Lo hizo la Asociación Americana de Juristas al exponer en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se trató la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el derecho constitucional de los pueblos originarios a “recuperar su territorio ancestral”.

David Ricardo López, integrante de la Asociación Americana de Juristas, señaló su preocupación ante la ONU por la desaparición de Santiago Maldonado y los ataques permanente que sufren las comunidades mapuches por parte del Gobierno de Mauricio Macri, lo que está “generando un clima de violencia en la Argentina”

El jurista colombiano fue el encargado de repasar los antecedentes del caso ante sus compañeros de Comisión de Derechos Humanos, el 19 de septiembre pasado.

En ese marco, recordó que “en el 2015, la comunidad Pu Lof de Cushamen recuperó una porción de su territorio ancestral en el noroeste de la provincia de Chubut disputado por la compañía Tierras del Sur de Luciano Benetton. La recuperación mapuche se produjo en el marco de la Constitución nacional que ordena su restitución y la ley 26.160”.

En enero de 2017, “argumentando el despeje de las vías de un tren turístico que pasa por la Pu Lof, la policía realizó un operativo dejando heridos graves”, mientras que meses más tarde se produjo “la detención ilegal del lonko Facundo Jones y de otros seis mapuches, basada en un pedido de extradición de Chile, cuyo juicio fue anulado por inteligencia ilegal y pruebas conseguidas bajo tortura”.

López detalló que el 1 de agosto, cuando la Gendarmería ingresó a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen “había ocho hombres, dos mujeres y dos niños”, y que “Santiago Maldonado fue detenido y desaparecido, trasladado en un móvil de Gendarmería rumbo a Esquel”.

A pesar de que su desaparición forzada fue denunciada por la APDH, instruyéndose la causa con pruebas documentales y testimoniales, el Estado argentino “niega su detención, descalificando a los indígenas con medidas discriminatorias y una campaña mediática política de grupos económicos que intentan instalar la idea de que el indígena que lucha por sus derechos es un violento enemigo de la patria para seguir militarizando Chubut, una región disputada por intereses transnacionales, por sus recursos naturales”.

“La ley 26.160 que protege a los territorios indígenas, impide desalojos hasta noviembre de 2017. Mientras el Poder Ejecutivo se niega a continuar con el relevamiento de los territorios y obstaculiza el tratamiento de la prórroga de la norma en el Senado, generando un clima de violencia en la Argentina”, concluyó el jurista ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Lo rechazó durante una reunión con el representante regional de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, quien buscaba avanzar en la conformación de un grupo para supervisar y colaborar con la investigación, como había pedido la familia de Santiago.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibieron hoy a Amerigo Incalcaterra representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Según trascendió, durante el encuentro, los funcionarios rechazaron avanzar en la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise y colabore con la investigación sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida el pasado 1 de agosto en medio de una brutal represión de Gendarmería.

Incalcaterra viajó a Buenos Aires expresamente para evaluar la posibilidad de conformar este grupo, que había sido pedido por la propia familia a la ONU con el objetivo de “destrabar la investigación”.

Desde Amnistía Internacional también habían planteado la necesidad de la intervención de expertos que contribuyeran “a una investigación independiente e imparcial” sobre lo ocurrido con el joven.

La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le reclamó a las "autoridades pertinentes a realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos".

A cinco semanas de la desaparición de Santiago Maldonado, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó hoy su preocupación por la falta de progreso en la investigación y búsqueda del joven de 28 años.

En tal sentido, la oficina regional de la ONU reclamó a las "autoridades pertinentes a realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas".

Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur del ACNUDH, indicó que "la Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos" y "en especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública".

El organismo internacional reiteró su voluntad de "prestar la asesoría técnica que los familiares y el gobierno argentino acordaron el 29 de Agosto".

A su vez, recordó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas exigieron al Estado que tome medidas urgentes para la investigación y que brinde información sobre las acciones adoptadas.

Aunque apostó fuerte a convencer a la ONU de que no se trataba de una detención arbitraria y no pudo demostrarlo, ahora cambiemos se prepara para volver a desconocer lo resuelto por la ONU. Todo se produce luego de que el Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas visitara el país.

La diputada nacional de la UCR Gabriela Burgos celebró este domingo la visita a Jujuy del Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, pero advirtió que "no es vinculante la opinión" adelantada por el organismo sobre la privación de la libertad de Milagro Sala.

Las declaraciones de la legisladora jujeña de Cambiemos se producen luego de que el grupo de trabajo ratificara el pasado jueves en conferencia de prensa que "sigue vigente" su reclamo al Gobierno nacional por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cuya detención desde enero de 2016 consideraron "arbitraria".

"Celebramos que vinieron por primera vez y tuvieron contacto con las víctimas de Milagro Sala, a quienes antes no habían escuchado cuando elaboraron el informe que se conoció en diciembre", sostuvo Burgos en un comunicado.

