Así lo dijo Carlos del Valle Rojas, académico de la Universidad de La Frontera, quien se encuentra de este lado de la Cordillera en momentos de una escalada represiva contra las comunidades originarias que ya dejó dos muertos en menos de cuatro meses.

(Por Fernando M. López *) El año 2017 comenzó con una brutal represión a los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Meses más tarde, tras una reunión bilateral entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, era encarcelado el líder de esa misma comunidad, Facundo Jones Huala, con pedido de extradición desde Chile. El 1º de agosto, en medio de otro salvaje operativo de Gendarmería, moría Santiago Maldonado. Mientras velaban al joven de veintiocho años en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, el sábado pasado, el Grupo Albatros de la Prefectura asesinaba de un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, un carpintero de veintidós años que se había acercado hasta la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Río Negro, para acompañar a familiares y amigos que reclaman esas tierras ancestrales como propias.

Si bien la autopsia determinó que la bala que puso fin a la vida de Nahuel era una 9mm de las utilizadas por la fuerza federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, salieron a justificar el accionar de Prefectura, tal como lo hicieron anteriormente con Gendarmería en el caso Maldonado.

“Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, dijo Bullrich, agitando una vez más el fantasma de la “RAM” y el “terrorismo”.

Un virulento discurso oficial que es acompañado por el constante bombardeo mediático de Clarín y cía., que hablan de comunidades mapuches “infiltradas por miembros de grupos extremistas trasandinos con mayor conocimiento de conflictos guerrilleros” y hasta de vínculos con “kurdos de origen turco”. El colmo del absurdo lo consignó ayer la periodista Natasha Niebieskikwiat al asegurar que Abdullah Öcalan había sido visto en Neuquén, Río Negro y Chubut, cuando en realidad el líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK) se encuentra preso en la isla turca de Imrali desde 1999.

“Se trata del mismo escenario que se montaba a finales de los noventa en Chile, cuando los mapuches pasaron de ser grupos que se movilizaban socialmente para recuperar sus tierras a ‘terroristas fuertemente armados’ e ‘infiltrados internacionalmente’, aunque eso nunca resultó comprobado”, dijo al diario Contexto Carlos del Valle Rojas, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera (UFRO).

El académico chileno se encuentra en Argentina para dictar una serie de conferencias sobre sus investigaciones en torno al proyecto civilizatorio latinoamericano y el rol de la prensa hegemónica y la literatura de élite en la construcción del “enemigo íntimo-interno”.

-¿Concuerda con quienes denuncian la existencia de una coordinación entre Argentina y Chile para arremeter contra los mapuches?

-Absolutamente. Esto tiene sus raíces más profundas en la segunda mitad del siglo XIX, con dos episodios protagonizados por ambos Estados a través de sus ejércitos, que son la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, muy coincidentes. Desde ese momento se vio un trabajo coordinado, cuyo propósito era directamente eliminar a la población indígena. Lo que uno puede observar hoy es un rebrote sobre el grupo que históricamente ha tenido como territorio ancestral lo que llaman el Wallmapu, que comprende el sur de Argentina y Chile. No cabe duda de que los Estados nacionales actúan de manera coordinada para criminalizar al pueblo mapuche, llevando el tema hacia un problema de seguridad del Estado.

-¿Cómo se dio ese rebrote represivo en Chile?

-Ha tenido algunos momentos bien diversos. En 1997, cuando se produce una primera movilización fuerte por parte de las comunidades indígenas, el Estado nacional decide aplicar leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado. Este ciclo tiene otro momento muy fuerte en el año 2002, cuando muere el primero de los mapuches que estaban movilizados. Desde ese momento hasta ahora, se registraron dieciséis o diecisiete mapuches muertos. Con los distintos gobiernos fue variando quizás el énfasis, pero invariablemente la postura es que no se trata de un problema de tipo político sino judicial, de manera tal que, ante cualquier movilización o protesta, los tribunales invocan esas leyes de excepción.

