El periodista anti kirchnerista analizó la solidez técnica del fallo judicial en la causa Vialidad y denunció un sesgo evidente en Comodoro Py. Tarda en llegar…

Ernesto Tenembaum ha sido, a lo largo de los años, uno de los críticos más persistentes de las gestiones kirchneristas. Su postura respecto a la transparencia gubernamental siempre estuvo marcada por la sospecha y el cuestionamiento directo hacia los funcionarios del ciclo iniciado en 2003. Sin embargo, el reciente avance definitivo en la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad lo ubicó en una posición analítica que tomó por sorpresa a gran parte de su audiencia habitual.

Lejos de celebrar el fallo de manera acrítica, el periodista comenzó a poner la lupa sobre el expediente judicial y el proceso que llevó a la inhabilitación de la expresidenta. En sus habituales editoriales radiales, Tenembaum señaló que el dictamen presenta severos puntos débiles en materia probatoria. Para el conductor, atribuirle una responsabilidad penal directa a una jefa de Estado requiere estándares de prueba indubitables que, a su criterio técnico, la causa Vialidad no logró consolidar con la contundencia necesaria.

Esta lectura no significa una absolución moral ni política por parte del periodista hacia la exmandataria. Tenembaum continúa reafirmando de manera tajante su convicción de que existieron irregularidades y hechos de corrupción durante las administraciones K. No obstante, hace una distinción clara entre la opinión política y la exigencia del derecho penal: saber o sospechar que hubo corrupción en una gestión no equivale automáticamente a haber probado en un expediente la autoría o complicidad directa de la mandataria.

A esta debilidad probatoria se le suma la fuerte crítica de Tenembaum al funcionamiento del Poder Judicial argentino y a la innegable “doble vara” de los tribunales. Según su análisis, resulta alarmante para la credibilidad democrática que las causas contra dirigentes vinculados al kirchnerismo avancen con una velocidad inusitada, mientras que los procesos que involucran a figuras de la oposición o del poder económico queden cajoneados de forma sistemática en los despachos de Comodoro Py.

En definitiva, la postura de Tenembaum no responde a un repentino cambio de bando, sino a la preocupación por las garantías constitucionales y el precedente de la Justicia. Al advertir que condenar sin la solidez técnica adecuada erosiona el sistema democrático, el periodista expone que una condena judicial floja de papeles termina alimentando la sospecha de persecución política, dejando un sabor amargo incluso entre aquellos que fueron sus mayores detractores.

Un contundente informe reveló el impacto destructivo del ajuste sobre la tercera edad. La pérdida del poder adquisitivo y el costo de los medicamentos empujaron a miles de adultos mayores al endeudamiento para cubrir la canasta básica.

La crisis económica y la sostenida licuación de los haberes previsionales alcanzaron un punto crítico. Según datos revelados en las últimas horas, se triplicó la cantidad de jubilados que registran deudas impagas o un severo atraso en sus compromisos financieros, una cifra alarmante que expone el grado de ahogo que atraviesa uno de los sectores más vulnerables de la población.

El fenómeno refleja una transformación dramática en las prioridades de gasto de la tercera edad. Ante la imposibilidad de llegar a fin de mes con la jubilación mínima, miles de abuelis y abuelas debieron recurrir de forma sistemática al uso de tarjetas de crédito, créditos personales o préstamos para costear insumos de primera necesidad, generando un espiral de endeudamiento que hoy resulta imposible de cancelar.

Las claves del ahogo financiero en la tercera edad:

• El costo de la supervivencia: La mayor parte del endeudamiento no responde a consumos extraordinarios, sino a la compra de alimentos, el pago de servicios públicos con tarifas dolarizadas y, fundamentalmente, la adquisición de medicamentos crónicos tras la quita de coberturas gratuitas.
• Refinanciaciones con tasas desmedidas: Frente a la mora, los bancos y entidades financieras aplican intereses punitorios altísimos, lo que convierte a las pequeñas deudas iniciales en montos impagables que insumen casi la totalidad del ingreso mensual.
• La caída libre del poder de compra: Informes privados coinciden en que la fórmula de movilidad aplicada por el Ejecutivo no logró compensar el salto inflacionario en los rubros esenciales, empujando a más del 60% de los adultos mayores por debajo de la línea de la pobreza.

