Lo ratificó la Cámara de la Seguridad Social. El fallo obliga al Ministerio de Desarrollo Social a reponer todos los haberes que había quitado. El gobierno de Mauricio Macri se niega a restituir más de 100 mil pensiones por discapacidad.

A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró hace pocos días que desde el Gobierno "devolvimos todas las pensiones dónde se cometieron errores”. Y agregó: “Yo públicamente pedí las disculpas del caso por las situaciones de aquellas pensiones que habían sido dado de baja que no tenían que ser dadas de baja”. En concreto, el Estado restituyó sólo el 7% de las 120 mil pensiones que se quitaron.

Ahora, la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó que el Gobierno debe reponer la totalidad de los beneficios que se dieron de baja de forma arbitraria. ¿Cumplirá esta vez el Ejecutivo nacional?

El Ministerio de Desarrollo, que conduce Carolina Stanley, busca postergar el fallo de la Justicia que le ordenó restituir 126 mil pensiones por discapacidad que eliminó en los últimos dos años. Adjuntó un listado en el que indica que ya recompuso 9700 pensiones, el 7% del total dado de baja.

Las acciones del Ejecutivo nacional van a contramano de su discurso público, en el que señaló que se trató de un "error" la quita de más de 100 mil beneficios a personas con discapacidad. Lejos de ser un equivocación, fue una política pública. Así queda demostrado en las sucesivas presentaciones judiciales que buscan postergar cualquier restitución de beneficios. Surge una pregunta básica: ¿Si fue un error, por qué apela la decisión de la Justicia que le permitiría enmendarlo?

Por su parte, la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad), que promocionó la medida cautelar, elevará en las próximas horas su descargo para pedir que “se rechace el planteo dilatorio presentado por el Estado” y se establezca un plazo perentorio de 48 horas para su cumplimiento “bajo apercibimiento de sanciones conminatorias para la ministra”, según reseñó Página 12.

Además, desde el área de Discapacidad de ATE Estatal subrayan que el plan del Gobierno macrista va más allá de las 100 mil pensiones dadas de baja. En un comunicado advirtieron que en realidad la administración de Cambiemos busca imponer un nuevo paradigma para otorgar beneficios que afectará a 600 mil personas.

Sigue la disputa entre el Gobierno macrista y al Justicia por más de 100 mil pensiones por discapacidad. Cambiemos no quiere pagarlas, mientras un fallo judicial obligó a restituir el beneficio. Ahora el Ejecutivo decidió volver a apelar la medida cautelar. Mientras siegue el conflicto, casi 200 mil personas siguen sin cobrar el beneficio.

Hace unas semanas, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, suspendió la decisión del ministerio de Desarrollo Social que había dado de baja 170 mil pensiones por invalidez. Lo hizo mientras la Cámara resuelve la cuestión de fondo. Mientras tanto obligó al Estado a pagar todos los beneficios a más de un millón de personas.

Sin embargo, el Gobierno volvió a apelar y de este modo no se pagarán las retribuciones suspendidas. Vale recordar que en su momento, cuando se conoció la noticia, la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, aseguró que se trató de un "error administrativo".

Mientras se da la disputa entre el Gobierno y la Justicia, el gobierno avanza con cambios en el sistema de reparto de pensiones no contributivas. Actualmente se pagan más de un millón, aunque Cambiemos quiere bajar notablemente ese número. Entre las modificaciones, está la obligación de presentar un “certificado único de discapacidad (CUD)”.

Advierten especialistas y organizaciones que representan a personas con incapacidad que ese trámite puede tardar entre 6 meses y un año. Además, el CUD deja afuera patologías que hoy son tenidas en cuenta para una pensión, como HIV, chagas, lupus, entre otras. Estiman que podrían caerse 600 mil pensiones de ese modo.

El gobierno quiere que las pensiones por invalidez sean manejadas por Secretaría General de la Presidencia. Quedarían fuera de la órbita de Desarrollo Social y además ya no se tendría en cuenta a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. el Ejecutivo quiere exigir como condición del beneficio un "certificado único de discapacidad (CUD)". Podrían caer medio millón de pensiones.

Mediante un decreto el Gobierno propuso cambios en el actual sistema que se encarga de las pensiones no contributivas. Se trata de un beneficio de 4200 pesos. El Estado reparte más de un millón de asignaciones. Organizaciones especializadas en el tema advierten que se pretende poner trabas burocráticas para los beneficiarios. Este año el macrismo suspendió 170 mil pensiones, que debió restituir por una orden judicial.

