.

En el texto se acusa a la funcionaria de reproducir en un comunicado oficial de su ministerio declaraciones de un delegado de Cresta Roja a medios de comunicación que “provienen de informaciones absolutamente falsas y equivocadas”.

Ayer la ministra de Seguridad dijo que la Gendarmería tenía "directivas claras" para desalojar a los manifestantes en Ezeiza y aseguró que el operativo se realizó "con total apego a la ley" y con "absoluta y total responsabilidad". "Nuestro objetivo es la tranquilidad social", manifestó en declaraciones al canal Todo Noticias.

Desde el ministerio de Seguridad ayer difundieron que un delegado de la empresa había asegurado en declaraciones periodísticas que “existen infiltrados del Partido Obrero en la manifestación”.

Esa jugada generó críticas desde el Frente de Izquierda. Por su parte, María Eugenia Vidal recibió críticas de amplios sectores políticos, sobre todo de la izquierda. Es que la gobernadora había prometido una salida a un conflicto que afecta a más de 3 mil trabajadores.

Varios legisladores protestaron por la represión de Gendarmería a trabajadores de Cresta Roja. Es que la fuerza federal desalojó con balas de goma y camiones hidrantes el corte parcial que los empleados de la compañía avícola mantenían por quinto día, en demanda del pago de salarios atrasados y la continuidad de la empresa y de sus puestos de trabajo.

Pero más allá de la represión en sí, Vidal quedó en el medio del conflicto, por haber asumido la responsabilidad de encontar una salida política al conflicto.

Néstor Pitrola, diputado nacional bonaerense del Frente de Izquierda, sostuvo que “la represión a los trabajadores de Cresta Roja es la otra cara de la política de desgaste y quiebra de la empresa que sostiene Vidal”.

“En la revolución de la alegría, hay equipo… de gendarmes. Reprimen a los trabajadores de Cresta Roja, ninguna solución a sus problemas, el gobierno solo habla de la ruta cortada… ¿y 3009 los puestos de trabajo?…”, cuestionó el diputado nacional Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita en el Frente para la Victoria.

Desde el Nuevo Mas, Manuela Castañeira opinó: “Vidal dice que la patronal se guardó los subsidios y no supo sostener la empresa; lo dice para sacarse el problema de encima, cuando lo que correspondería en ese caso sería confiscarles los bienes y la planta a esos estafadores, y ponerla a trabajar resguardando la fuente de trabajo y la producción. Si los empresarios estafaron al Estado, la salida es estatizar la empresa y mandarles los gendarmes a ellos, no a los trabajadores”.

La diputada Victoria Donda manifestó su preocupación por “cómo se ha dilatado este conflicto y la violencia en el accionar del Estado contra los trabajadores”.

Los cortes al único acceso hacia la terminal aérea internacional se vienen dando desde fines de noviembre, cuando los propietarios de Avícola Rasic comenzaron con problemas para la continuidad de las operaciones de esta empresa que emplea a 3000 trabajadores.

Esto generó fuertes manifestaciones y movilizaciones en reclamo del pago de salarios y la continuidad de las fuentes laborales. Los manifestantes anticiparon que seguirán con las medidas de fuerza "por tiempo indeterminado", mientras la administración bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal busca una salida al problema.

Luego de que el kirchnerismo realizara una manifestación en defensa de la ley de Medios, la izquierda convoca mañana a una movilización a Plaza de Mayo “en contra del ajuste” y en reclamo de un bono de fin de año ante el aumento de los precios y la devaluación.

Así la convocó el ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, quien consideró que se trata del primer “acto de los trabajadores, la izquierda y distintos movimientos políticos y sociales contra el ajustazo por decreto que está llevando a cabo la CEOcracia de Macri”.

El acto, además, supone un acercamiento entre la izquierda y movimientos sociales vinculados al Frente para la Victoria, como es el caso del Movimiento Evita, que tiene representación parlamentaria a nivel nacional y provincial.

“Con lluvia o sin lluvia vamos a participar de la marcha la CTA, varios sindicatos, los partidos que integramos el FIT, Barrios de Pie, el Movimiento Evita y varias otras organizaciones”, destacó Del Caño.

La demanda de la movilización es “un bono de fin de año para todos los trabajadores y jubilados como planteamos en el proyecto de ley que presentamos junto a Myriam Bregman en la Cámara de Diputados”.

“Cada peso que aumenta un producto son millones para las grandes cadenas alimenticias y de hipermercados. La mega devaluación enriqueció en forma extraordinaria, de un día para el otro a una decena de empresas exportadoras”, explicó el ex candidato presidencial del FIT.

Asimismo, el mendocino consideró que la baja de las retenciones es “otro regalo para esas mismas empresas, que duplicaron sus ganancias en menos de una semana”. “Entretanto los trabajadores debemos esperar hasta las paritarias, muchas de las cuales terminan en junio. ¿Por qué?”, se cuestionó.

Además de Del Caño, tomarán la voz en el acto Claudio Dellecarbonara, miembro de Secretariado Ejecutivo del Sindicato del Subte, y Néstor Pitrola del Partido Obrero. La convocatoria es a las cinco de la tarde en Avenida de Mayo y Belgrano, para desde ahí marchar hacia Plaza de Mayo.

El diputado nacional por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, pidió este jueves al Gobierno de Mauricio Macri que adelante la convocatoria a negociaciones paritarias para enero, porque los trabajadores perdieron mucho poder adquisitivo con los recientes aumentos de precios.

"Se viene un ajustazo contra el pueblo y la clase obrera", se quejó el diputado de la izquierda y trazó un panorama económico sombrío por la "crisis en las cuentas públicas" que dejó la administración de Cristina Kirchner.

Pitrola, referente del Partido Obrero dentro del FIT, aclaró que hacia el interior del sindicalismo combativo ya se viene dando una discusión sobre "cómo se defenderá el salario y los puestos de empleo", por lo que anticipó un escenario de "conflictividad social".

"El ajuste ya empezó con la carestía del gobierno kirchnerista en sus últimas semanas, que expresa la bancarrota económica en la que dejó al país el Gobierno de Cristina Kirchner, con el Banco Central quebrado y cuentas fiscales estalladas", afirmó.

Aseguró además que "los formadores de precios adelantaron la devaluación del peso que Macri ya prometió, lo que hizo perder poder adquisitivo a los trabajadores, a lo que se sumará el tarifazo y el aumento de las tasas de interés que agravará la recesión".