Con críticas hacia el organismo de la ONU encargado de monitorear la situación de Milagro Sala y eleborar un informe, Burgos defendió lo actuado por la Justicia jujeña.

"Se ha apegado a los principios rectores de la ONU sobre prisiones preventivas, que establece que deben ser dictadas siempre como última medida, que es cuando se puede dar la obstrucción del procedimiento o el peligro de fuga", consideró.

Los delegados del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) , Elina Steinerte y Roland Adjovi, manifestaron hoy en una conferencia de prensa que "hubo un entramado de acusaciones consecutiva e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo.

A través de un texto indicaron que en el caso "se vulnera la independencia judicial", para luego subrayar que "no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad".

En ese sentido, Adjovijo: "El Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan" y que Sala "por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención".

Para fortalecer su pedido, el funcionario de la ONU, indicó: "Confiamos y no​ ​dudamos de la buena voluntad del gobierno argentino de escuchar nuestra recomendación, ya que fue el propio Gobierno el que nos invitó a esta visita".

Asimismo, deslizaron un duro informe, en el cual remarcaron que se hace un uso excesivo de la prisión preventiva, advirtieron que las fuerzas de seguridad tienen "amplias facultades para detener" y que "sectores humildes, LGBTI, migrantes e indígenas" son más proclives a ser detenidos por la Policía. Incluso, mostraron preocupación por el DNU anti-inmigratorio del Gobierno de Macri y puntualizaron que las detenciones en cuestiones migratorias deben ser excepcionales.

De esta manera, los funcionarios de la ONU presentaron los informes preliminares sobre la situación de detenciones arbitrarias en el país, los cuales habían sido invitados por el Gobierno nacional ante la ola de críticas por la situación de la líder de la Tupac Amaru. Además, explicaron que, de no cumplirse con la liberación de la activista política, eso aparecerá en el reporte anual que elaboran ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, del cual dependen dentro del organismo supranacional.

Además, dejaron en claro que "las obligaciones del gobierno federal deben cumplirse en todos los niveles" de cada administración. Para decirlo en pocas palabras: es el Estado nacional el que debe hacer cumplir con los estándares internacionales también a los estados provinciales. El "federalismo" no es excusa para esto yratificaron su postura respecto al caso puntual de Sala. "La opinión emitida el año pasado sigue vigente", señaló Elina Steinerte.

Vale destacar que los representantes del Alto Comisionado del organismo internacional remarcaron que la visita a nuestro país no fue para "revaluar" el tema de la detención de la líder jujeña, sino para hacer un análisis de la situación carcelaria general. Es por esto que recorrieron cárceles, instituciones de atención de la salud y comisarías de Buenos Aires, Jujuy, Santiago del Estero y Chubut.

Un grupo de la ONU viajará a la Argentina con la finalidad de recabar información sobre condiciones de detención de la dirigente social. El grupo de trabajo del organismo calificó de "arbitraria" la detención de Sala.

El grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU confirmó una visita al país para el mes próximo tras mantener una reunión con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en Ginebra.

La delegación arribará al país el 8 de mayo y permanecerá hasta el 18 recorriendo varias provincias para informarse sobre condiciones de detención, en particular de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala.

La visita se llevará a cabo en base a una invitación del gobierno argentino para lo cual se analizaron detalles durante la reunión mantenida ayer entre representantes del organismo y el secretario Avruj.

Tras el encuentro Avruj, aseguró que "la invitación de Argentina fue mencionada con gran beneplácito, y se avanzó en aspectos organizativos que tienen que ver con la agenda que desarrollará la delegación en Argentina".

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 bajo el cargo de "tumultos" e "instigación a la violencia" por haber encabezado un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy desde los primeros días de diciembre de 2015, cuando asumió el gobernador Gerardo Morales.

El grupo de trabajo de la ONU calificó de "arbitraria" la detención de Sala.

El el marco de la visita oficial de Mauricio Macri a España, la legisladora del partido Podemos vistió una remera pidiendo su liberación y le solicitó al mandatario que "cumpla los derechos humanos".

La cuestión de la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, acompañó este miércoles la presencia del presidente Mauricio Macri en el Congreso de España, ya que una diputada del partido Podemos vistió una remera pidiendo su liberación y le solicitó al mandatario que "cumpla los derechos humanos".

Durante la visita del líder del PRO a la sede del Poder Legislativo ibérico, se destacó la diputada madrileña de Podemos Irene Montero, quien saludó al Presidente luciendo una remera blanca con la inscripción "Liberen a Milagro" y el rostro de la dirigente del Frente para la Victoria.

"Liberen a la indigenista y diputada del Parlasur Milagro Sala, la ONU lo exige. Cumplan los derechos humanos", escribió minutos más tarde en su cuenta de Twitter.

Al respecto, la canciller, Susana Malcorra, resaltó que "Podemos expresó su opinión de una manera muy respetuosa a través del uso de una remera con un mensaje. Pero se hizo dentro del marco de las instituciones democráticas de España".

