El escándalo de los Panamá Papers no deja de traerle dolores de cabeza a Mauricio Macri. Es que día a día se conocen más vínculos entre sus negocios privados y las firmas offshore sospechadas en todo el mundo de hacer maniobras oscuras en guaridas fiscales.

En lugar de menguar el problema sigue en crecimiento. Con el paso de los días la cantidad de sociedades offshores registradas en paraísos fiscales continúa creciendo.

Ahora se conoció que el pasado 19 de febrero, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó la transferencia de las acciones que el máximo mandatario poseía en la empresa Yacylec S.A a Sideco Americana S.A, sociedad que se encuentra registrada en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo y ahora centro de las miradas internacionales tras la filtración masiva de papeles..

Y casualmente, según consigna el portal El Destape, la lista de los integrantes de esa sociedad offshore coincide con los principales hombres de confianza de Franco Macri, el padre del presidente. Es más algunos de ellos también estuvieron involucrados en la causa de triangulación de activos, en la cual también estuvo procesado Mauricio Macri.

Según consta en el registro público de Panamá, Eloy Alfaro de Alba fue uno de los agentes que hizo la empresa, un hombre poderoso de Panamá, que llegó incluso a ser embajador en los Estados Unidos.

Felipe Santiago Tapia Castillo, otro de los integrantes pareciera ser una persona ficticia, a raíz de que ocupa varios puestos similares y en lapsos de tiempos cronológicamente imposibles: ostenta actualmente cinco puestos diferentes como suscriptor, director, vice-presidente, secretario y presidente en mil empresas de Panamá, Colón (Panamá).

Los otros mencionados en el directorio son Roberto Ringhini (Tesorero), hombre designado por el Grupo Macri en la Comisión Vial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cuando como Ministro del menemismo, Roberto Dromi, le otorgó a los Macr el 11% de las concesiones de rutas nacionales.

También aparece Miguel Angel Pucci (Vicepresidente), quien fuera director de SEVEL cuando en el 2000 Franco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de auto partes y vehículos.

Luis Da Costa (Secretario), otro ex directivo de SEVEL y procesado junto a Mauricio Macri por "contrabando agravado".

Y finalmente Eloy Alfaro de Alba (Suscriptor) un abogado, ex Embajador de Panamá ante Casa Blanca, ex Magistrado de Corte Suprema de Justicia, ex Director de la Autoridad del Canal de Panamá.

A través de un comunicado firmado por el colectivo Economía Política Para la Argentina (EPPA), diferentes personalidades de las ciencias económicas y sociales manifestaron su rechazo a la citación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el miércoles por parte del juez federal Claudio Bonadío.

En el texto divulgado por los académicos se indica en forma de introducción: “Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por haber cumplido las funciones que les tocaron, con dedicación y honestidad, para defender siempre los intereses populares en la trinchera de la patria”.

Además manifiestan: “Repudiar enérgicamente la acusación a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex Ministro Julio De Vido, en el marco de la investigación amañada por Guillermo Marijuan, un fiscal faccioso que responde a las corporaciones económicas que quieren instalar la violencia política en la Argentina”.

Siguiendo esa línea, los firmantes del comunicado firmado por EPPA también repudian “el procesamiento y la persecución judicial de José Sbatella que, desde la dirección de la Unidad de Investigación Financiera, desarrolló el poder de regulación y control estatal para mitigar las consecuencias del comportamiento fugador y fraudulento de gran parte del capital concentrado de la Argentina”.

En el texto además se denuncia el desmantelamiento de la UIF por parte de la actual gestión de gobierno y critican el nombramiento de una funcionaria del Banco HSBC, “de connotados antecedentes como lavador de activos, facilitador de la evasión impositiva, la fuga de capitales y la violación de las normas regulatorias del sistema financiero en la Argentina y en el mundo”, como el comportamiento del juez Claudio Bonadío, “que arrastra decenas de denuncias por un escabroso cúmulo de actos impropios para un juez de la Nación”.

Para finalizar, el comunicado exige “la presencia de Macri ante el Congreso para aclarar su vinculación con las empresas fantasmas en el paraíso fiscal de Panamá, respondiendo las preguntas de los diputados allí presentes” y rechazan el uso corporativo y político del Poder Judicial, y la manipulación de la información desde los medios hegemónicos para ocultar y proteger al gobierno de Cambiemos de la crisis económica producida por el ajuste a la economía del país”.

El legislador provincial de Cambiemos, Daniel Ivoskus, hijo del ex intendente de San Martín, apareció implicado en el escándalo conocido como Panamá Papers.

La empresa que lleva el nombre de Paralelo Cero, está radicada en Panamá según los resgistros revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Ivoskus, se suma al equipo PRO de los implicados por la investigación de empresas que operan en paraísos fiscales para el lavado de dinero, y fuga de capitales, entre otras operaciones ilícitas.

Además, del presidente de la nación, Maurico Macri, cuya imagen recorre el mundo por estar imputado en la causa, también los intendentes jorge Macri y Néstor Grindetti, están salpicados en el escándalo internacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, entre otros.