Un colapso silencioso que golpea a las familias

La acumulación de deudas impagas en la clase pasiva no solo afecta a los titulares de las jubilaciones, sino que impacta de lleno en la red de contención familiar. En muchos casos, hijos y nietos deben destinar parte de sus golpeados ingresos para saldar los compromisos financieros de los adultos mayores o cubrir los gastos básicos de salud que el Estado dejó de financiar.

Con los centros de jubilados movilizados de forma permanente ante el Congreso y los tribunales inundados de amparos judiciales, la proliferación del endeudamiento previsional expone el costo humano del programa económico y enciende todas las alarmas sobre la viabilidad social del ajuste impulsado desde la Casa Rosada.

A través de un DNU, el presidente autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”, organizado por EE. UU. La decisión saltea el debate en la Cámara de Diputados y reabre la controversia por el control del Congreso sobre el envío de tropas al exterior.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei autorizó la salida del territorio nacional de tropas y medios de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio militar multinacional “PANAMAX 2026”, llevado a cabo en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026.

La medida elude el trámite parlamentario ordinario en el Congreso de la Nación, atribución que la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 28) otorga al Poder Legislativo para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.

El bypass al Congreso y el argumento del DNU

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo había enviado oportunamente al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para autorizar el Programa de Ejercitaciones Combinadas. Sin embargo, al no haber obtenido tratamiento en la Cámara de Diputados y ante la inminencia del ejercicio, el Presidente —en Acuerdo General de Ministros— optó por firmar un DNU. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia para firmar algo así?

Entre los considerandos de la medida se argumenta que:

• Razones de oportunidad: La invitación cursada por el Gobierno de los Estados Unidos exigía el despliegue inmediato de las tropas.
• Capacidades militares: Participar de “PANAMAX 2026” mejora la interoperabilidad, la integración doctrinal y la estandarización de procedimientos del Instrumento Militar argentino.
• Costos y operatividad: Quedar fuera privaría a las Fuerzas Armadas de la actualización de doctrinas y validación de procedimientos junto a socios estratégicos de la región.
• Financiamiento: Los gastos serán absorbidos por la Jurisdicción 45 (Ministerio de Defensa) – Subjurisdicción 24 (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

El decreto fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su control posterior, pero su vigencia es inmediata a partir de su publicación.

¿Qué es el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”?

PANAMAX es uno de los adiestramientos militares conjuntos y combinados más importantes del Hemisferio Occidental. Organizado y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en coordinación con las fuerzas de seguridad de Panamá, se realiza periódicamente con la participación de más de una docena de países aliados de la región (como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros).

Claves del ejercicio:

• Objetivo principal: Garantizar la seguridad, la defensa y la operatividad del Canal de Panamá, un cuello de botella estratégico para el comercio marítimo global y la economía internacional.
• Escenarios y operaciones: Simula respuestas multinacionales ante amenazas a la infraestructura crítica bajo el marco ficticio de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
• Rol de las fuerzas argentinas: A través del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) del Estado Mayor Conjunto, las tropas especiales argentinas participan en el planeamiento y la ejecución de operaciones de alto riesgo en entornos selváticos, marítimos y urbanos.

La decisión de enviar tropas mediante DNU reactiva la discusión institucional sobre los límites de las facultades ejecutivas respecto al control civil y legislativo sobre las Fuerzas Armadas, un principio sensible en la historia democrática argentina.

En medio de las discusiones por el atraso cambiario y la presión sobre la divisa, el vocero oficial admitió que la cotización del dólar sufrirá un reajuste en el corto plazo, aunque descartó un salto devaluatorio brusco.

El debate alrededor de la política económica y el rumbo del tipo de cambio sumó una definición clave por parte del Poder Ejecutivo. En las últimas horas, representantes del Gobierno nacional admitieron abiertamente que el dólar podría alcanzar valores de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, reconociendo un margen de deslizamiento en el mercado cambiario ante las presiones inflacionarias y la cotización de los financieros.

El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 dentro de algunos meses. Después calificó esa corrección como “mínima” y aseguró que no tendría un impacto significativo en el bolsillo.

