A la sangría de funcionarios que la actual gestión política del municipio de Hurlingham viene padeciendo desde antes de las elecciones primarias, y que se aceleró tras las elecciones de agosto, y, a la antesala de una (casi segura) derrota electoral del Intendente Luis Acuña, se suma la novedad que, en pocos días, el Jefe comunal recibirá noticias desde el fuero judicial en la causa que se lo investiga por supuesto lavado de dinero y compra de propiedades en el exterior.

El escenario electoral dejó al massista Luis Acuña, que competirá en las elecciones generales de octubre como referente de la Alianza Unidos por Una Nueva Alternativa (UNA), ante un escenario de derrota electoral frente a Juan Zabaleta, candidato del Frente para la Victoria, que lo superó por algo más de 15 puntos porcentuales

Pero esa pesadilla, traducida en guarismos electorales, había comenzado antes de los comicios cuando la gestión municipal comenzó a ver la dimisión de varios de sus funcionarios.

A la salida de Rosa Di Stasi, funcionaria de Asuntos Legales le habían precedido las renuncias de Mariano Hernán Molina, Director a cargo del área previsional del muncipio, Jorge Speroni, Secretario del Juzgado de Faltas, El Director de Parques y Espacios Verdes, Américo Osvaldo Sessa, de Entidad de Bien Público, Oscar Casas, y de Patrimonio, Roberto Juncos.

Pues bien, a dos semanas de esas elecciones, y cuando el Intendente Acuña, había comenzado a pergeñar una estrategia de cara a las generales de octubre, otro cachetazo lo devolvió a la realidad: Se espera que en pocos días haya novedades (nada alentadoras para la familia Acuña) en la causa tiene el número 65.095/2014, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 1 de Morón, en la que se investiga las actividades de la empresa Fasiem SRL por lavado de activos que serían propiedad del Intendente y su familia.

Es que los tres hijos de Acuña, Fabricio, Emiliano y María Silvina, junto con la diputada nacional Maria Azucena Ehcosor figuran como propietarios de Fasiem, una empresa que, según consta en el expediente, no registra ventas ni facturación pero que posee un patrimonio de nueve propiedades inmuebles. Sin Embargo a los Acuña se los investiga en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc) por la posible compra de noventa propiedades inmuebles.

El organismo que depende del Ministerio Público Fiscal corroboró el contenido del informe elaborado por Varela y detectó otras propiedades que estarían a nombre de esta empresa dedicada sólo a la adquisición de bienes.

Se presentó en consecuencia una denuncia ante el Juzgado de Salas, en la que interviene el fiscal Sebastián Basso por presunta infracción a la Ley 24.769.

En la causa también son investigados los cónyuges de los hermanos Acuña por delitos tributarios y lavado de dinero, que contemplan penas de prisión que van de los dos a los seis años.

El ya famoso caso FASIEM SRL avanza y se cree que en pocas semanas habría novedades que van a preocupar más al Intendente en el marco de la derrota electoral.

Es así que el acuñismo tendrá 70 días para revertir la pérdida de casi 15 mil votos desde las elecciones legislativas de 2013 en un contexto de fuga dirigencial y donde la Causa FASIEM por lavado de activos y compra de inmuebles en el exterios, agobia a la gestión municipal.

“Nena, por qué no te dejás de joder con Acuña. ¿Vos querés ser boleta?” fue la expresión de la voz del otro lado del teléfono de Silvana Varela, a las 22.11 horas del domingo 8 de abril.

Silvana Varela inició, en 2012 una investigación, junto a Gonzalo Ucha, en la que se sospechaba de una firma vinculada al intendente de Hurlingham, Luis Acuña, y su familia. Esa firma es FASIEM SRL, y según consta en la investigación, sería una empresa creada a los fines de comprar inmuebles y automotores en el exterior.

Según consta en el Boletín Oficial, FASIEM S.R.L fue constituida el 15 de diciembre de 2005 y está conformada por María Azucena Echosor, diputada nacional por el Frente Renovador y esposa del jefe comunal; y los hijos del matrimonio: Fabrizzio Acuña, socio-gerente de la empresa y concejal de Hurlingham; Emiliano Acuña, edil en uso de licencia, trabajando para su madre en la Cámara de Diputados de la Nación; y Silvina Acuña, también empleada de Echosor.

En su momento Varela expresaba que “Se notaba que era una empresa que no tenía actividad real. Había muchas compras y pocas ventas”.

Fue en abril de 2014 cuando la investigación salió a la luz, tras el pedido de informes al Registro de la Propiedad de la Provincia, en el que se detectó que la empresa familiar escondía propiedades inmobiliarias y automotores en nuestro país, en Brasil y en Uruguay.

“Una vez que analizamos y chequeamos los vínculos de los inmuebles con los Acuña, publicamos la información en abril de 2014”, señaló.

