La ex ministra de Defensa y Seguridad criticó el reordenamiento de las Fuerzas Armadas ordenada por el Presidente de la Nación, que coloca en las calles a efectivos militares para controlar la seguridad interior.

Se cayó otra mentira más del Grupo Clarín. El Departamento de Justicia norteamericano, con la firma de Aaron Gershbock, le informó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que en el Shore Bank, actual nombre del Felton Bank, no hay registro de los números de cuentas ni de los nombres citados primero por la revista brasileña Veja y luego por el diario Clarín.

También Irán contestó a la requisitoria de Martínez de Giorgi señalando que los supuestos números de cuenta cuyos beneficiarios sería Máximo y Nilda Garré no existen en ese país porque les falta un dígito.

Como era de esperar, Clarín no publicó la desmentida oficial, a pesar de haber puesto en tapa la noticia durante casi dos años, entre 2015 y 2017. La investigación falsa fue realizada por el periodista ultramacrista Daniel Santoro.

En las redes, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner celebró la noticia pero ironizó: "Si, como lo lees: durante dos años (el Departamento de Justicia) mantuvo la confidencialidad de la información dejando correr una denuncia falsa desde el 2015 hasta septiembre de 2017". En 2015 se disputaron las elecciones presidenciales que permitieron el triunfo del macrismo.

El Departamento de Justicia de EEUU informó dos años después que no era cierto. Si, como lo lees: durante dos años mantuvo la confidencialidad de la información dejando correr una denuncia falsa desde el 2015 hasta septiembre de 2017. https://t.co/XqpGYRAoUp

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 12 de marzo de 2018

Documento: el texto que el Departamento de Justicia envió a la Justicia argentina para desmentir a Clarín

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibió a los trabajadores del complejo. Advirtieron sobre una difícil situación que “que ya está afectando el empleo” y “la continuidad de producciones estratégicas para el interés de la Nación”.

Fabricaciones Militares cuenta en la actualidad con 2.172 trabajadores que se encuentran en riesgo por el “vaciamiento” iniciado por el Gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo a lo expuesto en la Comisión de Defensa, que preside la diputada Nilda Garré, las autoridades de la empresa estatal ya confirmaron el cierre del Proyecto Vagones; la suspensión de los convenios con INVAP para la fabricación de radares, con YCRT para la fabricación de bridas y abrazaderas y con Yamana Gold-MASA para la provisión de servicios de voladura en la Mina Gualcamayo; la mínima producción de pólvoras; y la discontinuidad de la mayoría de los proyectos conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa.

Los trabajadores evalúan que el impacto de estas medidas redundará en una caída de facturación de $515 millones de pesos, con una pérdida de más de 800 puestos de trabajo entre las plantas de Azul (160 puestos de trabajo), Villa María (200), Rio Tercero (420) y Jáchal (50).

“Cada medida que tomó Cambiemos desde su asunción implicó una transferencia de recursos desde los sectores vulnerados hacia los poderosos. El caso de Fabricaciones Militares genera doble preocupación: por un lado, los argentinos y argentinas que perderán su fuente de trabajo; por el otro, la cesión de soberanía, nada menos que en términos de defensa, manifiesta en la intención de vaciar las fábricas e importar equipamiento militar desde otros países”, señaló la diputada Gabriela Estévez, tras participar del encuentro.

En este marco, Estévez se mostró preocupada por las consecuencias que esto tendrá para las economías regionales, particularmente de la provincia de Córdoba, de donde es oriunda.

“Este proceso de vaciamiento tiene un fuerte impacto económico para nuestra provincia en función de que tanto en Villa María como en Río Tercero, Fabricaciones Militares tiene plantas que generan un efecto dinamizador sobre la economía de la región, ya que los trabajadores y trabajadoras de estas fábricas vierten sus salarios en las ciudades que habitan, favoreciendo así el consumo interno en las economías locales”, remarcó.

Por último, la legisladora denunció que “no es casual que se haya nombrado como ministro de Defensa a Oscar Aguad para encarar esta segunda etapa de vaciamiento de Fabricaciones Militares, ya que es el tipo de tarea que está acostumbrado a desempeñar”

“Tal fue el caso de su intervención en Corrientes durante el gobierno de la Alianza, gestión que dejó no sólo la provincia destruida sino un procesamiento en sus espaldas por los negocios espurios que realizó mientras era interventor; y porque viene de hacer lo mismo en el Ministerio de Comunicación, donde se ocupó de garantizar los negocios del Grupo Clarín y otras grandes corporaciones”, recordó Estévez.