Hoy el dólar oficial está en $1.510. Llevarlo a $1.800… pic.twitter.com/OQR1BL1nK0

— Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) July 24, 2026

Las claves de la proyección cambiaria del Ejecutivo:

• Un margen de ajuste estimado: Desde la vocería oficial argumentaron que un avance de la divisa hacia la zona de los $1.700 o $1.800 representaría un movimiento gradual y “controlado”, rechazando tajantemente los pronósticos de la oposición que advierten sobre un salto devaluatorio desmedido.
• La postura sobre el atraso cambiario: Pese a admitir que la cotización se moverá al alza, el Ejecutivo mantiene su postura de que no existe un atraso estructural en el tipo de cambio, respaldándose en las metas de superávit comercial y el equilibrio en las cuentas públicas.
• El impacto en precios y salarios: Analistas de mercado señalan que la confirmación de un piso más alto para el dólar podría trasladarse a los precios de la canasta básica y poner mayor tensión sobre las paritarias, en un contexto donde los ingresos familiares ya llegan fuertemente golpeados por la recesión.

Expectativa en la City y presión sobre los financieros

El reconocimiento de esta nueva pauta para la divisa se da en un momento en que los dólares paralelos y financieros vienen mostrando oscilaciones y tocando récords nominales. Para los operadores de la City porteña, la admisión de un valor cercano a los $1.800 funciona como un sincericidio que busca achicar la brecha y fijar expectativas de cara a la segunda mitad del año.

Mientras el Ministerio de Economía procura sostener la liquidación de divisas para fortalecer las arcas del Banco Central, la confirmación de este escenario reaviva los reclamos del sector industrial y las pymes, que advierten sobre el impacto de la incertidumbre cambiaria en los costos de insumos importados y el valor final de la producción nacional.

Según datos de UBA-Conicet, los hogares del AMBA destina el 15% del ingreso promedio para cubrir las tarifas. La luz registró el mayor incremento del mes con un salto del 12,5%.

Durante el mes de julio, la Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6%, exigiendo aproximadamente el 15% del salario promedio de la región. El alza estuvo impulsada principalmente por el mayor consumo energético derivado de las bajas temperaturas invernales y por ajustes tarifarios en la mayoría de las prestaciones, a excepción del servicio de agua.

Los datos se desprenden del Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet (procesados por la Agencia Noticias Argentinas). El informe destaca que la cobertura de subsidios llega actualmente al 54% (los hogares pagan ese porcentaje del costo total de producción de los servicios, mientras que el Estado cubre el 46% restante). A su vez, los subsidios reales acumulados al 17 de julio tuvieron un incremento del 10%.

El desglose del impacto según cada rubro:

• Energía eléctrica: Registró el mayor impacto en el gasto familiar con una suba del 12,5% respecto a junio, producto del pico de consumo invernal combinado con aumentos tarifarios (3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio).
• Gas: La factura se incrementó un 5,2%, impulsada por la estacionalidad invernal y alzas del 2,8% en el cargo fijo y del 3% en el variable.
• Transporte: Representa el 40% del peso total de la canasta de servicios y subió un 3,7% en promedio. Las líneas de colectivo en CABA aumentaron un 4,1%, mientras que las líneas interjurisdiccionales subieron un 3,2%.
• Agua: Tuvo una reducción del 4,6% en el gasto familiar en comparación con junio. Esto se debió a un descuento aplicado por el ERAS sobre el coeficiente variable para evitar subas mayores al 3% mensual, compensando el día extra de consumo del mes.

Impulsado por el consumo pico de invierno y nuevos esquemas tarifarios, el gasto en luz y gas lideró la suba de la canasta tarifaria. El transporte sigue representando el mayor peso del total, mientras que el agua fue el único servicio que registró una baja.

La central obrera acordó una estrategia conjunta con las CTA y la UTEP para salir a las calles tras el revés judicial por la reforma laboral. El cronograma incluye movilizaciones por San Cayetano, el Día de la Industria y la advertencia de un nuevo paro general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) encendió nuevamente los motores de la protesta social y formalizó el relanzamiento de un plan de lucha extendido que se desplegará hasta el mes de noviembre. La primera acción directa tendrá lugar este miércoles 22 de julio frente al Congreso de la Nación, en una marcha convocada de forma conjunta con diversas organizaciones de jubilados para visibilizar el deterioro de los haberes previsionales.

