Se trata de 42 restos pertenecientes a la “Comunidad Indígena Punta Querandí”, del partido de Tigre, reclamados desde 2009.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aprobó la restitución de los restos de 42 ancestras y ancestros a la “Comunidad Indígena Punta Querandí”, del partido de Tigre, lo que se convertirá en la más grande que se concrete en el país.

Los restos son reclamados desde el año 2009 a Patrimonio de la provincia de Buenos Aires, quienes ya comenzaron con una primera etapa de restitución durante el 2021, restituyendo los primeros ocho ancestros del pedido original de 50 ancestros a la comunidad.

Esta restitución fue en coordinación con el Consejo de Participación Indígena de la provincia de Buenos Aires el CPAI, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Inapl y el INAI y terminó con el entierro de los restos en su territorio bajo los rituales ancestrales en junio y diciembre de 2021.

El antropólogo coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y protección de Sitios Sagrados, del INAI Fernando Miguel Pepe, expresó que “esta es la segunda etapa de un pedido de restitución que cumplió una década. En marzo del 2021 entregamos 8 ancestras y ancestros que ya están enterrados 7 de ellos en sus sitios sagrados, y el octavo en territorio comunitario. Ahora vamos a cerrar el ciclo terminando con esta segunda etapa para dar fin a estos reclamos de años”.

La prórroga de la norma, que frena los desalojos de las comunidades originarias por otros cuatro años, ya tiene aprobación del Senado. Llaman a los legisladores a sancionarla “lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”.

Distintos pueblos originarios expresaron su preocupación por las versiones que indican que la Cámara de Diputados no votaría la prórroga de Ley 26.160, al menos hasta después de las elecciones, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.

En las últimas horas se informó que las Comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de Diputados realizarán un plenario el próximo martes, desde las 17.30, aunque aún resta saber cuándo llegaría al recinto.

El Senado ya le dio media sanción por unanimidad el pasado 27 de septiembre, y en caso de obtener sanción definitiva en la Cámara Baja los desalojos de las comunidades serán frenados por otros cuatro años.

La ley, que vence el próximo 23 de noviembre, suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde su sanción, en 2006, sólo el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento terminado.

José Sajama, de la comunidad de la Puna, advirtió hoy que “se corre el riesgo de que la prórroga no sea aprobada por la presión que ejercen los terratenientes”

“No nos olvidemos que el oficialismo de Cambiemos tiene mayoría en la Cámara de Diputados y la políticas que tienen para los pueblos originarios no es buena. Entonces corre riesgo la aprobación de la prórroga“, apuntó a FM La Voz del Cerro.

Por su parte, Jorge Angulo, coordinador provincial de la Organización de Comunidades Originarias Llanka Maki y presidente de las Comunidades Originarias Colla Tawasuyu, pidió que el proceso continúe sin interrupciones.

“Han hecho circular versiones de que se tratará después de las elecciones. No podemos manejar esos tiempos, se tiene que dar lo antes posible para poder tener el marco legal y estar tranquilos”, sostuvo y alertó que una demora significará “desalojos, amenazas y maltrato por parte de los terratenientes”.

El Senado aprobó por unanimidad la extensión por cuatro años más de la Ley 26.160 y la giró a Diputados. Sin esta norma, la mayoría de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas de sus tierras ancestrales.

Con representantes de más de cuarenta comunidades indígenas de todo el país acampando frente al Congreso, el Senado dio media sanción esta tarde a la prórroga de la Ley 26.160, que vence el próximo 23 de noviembre.

Por unanimidad (62 votos), la Cámara Alta decidió extender la vigencia de la norma por otros cuatro años, lo que permite suspender los desalojos en tierras habitadas por los pubelos originarios hasta tanto se termine el relevamiento catastral que desarrolla el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin esta ley, más del 65% de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas, ya que hasta ahora sólo 459 comunidades de un total de 1532 tienen un relevamiento total y efectivo.

El debate de la norma se desarrolló a casi dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, fuerza federal que arremetió a sangre y fuego contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Si bien Cambiemos era proclive a extender la ley sólo por dos años y medio, finalmente se impuso el reclamo de las comunidades, que exigían una prórroga por cuatro años, tal como se viene haciendo desde 2006.

“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, destacó la pampeana Norma Durango (PJ), e insistió en que “es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”.

Durango sostuvo que “el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos originarios”.

Por su parte, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), cuestionó la “demonización” del Gobierno de Mauricio Macri  contra los pueblos originarios.

“Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich”, sentenció la legisladora a propósito del caso Maldonado.

El senador Fernando “Pino” Solanas también repudió las acciones del Gobierno contra las comunidades indígenas y pidió que no haya “más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado”.

“No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, remarcó.

Organizaciones indígenas de distintos puntos del país instalarán una carpa frente al Congreso, como parte de una campaña para lograr la prórroga de la ley 26160, que impide desalojos de comunidades indígenas originarias del país, a la vez que ordena el relevamiento y regularización dominial de las tierras que ocupan, en línea con el Convenio 169 de la OIT (sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).

La carpa de comunidades de pueblos originarios, tal el nombre que los convocantes pusieron a la iniciativa, estará activa entre el 23 y el 27 de este mes, día en el que el Senado podría tratar la prórroga de esta norma, votada en 2006, destinada a la preservación de los territorios que ocupan las comunidades indígenas, unas 1500, en todo el país.

"Nos estamos juntando para hacer presión en la calle frente al Congreso. La verdad es que si los legisladores no prorrogan la ley sería gravísimo y por eso ponemos una carpa. El problema que vemos es que quieren desconocer carpetas técnicas que ya están hechas", dijo a Télam Benito Espíndola de la Organización de Comunidades y Pueblos Originarios (OrCoPo).

Entre las organizaciones convocantes están la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y la mencionada OrCoPo, entre otras.

Espíndola agregó que entre los legisladores más duros respecto del reclamo de las comunidades originarias están los senadores Federico Pinedo del Pro, el radical Angel Rozas y el justicialista Miguel Angel Piccheto.

"Ellos hablan de tratar la iniciativa después de las elecciones, pero eso no es nada bueno para nosotros" aseguró el referente diaguita, quien asimismo recordó la obligación del Estado argentino con el Convenio Internacional 169, que ampara derechos de los pueblos indígenas.

Por su parte, el mapuche de Los Toldos (provincia de Buenos Aires), Nilo Cayuqueo, hizo hincapié en lo que llamó "falta de interés de los políticos" en el tratamiento de un tema que, caso Santiago Maldonado de por medio, está al rojo vivo en el país en la lucha por las tierras.

Cayuqueo, de larga trayectoria en la lucha por los reclamos de los originarios precisó que desde el movimiento indígena cuentan con el apoyo de los senadores Magdalena Odarda y Pino Solanas, y de la diputada Alcira Argumedo.

En la Argentina, decenas de comunidades tienen juicio de desalojo con sentencia firme por lo que de caerse la prorroga de la ley automáticamente se generaría un estado de indefensión legal para esos pueblos indígenas que, añadió Espíndola, "actualmente estamos siendo estigmatizados, a los mapuche se los acusa de separatistas y eso es una mentira muy grande".

En tanto, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) también avanzaban en la convocatoria a una movilización de pueblos indígenas para el próximo 27 de septiembre.

La ley 26.160, que contempla "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y suspende "por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras" de las comunidades indígenas, vence el próximo 23 de noviembre.