Tras el repudio generalizado de la sociedad por la quita de pensión a más de 70.000 discapacitados, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación anunció hoy a la tarde que la medida no se aplicará y que se reintegrará el dinero quitado por el Gobierno.

La funcionaria a cargo de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley aseguró este martes que “las familias que reciben pensión por discapacidad la seguirán cobrando”.

La quita de las pensiones a 70.000 discapacitados comenzó hace dos días y rápidamente sumó el respaldo de diferentes sectores de la sociedad.

“El Gobierno va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad”, afirmó Stanley a diferentes medios de comunicación.

De forma muy sutil Francisco publicó una foto en Instagram con un discapacitado bajo el lema: "Transmitamos a los demás el amor de Dios, para que se encienda en todos una esperanza nueva".

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Papa Francisco publicó una foto con un texto el que se puede leer entre líneas su posición frente al recorte del Gobierno a los discapacitados.

El mensaje enviado por el Papa no hace referencia al recorte que ejecutó el ministerio de Desarrollo Social a 70.000 personas que cobran pensión por discapacidad, se produjo dos días después del hecho.

Desde el ministerio de Desarrollo Social,  Carolina Stanley aseguró estar dispuestos a "revisar" los casos, en lo que parece ser un nuevo error.

“Transmitamos a los demás el amor de Dios, para que se encienda en todos una esperanza nueva”, escribió el Sumo Pontifice.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad reclamó hoy la "restitución inmediata" de las pensiones no contributivas suspendidas por el gobierno nacional por considerar que la medida representa "abandono de persona" y requirió que sea derogado el decreto de 1997 por no estar conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El pronunciamiento que nuclea a una docena de entidades vinculadas con la atención a personas discapacitadas, como Obra de Don Orione, Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y la Federación Converger, puntualiza que la pensión no contributiva "es un derecho y no un gasto o una dádiva" que reciben las personas con discapacidad.

"Si el país pasa por una situación económica compleja, primero está el derecho a poder tener una vida con sus necesidades esenciales cubiertas y luego el gasto en cosas sin las que se puede vivir dignamente", señala el documento que cuestiona que el recorte de pensiones se explique por "el injustificado aumento de pensiones otorgadas durante el gobierno anterior".

Remarcan que el decreto 432/97 que busca aplicar el Ministerio de Desarrollo Social "no contempla los postulados establecidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" y reclaman por "la aprobación de un nuevo decreto donde se tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad allí establecidos".

"Dejar a una persona sin el beneficio de la pensión es hacer un abandono de personas, porque este medio le ha permitido encontrar algunas respuestas a necesidades esenciales. Es ignorar que es un derecho adquirido", indicaron los firmantes del documento.

Además, objetan que "evaluar la pobreza en un hogar a partir de sus ingresos, sin evaluar las necesidades esenciales que tiene, es un error" y agregan que "más aún cuando puede haber miembros con discapacidad u otras situaciones que no pueden ser cubiertas por un sueldo que no ha tenido en cuenta dicha complejidad".

Por último, consideran "necesario que el Estado a través de políticas públicas desarrolle una red que contemple los servicios que necesitan (las personas discapacitadas) y se produzcan los cambios estructurales que respondan a lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad".

El responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Pablo Molero, afirmó hoy que “es necesario restituir inmediatamente” las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas por el Ministerio de Desarrollo Social ya que esos beneficios “han generado la posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente”.

“Es necesario restituir inmediatamente la pensión no contributiva a quien se le suspendió o dio de baja”, dijo a Télam Molero, quien es también coordinador del Foro para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Querer aplicar hoy un decreto que responde a otra época del país es un grave error porque es olvidar lo que sucedió en el 2001 y la pobreza estructural de años, así como no se puede desde dicha normativa cuestionar el criterio que un gobierno usó para reconocer el derecho a esa pensión a personas con una discapacidad y no ya con una invalidez laboral y con una situación socioeconómica vulnerable”, dijo el sacerdote.

En ese marco, Molero señaló que “nuestro país cuenta con familias que no pueden dar respuesta a las necesidades de sus miembros” y que “si lo tuvieran que hacer solamente con sus ingresos tendrían que decidir si comer o atender al miembro con discapacidad”.

“Estas pensiones han generado posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente, que de otra manera no lo tendría, y ya no estarían algunos entre nosotros”, concluyó.

Ayer, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió ante la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, la socialista Gabriela Troiano, a que "se iban revisar los errores" que pudiera haber en la norma y "dar marcha atrás en la quita de pensiones”, según dijo la legisladora.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, descartó que su cartera “trabaja con el mismo criterio de siempre”, al tiempo que reclamó que “no se utilice este tema de manera política para generar miedo”. Dijo que le dejarán la pensión a quienes "realmente la necesiten".

“Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios. Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos”, señaló Stanley.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Social, Stanley afirmó que le “enoja que traten de usar este tema políticamente para generar miedo”.

“Hay familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy. En esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo", agregó.

La funcionaria destacó además que en aquellos casos en que la gente considere que se le dio de baja la pensión erróneamente, se puede llamar al 0800-222-3294, para que sea chequeado. También se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias.

