Eduardo Casal emitió un dictamen donde recomienda que la Corte no se debe expedir ante el pedido de la oposición de impedir que el actual gobernador Gildo Insfrán se presente en las elecciones. No es vinculante, por lo que podría suceder lo mismo que San Juan y Tucumán.

El procurador general Eduardo Casal envió un dictamen a la Corte Suprema en el que indica que el máximo tribunal no debe intervenir en la elección de Formosa.

 La oposición provincial, envalentonada por la suspensión de los comicios en Tucumán y (parcialmente) en San Juan, presentó un pedido ante la justicia para que declare inconstitucional que el actual gobernador, Gildo Insfrán, se presente para buscar nuevamente la reelección.

Se trata de dos cautelares, una presentada por el diputado nacional de la “Alianza Juntos por Formosa Libre” y candidato a gobernador, Fernando Carbajal, y otro por los apoderados legales de esa fuerza, la diputada provincial  Agostina Villaggi y el abogado Rodolfo Manuel Basques. 

Los amparos presentados piden la suspensión de las elecciones convocadas para el 25 de junio y hasta que la Corte Suprema resuelva el pedido de fondo sobre la inconstitucional del artículo 132 de la constitución local que habilita la reelección de forma indefinida.

Según Casal, que cita otros casos que sentaron jurisprudencia en la materia, “el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”. Es decir, que la Corte no debería intervenir en el caso formoseño “dada la índole taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional” que establece que: “la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.

La opinión de Casal –dos párrafos calcados en ambas cautelares solicitadas por la alianza formoseña de Juntos por el Cambio– es de carácter no vinculante, por lo que la Corte podría avanzar en la suspensión de la elección antes de revisar el artículo 132 de la Constitución formoseña que está vigente hace 20 años.