-La Ley Antiterrorista data de la dictadura de Pinochet…

-Sí, es una ley que no se ha replanteado aun cuando el Estado chileno recibió un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que debe ser revisada y dejar de aplicarse contra las comunidades indígenas. De acuerdo con el análisis que hace la Corte, de las diecisiete ocasiones que se aplicó la Ley Antiterrorista desde el año 2000, doce eran en forma específica contra grupos mapuches. El principal dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), por ejemplo, estuvo preso ocho años por la aplicación de esa ley.

-Es la misma que quieren aplicarle a Jones Huala en caso de lograr su extradición.

-Claro, es lo primero que van a intentar usar. Pero cada vez se les hace más complicado y no sólo por el fallo internacional. Hace poco menos de un mes hubo un fallo del Tribunal de Temuco que termina absolviendo a los once mapuches que habían sido acusados por la Ley Antiterrorista. Es el primer caso desde 1997, y el principal fundamento fue que no existía evidencia de ese carácter. Entonces, es muy probable que tanto los tribunales como el Estado estén ahora replanteándose si conviene o no esa línea para poder obtener los resultados que ellos esperan.

-¿Cuáles son los principales intereses detrás de la persecución a los mapuches en Chile?

-Empresas hidroeléctricas en el Alto Biobío, en la VIII Región, y en el caso de la Región de la Araucanía el tema está relacionado con las empresas forestales, en su mayoría transnacionales, un extractivismo que estas empresas no están dispuestas a perder. Finalmente, lo que está en juego son conflictos que involucran intereses privados pero que se justifican desde el Estado nacional como si fueran problemas de orden público.

-¿Por qué cree que hay tan poca predisposición de los gobiernos de Argentina y Chile a resolver estos conflictos en una mesa de diálogo?

-Cuando el Estado se pone en esa postura insensible e intransigente, no va a avanzar mucho en ningún tipo de diálogo. Lo curioso es que, tratándose de comunidades indígenas, esta intransigencia se mantiene hasta el final, cosa que no ocurre con otro tipo de conflictos, con otros actores. Acá también tenemos una suerte de abuso de poder. Pero creo que todo esto tiene que ver con la historia que se carga encima, porque lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX es la intervención de los Estados nacionales con una necropolítica, que implicaba matar a los indígenas sin ninguna otra discusión, un proyecto civilizatorio de países blancos y occidentales. Cambiar eso significaría en el fondo cambiar la historia también.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

Juan José Chaparro manifestó su “preocupación” y “dolor” por el asesinato del joven a manos de la Prefectura. También dijo desconocer la existencia de la RAM. “Me parece que se está armando un enemigo”, sostuvo y aseguró que “la gran mayoría del pueblo mapuche no se identifica con la violencia”.

Tras acompañar a la familia de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado durante la represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, el obispo Juan José Chaparro reclamó al Gobierno de Mauricio Macri que favorezca “canales de diálogo y caminos racionales, dentro del marco de la ley”, para que “no se sumen más muertos”.

“Hay que dialogar y hacer todo lo posible por salvar vidas humanas, que es lo supremo que tenemos”, subrayó el obispo de Bariloche en diálogo con radio La Red.

Consultado sobre la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), utilizada por el Gobierno para justificar la avanzada sobre las comunidades originarias que reclaman sus tierras, Chaparro dijo no saber qué entidad tiene: “Me parece que se está armando un enemigo. Yo no conozco su existencia”.

“No siempre que ocupen un lugar significa que son grupos RAM. Acá ha habido desalojos históricos que han sido con violencia. Hay que distinguir. Cuando uno ocupa un predio en Buenos Aires, puede que haya una actitud violenta, pero de ahí a que sea un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande”, graficó.

El obispo aseguró que “la gente de origen mapuche que está en nuestra ciudad tiene nombre, trabaja, algunos son concejales, y después hay organizaciones que son comunidades y han estado trabajando para conseguir su tierra de una manera legal”.

