La socióloga y economista Leticia Salomón realizó un detallado análisis acerca de la coyuntura política hondureña. Operaciones políticas y mediáticas de la derecha; avances y deudas en el oficialismo.

Por Leticia Salomón/ Me he tomado el tiempo necesario para informarme, analizar y sacar las conclusiones debidas de la especie de tsunami político producido por el video filtrado por Estados Unidos a través de Insight Crime sobre una reunión de “empresarios” narcos con el entonces Jefe de Campaña de Libre y, como tal, recaudador de aportes electorales, Carlos Zelaya, hasta hace unos días Secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, por un lado, y por el otro, por la decisión constitucional de la Presidenta Xiomara Castro de denunciar el Tratado de extradición con Estados Unidos. ¡Y vaya que me he asombrado, incomodado, indignado y enojado ante el cinismo, la desfachatez y el atrevimiento de esta oposición cavernaria, cínica y anquilosada que encontró el momento exacto de colocarse el traje de mansa oveja y arrastrar con ella a otros pusilánimes e ingenuos que siguen creyendo en las narrativas políticas perversas! He visto desfilar a toda la oposición emocionada hasta el éxtasis supremo, incluyendo el striptease ético de a) la oposición política: Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) -si es que se sigue llamando así- Parido Salvador de Honduras (PSH) y otros a punto de extinción que encontraron el sustento que necesitaban para el desquite personal o partidario y, por ello, pasar de la defensiva a la ofensiva política; b) la oposición política-social (COHEP, CNA y ASJ) que son organizaciones políticas disfrazadas de sociedad civil, con un claro papel vengativo, oportunista y cínico; c) la oposición mediática, en alineamiento disciplinado, igualmente excitada y frenética, arrasando entusiasmada con la objetividad obligada y revelando su verdadero interés personal y político en el desquite o en el cumplimiento del papel asignado o contratado; d) la oposición religiosa: con los pastores desplazados de los beneficios del poder con sus organizaciones conservadoras invocando los poderes celestiales para meterse en asuntos políticos que no les corresponden y e) la oposición externa: maquiavélica, astuta, cínica, anticomunista de guerra fría, intolerante, obsesionada con ver al monstruo del comunismo en todas partes y profundamente ignorante de la naturaleza compleja de los países del sur.

Tratando de darle significado preciso a las palabras con las cuales titularía esta reflexión, acudí a las opciones tecnológicas para buscar el significado de DESTAPE CÍNICO que fue lo primero que me vino a la mente mientras escudriñaba lo que observaba y encontré lo siguiente que calza como anillo al dedo sobre todo a aquellos ingenuos, cándidos y desinformados que creen en @lo que ven en apariencia, olvidando la esencia que siempre está oculta. Veamos la definición que me pareció más adecuada: “Destape cínico es la revelación de información o hechos de manera deliberada y sin escrúpulos, pero sin un verdadero compromiso ético o moral. En este tipo de destape, la intención no es mejorar o corregir una situación injusta, sino que puede estar motivada por intereses egoístas, manipulación política, desacreditación de adversarios o simplemente por causar escándalo… El destape cínico puede ser frío, calculado y dirigido a obtener beneficios personales o estratégicos, sin importar el daño que cause” (Chat GPT).

Aclarado el término anterior, me puse a pensar en el cisma producido en los últimos días por un video impactante colocado en el momento exacto con propósitos cada vez más claros; también en las reacciones desatadas en los diversos sectores y en la fragilidad de la cultura política local, tan frágil que parece bailar al son de la orquesta con solo oír la música o el chasquido de los dedos del dueño a la orden de empezar, situación lamentable que queda en evidencia con las palabras del mismo cofundador de Insight Crime, Steven Dudley, cuando reconoce que el video no da para acciones judiciales pero sí para obtener el efecto esperado. Veamos:

“El video genera un tipo de impacto que es distinto a otros tipos de pruebas y por eso sabíamos que iba a generar el efecto que ha generado hasta ahora. No hay pruebas de que aceptó el dinero… es complicado a nivel judicial y es más complicado a nivel político, Y eso fue hace 11 años… y como dijo Carlos Zelaya: me llamaron unos empresarios y dijeron que iban a dar aportes… de alguna manera él tiene razón: son empresarios importantes que van a dar aportes… ¿cómo podemos saber si él sabía con quién estaba?”

Si transcurrieron once años desde entonces y la hoy presidenta no ganó las elecciones en 2013 ¿cómo probar que cumplieron su parte del trato? Es interesante analizar en qué queda un acuerdo privado impregnado de soborno vulgar y vergonzoso realizado, en este caso o en otros, entre narcos, empresarios y agentes externos con políticos locales para conseguir algo al ganar un proceso electoral cuando el objeto de su interés no obtiene el triunfo en las elecciones: ¿corrupción? ¿narcopolítica? ¿narcotráfico? ¿delincuencia común? Al margen de lo anterior que da para mucho debate jurídico en el tema de narcotráfico y corrupción, tanto la Presidenta como el Canciller han insistido en que se trata de evitar que el tratado se use como arma política y las palabras de Sr. Dudley parecen confirmar que fue así.