La reactivación de las medidas de fuerza fue consensuada en una mesa de diálogo unificada entre la cúpula cegetista, las dos centrales de la CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El frente sindical busca responder en la calle al reciente revés judicial: la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por la CGT y dejó plenamente vigentes los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo.

El cronograma de movilizaciones confirmedo:

• Miércoles 22 de julio: Concentración en el Congreso de la Nación junto a las agrupaciones de jubilados.
• 7 de agosto (San Cayetano): Movilización masiva junto a la UTEP en coincidencia con la convocatoria a la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
• Tercera semana de agosto: Protesta y marcha hacia las puertas del Ministerio de Economía para denunciar el sobreendeudamiento de los hogares y el estrangulamiento financiero de las pymes.
• 2 de septiembre (Día de la Industria): Jornada nacional de visibilización sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial.
• 4 al 6 de septiembre: Participación activa de las centrales obreras en la Semana Social organizada por la Iglesia Católica en la provincia de Córdoba.

La amenaza latente de un nuevo Paro General

El horizonte del conflicto laboral amenaza con profundizarse a medida que avance el calendario. Desde la CTA Autónoma remarcaron que, de no mediar una mesa de diálogo real o un cambio en el rumbo de la política económica oficial, las centrales impulsarán una gran movilización nacional acompañada de una huelga general.

Esta escalada sindical se perfila como el desafío político más complejo para la Casa Rosada de cara a la segunda mitad del año. Con el respaldo de la Iglesia en la agenda social y una multisectorial consolidada, los gremios apuestan a desgastar el programa del Gobierno mediante una presencia constante en el espacio público.

La llegada parcial de la Selección y la decisión de no realizar un acto multitudinario canceló todo tipo de posibilidades de un feriado nacional.

La posibilidad de que el Gobierno nacional decrete un feriado por la llegada de la Selección argentina llegó a su fin luego de la incertidumbre que se generó en torno a la Selección argentina y su vuelta al país. Con el correr de las horas se conoció que el plantel regresa al país de manera parcial y sin Lionel Messi, quien permaneció en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul.

La delegación aterrizará este lunes alrededor de las 19 en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Nueva York. Sin embargo, varios futbolistas no viajaron a Buenos Aires, ya que partirán directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. La lista de jugadores que no viajan se completó con Enzo Fernández, Julián Álvarez, Simeone, Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez.

En este contexto, la posibilidad de un recibimiento multitudinario perdió valor. Incluso, desde el entorno de la Selección confirmaron que no habrá una visita a la Casa Rosada, uno de los escenarios que se había mencionado en las últimas horas y que tampoco quieren algo masivo.

La expectativa por un eventual feriado surgió luego de un mensaje del presidente Javier Milei, quien había anticipado que la jornada sería declarada no laborable si los jugadores y el cuerpo técnico decidían realizar un festejo con los hinchas. Sin embargo, tras la derrota en la final frente a España y con buena parte del plantel tomando distintos rumbos, ese escenario aparece hoy mucho más lejano.

La propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que algunos integrantes del plantel partirán desde Estados Unidos hacia otros destinos para sumarse a sus clubes o iniciar su período de descanso, por lo que solo una parte de la delegación regresará a la Argentina.

Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se desplegará un operativo de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La delegación que llega al país será recibida en el hangar 5 por una guardia de Granaderos y luego volará en helicópteros al predio de la AFA.

El plantel de la Scaloneta pidió repetir el ritual del Mundial de Qatar para el próximo partido clave. Sin embargo, el veto ideológico de la Casa Rosada traba la negociación y desata un inesperado conflicto entre el vestuario y el Presidente.

Un inesperado frente de tormenta combina la mística futbolera con la grieta política más profunda. En las últimas horas trascendió que el plantel de la Selección Argentina de fútbol le solicitó formalmente a la dirigencia de la AFA la convocatoria de Lali Espósito para interpretar el Himno Nacional Argentino en la antesala del próximo cruce trascendental del equipo. El pedido, fundamentado estrictamente en una cuestión de “cábala” tras la recordada final en el Mundial de Qatar, chocó de frente con una feroz resistencia por parte del presidente Javier Milei.