Entre los cambios, que el Congreso debe aprobar, está la exigencia del "certificado único de discapacidad (CUD)" para todos los antiguos y nuevos beneficiarios de una pensión. Advierten especialista que el trámite puede tardar entre 6 y un año. Además, el CUD deja afuera patologías que hoy son tenidas en cuenta para una pensión, como HIV, chagas, lupus, entre otras. Estiman que podrían caerse 600 mil pensiones de ese modo.

Esas modificaciones se dan mientras la jueza titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8, Adriana Cammarata ordenó al Gobierno pagar todas las pensiones "en el territorio nacional".

La ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, estuvo en el centro de las críticas luego de que se conociera un recorte a las pensiones por discapcidad. Aún hoy, muchas familias denuncian que no volvieron a recibir el beneficio.

Ahora, se supo que Stanley aumentó su patrimonio un 345% luego de solo un año al frente de la gestión de Desarrollo. Poseé bienes por 19 millones de pesos. Es una de las funcionarias más ricas del Gobierna.

No es el único caso: la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ganó 1,7 millones en 12 meses. Su patrimonio creció un 160%.

De cualquier modo, el funcionario con más bienes es Gustavo Arribas, que posee 126 millones. El íntimo amigo del presidente Mauricio Macri fue señalado por un operador de Odebrecht como el hombre que recibió casi un millón de dólares de coimas. La Justicia no investigó el caso.

La Justicia había dado lugar a un amparo presentado por el frente 1País, que conduce Sergio Massa. De esta manera, el Gobierno nacional debía restituir las 70 mil pensiones por discapacidad que había dejado sin efecto el ministerio de Desarrollo Social.

Ahora, el Ejecutivo apeló el fallo de la jueza federal de la Seguridad Social, Viviana Piñeiro. De esta manera, se negó a pagar las pensiones.

"Arrancan la campaña sacándole la pensión a las personas con discapacidad", expresó al respecto Sergio Massa, según reseñó el portal Infocielo. Y advirtió: "El presidente se muestra preocupado en videos en redes sociales, pero poco le preocupa la calidad de vida de 70 mil familias al momento de cortar más pensiones".

"Le van a tocar timbre a los vecinos para decirles que los están dejando en la calle", señaló y afirmó que "ya no es un 'error', es una decisión política, no les interesan las personas con discapacidad, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pobres. Es un gobierno para ricos que quieren ser más ricos", dijo por su parte Malena Galmarini, esposa del diputado nacional y referente en políticas sociales de "1País".

El fiscal Gabriel De Vedia solicitó que se haga extensiva “a todo el país” la medida cautelar por la que una jueza de la seguridad social ordenó que se le vuelva a pagar una pensión a la madre de una persona con discapacidad.

De Vedia, de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social (Ufises), presentó un recurso ante la jueza federal Viviana Patricia Piñeiro, porque la jueza declaró su “incompetencia territorial”, para extender su resolución a todos los casos en la Argentina.

Piñeiro ordenó que, en el plazo de ocho días, se restablezcan las pensiones no contributivas dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, como el caso, correspondan a la jurisdicción de la localidad bonaerense de San Martín, donde dispuso enviar el expediente luego de declarar su incompetencia.

En este expediente, la mujer que efectuó el reclamo lo hizo también en nombre de un colectivo con situaciones similares, pero la jueza advirtió que el domicilio de la demandante era en el partido bonaerense de San Martín.

En ese marco, el fiscal De Vedia pidió que se revoque la “limitación” de la medida cautelar, para que se haga “extensiva a todos los afectados por el marco normativo aquí denunciado, cualesquiera resulte el lugar del territorio argentino en el que se encuentren”.

En este sentido, indicó que el litigio “se da entre el afectado y sus colaboradores, y el Estado demandado”, y sostuvo que, “de la sentencia que los mismos obtengan en este pleito, de ser el resultado favorable, se beneficiarán todos los afectados del país”.

Para fundamentar su postura, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que este tipo de procesos trata sobre “derechos constitucionales, convencionales y leyes de orden público”.

Así lo dictaminó la jueza federal de la Seguridad Social Viviana Piñeiro, que le dio ocho días al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para restituir el derecho a los 70 mil afectados

El gobierno nacional deberá restablecer en un plazo de ocho días las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja. Así lo indica un fallo judicial luego del amparo presentado por el bloque opositor que encabeza Sergio Massa.

Se trata de 70 pensiones que en el mes de junio se dejaron se abonar, y que a pesar de lo afirmado por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, muchas de ellas no se restituyeron.