A la par, el abogado Jorge Cancio, quien también actúa como defensor de familiares de las víctimas de mala praxis en Malvinas Argentinas, elevó la investigación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por considerar que podría estarse ante la presencia de delitos tributarios y lavado de dinero.

Tras algunos meses, la PROCELAC no sólo corroboró la existencia de los bienes, sino que agregó otras propiedades que los integrantes de la familia poseían de manera individual.

Al mismo tiempo, impulsó una denuncia penal federal contra los Acuña que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, y en la Fiscalía de Sebastián Basso. Fue Salas quien, la semana pasada libró un exhorto a Brasil y Uruguay para que brinden información sobre las supuestas propiedades (se calcula que son 9, además de autos y camionetas) de los Acuña en esos países.

De la denuncia formulada se desprendió que existían motivos suficientes para cuestionar la real capacidad comercial de la firma FASIEM S.R.L, ya que su capacidad económica no se condecía con la actividad comercial real para adquirir la cantidad de bienes que tenía registrados a su nombre.

Sobre la amenaza y las dificultades que vive a diario, la periodista expresó: “El miércoles a última hora publicamos la nota sobre mi testimonial en nuestro sitio web. Sin embargo, a las pocas horas el servidor que sostiene la página fue hackeado. Prácticamente estuvimos 24 horas fuera de línea”, denunció Varela.

El Juez Federal de Morón, Juan Pablo Salas, es quien se encuentra a cargo de la causa. Semanas atrás envió a Uruguay y Brasil un exhorto para que se informe sobre la posible adquisición de propiedades de la familia del Intendente Acuña en esos países.

El pedido no hizo mas que internacionalizar la investigación, por la causa que ya enfrentaba el Jefe comunal massista Luis Acuña, su esposa, la diputada nacional por el Frente Renovador, María Azucena Echosor, y sus hijos, por la posible conformación irregular de una empresa denominada FASIEM SRL, que podría servir para ocultar al menos nueve propiedades, relacionadas con su familia y varios automóviles.

Días atrás, el Juez Juan Pablo Salas, a cargo de la causa que tramita en la Justicia Federal de Morón envió una “solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal”.

Así, en el marco de la causa que tramita en su juzgado bajo el número 65.095/2014, caratulada “FASIEM SRL s/inf. artículo 1 de la Ley 24.769, solicitó que la justicia de Uruguay y de Brasil “constante la existencia de bienes muebles e inmuebles (automotores, propiedades) a los imputados Luis Emilio Acuña, como así también a su esposa, María Azucena Echosor y sus hijos Fabrizio Miguel Acuña, María Silvina Acuña, Emiliano Acuña y sus cónyuges Analía Cecilia Joaquín, y Matías Ariel Liotta”.

El exhorto relata además, que “en la causa se investiga el incremento patrimonial y el posible ocultamiento de bienes por parte de los imputados en infracción al artículo 1 de la Ley 21.769. El pedido de informe solicita “con premura” constatar la existencia de bienes muebles e inmuebles “para profundizar la investigación”.

En tanto, también solicita información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para sumar a lo proveído por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc).

La causa, que actualmente investiga la Justicia Federal se originó en un informe periodístico del programa 2punto0, en abril del año pasado, en el que se daba cuenta de la conformación irregular de una sociedad integrada por los tres hijos del Intendente de Hurlingham Luis Acuña y por su esposa, la diputada nacional, María Azucena Echosor.

La nota fue presentada como “FASIEM SRL, la curiosa empresa de la familia del Intendente de Hurlingham posee un patrimonio inmobiliario difícil de explicar del que difícilmente pueda desvincularse la familia de funcionarios”.

FASIEM, el nombre de fantasía de esta empresa, se compone de las dos primeras letras de tres nombres: Fabrizio, Silvina y Emiliano.

Casualmente, los socios de FASIEM son: Fabrizio Acuña, Silvina Acuña, Emiliano Acuña (todos hijos del Intendente) y María Azucena Ehcosor (esposa del Intendente). Y según el informe solicitado al registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires en 2013, registraba 9 inmuebles, todos ellos, directamente relacionados a la familia Acuña.

El informe derivó en una denuncia impulsada por el abogado Dr. Jorge Cancio ante la ProCELAc), que plantea la posibilidad de delitos tributarios y lavado de dinero.

Tres meses después, la misma ProCELAc entendió que no sólo todo lo denunciado por el informe periodístico era veraz, sino que además se sumaban otras irregularidades y otros bienes por lo que impulsó la denuncia ante la Justicia Federal que también consideró que existe mérito para avanzar con la investigación.

Entonces se abrió la instancia penal que cursa bajo Expediente FSM 65095/2014 del registro de la Secretaría nº 2, a cargo del Dr. Germán Cancela, del Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, caratulado “FASIEM SRL s/infracción ley 24.769, que ya tiene como imputados al Jefe comunal y a toda su familia. El Fiscal que impulsa la denuncia es el Dr. Sebastián Basso.

El artículo prevée prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.