"Nuestra respuesta es que esto se está manejando dentro de la Justicia. No hay forma más fuerte para resolver y avanzar en la cuestión que la Justicia se avoque a ello y en la máxima institución, como es la Corte Suprema. Tenemos una tranquilidad de que esto está en las manos en las que tiene que estar", agregó la ministra de Relaciones Exteriores y Culto en diálogo con Radio Continental.

Así se expresó el embajador de Rusia en la ONU en respuesta al Londres y Washington, quienes acusaron a Rusia de inferir en Ucrania.

“Devuelvan las Islas Malvinas, devuelvan Gibraltar, devuelvan la parte anexionada de Chipre, devuelvan el archipiélago de Chagos en el océano Índico, que convirtieron en una enorme base militar. Solo entonces su conciencia, tal vez, esté un poco más limpia y puedan empezar a juzgar otros temas como el de Crimea”, sostuvo Vitali Churkin, representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas.

Las declaraciones del diplomático fueron para contestarle a EE.UU. y a Reino Unido, a quienes señaló de tener una “doble moral” al acusar a Rusia de injerencia en Ucrania cuando ambos países aún tienen colonias alrededor del mundo. Así lo destacó el sábado Sitio Andino.

La crisis entre Rusia y Estados Unidos e Inglaterra nació cuando el embajador británico en la ONU, Matthew Rycroft, aseveró que el país presidido por Vladimir Putin “desencadenó la crisis de Ucrania”, postura que reiteró la diplomática estadounidense Nikki Haley, quién además añadió que “EE.UU. sigue condenando y llamando a un fin inmediato de la ocupación rusa de Crimea”.

Por su parte, el embajador ruso se defendió afirmando que la crisis de Ucrania estalló en febrero de 2014 como resultado de un golpe de Estado apoyado desde el exterior y no tras el referendo celebrado después, en el mismo año, en el que los habitantes de la península de Crimea votaron a favor de adherirse a la Federación Rusa.

El organismo nacional lo componen secretarios de todas las provincias del país. Piden el cumplimiento de las resoluciones de organismos internacionales como la ONU, OEA y la CIDH, que se manifestaron por la liberación de la dirigente política.

El Consejo Federal de Derechos Humanos en su último encuentro firmaron un acta en la piden al Estado nacional cumplir con las resoluciones de Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación a la liberación de Milagro Sala.

El acta lleva las firmas de los Secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz y La Pampa.

En el acta se puntualiza: El Consejo Federal de Derechos Humanos, reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 12 y 13 de diciembre de 2016 en su XXV Reunión Plenaria manifiesta, su adhesión a las recomendaciones y observaciones emitidas por los organismos internacionales respecto de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy y a las declaraciones del Secretario General de la OEA de noviembre de 2016 entendiendo que las mismas deben ser atendidas y consideradas para velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en materia de Derechos Humanos, en el marco del sistema federal, republicano y democrático del Estado Argentino”.

El acta va con copia a la Presidencia de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el tribunal Supremo de Justicia de esa provincia norteña y a los organismos internacionales a través de la Cancillería argentina.

Así lo afirmó el organismo internacional al aceptar la invitación del Gobierno a visitar el país, pero advirtió que no considerará otra respuesta que la libertad de la dirigente política, que se encuentra privada de su libertad injustamente desde hace once meses. Se espera la visita para mayo del año que viene

El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Detención Arbitraria aceptó la invitación del gobierno argentino de visitar el país, en respuesta al pedido de liberación inmediata de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero pasado en Jujuy, aunque advirtió que “la única respuesta satisfactoria es la liberación” de Milagro Sala.

El presidente del Grupo, Roland Adjovi, en declaraciones ofrecidas a la prensa internacional, señaló: “El gobierno federal tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones”..

Funcionarios argentinos declararon que la petición de la ONU había sido remitida a Jujuy. “En principio sería una visita de seguimiento, pero como hace mucho que la primera visita tuvo lugar (en 2003), una visita completa sería lo más apropiado. La cuestión será resuelta una vez convenida la fecha”, consideró Adjovi, quien aclaró que “no puede haber visita exclusivamente ligada al caso Milagro Sala”.

En cuanto a la fecha de la visita del Grupo, una fuente de la organización que pidió conservar el anonimato informó a la agencia AFP, que la ONU le ha propuesto a la Argentina que sea en mayo de 2017.

La decisión del Grupo de la ONU de exhortar a la Argentina a liberar a Milagro Sala fue apoyada en los últimos días por la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de haber sido compartida por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por expertos de los Comités de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Pese al pronunciamiento en el mismo sentido de los principales organismos internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno de Jujuy ratificó la prisión de la dirigente, al tiempo que el presidente Mauricio Macri confirmó el carácter de presa política de Sala, al reconocer que se mantiene privada de su libertad por cuestiones ajenas al Estado de derecho. “A la mayoría de los argentinos nos pareció que había cometido delitos”