En el contexto aquí expuesto incorporamos otros elementos que seguramente servirán para la reflexión o al menos para sacudirse el impacto de las narrativas que se activaron y alinearon con la velocidad de los que siempre están dispuestos al ataque:

Es potestad constitucional de la Presidenta definir LOS EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR y, en general, ha mantenido esa política coherente, consistente y más o menos estable, aunque en algún momento haya incomodado a ciertos líderes de Estados Unidos. Interesante y soberana la apertura hacia China; muy bien el perfil bajo con respecto a Nicaragua que hace tiempo dejó de ser socialista para convertirse en un país antidemocrático, intolerante, autoritario y dictatorial; comprensible que mantenga relaciones con Venezuela, pero ¿quién mandó a esos dos desubicados a viajar a ese país para ver competencias deportivas en momentos de mucha tensión poselectoral y agresividad de la oposición política a la que tantos países reconocieron de forma inadecuada e irresponsable como ganadora? Dicho sea de paso, esa oposición ultraderechista y tramposa, se enfrenta hoy a una grave crisis partidaria por las actas manipuladas que subieron a la web, tanto así que hasta su mismo candidato niega hoy su involucramiento para no exponerse a ser procesado por fraude electoral. Y aquí, desde el fanatismo y la vocación de serviles, se dieron y siguen dando golpes en el pecho renegando de Maduro, ese extraño dirigente desbocado y autoritario, casi impresentable, que ha sobrevivido a los embargos y hasta empieza a sacar a Venezuela del cerco en que la encerraron, aunque no les guste a sus detractores. Denunciar el tratado es una de las atribuciones presidenciales aunque el momento en que se hizo no haya sido el más adecuado, además de parecer una decisión poco meditada y sin las previsiones del caso, con muchas dudas sobre las razones que motivaron la denuncia.

Es importante analizar la reacción de LOS LÍDERES POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN. Creo que es urgente iniciar una profunda investigación criminal, si esto fuera posible en este país degradado, sobre las reuniones que han sostenido los jefes de campaña de todos los partidos desde la transición a la democracia hasta la actualidad, para ver si se encuentran registros, ojalá en videos, para aumentar el impacto, como aconseja el Sr. Dudley, de las veces que se reunieron con narcotraficantes, corruptos, empresarios locales, políticos internacionales, mensajeros encubiertos y delegados de países interesados justo en el momento en que les entregaban sus aportes desinteresados en maletines elegantes, en cheques al portador o en cualquier otro instrumento que no dejara huellas: ¡CÍNICOS!!! Todos esos que se golpean el pecho mostrando su repudio a lo que muestra el video son verdaderos maestros en el arte de regatear, negociar, chantajear, estafar y reclamar la cuota particular más allá de la del partido, comprometiendo su lealtad al país de acuerdo al monto de lo recibido ¿O por qué creen que no se han aprobado en el Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria, la Ley de colaboración eficaz, los contratos de adendas de la ENEE y la ley de hidrocarburos, entre otras? ¿Habrá alguna diferencia en términos del interés nacional entre lo que demandan los empresarios y lo que demandan los narcos cuando hacen sus “aportes desinteresados”? Ahí tiene para lucirse el Ministerio Público con un poco de ayuda de Insight Crime, de la DEA y de los fiscales de Nueva York.

¿Y qué decir del flamante líder errático SALVADOR NASRALLA quien reconoció como ciertas las declaraciones del liberal Luis Zelaya cuando denunció que aquél le ofreció 15 millones de lempiras para que renunciara a su candidatura y le dejara el espacio a él para competir por la presidencia desde ese partido? ¿De donde salió ese dinero? ¿Y qué pensar de su jefe de campaña antes de aliarse con Libre, Pedro Barquero, quien según Nasralla fue el mensajero asignado y tramitador encubierto: ¿EN SERIO? no les da pena golpearse el pecho conmocionados y gritar indignados “que renuncie la presidenta”, que se vaya “el familión” y que restauren la Ley de Extradición si buena parte de ellos conocen muy bien esas prácticas y otra parte tiene expedientes abiertos en Estados Unidos pero se han salvado de ser pedidos en extradición porque son “amigos” de Estados Unidos hasta que eso cambie, como le pasó a JOH: ¡Bien por la Presidenta que los sacó hasta con número de expediente de EU para que los investigue el Ministerio Público de aquí, esperando que hará muy bien su papel, de acuerdo a las entusiastas y desbordadas declaraciones del Fiscal General!

¿Y dónde queda el proclamado santo inmaculado de la política criolla JORGE CÁLIX, con tres familiares vinculados al narcotráfico y las maras (“Cubeta”, que se acaba de ir de turista a la Corte de Nueva York, Soraya que está en la lista y el otro, ¿Ramón?, que igual anda en malos pasos)? Como complemento informativo Pro-Honduras Network “señala que en la lista presentada desde casa presidencial no agregaron a Ramón Adalberto Martínez Hernández, socio de los narcotraficantes Juan Orlando Hernández y Geovanny Fuentes que según fiscales de NY, Ramón es cuñado del diputado Yahvé Sabillón y es parte de la fórmula de Jorge Cálix”. ¿Y él es otro de los que se golpea el pecho pidiendo la renuncia de la Presidenta y toda su familia porque está “horrorizado” del involucramiento de todos los Zelaya en el narcotráfico? ¿No debería ser llamado al Ministerio Público por cómplice cuando afirma que él mismo iba a sacar las aportaciones al banco asegurando que ese dinero era de los narcos? ¿No debería el partido Liberal pedirle exámenes de laboratorio o análisis clínicos para explicar su extraña exaltación, su mirada de loco, los gestos de su cara cuando habla de los Zelaya y la velocidad con que los amigos lo apartan de las cámaras para que no noten que se está desbocando? ¿No deberían preocuparse los liberales interesados en revivir a su partido, en realizar sus apuestas por un tipo como este capaz de traicionar al partido Libre, cuando era militante del mismo, recibiendo el apoyo entusiasta y seguramente monetario de JOH y su partido por sus ambiciones personales? ¿A cuántas reuniones habrá asistido para negociar entonces su incondicionalidad al PN y para negociar ahora el retorno al PL del que nunca debió salir? ¿Tendrán videos para pasárselos a Insight Crime?

¿Y dónde queda el PARTIDO LIBERAL? Por él hablan sus nuevos líderes tránsfugas de otros partidos y traidores por vocación natural, y esos representantes del ala derechista y ultraconservadora de ese partido en el Congreso quienes apenas tienen luz propia pero aparecen arrimados a la sombra de sus nuevos conductores tratando de evitar la salpicadura por narcotráfico de sus líderes y militantes, empezando por su coordinador Yani Rosenthal, varios con expediente abierto en Estados Unidos y muchos más cómplices de los doce años de gobierno del partido Nacional que avalaron con sus votos y su silencio cómplice las actividades de corrupción y narcotráfico por las cuales apenas empiezan a pagar. ¿Y qué decir de los mencionados sobornos de dos narcotraficantes en los juicios de Nueva York al diputado y expresidenciable Mauricio Villeda? ¿Y son ellos los que piden que se restaure la Ley de extradición, que renuncie la presidenta y que se vaya toda la familia? ¿Qué los hace sentir seguros de que no estarán incluidos en las próximas listas de extraditados de allá o en las listas de investigados por corrupción de aquí?