“Hay distintos colectivos, como el Parlamento Mapuche, hay diversidad. Pero la gran mayoría del pueblo mapuche no se identifica con la violencia ni con el RAM, al contrario”, concluyó.

La madre de Rafael Nahuel, el joven asesinado por la espalda durante la represión de Prefectura en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, pidió que se determine quiénes fueron los responsables. “Queremos hablar con el policía que lo mató. ¡¿Por qué lo mató?!”, agregó el padre de la víctima.

Antes de dirigirse hasta el Juzgado de Bariloche, los padres de Rafael Nahuel aseguraron que no pararán hasta que los responsables del crimen de su hijo sean juzgados y condenados.

El joven de 22 años fue asesinado de un tiro por la espalda cuando el Grupo Albatros de la Prefectura ingresó el sábado violentamente a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. El informe preliminar de la autopsia confirmó que Nahuel recibió una bala 9 milímetros, compatible con las de Prefectura.

“Sólo quiero justicia para mi hijo. No puedo estar tranquila y no puedo creer que mi hijo se fue de esa manera. Lo único que deseo es que se haga justicia. No voy a bajar los brazos”, sostuvo Graciela Salvo y recordó a su hijo como “una persona muy buena y trabajadora”.

Según la autopsia realizada por la Justicia rionegrina, la bala que terminó con la vida de Nahuel le ingresó por el glúteo izquierdo y dañó órganos, causando una hemorragia interna.

“Queremos hablar con el policía que lo mató. ¡¿Por qué lo mato?!”, afirmó entre lamentos el padre del joven, Alejandro Nahuel, quien aclaró que su hijo nunca tuvo armas de fuego, como tratan de instalar los prefectos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los medios que demonizan a los mapuches.

El hombre dijo que Rafael había ido hasta la comunidad, donde vive su hermana –tía del joven fallecido- para hacer una “changuita”, mientras que Graciela agregó: “El asesino que mató a mi hijo tiene que pagarla”.

Tras la represión en la Lof Lafken Winkul Mapu y el asesinato del joven Rafael Nahuel, el diario de Héctor Magnetto publicó una nota asegurando que Abdullah Öcalan fue visto en varios puntos del país, incluso en “Chubut durante el juicio a Jones Huala”. La autora del artículo tuvo que admitir que el dato era falso cuando otro periodista le remarcó que Öcalan se encuentra confinado en la isla de Imrali.

¿Si pasa, pasa? En su proceso de criminalización de las comunidades indígenas, Clarín intentó vincular hoy a los mapuches argentinos con “kurdos de origen turco ligados a la guerrilla que lucha por la creación del Kurdistán”.

El artículo fue firmado por Natasha Niebieskikwiat, quien dijo tener “acceso a un informe oficial y reservado de policía e inteligencia que confirma indicios” en ese sentido.

La periodista de Clarín mencionó nada menos que a Abdullah "Apo" Öcalan, líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK), asegurando que “se lo ubicó con domicilios en Palermo y el centro porteño”.

“Según se le informó a este diario, fue visto en Neuquén, Río Negro y Chubut durante el juicio a (Facundo) Jones Huala”, agregó Niebieskikwiat.

Pero esta vez la mentira no pasó. Otro periodista, Fabricio Dietrich, le señaló por Twitter: “Si gugleas ‘Abdullah Öcalan’ los 10 primeros resultados te muestran que está preso desde el 15 de febrero de 1999. Un mínimo chequeo no hubiera venido mal”.

Niebieskikwiat debió admitir que, efectivamente, el dato era falso y el diario de Héctor Magnetto borró de inmediato el nombre del líder kurdo.