El conductor televisivo se refirió de esa manera a la ex ministra de Defensa de la Nación, luego que la ex funcionaria decidiera no ser entrevistada por el panelista de Animales Sueltos mientras se desarrollaba la marcha contra la aplicación del 2×1 a los represores de la última dictadura militar.

Un nuevo episodio de desplante a Eduardo Feinman aconteció ayer en la Plaza de Mayo, cuando la ex ministra rechazó ser entrevistada por el conductor de A24 y provocó la rabia del conductor que disparó: “Es una guerrillera montonera”.

Garré, luego de brindar declaraciones al móvil de A24 se negó a ser entrevistada por el panelista de Animales Sueltos, y al igual que el actor Dario Grandinetti, señaló: “Con Feinman no hablo”.

La expresión utilizada por Feinman es la misma que utilizaba la dictadura cívico-militar para desparecer, torturar, encarcelar y perseguir a miles de argentinos.

La ex ministra de Defensa de la Nación se refirió de esa manera a la escandalosa compra de armamento a Washington.  Tras la primera versión oficial que el Gobierno intento instalar que no se trataba de una compra sino de una “donación”.

“Obviamente, el complejo militar industrial que está detrás del Departamento de Defensa de Estados Unidos quiere vender, no donar”, dijo la ex ministra de Defensa y actual diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV), Nilda Garre, en declaraciones al diario Contexto.

“La compra no está hecha, pero sí el requerimiento ante las autoridades norteamericanas. Uno querría saber dónde se planificó todo esto porque, además, hay dos diputados involucrados que no tienen especialización en materia de Defensa, ni fueron mandatados por el Congreso. Ni siquiera integran la Comisión de Defensa de la Cámara Baja”, señaló Garré en alusión a Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, los legisladores de Cambiemos que se reunieron con Visclosky antes de que el embajador formulara el pedido de material bélico por canales formales.

A Garré también le llamó la atención la magnitud del armamento, que de ningún modo se justifica para combatir “el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, como alegó Lousteau en su carta.

Allí se solicitan, entre otras cosas, 64 helicópteros Cobra AH1, Chinook, Black Hawk UH60 y Bell 412; más de 300 tanquetas de guerra, entre las que se destacan las StryKer M1128, M1130, M1132, M1134 y M1139, equipadas con ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y cañones de 105 milímetros; 24 vehículos anfibios AAVR7A1; 80 lanzamisiles Javelin; 14 aviones caza F16C, con cañones M61 y soportes para misiles, bombas y tanques de combustible suplementarios; y 2 aeronaves Orion P-3C de combate antisubmarinos.

“La cantidad de blindados que se establece en la lista es como para cinco ejércitos y los helicópteros son los mismos que se utilizaron en las guerras de Vietnam, el Golfo Pérsico, el Líbano y Afganistán. Sería inimaginable utilizar uno de esos helicópteros para combatir el narcotráfico y no es Defensa la encargada de hacer eso, sino las fuerzas de seguridad. Tampoco se puede hablar de terrorismo porque no tenemos. Así que cuesta entender cuál es la hipótesis de conflicto que ven o para la que se preparan desde el Gobierno”, enfatizó la diputada.

Para Garre, una posible explicación es que traten de “alinearnos a la colaboración que pueda pedir Estados Unidos”, con una política de Defensa conjunta cada vez más alejada de América Latina, como ocurría durante los noventa, cuando Carlos Menem envió tropas a Medio Oriente y los Balcanes.

“La Defensa tiene que ser con la región, no con Washington. Esa alianza militar sería contradictoria, absurda e inviable”, sostuvo la ex ministra al recordar que “Estados Unidos fue nuestro contrincante en la Guerra de Malvinas”.

Por eso mismo, reclamó que Macri explicite lo que Marcos Peña se negó a trasparentar en su último informe ante el Congreso: “Cuando vino el jefe de Gabinete dijo que el Plan Nacional de Defensa existía, pero que era secreto. Puede haber una pequeña parte que justifique ser secreta por alguna situación estratégica, pero en líneas generales el plan debe ser público. Lo tiene que conocer el Congreso y toda la sociedad”.

Mientras el Gobierno ocultaba el escándalo, el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, probaba in situ algunos de los armamentos que ahora Martínez dice que su cartera nunca pensó adquirir. El funcionario viajó la semana pasada a Estados Unidos junto a oficiales superiores del Ejército y la Fuerza Aérea, con quienes visitó la casa matriz de Bell Helicopter, cerró los acuerdos por los Texan T6 y se jactó de “varios proyectos en común” con Lockheed para incrementar “el poder aéreo nacional”.

La primera versión oficial que hizo rodar la Casa Rosada trató de instalar la idea de que no se trataba de una compra sino de una “donación”, algo que fue rápida y ampliamente reproducido por los medios hegemónicos que suelen blindar a Cambiemos.