Por último, aunque siempre el primero, el PARTIDO NACIONAL, ultraconservador, reaccionario, derechista, cínico e incapaz de sacudirse al sector juanorlandista que aún está ahí, defendiéndose, justificándose, atacando, manipulando y proclamándose defensor de “la libertad y la democracia” con un expresidente, su hermano y varios líderes y militantes pagando sus crímenes por narcotráfico en Estados Unidos, por los cuales nunca iban a pagar aquí, otros salpicados por la MACCIH en las redes de corrupción y la mayoría en lista para ser investigados aquí por corrupción y narcotráfico por el entusiasta y emocionado Fiscal General; a ellos se suman los nacionalistas en fuga empezando por el presidente de su propio partido y tantos otros cobijados por Daniel Ortega, con larga tradición de proteger corruptos a cambio de una buena bonificación. Y qué decir de la precandidatura de la esposa del mismo presidente condenado por narcotráfico y ella misma a punto de ser investigada por corrupción en el país? El partido Nacional queda evidenciado en su naturaleza primitiva, obcecada, delirante y cínica en el pronunciamiento publicado el pasado dos de septiembre en el que utilizan como lema: “El principio del fin de la democracia comienza cuando el poder se utiliza para silenciar al pueblo Y PROTEGER A LOS CORRUPTOS”. Los brillantes analistas y estrategas de ese partido decadente y desprestigiado mencionan en alineamiento perfecto con el discurso ultraconservador de los Estados Unidos: “Libre inicia el Plan Venezuela para quedarse en el poder a sangre y fuego”, “quieren realizar o implementar un enorme fraude electoral en noviembre de 2025, como una copia al carbón de lo que sucedió en Venezuela”, “la Cátedra Morazánica es parte del adoctrinamiento político de izquierda dentro de las Fuerzas Armadas”, “Honduras no es Venezuela, las fuerzas de oposición estamos listas para salirle al paso y frenar cualquiera de esos escenarios, AUNQUE HAYA QUE DEJAR LA VIDA EN LAS CALLES de Honduras”. Después de leer ese pronunciamiento, que seguramente les costó varias horas de esfuerzo colectivo por su enorme originalidad, lo menos que podemos decir es que, o son cínicos hasta el remate, ignorantes que necesitan mucha lectura o que la constatación de su presente y futuro como partido los ha dejado desquiciados y al borde de la locura.

Sobre Libre, el escándalo que lo involucra y los desafíos a enfrentar

El descalabro del sistema de partidos en nuestro país, con los dos tradicionales a la cabeza, demandaba la irrupción política de un partido nuevo y diferente que marcara distancia con respecto al estilo de gobernar sustentado en la compra de votos en los poderes Legislativo y Judicial, la concentración autoritaria del poder, la neutralización del sistema de justicia vía politización y judicialización, la conversión en cómplice de un fuerte sector de la empresa privada, la compra descarada de los medios de comunicación corporativos, la incondicionalidad de las iglesias evangélicas, la complicidad solícita de algunas organizaciones de sociedad civil cuyos líderes fueron incorporados a la administración pública con sueldos y canonjías a cambio de su compromiso con el blanqueo de la corrupción y el narcotráfico. El deterioro ético de los partidos estaba acompañado de igual deterioro, desencanto, frustración y pesimismo de la ciudadanía en general y de las organizaciones sociales en particular. LIBRE significó esperanza, algo que se había quedado en el camino, pero también significó enfrentar el asedio frontal de todos los desplazados del gobierno anterior el cual fue duro, sistemático, coordinado, sucio y traicionero. Hasta cierto punto se entiende que desearan blindar a la presidenta con familiares, amigos e incondicionales en puestos clave de la administración para detectar a tiempo cualquier intento de separarla de su cargo, por iniciativa del Congreso o por acciones de las Fuerzas Armadas que siempre están dispuestas a escuchar argumentos que huelan al anticomunismo de guerra fría en el cual se formaron.

Pero LIBRE y su gobierno decidieron sostenerse únicamente en su militancia, aislarse de las organizaciones de la auténtica sociedad civil que podrían llegar a constituir su base social y les podrían proporcionar información genuina, desde los territorios en que se mueven, de todos los personajes propios o ajenos con fama de corruptos, narcotraficantes, violadores de derechos y pícaros que siempre se cuelan en los partidos políticos y que en otros han adquirido rango de líderes. Empezaron a desconfiar de los críticos que señalaban las cosas malas para enmendarlas, sospechando de todos e intimidándolos con cualquier comentario.

La puesta en circulación del video por parte de Estados Unidos fue un golpe fuerte a la imagen del gobierno y del partido, por el hecho, el diálogo y la intención. Pero ellos saben que ese video por sí solo no da para iniciar acciones judiciales en contra del protagonista pero lograron su propósito muy bien articulado con toda esa oposición cavernícola y trasnochada que se ha propuesto, por las buenas o por las malas, más por estas últimas, impedir que LIBRE gane las elecciones de 2025 y que regresen al poder todos esos sinvergüenzas y delincuentes responsables del descalabro de país que tenemos.