El cortocircuito expone la persistencia del fuerte enfrentamiento público e ideológico que el mandatario mantiene con la artista pop, a quien llegó a apodar despectivamente en reiteradas oportunidades. Mientras que los referentes del vestuario albiceleste priorizan los rituales que consideran protectores y exitosos para el grupo, desde las oficinas de Balcarce 50 bajaron una orden taxativa de no validar ni financiar ninguna centralidad institucional para la cantante en eventos que involucren al Estado o a las marcas oficiales.

Las claves del conflicto entre la Scaloneta y la Casa Rosada:

• El peso de la cábala mundialista: Los jugadores de la Selección son conocidos por respetar a rajatabla sus costumbres y rituales de la suerte. La interpretación de Lali en Qatar es vista por el grupo como un amuleto histórico que quieren repetir en territorio nacional para revalidar la comunión con el público.
• El veto ideológico del Ejecutivo: Desde el entorno presidencial dejaron en claro que la figura de la artista sigue estando “bloqueada” para cualquier tipo de acto oficial, lo que genera una fuerte tensión administrativa con las autoridades de la AFA, atrapadas en el medio del tironeo entre los futbolistas y el poder político.
• Incertidumbre en la organización: La negativa oficial obliga a los armadores del evento a dilatar la confirmación del show previo, buscando alternativas que conformen al plantel sin desatar la furia de las redes libertarias y de la propia jefatura de Estado.

El fútbol vs. la rosca de Gobierno

La disputa vuelve a poner sobre la mesa los límites del control oficial sobre los íconos populares. Para la mesa chica de Javier Milei, ceder ante el pedido de los campeones del mundo significaría una “derrota cultural” en su cruzada contra los artistas que cuestionaron públicamente el rumbo socioeconómico del país.

Por el lado de la Scaloneta, el fastidio empieza a hacerse notar: los futbolistas consideran que el vestuario y sus cábalas están por encima de cualquier interna partidaria y que la Casa Rosada no debería intervenir en las decisiones que hacen a la mística y el folclore del equipo nacional.

En una tan valiente como lapidario editorial el periodista dijo en voz alta lo que Londres insiste en negar, tarde o temprano deberán negociar por Malvinas .

La épica remontada de la selección de Lionel Scaloni y Lionel Messi frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y la bandera con la que festejaron los jugadores argentinos tras el partido reavivó en Londres el debate por la soberanía de las Islas Malvinas. En ese camino The Guardian admitió este viernes lo que nadie se anima a decir en voz alta en Londres.

Aunque algunos medios internacionales tildaron el gesto de los jugadores con la bandera de “arrogante”, en un sincero editorial el periodista británico Simon Jenkins, admitió en The Guardian que es hora de reconocer que “las Malvinas no pueden ser británicas para siempre” y advirtió que el debate era de “sentido común geográfico”. Además, deseó que la imagen de la selección argentina con la bandera con un mensaje sobre las islas se transforme en un llamado a la acción.

Jenkins realizó un sucinto repaso histórico sobre los territorios que alguna vez fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la corona.

De hecho, entre los hitos más recientes mencionó el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar. Así, la disposición para eliminar el histórico enrejado no solo representó la desaparición de la frontera física, sino el fin de otra discusión diplomática que se extendió por varias décadas.

Apenas 24 horas habían transcurrido de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, cuando el reclamo por la soberanía de Malvinas resurgió en plena celebración del Mundial 2026. “Pero, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“, cuestionó el columnista del medio británico.

“Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”, criticó.

Según Jenkins, la ferviente defensa de los gobiernos británicos por el control de las islas estaría íntimamente ligada a la inyección de popularidad que la victoria militar en 1982 le brindó a la administración encabezada en aquel entonces por Margaret Thatcher.

De la misma manera, consideraron que las políticas de protección también estarían relacionadas “con el hecho de que los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o Diego García (islas que supieron responder al gobierno británico), eran británicos blancos”.