"Somos un ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir", comentó.

Según confirmaron a Tèlam fuentes de la cartera de Desarrollo Social, Stanley se comunicó con la diputada nacional por el socialismo y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, Gabriela Troiano, para comunicarle que "se iban revisar los errores" que pudiera haber en la norma.

"Se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a analizar el tema de la aplicación del decreto, aunque no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno", agregó la diputada.

La diputada también presentará un listado de personas que fueron afectadas por la medida a Desarrollo Social y a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Gobierno canceló pensiones a personas con discapacidad apelando a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Esa norma dice que la designación de apoderados a los efectos del cobro de los haberes se hará mediante poder o carta poder extendida ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y organismo que ésta autorice.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino -que depende del Ministerio de Desarrollo Social- denunció hoy el "manejo clientelar y corrupto" que el kirchnerismo hizo de las pensiones de discapacitados durante 12 años y explicó que el organismo a su cargo está buscando una "administración transparente" para evitar la "discrecionalidad" en el otorgamiento de los beneficios.

Según explicó, "no se trata de bajas sino de suspensiones preventivas que están todo el tiempo en revisión, ya que es algo dinámico y, si hay errores, se reparan inmediatamente".

El funcionario agregó que el tema "ha sido totalmente desvirtuado" y que "alguien quiso instalar esto" como una medida polémica.

En tanto, senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de ley para derogar incisos del decreto 432/1997, aplicados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para disponer la suspensión de pensiones por discapacidad.

"En los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas cuyos beneficios han sido dados de baja, debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social", expresó María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) que presentó la iniciativa con otros legisladores.

Por su parte, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Alberto Ciampini (FPV-Neuquén), presentó un proyecto de declaración impulsado por la legisladora socialista Troiano, en el que se pide la derogación del decreto de 1997 y pide el "urgente tratamiento" del tema en el recinto.

Asimismo, los diputados del bloque Justicialista pidieron por iniciativa del salteño Pablo Kosiner que se cite a Stanley a presentarse ante la comisión de Discapacidad, "para informar sobre la cantidad de pensiones no contributivas correspondientes a personas con discapacidad dadas de baja desde el 10 de diciembre de 2015, discriminadas por mes".

En una nota dirigida a Ciampini los legisladores pidieron además que la ministra informe si están aplicando desde este mes el decreto 432 de Carlos Menem en 1997 para disminuir las pensiones graciables otorgadas a personas con invalidez.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires envió un pedido de informes a la Anses para que explique a qué se debe esta decisión, si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y en qué normativa se fundamentan las bajas de pensiones por discapacidad.

En tanto, desde La Rioja, el gobernador Sergio Casas dijo que “vamos a luchar para que se restituyan esos beneficios tan necesarios de nuestra gente”, aunque reconoció que ninguna medida había sido oficialmente comunicada por el Gobierno Nacional.

Casas aseguró que "es un atropello que espero que sea revisado y sean restituidas. Esta es una medida más de las que viene realizando la Nación y que el Gobierno de la Provincia viene reclamando ya que afectan directamente a la población”.

Se trata de Yanina Martínez, rosarina. Integró la selección nacional de atletas con parálisis cerebral que representó al país en Río 2016. Subió al podio tras ganar la prueba final de 100 metros.

La campeona paralímpica Yanina Martínez fue una de las personas afectadas por la suspensión de pensiones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, confirmó este miércoles la madre de la atleta, Claudia Chávez.

"Yanina tiene suspendida la pensión", afirmó Chávez, al tiempo que precisó que "le cortaron" el beneficio porque la atleta, medalla de oro en los últimos Juegos Paralímpicos de Río "tiene un sponsor".

La madre de la joven indicó en declaraciones a Radio 2 que "ella tiene un contrato por un año y se anotó en el monotributo", al tiempo que precisó: "al sponsor lo repartimos, por lo que queda menos o igual que la pensión".

"Quizás cortaron a ciegas. Yani no tiene casa ni nada", dijo la madre de la joven, al evaluar la situación de la campeona paralímpica.

Martínez se convirtió en la primera atleta argentina en 20 años en conseguir una medalla dorada en un Juego Paralímpico.

La rosarina, quien integró la selección nacional de atletas con parálisis cerebral que representó al país en Río 2016, logró subirse al podio tras ganar la prueba final de 100 metros.

Tras conocerse la cifra de 70 mil pensiones eliminadas por discapacidad, en las redes sociales se recuperó un mensaje que Mauricio Macri compartió hablando de la discriminación a personas con diversas limitaciones. Mirá lo que dice.

El mensaje fue publicado el pasado 11 de mayo en la cuenta oficial de Facebook del presidente Mauricio Macri. Se trata de un video con un manifiesto titulado "Ustedes & Nosotros", que contiene un texto escrito desde el punto de vista de una persona con discapacidad.

En el video, hablan de la igualdad como seres humanos y del error de "confundir limitaciones con capacidades". "Aquellos de ustedes que no nos dan trabajo, que no dejan estudiar a nuestros hijos, los taxis que no paran cuando nos ven distintos, los que nos esquivan en la calle, los que no nos quieren alquilar un departamento, los que miran para otro lado cuando pasamos cerca de ellos, no están en nuestra contra: están en contra de toda la humanidad", señala el mensaje.