Al gobierno y a LIBRE les toca hacerse la autocrítica que le lleve a tomar medidas urgentes, entre ellas:

1. Marcar la mayor distancia posible, antes, durante y después de cualquier proceso judicial, con respecto al protagonista de esta historia, dejando que resuelva en los tribunales cualquier delito que le sea imputado. Y si no tiene nada pendiente con la Justicia en este caso, lo tiene y lo seguirá teniendo con la ética de la política, la imagen de LIBRE y la lucha contra el narcotráfico.
2. Hasta ahora los señalamientos contra LIBRE son aislados pero este partido tiene que impedir, con las iniciativas necesarias, la degradación ética y delictiva en que se sumergieron los otros partidos realizando acciones desde ahora y conteniendo la arremetida contra sus principales autoridades que son el blanco de esta iniciativa.
3. Investigar y evaluar con la mayor precisión el desempeño de todos los militantes de LIBRE en el gobierno y en los otros poderes del Estado y detectar a tiempo los que tienen deudas por ineficientes, acciones ilícitas en su desempeño y señalamientos de violación de derechos por prepotentes, irrespetuosos y autoritarios. La colaboración de los afectados será valiosa para realizar esta tarea.
4. LIBRE no puede permitirse otro escándalo de esta naturaleza, por ningún motivo, y estoy segura de que la oposición buscará a profundidad la oportunidad de armar otro escándalo que les abone en su búsqueda del triunfo electoral a como dé lugar. Cuando en tiempos de JOH se denunciaba a uno u otro de sus cómplices, activaba todos sus mecanismos de protección para impedir que llegaran hasta él porque siempre llevaba un porcentaje de las actividades ilícitas que realizaban sus subordinados. De LIBRE se espera que marque la diferencia.
5. Iniciar lo más pronto posible el acercamiento con las auténticas organizaciones de sociedad civil, diferentes a las que realizan actividades políticas de oposición y que reciben o han recibido presupuesto o beneficios del gobierno anterior, para escucharlos y procesar otras miradas más allá de las propias.
6. El acercamiento debe ser igual con los sectores no contaminados con la complicidad de JOH en el mundo empresarial, religioso, periodístico y académico, para escuchar y ver si es posible bajar la tensión y buscar rutas de encuentro y colaboración.
7. Dedicar el tiempo necesario, dentro de los seis meses disponibles, para analizar la posibilidad de restituir el Estado de extradición y de complementarlo con una ley de Extradición.
8. Formar su propio EQUIPO DE PREVENCIÓN, CRISIS Y RESPUESTA que analice, proyecte y recomiende con mucho cuidado acciones para contrarrestar estas y otras iniciativas que seguramente están en lista de espera.
9. Iniciar desde ahora un análisis de escenarios posibles para 2025 y estar preparados para enfrentarlos, en particular líneas discursivas, narrativas, acciones e iniciativas de la oposición política en su diversidad.
10. LIBRE fue opción electoral en 2021 porque era garantía de cambio. Seguramente lo será en 2025 porque no hay opciones que marquen la diferencia. Si nos atenemos a lo que hay en el espectro político, preparémonos para enterrar la esperanza, la confianza y la creencia en que “OTRO PAÍS ES POSIBLE”.

Reflexión final

1. El sistema de partidos políticos empezó a resquebrajarse, deteriorarse y envilecerse desde el golpe de Estado de 2009 hasta tener lo que tenemos en la actualidad. Debe comenzar cuanto antes un auténtico proceso para generar corrientes reformistas al interior de los partidos, empezando por reconocer la dimensión del deterioro, sus causas, protagonistas y posibles líderes del cambio.
2. Se siente en el aire la violencia discursiva, la crispación del ambiente, la zozobra, la incertidumbre, la polarización, la confrontación y la tristeza. Es urgente parar esto porque el país no se lo merece. Nos vamos hundiendo sin frenos y sin percepción del peligro que esto significa para todos.
3. Demandar de los partidos políticos una campaña electoral de compromiso con la transparencia pregonando lemas que alienten la esperanza como los siguientes: “¡En las fórmulas de mi partido no van corruptos!”, “¡Mi partido no tiene pactos con narcotraficantes!”, “¡Si me conoce como corrupto, denúncieme!”, “¡Mi partido confía en mí; no soy narcotraficante!”.
4. Todo puede pasar en un país que pierde la esperanza, la confianza y la credibilidad en sus instituciones, y ya estamos tocando fondo. Todavía podemos hacer algo para detener la caída y dejar de ser “UN PAÍS DE CÓMPLICES”.

En agosto, transportar mercadería en camión en Argentina se encareció un 3,28%, según un relevamiento realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

El Índice de Costos del Transporte (ICT), que elabora esta entidad, registró un incremento intermensual superior al 3% en el octavo mes del año, lo que eleva el aumento acumulado en 2024 a un 70,84%. En términos interanuales, es decir, comparado con el mismo mes del año anterior, el incremento alcanza un 208,5%.

El estudio destaca que siete de los once rubros evaluados por el índice experimentaron subas significativas en agosto, con el rubro “peajes” registrando el mayor impacto, con un aumento acumulado del 303% en lo que va del año.

Desde FADEEAC, señalaron que “en un contexto de contracción continua en la actividad del autotransporte de cargas, el Índice de Costos aumentó un 3,28% en agosto”. Además, el índice, que es auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), muestra incrementos sostenidos tanto en lo que va del año como en la comparación interanual.

El informe resalta que “por segundo mes consecutivo, el rubro que presentó mayor incremento fue Peajes, con un 19,43%. Este aumento responde al ajuste de las tarifas en la Autopista Buenos Aires–La Plata, así como en los corredores nacionales y accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En lo que va de 2024, el rubro “Peajes” acumula un incremento del 303%.

Otros incrementos destacados en agosto incluyen el Costo Financiero (6,30%), Personal – Conducción (4,49%), que refleja la entrada en vigencia de la tercera cuota del CCT 40/89, y Combustibles (2,86%). Este último, sin embargo, fue menor a lo que habría sido de haberse incluido la actualización de impuestos específicos. Además, se observaron subas en Gastos Generales (2,61%), Neumáticos (1,64%), y Reparaciones (1,06%).

El exmandatario había sido dado de alta la semana pasada pero volvió al mismo centro médico durante el fin de semana y ahora permanecerá varios días internado.

El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica fue internado este jueves en una clínica de Montevideo para que le realizaran una serie de estudios durante los cuales le colocaron una vía para hidratarlo.