Paralelo Cero fue inscripta en Panamá bajo la dirección del propio Ivoskus, mientras en la nómina de la firma aparecen varios de sus socios. Se trata de una consultora especializada en Comunicación y Marketing Político, con sede en el humilde municipio de San Martín pero con alcance, por lo visto, al menos en Panamá y México.

“En el año 2013, se inscribió un instrumento jurídico en ese país, debido la posibilidad de desarrollar allí un proyecto de consultoría y capacitación. Esta actividad finalmente no se concretó, por lo que la empresa no registró movimiento alguno, ni siquiera la apertura de una cuenta bancaria”, aseguró Ivoskus en un comunicado oficial.

En el ojo de la tormenta por la inclusión de su nombre entre los dirigentes que aparecen en los Panamá Papers, Jorge Macri, intendente de Vicente López, habló por primera vez de su participación en firmas offshore.

“No tenemos nada que esconder y es por eso que está bien que quien quiera investigar que investigue, en esto Mauricio siente lo mismo que yo, y por eso estamos tranquilos”, señaló el alcalde al portal InfoBan.

“Yo no soy parte de Panamá Papers, que es una investigación llevada adelante por periodistas de distintos lugares del mundo, pero bueno, se mencionó una sociedad. Yo tuve en el 2004 una empresa de la que soy director, pero no tiene actividades ni patrimonio y es por eso que no está declarada ni tiene una cuenta”, esbozando una explicación muy similar a la de su primo..

“Sí tengo otras sociedades locales -continuó- que sí las tienen e inclusive tienen propiedades y movimientos y sí las tengo en mi patrimonio declaradas como parte de mi activo y se pagan impuestos por eso", agregó.

"Todo lo que tenga que ser declarado está declarado, lo que no tiene actividad y no reviste un patrimonio no está por una cuestión lógica, simplemente cumpliendo la norma. Me atengo al derecho y estoy tranquilo” afirmó Macri.

Además trató de desacreditar la filtración de documentos. “Cada tanto surgen versiones como ésta y desgraciadamente es parte de este juego de la política donde muchos tratan más de ensuciar que de hacer, pero estoy tranquilo y con toda la información a disposición”.

La investigación por los Panamá Papers y la posterior revelación de las cuentas offshore de Mauricio Macri en el país caribeño todavía le generan repercusiones al Gobierno Nacional que no pueden ocultar. A pesar de que la gestión de Cambiemos trata de minimizarlo, las repercusiones son cada vez más importantes.

Ayer la indignación de amplios sectores de la sociedad tuvo su primer pronunciamiento. Es que a través de las redes sociales, se convocó a una marcha en Plaza de Mayo para exigir la renuncia del Presidente.

Convocados a través de las redes sociales con el lema "7A por el Juicio Político A Macri", una multitud se presentó frente a Casa Rosada con banderas y carteles en contra del mandatario argentino y exigió que el Presidente deje su cargo.

"Mauricio decime que se siente, lavar la plata en Panamá…", fue uno de los cánticos de la gente en Plaza de Mayo en contra de Macri.

En el interior del país, en varias ciudades, se realizaron manifestaciones similares que también consiguieron importantes convocatorias.

El presidente Mauricio Macri anunció esta tarde que se presentará ante la justicia civil para pedir una "declaración de certeza", con el objetivo de que un magistrado verifique si cometió o no una "omisión maliciosa" en su declaración jurada, al no declarar en 2007 su participación en dos empresas radicadas en Panamá.

“Voy a presentarme ante la Justicia con toda información que me requieran para demostrar en una declaración de certeza que no incurrí en una omisión maliciosa en mi declaración jurada de 2007”, sostuvo el mandatario durante un discurso que brindó en la Casa Rosada donde anunció, además, que pondrá sus bienes en un fideicomiso ciego.

Las declaraciones de Macri en relación a su patrimonio se produjeron luego de que el fiscal federal Federico Delgado ordenara investigar si el mandatario cometió un delito al no declarar su participación en dos empresas offshore, información que trascendió a partir de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.

El jefe de estado anunció también el envío al Congreso de un proyecto de Ley para el Acceso a la Información Pública con el objetivo de “promover la transparencia de los actos públicos”.

"Tenemos que terminar con la corrupción" porque "es algo que nos daña", sostuvo el jefe de Estado y luego sentenció que "En Argentina, toda la Información pública estará accesible” para quien la requiera.

Mientras el gobierno nacional jugaba a bajarle el precio al escándalo internacional y pensaba que había pasado el vendaval de #PanamaPapers, el fiscal federal Federico Delgado decidió darle un impulso a un expediente judicial para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones.

Así surge del dictamen al que accedió el portal Infobae, donde el representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.

"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado.

El nombre del presidente de la Argentina apareció entre los empresarios y políticos que montaron compañías offshore en paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Apenas se conoció el nombre de Macri, el Poder Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que defendió la legalidad de la maniobra y aseguró que el jefe de Estado no tenía la obligación de declarar ante las autoridades fiscales su participación porque no había obtenido dividendos de la operación. Ahora la Justicia determinará si la interpretación oficial es la adecuada o si se violó alguna norma.