Öcalan fue secuestrado por los servicios de inteligencia turcos, la CIA y el Mossad israelí en 1999, cuando se encontraba en la embajada griega en Kenia, camino hacia Sudáfrica, donde el gobierno de Nelson Mandela le había ofrecido refugio. En Turquía lo condenaron a muerte, pero las masivas movilizaciones del pueblo kurdo y la presión internacional permitieron revertir esa condena. No obstante, lo confinaron a cadena perpetua en la isla-prisión de Imrali, donde actualmente es el único prisionero bajo la custodia de unos 5 mil oficiales turcos.

Así lo dijo Cristina Marín, abogada del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, al referirse al asesinato de Rafael Nahuel durante la represión de Prefectura. Criticó al juez Gustavo Villanueva y aseguró que “los detenidos fueron golpeados y torturados”.

Integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu acordaron con el juez Gustavo Villanueva frenar el desalojo de la comunidad en Villa Mascardi, al menos por cuatro días, para iniciar un proceso de diálogo luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

En diálogo con FM Alas de El Bolsón, la abogada Cristina Marín, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, explicó que “la intención del diálogo es para que cese la represión a nuestras comunidades”.

“No queremos más muertos. Deseamos poder llevar adelante, en conjunto con el Estado, políticas públicas que tengan que ver con la restitución de tierras de los pueblos originarios. Lo cual es bastante difícil con un Gobierno que tira más para los empresarios y para los ricos”, sostuvo.

Marín recordó que ya había habido una instancia de diálogo previa pero que “las fuerzas policiales la rompieron” cuando desataron la represión del día jueves, cuando detuvieron a mujeres y niños, y la del sábado, que terminó con el asesinato de Nahuel.

“El juez dijo que se tendría que haber cumplido con eso. No sé quién tiene la culpa de esta situación, pero el Estado se va a tener que hacer cargo. Estamos hablando de una muerte", denunció la abogada.

Con respecto a los detenidos, Marín informó que “son Fausto Jones Huala y Lautaro González”, quienes socorrieron a Nahuel al ser baleado por la espalda: “Ellos creían que estaba vivo, y su intención fue llevarlo hasta la ruta para que lo atendiera un médico. Y ahí es a donde a ellos los detienen. En un principio estaban incomunicados y les estaban haciendo pericias a ellos, para ver si ellos no tenían que ver con la muerte. Pero acá lo que hay que investigar es ver quién disparó el arma; y las armas son disparadas por la policía. Los chicos, con lo único que se defendían, eran con piedras, no había otra herramienta”.

También criticó al juez Villanueva, que “estuvo negando que había detenidos, cuando nosotros -internamente- ya sabíamos que había. Lo que no sabíamos era cuántos”.

“Mientras estuvieron detenidos fueron golpeados y torturados para que dijeran quiénes más estaban arriba. Fueron torturados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería”, detalló Marín.

La vicepresidenta defendió la actuación de la fuerza al sostener que deben tener siempre “el beneficio de la duda” ya que ejercen la violencia “para cuidarnos a todos”. Rafael Nahuel, de 21 años, murió de un balazo por la espalda

En sintonía con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, la vicepresidenta Gabriela Michetti justificó la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Lafken Wuinkuñ Mapu, en Villa Mascardi, que el sábado terminó con un joven asesinado.

La autopsia realizada al cuerpo de Rafael Nahuel, de 21 años, estableció que la víctima recibió un balazo de una pistola 9 mm ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar sus órganos vitales.

Sin embargo, Michetti aseguró que el grupo de la comunidad mapuche era “realmente atacante, no era gente que estaba resistiendo, todo lo contrario”.

“El beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona”, remarcó la vicepresidenta en declaraciones al canal América, pese a que el calibre de la bala con la que asesinaron al joven mapuche es el que usan todas las fuerzas de seguridad.

“Ante la violencia, la agresión y el ataque, una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos y tiene que detener o generar la reacción de rechazo a ese ataque para frenarlo”, insistió.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, brindaron una conferencia sobre el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de 22 años abatido por la Prefectura en Bariloche. “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”, aclaró Bullrich.