Mujica, de 89 años, volvió al Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) a menos de una semana de recibir el alta de esa clínica, en la que recibe su tratamiento por un cáncer de esófago.

Además se supo que durante el fin de semana tuvo un breve paso por ese centro médico porque se atoró, que es una de las situación esperables de su diagnóstico.

El expresidente “está mejor que hace tres horas” luego de que le colocaran una vía para hidratarlo, según indicó este jueves su médica personal, Raquel Pannone, a medios como El País de Uruguay.

“Vamos a hacer lo posible para mantenerlo en sanatorio para poderlo hidratar y estabilizarlo“, agregó Pannone, antes de aclarar que la situación médica de Pepe Mujica “no cambió radicalmente” desde la última conferencia de prensa que ella misma dio a propósito de la salud del expresidente.

“No significa que esté grave, sino es tratar de mantenerlo unos días para poder hidratarlo y alimentado controlado por nosotros. Si logramos que su estado general esté mejor va a volver a domicilio“, agregó.

Pannone confirmó que Pepe Mujica “tiene una fibrosis en el esófago” que le “dificulta la alimentación”, y que lo que sufre por estos días es “una consecuencia de la radioterapia realizada” hasta agosto de este año a partir del diagnóstico de mayo.

El tumor en el esófago “estaría en una etapa de remisión por el momento”, agregó Pannone, aunque “no se puede decir que tiene curación definitiva”.

Pannone remarcó que el expresidente de Uruguay “se va a quedar acá (internado) todo lo que pueda lograr que se quede, lo que entienden no es una tarea sencilla. Él comprende la situación, el tema es que se siente mejor y se quiere ir a su casa”.

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín, advirtió sobre la profunda y prolongada crisis que afecta a casi todas las ramas de la industria en la provincia.

El dirigente destacó que esta situación ha tenido un impacto significativo en el empleo y señaló las dificultades para reactivar el consumo interno, dado que los salarios han perdido considerablemente su poder adquisitivo.

Según el dirigente, la industria santafesina atraviesa uno de sus peores momentos, con una caída generalizada en la mayoría de los sectores, acumulando un descenso del 13% en el primer semestre del año. En una entrevista con el programa Punto Medio de Radio 2, Martín describió la situación como “una caída muy brusca y extensa”, y subrayó que las pequeñas y medianas industrias son las más afectadas por esta crisis.

El cierre de 2023, marcado por una alta inflación, la devaluación de diciembre pasado, y el continuo aumento de los combustibles, ha generado una fuerte presión sobre los costos de producción. Además, la falta de recuperación en los ingresos y salarios ha frenado el consumo interno. “Todo consumo que se puede posponer, se pospone“, concluyó Martín.

Las industrias santafesinas están haciendo esfuerzos para retener su mano de obra, pero la crisis prolongada ha obligado a muchas a recurrir a suspensiones, lo que ha reducido el empleo industrial entre un 1,5% y un 2%. El presidente de Fisfe, Javier Martín, expresó que las perspectivas a corto plazo no son alentadoras, aunque a mediano plazo podrían verse mejoras en sectores como la energía, la metalmecánica y la minería.

Martín también destacó la tecnificación, diversificación y competitividad de la industria santafesina, que representa el segundo PBI industrial del país. El 2 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Industria, conmemorando el primer embarque de manufacturas desde Buenos Aires hacia Brasil en 1587.

La oposición se organiza para rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justifica la represión policial contra los manifestantes.

Los bloques opositores de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica solicitaron una sesión especial para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que aumentaba los haberes en 8,1%. Aunque no cuentan con los dos tercios necesarios para anular el veto, buscan forzar un debate que exponga a La Libertad Avanza (LLA) y al PRO como los únicos en contra de la mejora para los jubilados.

Además, presionarán a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert (LLA), para avanzar en el tratamiento del veto. En paralelo, los gobernadores provinciales intentarán negociar recursos a cambio de votos para el Presupuesto 2025.

Francos y la polémica represión a jubilados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la intervención policial en las protestas del miércoles, señalando que “vi muchos jubilados jóvenes con las caras tapadas, como en manifestaciones de grupos extremistas de izquierda”. Francos afirmó que los manifestantes violaron las reglas del espacio público, lo que justificó la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Por Santiago Masetti

Hace días, Washington opera en Honduras para desestabilizar al Gobierno, con el fin de condicionar a las instituciones, desgastar a los candidatos del oficialismo y planificar una nueva asonada antidemocrática en la patria de Francisco Morazán.

Las intervenciones, directas e indirectas, de Estados Unidos en Honduras fueron moneda corriente durante todo el siglo XX y en lo que va de la actual centuria vienen siendo particularmente agresivas.

La más grave de las últimas intervenciones tuvo lugar en 2009. Agentes estadounidenses entrenaron a las fuerzas de seguridad hondureñas para la represión que se desató tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Mel Zelaya.

Asimismo, sobran pruebas de la complicidad de Washington en los fraudes electorales de 2013 y 2017 que convirtieron a Honduras en una de las naciones más pobres, desiguales y peligrosas del mundo.

Ese proceso de deterioro económico, social y político comenzó a revertirse en 2021, con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de la nación, de la mano del partido Libertad y Refundación (Libre).

Esta semana, circuló en diferentes medios de comunicación locales que China alertó a las autoridades hondureñas acerca de un plan de desestabilización destinado a provocar un nuevo golpe de Estado.

La información describe los pasos para agredir a un gobierno determinado. La primera fase consiste en generar dudas entre la población y así provocar inestabilidad en su institucionalidad; la segunda, emitir una orden de extradición contra un funcionario de alto nivel sin el fundamento necesario y, por último, relevar el mando principal del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, e iniciar una insurrección de las tropas contra el poder ejecutivo.