A partir de esta realidad, algunos bloques opositores presentaron recursos de amparo "para pedirle a (Mauricio) Macri que recapacite, vuelva atrás con la decisión y devuelva las pensiones a todos aquellos que se la quitaron", y consideran que desde la Nación "tomaron una medida que discrimina a las personas con discapacidad".

Ahora la jueza federal de la Seguridad Social Viviana Piñeiro, ordenó que el gobierno restablezca estas pensiones, aunque se estima que desde el poder Ejecutivo se va a apelar el fallo.

Las declaraciones de la Ministra Stanley, quien mencionó que “en 2015 se dieron de baja 168 mil pensiones con los mismos criterios que usamos hoy” evitan ahondar en razones y con ello, buscan responsabilizar al gobierno anterior de bajas en las pensiones no contributivas. Cuando se accede a los números la realidad es otra.

Según un estudio reciente de CEPA (Centro de Economía Política Argrntina), los once meses que van desde junio de 2014 a abril de 2015 (datos disponibles) se observan 145.122 bajas y suspensiones. La proyección de este guarismo a los 12 meses estimaría unas 160.000 bajas y suspensiones (un dato similar al mencionado por Stanley para el 2015 completo).

Se observa que la amplia mayoría de las bajas de pensiones por Invalidez corresponden a Jubilaciones (62%). Cabe agregar que el fallecimiento representa el 18% de los casos de bajas, el 6% son renuncias voluntarias, otro 6% por obtener empleo (dependiente o independiente).

De las jubilaciones, la mayor parte responden a la moratoria jubilatoria. En efecto, la Anses dicta en 2014 una Resolución que permite pasar de la pensión no contributiva a la Moratoria rápidamente. La facilidad pasar al régimen de moratoria se constata en la propia resolución:

La adhesión al régimen especial de regularización de la Ley Nº 26.970 podrá realizarse por medio de alguna de las siguientes formas:

1.- A través de telefonía celular mediante el envío de un mensaje de texto “SMS” al número 26737 informando los siguientes datos: DNI y sexo del interesado.

2.- Mediante transferencia electrónica de datos vía internet a través del sitio “web” de ANSES o a través de llamado telefónico a las Unidades de Atención Telefónica de ANSES al número 130 o por presentación ante las Unidades de Atención Integral (UDAI).

. Como puede deducirse, los beneficiarios hicieron uso de este instrumento: pasaban de cobrar $4.475 (70% de la mínima) a $6.394 (mínima).

. En la actualidad, no tiene vigencia la moratoria jubilatoria para los hombres (para las mujeres se encuentra disponible por dos años más).

. Si se consideran solamente las suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez en el periodo mencionado (2014-2015), la razón Jubilación representa la amplia mayoría de los casos de bajas (65%).

. Cabe aclarar que, tal como se percibe en el cuadro siguiente, las suspensiones por jubilación relacionadas con pensiones por invalidez alcanzan las 49.722, mientras que las bajas implican 42.675. Es decir, esas mismas suspensiones se convierten en bajas. Lo mismo sucede con los casos de fallecimiento.

“Primero te pegan y luego te piden documentos”, ironizó el diputado nacional del Frente Renovador sobre el recorte de pensiones a discapacitados.

Felipe Solá no esquivó las polémicas y comparó las actitudes del gobierno nacional que conduce Mauricio Macri con las de un "gobierno militar" al advertir que "primero te pegan y luego te piden documentos".

Así se refirió el diputado nacional del Frente Renovador, al criticar la la decisión del Ejecutivo Nacional de suspender las pensiones por discapacidad. Por esa medida, sostuvo el legislador, el espacio "1 País" (que integra el líder del FR, Sergio Massa, junto a Margarita Stolbizer del GEN) presentó un amparo en la justicia para frenar el "brutal ajuste y revertir la decisión".

"Cambiemos tiene formas de un Gobierno militar. Ellos primero te pegan y luego te piden documentos", apuntó Solá en un comunicado al evaluar la medida.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires criticó tamnbién la "insensibilidad" del Gobierno que, consideró, "en vez de analizar y estudiar caso por caso, lo que hacen es suspender todo y luego ver si están mal retiradas las pensiones".

Por eso, Solá reafirmó el pedido de su espacio para que "sean devueltas las pensiones y se estudie persona por persona aquellos otorgamientos que no están dentro de los parámetros legales". "Este Gobierno tiene ideas generales, pero no sabe quién es quién", concluyó.

Las declaraciones de Solá ocurren después de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, negara que hubiese un recorte masivo de las pensiones de discapacidad. Luego la funcionaria afirmó que revisarían "los errores" en la quita del beneficio.