La publicación habría quedado en el olvido hasta que se conoció la noticia del recorte de 70 mil pensiones a personas con discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley, y el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio, Guillermo Badino, lo justificara con el argumento de que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión (ya que) puede trabajar si lo deseara".

Tras esto, miles de usuarios en las redes sociales recuperaron este mensaje de hace poco más de un mes y lo compartieron haciendo referencia a la contradicción entre el mensaje solidario que manifiesta en presidente en las redes, y las consecuencias del recorte en las pensiones.

El primero fue presentado ante la Justicia Federal de Río Negro. Se esperan acciones similares en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, indicó que la decisión del Gobierno de Macri “no es legal”.

La jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, recibió esta mañana un amparo colectivo luego del recorte de 170 mil pensiones no contributivas. El gobierno de Mauricio Macri las eliminó de un plumazo en el último año, aplicando un decreto de Carlos Menem (432/97) que endurece los requisitos para acceder a ese derecho.

El recurso judicial presentado por varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares y plantea que la quita de las pensiones “lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria”

La Justicia Federal de General Roca había recibido la semana pasada una cautelar por el caso de Miguel Bravo, de 62 años, quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía una pensión desde 2010, hasta que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.

Sólo en Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejaron de cobrar sin previo aviso las pensiones que percibían hasta ahora, y se suman miles de casos más en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén, provincias en las que se harán demandas similares, de acuerdo a lo adelantado hoy por el diputado nacional del Frente Para la Victoria (FPV).

De las 170 mil pensiones que eliminó Stanley, 83 mil fueron dadas de baja este año, algo que “no es legal”, según el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia.

“Estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural. El término estructural es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente vulnerabilidad, es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene”, explicó el fiscal.

Vedia agregó que la pensión no contributiva “no es ni un subsidio ni una dádiva ni una limosna ni una caridad, es un derecho”.

“Hay una ley que consagró ese derecho que establece tres requisitos. El decreto nunca puede ser más restrictivo que la ley, con lo cual el decreto que están aplicando ahora no puede prever regulaciones o limitaciones que la ley no imponía”, subrayó.

El Gobierno intentó justificar hoy su recorte criminal a través del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien sostuvo que lo que se hace es “administrar responsablemente y en forma transparente”.

“Este es un programa que requiere dos requisitos para su otorgamiento, que la persona tenga una invalidez total y permanente, además que tenga un grado de alta vulnerabilidad social”, dijo y ejemplificó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”.

Mientras tanto, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el kirchnerista Alberto Ciampini, intentó tratar este martes la quita de pensiones no contributivas pero no pudo hacerlo por falta de quórum. Sólo concurrieron los legisladores del FpV y la socialista Graciela Troiano. Deliberadamente, brillaron por su ausencia todos los diputados de Cambiemos y sus aliados con representación en la comisión.

“El Gobierno nacional lanzó un plan de discapacidad y al poco tiempo les quitaron las pensiones”, recordó la diputada Lucila Masín y cuestionó a “las fuerzas políticas que con su ausencia muestran su falta de compromiso con las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad”.

Este mes por disposición oficial, el Ministerio de Desarrollo Social dejó de pagarlas en el marco del pland e ajuste en los distintos organismos. Entre ellos, hay beneficiarios cuyos cónyuges perciben una jubilación o una pensión estatal o ingresos de más de $20.000.

Hace diez días, y en el marco de un nuevo ajuste en ciernes, el Gobierno empezó a dar baja pensiones a personas con discapacidad. A partir de junio, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley tomó la decisión de aplicar un decreto del menemismo que establece más exigencias y condiciones para acceder a ese beneficio.

Entre los perjudicados por la mala nueva, están personas cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima, personas con dificultades para manejarse de manera independiente si cuentan con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos. Es decir, con un ingreso formal de unos $21.000.

La cartera de Stanley se valió, para hacerlo, del decreto 432 que firmó el presidente Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con "invalidez". Una normativa que estaba en desuso.

Para la diputada Gabriela Troiano (Partido Socialista), vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la cámara baja, se trata de "un grave error", ya que "invocan esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de 'extrema indigencia', lo que se contradice con tratados internacionales y leyes nacionales", según declaró al diario Clarín.

En especial, está reñido con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, mediante la cual se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo.

"Estamos ajustándonos a la ley", afirmó al matutino la vocera de Stanley, Emilia Frigerio, que precisó que están "revisando" todas las pensiones a través del entrecruzamiento de datos y, de manera automática, comenzaron a dar de baja muchas de ellas. Uno de los criterios utilizados en ese entrecruzamiento fue que el beneficiario posea un auto.

Mientras tanto, según el mismo diario, anoche el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y esposo de Stanley, Federico Salvai, festejaba su cumpleaños número 40 en uno de los bares de moda de Palermo: el exclusivo Uptown & The Bronx. Hubo varios funcionarios, nacionales y provinciales, y otras estrellas del firmamento PRO.