La operación golpista orquestada por Estados Unidos y revelada por las autoridades chinas comenzó el miércoles pasado tras la reunión que mantuvieron el entonces ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, respectivamente, con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Menos de 24 horas después del encuentro entre los altos funcionarios de Honduras y Venezuela, la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionó la reunión y acusó al ministro venezolano de “narcotraficante”.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, entendió el mensaje de Dogu como injerencia en los asuntos internos y llamó a dar por finalizado al Tratado de Extradición que su país tiene con Estados Unidos desde 1912, época aquella que se caracterizó por las intervenciones armadas estadounidenses en Centroamérica, elemento central de la denominada “diplomacia del garrote”, aplicada por Washington en toda América Latina y el Caribe.

Los cuestionamientos y declaraciones de corte injerencistas de la diplomática estadounidense contra el actual gobierno hondureño no son nuevos. El 3 de mayo de 2022 condenó la reforma de los servicios energéticos, con la cual las autoridades declararon a los mismos como bien público y parte de los derechos humanos.

En sus argumentos injerencistas, la diplomacia estadounidense hablaba de un supuesto efecto negativo sobre las inversiones argumentando que habría un efecto negativo sobre las inversiones privadas extranjeras.

En marzo de 2023, Dogu opinó sobre los efectos, para ella dañinos, de la reforma tributaria para inversiones y empleo, alentada por la bancada de Libre en el Congreso.

En noviembre de ese mismo año, cuestionó al Ministerio Público por las acusaciones de fraude contra las autoridades del derechista Partido Nacional y en julio de este año se opuso públicamente a la construcción de una cárcel en la isla del Cisne.

Operaciones, acusaciones y renuncias

Cuando a fines de junio pasado se conoció la sentencia de la justicia estadounidense que condenó a 45 años de cárcel al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotraficante, todo hacía suponer que el panorama para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025 y la llegada de la candidata de Libre, Rixi Moncada, a la presidencia serían de cierta tranquilidad; que todo era una cuestión de tiempo.

Sin embargo, la derecha y los alfiles de la política estadounidense para Honduras, se enfilaron hacia una operación mediática que busca desgastar al oficialismo, generar el caos, producir una división en el seno de las Fuerzas Armadas y agredir a las instituciones democráticas.

La misma consistió en la viralización de un video filmado en 2013, donde aparecía el diputado oficialista, Carlos Zelaya, en una reunión con un narcotraficante vinculado a la DEA.

Al conocer la existencia de este video el legislador del oficialismo se anticipó a la operación y explicó que el encuentro se debió a uno de los tantos que se suele tener en tiempos de campañas electorales, que efectivamente había “caído en una trampa” y renunció a su bancada, poniéndose a disposición de la justicia.

Como gesto de buena voluntad y con el objetivo de no entorpecer la investigación, el ministro de Defensa de Honduras e hijo del diputado renunciante, José Manuel Zelaya, anunció el paso a un costado de su cargo el sábado último.

A través de la red social X publicó: “Para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como Ministro de Defensa ante la Presidenta @XiomaraCastroZ resaltando la integridad y el honor de mi padre @CarlosZelayaR”.

El martes por la tarde, poco tiempo después de publicado el video en las redes sociales, la presidenta hondureña junto a la flamante ministra de Defensa y otros altos funcionarios, brindaron una cadena nacional donde la mandataria fue contundente y expresó: “Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Como lo expresé con anterioridad, después de las amenazas de la embajadora de Estados Unidos acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA y al ex ministro de Defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo”.

“El plan para destruir mi Gobierno, socialista-democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas, de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional se están reorganizando en nuestro país para gestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler”, expresó Xiomara Castro.

Luego, tomó la palabra el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien leyó los 33 casos de narcotráfico abiertos en EEUU a figuras del derechista Partido Nacional y del Partido Liberal, entre los que se destacan Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, Fredy Nájera y Roberto Micheletti, entre otros.

Al cierre de la cadena nacional Rixi Moncada recordó que luego del golpe de Estado en 2009 “todo el sistema de seguridad del Estado fue desmantelado, utilizado nuestro territorio como puente para introducir cocaína a EEUU, convirtiéndolo en un paraíso de narcotraficantes en los 12 años y 7 meses de narcodictadura”.

En ese sentido, la titular de la cartera de Defensa rememoró: “Se inhabilitaron los radares”, y luego explicó: “La noticia crimines sobre la ruta y trazas del tráfico de drogas, utilizando nuestros mares y tráfico aéreo es controlada desde Cayo Hueso en EEUU”.

Rixi Moncada y la resistencia militante

Con la renuncia de Zelaya a la cartera de Defensa, la ex funcionaria hondureña y actual candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, pasó a ocupar ese estratégico Ministerio, cuando juramentó este domingo en la Casa Presidencial.

El recorrido de Moncada comienza antes del golpe de Estado, cuando fue ministra de Trabajo en 2006 durante los primeros años del gobierno de Mel Zelaya.

Unos años después se desempeñó en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Durante los años de persecución y encarcelamiento a los miembros de la “resistencia”, fue abogada defensora de militantes perseguidos, encarcelados y exiliados.

También llegó a ser la coordinadora legal para la creación de Libre, delegada de esa fuerza política en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ministra de Finanzas durante los primeros años de Xiomara Castro, cargo que tuvo que declinar para dedicarse de lleno a la campaña electoral de 2025.

Por su parte, las organizaciones políticas y sociales oficialistas convocaron para el 15 de septiembre próximo a una multitudinaria movilización en Tegucigalpa, en apoyo a la presidenta Xiomara Castro, en defensa de la independencia, por la construcción del socialismo democrático y contra los actos injerencistas que buscan el caos y la desestabilización.

Las amenazas lanzadas por la jefa del Comando Sur del Pentágono, la generala Laura Richardson, están haciendo efecto en nuestro continente y buscan dinamitar los gobiernos que no son serviles ante los intereses de Washington.

Frente a ello, existe un pueblo que diagrama su presente y futuro. Recordando que fueron (y son) resistencia, los hondureños trabajan por una sociedad libre e independiente.

Por segunda semana consecutiva, el gobierno de Javier Milei envió a las Fuerzas de Seguridad para golpear a los jubilados y jubiladas que se amontonaron frente al Congreso en contra del brutal ajuste.