Sin embargo, el columnista británico desempolvó los archivos históricos para mencionar que durante la década de los ‘70 el Reino Unido se encontraba en medio de negociaciones para transferir la soberanía de las islas al gobierno argentino. Un movimiento que, en paralelo, fue impulsado por las Naciones Unidas (ONU) en los ex imperios francés, portugués y español.

Según reconstruye el artículo de The Guardian, para 1971 se había establecido un acuerdo para que los habitantes de las islas pudieran viajar hacia el territorio continental y hacer uso de los hospitales, tiendas y otros servicios. “Gradualmente, los isleños estaban formando lazos cercanos con sus vecinos costeros”, destacaron.

“La problemática no era por una cuestión histórica -un argumento eterno-, sino por un sentido común geográfico”, señaló el periodista británico respecto de la predisposición que mostraba por aquel entonces la administración del Reino Unido. La búsqueda por ahorrar dinero también impulsó esa postura, tras indicar que las islas se encontraban expuestas y sin defensas.

En este sentido, reiteró: “Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas”. Sin embargo, reprochó que el atropello por parte de las fuerzas militares argentinas en 1982 no solo desató el enfrentamiento armado, sino que generó un quiebre en las negociaciones en curso.

“Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras”, analizó el artículo, tras hacer mención a los esfuerzos de los Estados Unidos y Perú de que ambas naciones bajaran las armas.

A pesar de esto, el columnista de The Guardian cuestionó que “lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años”.

“La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”, señaló.

De la misma manera, Jenkins consideró que los resultados del referéndum realizado en 2013 sobre el tema, en donde 99,8% de un total de 1517 participantes votaron por permanecer anexados como parte del gobierno británico, no eran suficiente justificativo.

“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”, analizó, tras plantear que “sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”.

En medio de la profunda crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo, voceros oficiales desataron una fuerte polémica al justificar el aumento del endeudamiento familiar como una falla de conducta individual y no como consecuencia de las medidas macroeconómicas.

El Gobierno nacional volvió a encender la mecha de la confrontación social con una serie de declaraciones que generaron un repudio generalizado en distintos sectores. En un intento por despegarse del complejo escenario financiero que atraviesan millones de hogares, representantes del Ejecutivo culparon directamente a la población por los altos niveles de endeudamiento, asegurando de manera tajante que los ciudadanos “no saben manejar sus ingresos”.

La polémica frase se da en un contexto de caída libre del consumo y de un incremento sostenido en las familias que deben recurrir a las tarjetas de crédito o a préstamos personales para costear la canasta básica de alimentos y los servicios esenciales. Lejos de asumir las consecuencias del programa de ajuste, la administración libertaria optó por trasladar la responsabilidad al ámbito de la conducta privada y la educación financiera individual.

Las claves de la polémica declaración oficial:

• Desplazamiento de la culpa macroeconómica: Desde el oficialismo argumentaron que el problema del saldo en rojo no responde a la inflación ni a la devaluación, sino a una supuesta falta de planificación y a “gastos superfluos” por parte de los asalariados y sectores vulnerables.
• Fuerte rechazo opositor y social: Dirigentes de todo el arco político, organizaciones de consumidores y economistas salieron al cruce de inmediato, tildando los dichos oficiales de “provocación” y de mostrar una total “desconexión con la realidad” de quienes no llegan a fin de mes.
• El fantasma del ahogo financiero: Las estadísticas de consumo masivo reflejan que el endeudamiento actual no está ligado al confort sino a la supervivencia, registrándose niveles récord de refinanciación de deudas en los bancos para cubrir las tarifas de luz, gas y transporte.

Una lógica de manual para justificar el ajuste

Esta postura se alinea con el relato histórico del Ejecutivo, que busca restarle peso a la intervención y responsabilidad del Estado en el bienestar social. Al catalogar las dificultades económicas como un fracaso personal de gestión doméstica, la Casa Rosada intenta blindar su programa fiscal frente al descontento social que genera la pérdida del poder de compra de los salarios.

La respuesta de las centrales sindicales y los movimientos sociales no se hizo esperar, adelantando que la insensibilidad de los argumentos oficiales solo profundizará los reclamos en las calles y acelerará las presentaciones legislativas para declarar la emergencia tarifaria y alimentaria en todo el territorio nacional.