Delgado aseguró, además, que la Justicia deberá determinar "la vida social" de las empresas mencionadas por la denuncia presentada por el diputado nacional Norman Darío Martínez, a fin de comprobar si se infringió algún "tipo penal" y, en ese caso, si Macri "tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento".

El Presidente se refirió al tema en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó más detalles en una conferencia de prensa. Si bien Delgado reconoció que ya hubo "aclaraciones públicas" sobre las filtraciones, precisó que "el trabajo judicial es determinado".

A efectos de cumplir con la pesquisa, Delgado sugirió que se soliciten copias de la investigación periodística y las declaraciones juradas de Macri en la AFIP. Asimismo, pidió un informe detallado de Alberto Abad sobre la "dinámica tributaria" y qué sujetos están obligados a declarar sus participaciones en compañías offshore.

La oficina anticorrupción tiene la obligación de investigar los hechos de corrupción en la que se implica a funcionarios del erario público.

Quien conduce el área, es la funcionaria macrista, Laura Alonso, quién tras el escándalo en el que está implicado el presidente de la nación Mauricio Macri, sostuvo frases poco felices, del estilo "constituir una sociedad off shore no es delito en si mismo".

Alonso recibió una catarata de críticas y denuncias por mal desempeño del cargo.

En este contexto, el presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, presentó hoy un proyecto de ley tendiente a modificar la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA), para que el organismo quede en manos de un funcionario designado por la primera minoría opositora y que además cumpla con la condición de ser abogado.

La iniciativa establece que “la conducción, representación y administración de la Oficina Anticorrupción será ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado a propuesta del bloque parlamentario con mayor cantidad de legisladores por parte de la oposición (primera minoría) con rango y jerarquía de secretario”.

Asimismo, establece la designación de un subsecretario en representación de la segunda minoría de la oposición, y dispone que ambos funcionarios deberán “poseer título universitario de abogado, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados y una reconocida trayectoria democrática y republicana".

“Este es un detalle no menor que creemos que fue un error, pues se buscó adecuar el cargo a una persona, en vez de seleccionar a un profesional idóneo que cumpliera los requisitos que ya estaban establecidos legalmente”, explicó Recalde.

En los fundamentos, el diputado afirma que debería seguirse un criterio similar al de la Auditoria General de la Nación (AGN), que por la reforma constitucional de 1994 tiene a la cabeza a un representante propuesto por el principal partido de la oposición.

Además, señala que en las causas donde puedan investigarse hechos ocurridos en un gobierno que actualmente sea oposición, deberá intervenir el subsecretario, para evitar que ninguna fuerza termine autoauditándose.

El embajador argentino en Panamá, Miguel del Sel, jamás se imaginó que iba a estar en el medio de un torbellino de estas carácterísticas. Quizás por ello tardó tanto en reaccionar y en dar señales de actuación desde su lugar de trabajo.

Más de dos días después de desatado el escándalo internacional de los Panamá Papers, envió un cable a partir de la aparición del presidente, Mauricio Macri, como director y vicepresidente de, hasta el momento, una sociedad offshore en el que advierte que “el Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”.

El informe detalle que “el Ministerio Público iniciará una investigación de oficio por las publicaciones sobre las actividades sospechosas de la firma panameña Mossack Fonseca”.

“De darse la investigación, sería el segundo expediente que le abriría la Procuraduría General a esa firma en lo que va del año (el primero fue a causa del caso Lava Jato , en Brasil)”, explicó Del Sel.

Además el ex cómico indicó cual fue la repercusión en Panamá de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. En este sentido sostuvo que generó “una amplia repercusión, tanto en los distintos medios de comunicación local, como también a nivel Gobierno”.

También indicó que el país centroamericano “cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”.

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Por este motivo dichas acciones deberán entregarse en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

Además el anuncio del Gobierno de Panamá advierte que “como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales, como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero”, según informan desde Ámbito Financiero.

El proyecto fue presentado en el Concejo Deliberante y justifica el pedido de citación “ante la gravedad de los hechos que son de público conocimiento  que vinculan al intendente Néstor Grindetti con cuentas y empresas en paraísos fiscales y sociedades offshore, donde se informa que participa como apoderado de una de ellas y en una trama de empresas vinculadas con otros funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además aseguran que el intendente “en su declaración jurada omitió declararlas” y “existe un ‘estado de sospecha’ ya que ‘las sociedades offshore siempre tienen como fin defraudar, evadir impuestos o lavar dinero’, según definió el ex titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen”.

En este marco, piden que se sancione el proyecto para citar a Grindetti al Concejo “a fin de responder todas las inquietudes que surjan” de los ediles.

La iniciativa fue firmada por los concejales Héctor Montero, Omar López, Daniel Piccolo, Mariano García, Aldana Damone, Luciana Augustavicius, Gustavo Magnaghi y Jorge García.