Miles de jubilados se congregaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para manifestarse en contra del veto del presidente Javier Milei a la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Las primeras columnas de manifestantes llegaron al centro porteño bajo un estricto operativo de seguridad, con el Congreso vallado y un despliegue acorde a las expectativas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Como ya es habitual, la Policía aplicó el protocolo “antipiquetes” violentándose contra personas de tercera edad. Gas pimienta y palos para los ancianos que se manifiestan luego de que el Presidente decidiera vetar el aumento de las jubilaciones.

Este acto de protesta se produjo una semana después de la brutal represión policial que sufrieron los jubilados durante la marcha en la que pedían que se mantuviera la ley vetada. La indignación y el descontento se hicieron presentes nuevamente en las voces de los manifestantes, quienes expresaron su repudio hacia las políticas del gobierno.

Carmen, una docente jubilada de Morón, expresó su frustración en diálogo con C5N: “La señora ministra, ¿cuánto gasta en los gas pimienta que hacen mal a la salud, que dejan secuelas y un montón de juicios al Estado?” Recordó la represión de la semana anterior y criticó duramente al presidente Milei: “Nunca dijo que nosotros los jubilados éramos ‘la casta’. Es un mitómano, un perverso porque saca los remedios para que la gente se muera antes. Es el peor Presidente de la historia argentina“, afirmó, destacando que, a pesar de sus 30 años de aportes, no llega a fin de mes con su jubilación, incluso con el bono de $70.000 anunciado para septiembre.

Otro manifestante expresó su indignación por la represión: “Sentí una gran indignación porque es como pegarle a un bebé, es denigrante lo que están haciendo. Si Alfonsín, Illia, Chacho Jaroslavsky… o Néstor ven esto dicen ‘pero, ¿esto es democracia?’, están masacrando al pueblo argentino. Este tipo es un payaso con los payasitos al lado. Argentina no se merece esto”.

Sin embargo, no todos coincidieron en la caracterización del presidente. Una señora en la marcha intervino diciendo: “No es un payaso Milei, es un muñeco que está representando a muchos intereses internacionales para terminar lo que es el pueblo argentino en lucha”.

Otra manifestante expresó su preocupación por la situación económica de los jubilados: “No me alcanza la jubilación, pero estoy acá por otros, a los que les alcanza menos que a mí. Es realmente un atropello esto de que haya vetado la Ley de Movilidad Jubilatoria que nos iba a dar $17.000 nada más, mientras que ya perdimos 20% más del poder adquisitivo desde que está él. Pero además, es inconcebible que los Diputados que dicen ser de la oposición sigan apoyando a este Gobierno, que está en contra de la primera infancia, de los jubilados y los que no pueden comer”.

La manifestación de los jubilados frente al Congreso refleja un creciente descontento social en torno a las políticas del gobierno, especialmente en lo que respecta a los sectores más vulnerables, como los jubilados, que se sienten abandonados y reprimidos en su lucha por derechos básicos.

Según el último informe del CEPA, las políticas de Milei estan orientada a promover enclaves extractivistas para la exportación, reprimiarizando la economía argentina y relegando la industria nacional a un segundo plano.

Con motivo del Día de la Industria, el 2 de septiembre de 2024, el Centro de Estudios para la Producción (CEPA) ha publicado un informe que pone de manifiesto la grave situación que atraviesa el sector manufacturero argentino. Tradicionalmente pilar fundamental de la economía nacional, la industria manufacturera representa una quinta parte del empleo registrado privado del país, ofrece salarios un 15% superiores a la media y lidera en inversión en investigación y desarrollo. Sin embargo, el informe del CEPA evidencia un panorama preocupante.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, se perdieron 28.554 puestos de trabajo en unidades productivas industriales, equivalente a una disminución del 2,35%. Proyecciones de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sugieren que para junio de 2024 el número de puestos perdidos podría alcanzar los 33.983.

La producción industrial sufrió una caída interanual del 20,4% en junio, la peor del año según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). La Utilización de la Capacidad Instalada se redujo al 54,5%, niveles comparables a los de junio de 2020, durante la pandemia. Además, la producción industrial de las PyMES se contrajo un 17,8% en julio, acumulando seis meses consecutivos de retroceso.

El informe del CEPA también documenta el cierre y la suspensión de actividades en varias industrias manufactureras durante 2024. Empresas como Talleres Belgrano, Textilcom, Canale, El Miguelito, Imperial Cord y MAR Maquinarias han cerrado sus plantas, destacando la falta de medidas efectivas para proteger y revitalizar la industria nacional.

Las políticas públicas implementadas desde la asunción de Javier Milei han tenido un impacto negativo en el sector. Entre las medidas destacadas se encuentran el aumento de tarifas de luz y gas, que ha afectado a talleres y pequeñas industrias, y la suba de costos a través del Impuesto PAIS. La derogación de la Ley de Compre Nacional y del PRODEPRO, que establecía Aportes No Reembolsables (ANR) para empresas de sectores estratégicos, ha sido un golpe significativo. Además, la eliminación de aranceles de importación y la desregulación en el sector del acero han generado preocupación por sus posibles efectos adversos en el empleo sectorial.

Otras políticas incluyen cambios en el régimen antidumping, limitando los derechos aplicados a ciertas importaciones y reduciendo el plazo máximo para estas medidas, así como la eliminación de políticas de créditos productivos para pymes. También se ha producido un desfinanciamiento significativo en programas y áreas asociadas a la política industrial, con una caída del 89% en la ejecución real de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo entre enero y julio de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior.

El informe del CEPA concluye que la apuesta del gobierno de Milei por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley Bases, está orientada a promover enclaves extractivistas para la exportación, reprimiarizando la economía argentina y relegando la industria nacional a un segundo plano.

En este Día de la Industria 2024, el informe del CEPA pone de relieve la crítica situación del sector manufacturero argentino, subrayando la necesidad urgente de reevaluar las políticas públicas para proteger y fortalecer una de las áreas más vitales para el desarrollo económico y la innovación del país.

El máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido un fallo que anula una normativa de 2006, favoreciendo a la multinacional Shell en una disputa que lleva casi dos décadas. Con esta decisión, el máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

La historia que llevó a este fallo comenzó hace 20 años, cuando Shell Argentina llamó la atención del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien planeaba adquirir la empresa para lanzar una gran petrolera del Sur como parte de su proyecto de “Patria Grande”. Meses después, Néstor Kirchner, entonces presidente argentino, convocó a un “boicot” contra la compañía que, pese a todo, se mantenía firme en el país. Un aumento de precios fue el detonante para que Kirchner pidiera a los argentinos que no compraran “ni una lata de aceite” de la multinacional.

Lo que parecía una cruzada por defender los intereses del pueblo argentino pronto se tradujo en acciones concretas: 33 piquetes se llevaron a cabo en estaciones de servicio. Sin embargo, la verdadera controversia comenzó en 2006, cuando Guillermo Moreno emitió una resolución que le permitió inspeccionar y multar a la empresa. Shell, una compañía extranjera, se convirtió en uno de los principales blancos del gobierno, y su directivo, Juan José Aranguren, pasó de estar en el ojo de la tormenta a ser ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri.

Este capítulo parecía cerrado hasta que, días antes de su cumpleaños, Aranguren recibió la noticia que reveló el verdadero desenlace: la Corte Suprema de Justicia declaró nula la normativa de Moreno, alegando que excedía sus funciones. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron la sentencia que anuló la resolución 25/2006, desestimando las multas por US$21,5 millones impuestas a Shell, uno de los enemigos públicos del expresidente Kirchner. Si bien Aranguren celebró la decisión, afirmando que “tarde o temprano, tuvimos éxito”, la pregunta que queda en el aire es: ¿éxito para quién? ¿Para una empresa extranjera que busca maximizar sus beneficios a costa de los argentinos, o para un pueblo que esperaba que la ley defendiera sus intereses?

La Corte argumentó que la resolución de Moreno excedía sus competencias, citando un decreto de 1991 que promueve “la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado”. Pero, ¿no debería la libertad económica ir de la mano con la protección de los derechos de los ciudadanos y no solo con la defensa de los intereses de grandes corporaciones?

Además, la ley de abastecimiento, que permitía a Moreno sancionar a Shell, fue derogada por el “megadecreto” de Milei a fines del año pasado. Mientras el decreto esté vigente, no se podrán imponer multas como las aplicadas en su momento por el exsecretario de Comercio. ¿Esto marca el fin de la regulación estatal en favor de los intereses de las grandes empresas?

Moreno había establecido que las estaciones de servicio y los usuarios de gasoil que no recibieran el suministro solicitado podían denunciar la situación, lo que permitía sancionar a las empresas responsables. Sin embargo, este intento de proteger a los consumidores fue descartado por la Corte, que favoreció a la multinacional en lugar de abogar por los intereses del pueblo argentino.

Aranguren reveló que Shell fue objeto de 113 investigaciones y recibió 86 sanciones económicas entre 2007 y 2008. Incluso enfrentó una solicitud de prisión de entre 6 meses y 4 años. Según él, todo esto no fue más que una “represalia”. Pero, ¿no era acaso un intento legítimo de regular las prácticas de una empresa que había decidido aumentar los precios en medio de una crisis?

El llamado de Kirchner al “boicot” en 2005 fue una clara señal de que el gobierno argentino no toleraría los abusos de las grandes corporaciones. “Tenemos que decir: ‘a Shell, no’. Yo mismo como Presidente lo digo, porque nos quieren cobrar más de lo que corresponde”, expresó Kirchner, instando a los argentinos a no comprar nada de la compañía. Pero hoy, con el fallo de la Corte, parece que ese espíritu de resistencia ha sido doblegado.

En aquellos días, Shell había dispuesto un aumento de precios de entre 2,6% y 4,2%, lo que desató la furia del gobierno. Sin embargo, mientras el gobierno argentino veía en Shell a un enemigo, el venezolano Hugo Chávez consideraba a la empresa de “interés”. Esta contradicción plantea preguntas incómodas sobre quién realmente estaba defendiendo los intereses de su pueblo.

Aranguren también mencionó que el Gobierno argentino, en 2004, creó Enarsa con la intención de comprar Shell, pero la compañía se negó a retirarse de Argentina. Lo que siguió, según él, fue “una especie de venganza”. No obstante, parece que la verdadera venganza fue la del poder económico sobre los intentos de regulación estatal.

A pesar de las sanciones impuestas por Moreno, Shell nunca pagó las multas, y puso a disposición de la Justicia sus activos en forma de “prenda” hasta que hubiera una decisión judicial. Hubo fallos en primera, segunda y tercera instancia, pero el de la Corte Suprema pone fin a 18 años de litigio. “La parte medio vacía del vaso es que pasaron 18 años”, lamentó Aranguren. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién llenará el vaso de los argentinos?

Tal como había lo había adelantado, el presidente dejó sin aumento a los jubilados y jubiladas.

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó este lunes el veto total al aumento de los haberes jubilatorios que había sido sancionado por el Congreso a fines de agosto.

En el texto del veto, el presidente argumentó que “corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”. De esta manera, se rechazó el incremento adicional del 8,1% que se sumaba a la actualización por inflación de las jubilaciones, aprobada previamente en marzo mediante un DNU firmado por el propio Milei.

La medida buscaba compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por una inflación que superó el 20% en enero, pero que no fue abordada en su momento por el Gobierno.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el aumento vetado representaba “un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”. En su lugar, el Gobierno ha decidido otorgar un nuevo bono para jubilados y pensionados por un monto máximo de 70.000 pesos, que se abonará en septiembre de 2024.

A pesar del contexto inflacionario, el monto del bono no ha sido actualizado desde su primera entrega en marzo.

¿Quiénes recibirán el bono?

El decreto establece que el bono será destinado a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables cuyo pago también está a cargo de la ANSES.