El bloque de diputados del FpV pudo presentar una denuncia penal contra el propio presidente y los funcionarios involucrados, así como un pedido de interpelación al ministro Julio Martínez y la canciller Susana Malcorra.

Tampoco se habla de “donación” en la carta que le envió el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, al senador demócrata Peter Visclosky, integrante de la comisión estadounidense encargada de aprobar la exportación de armas a través del programa Foreign Military Sales (FMS), ni en la autorización del Departamento de Estado para avanzar en “una posible venta militar extranjera a la Argentina”, documentos dados a conocer por el canal de noticias C5N.

Defensa reconoció el martes la compra de doce aviones de entrenamiento Texan T6, pero negó el resto del armamento por más de 2.000 millones de dólares que figura en los anexos de la carta de Lousteau. Según el ministro Martínez, el listado con unos cien ítems “tiene carácter exploratorio, genérico y público, y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”.

La Comisión de Defensa de la Cámara baja aprobó el despacho del proyecto firmado por 6 diputados oficialistas que había impulsado Piter Robledo, pero a último momento 5 de ellos decidieron quitar su firma.

El subsecretario nacional de la Juventud, Piter Robledo, es el principal dirigente juvenil del PRO e impulsa un proyecto para derogar de forma definitiva el Servicio Militar Obligatorio. Seis diputados de Cambiemos firmaron la iniciativa que  obtuvo despacho en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, pero una interna en el oficialismo hizo que 5 de los firmantes quitaran su apoyo y la propueta corra peligro.

El proyecto de ley busca poner fin a la ley 24.429, que indica que el servicio militar puede ser puesto en práctica en tiempos de guerra, crisis o emergencia nacional. Martín Maquieyra, Carlos Roma, José Patiño, Leandro Koenig,  Ana Laura Martínez y el ex árbiro de fútbol Héctor Baldassi son los legisladores del PRO que firmaron la iniciativa. Sin embargo, a último momento, todos retiraron su firma a excepción de Maquieyra.

El proyecto logró despacho en la Comisión de Defensa Nacional que preside Nilda Garré,  gracias a que el Frente Para la Victoria y Progresistas consiguieron el número necesario de votos positivos. Sin embargo, el histórico dirigente radical Héctor "Cachi" Gutiérrez se presentó para cuestionar la iniciativa y tuvo un fuerte cruce con el legislador Carlos Kunkel.

El presidente Mauricio Macri, mediante el decreto 721/16, le otorgó poder político a las Fuerzas Armadas que se le había restringido en el año 1984, luego del regreso de la democracia.

La decisión presidencial que fue fuertemente cuestionada por la oposición y los organismos de DDHH, busca ser frenada por el Bloque de diputado del Frente para la Victoria.

Los legisladores kirchneristas anunciaron hoy que presentaron un proyecto de ley que deroga el Decreto 721/16 por el que se modifican las facultades delegadas al ministro de Defensa por el Presidente de la Nación, restringiéndolas, en comparación con los Decretos de los años 1984 y 1985, y transfiriendo las mismas a los Jefes de los Estados Mayores Generales y Jefes de Estado Mayor Conjunto.

"El decreto dictado por el Presidente Mauricio Macri deroga completamente el Decreto 436/84 y modifica el Decreto 101/85 -ambas normas dictadas por Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia-, que fueron los primeros pasos de un camino sinuoso, no exento de marchas y contramarchas, destinado a terminar con el “autogobierno castrense” característico de las dictaduras militares", advirtieron desde el bloque del FpV.

En el mismo sentido, aseguran que "el decreto 721/16 deroga procedimientos e instancias administrativas que democratizaban la vida interna y la representación de los integrantes de las fuerzas armadas" y añaden "cabe acotar que las designaciones que hace el Ministro son controladas por las distintas áreas del Ministerio de defensa (DDHH, Transparencia Institucional), por lo que al limitar esta facultad, se evita el control de los antecedentes del personal militar propuesto".

A la vez, los legisladores nacionales aclararon que para la formulación del proyecto de Ley se basaron en los aportes realizados por Agustín Rossi y Nilda Garré, por su trayectoria y experiencia en el tema.

"La tendencia histórica al autogobierno de las Fuerzas Armadas se quebró definitivamente durante los últimos 12 años, cuando los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández sancionaron una batería inédita de medidas que fortalecieron como nunca antes la capacidad de conducción política del sector2, recordaron en el comunicado oficial.

En el mismo sentido, los diputados sostuvieron que "el gobierno de Macri da un terrible paso atrás en lo que es la democratización de las fuerzas armadas y su integración democrática y republicana", concluyeron.