La funcionaria volvió a defender a la fuerza federal, como lo hizo en agosto pasado, luego de la brutal represión a mapuches que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. "La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes días”, afirmó Bullrich.

Además, volvió a insistir en su teoría sobre grupos armados en el Sur: "Hay grupos violentos que no reconocen al Estado ni la Constitución, y llevan adelante acciones ilegales, violentas e inaceptables”.

De modo increíble, Bullrich se refirió al supuesto "grupo terrorista" llamado RAM, aunque aclaró que es un "nombre genérico". “Podrán tener otro nombre, los queremos separar de la comunidad mapuche o cualquier otro grupo de pueblos originarios”, siguió.

Mientras tanto, la Justicia investiga las circunstancias en las que murió Nahuel, que en principio habría recibido un tiro en el glúteo. Desde la comunidad mapuche negaron que hayan disparado contra los agentes y aseguraron que "se trató de una cacería".

Alejandro Palmas era referente de la organización social "Colectivo al margen", que integró Rafael Nahuel durante los últimos dos años. "No era ni RAM ni terrorista. Era un pibe al que le gustaba jugar mucho al fútbol, le gustaba la cumbia. Estaba desocupado y trataba de encontrarle la vuelta para llenar la olla", aseguró.

En diálogo con el portal El Destape, Palmas afirmó que "era un pibe re tranquilo, pacífico". Sobre su relación con los mapuches, describió: "Sus tíos sí pertenecen a esa comunidad. Él ayer fue a visitar a su tía y a su prima. Cada tanto iba para allá. A Rafa le gustaba participar de esa experiencia de volver al territorio, para conocer un poco la tradición mapuche, estaba en ese proceso de volver a sus raíces", siguió.

Nahuel, de 22 años, fue asesinado durante un nuevo operativo represivo de fuerzas federales. Recibió un tiro en el glúteo. La Justicia deberá investigar en qué circunstancias murió.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió a los agentes y prefirió hablar de "enfrentamiento armado". Aseguró que los prefectos se "vieron obligados a disparar".

El ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich emitió un comunicado en el que sostuvo que los prefectos fueron "atacados" con "armas de fuego" por los mapuches y que fueron "obligados" a defenderse. Volvió a insistir sobre "violencia armada" y dijo que los agresores usaron "gritos de guerra". Durante los hechos que se investigan murió un joven de 22 años por la espalda.

Siguen las repercusiones de la represión violenta de la Prefectura en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Nuevamente, fuerzas federales arremetieron contra la comunidad mapuche, hiriendo con balas de plomo, por lo menos, a dos personas. Una de ellas, Rafael Nahuel, murió el sábado a la noche. La comunidad mapuche no tiene dudas: "Se trató de una cacería", afirmaron.

Por su parte, el ministerio que conduce Bullrich ofreció un relato diferente, en el que defendió a los prefectos. Describió que fueron atacados y debieron "responder". Insólitamente, el comunicado oficial dijo que los agentes tiraron "hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes", lo que no explica cómo fueron heridos los mapuches.

Mientras avanza una causa por la muerte de Nahuel, la Justicia decidió firmar una tregua con la comunidad mapuche, con participación de la APDH Bariloche y la iglesia. El juez Gustavo Villanueva deberá esclarecer en qué circunstancias se produjo el fallecimiento (el joven tiene una herida de bala en su glúteo).

El asesinato de Nahuel se dio en simultáneo con el velorio de Santiago Maldonado, el joven que estuvo desaparecido durante 78 días luego de otra brutal represión de fuerzas federales a mapuches. En ese caso, también Bullrich había defendido a los gendarmes, quien según ella reprimieron en la comunidad indígena en respuesta a una agresión. La Justicia investiga en qué circunstancias murió ahogado Maldonado, mientras los efectivos perseguían y disparaban sobre los manifestantes.