De esta manera, Gustavo Gennuso se diferenció de los gobiernos nacional y provincial, quienes responsabilizaron a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por la toma de un predio en Villa Mascardi. "No me consta que el grupo que tomó el terreno en Villa Mascardi sea RAM, o no. Y, mientras no me conste en términos objetivos, no lo voy a decir", aseguró. Desde muchos sectores vienen advirtiendo que el macrismo está construyendo "un enemigo interno" para profundizar la represión en la Patagonia contra los mapuches.

En una entrevista, Gennuso analizó la ocupación del predio por los mapuches en el contexto de otros conflictos de tierra: "Hay una ocupación que hicieron de parques en un lugar que se llama Tambo Báez, donde también hay un litigio. Bariloche ha tenido históricamente ocupaciones de tierras urbanas, ya no es una lucha Mapuche, sino que hay como en todos los lugares", describió.

El alcalde de Bariloche se refirió además a la comunidad mapuche en la ciudad: "Forman parte de la comunidad. Son médicos, carniceros, profesionales. Forman parte de la ciudad", afirmó. Además, habló de "pensamiento racista": "Ese racismo interno nunca se pudo zanjar y explicarlo, realmente, no puedo porque no puedo pensar en esos términos".

Desde el gobierno nacional de Mauricio Macri y también desde la administración de Río Negro, en manos de Alberto Weretilneck, insisten con la teoría de la existencia de la RAM en la Patagonia. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le achacó decenas de hechos violentos en varias provincias. Además, justificó a partir de esa presencia las represiones que terminaron con las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, este último asesinado por la espalda por prefectos.

Paco Oliveira, cura de la Isla Maciel, se mostró “muy preocupado” por el crecimiento de la violencia institucional durante la gestión del macrismo: “Desde el 83’ no había un aumento tan grande de personas que son asesinadas diariamente por violencia institucional", afirmó. 

En dialogo con AM750, el párroco de la Isla Maciel, Francisco "Paco" Oliveira, hizo un panorama sobre la actualidad y analizó las políticas de Mauricio Macri en materia Seguridad: “A mí no me gusta la profecía auto cumplida pero cuando dejas de lado a un montón de gente, lógicamente esa gente va a salir a pedir por sus derechos y para este modelo esas personas no tienen derechos. Entonces ponemos una supuesta ley y en nombre de esa supuesta ley reprimimos, y ya tenemos demasiados muertos en muy poco tiempo”, sintetizó.

Luego de recordar las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en donde se ven involucradas las fuerzas que responden a la ministra Patricia Bullrich, Oliveira continuó: “Tenemos un aumento en la represión absolutamente justificado cuando escuchas a Bullrich diciendo que ‘no hay que probar nada, nosotros no tenemos que probar nada’, estamos muy cerca de perder, si es que no lo hemos perdido ya, el Estado de Derecho”.

Más adelante, el párroco afirmó que los argentinos “estamos en una democracia formal pero estamos perdiendo el Estado de Derecho”, analizó. “Desde el 83’ no había un aumento tan grande de personas que son asesinadas diariamente por violencia institucional, hay más de una por día”, advirtió.

El padre siguió con su duro diagnóstico: “En estos momentos prácticamente el discurso oficial del presidente Macri para abajo es, ‘actúen, hagan, tiren’, entonces lógicamente eso después lo vivimos nosotros en los barrios”, afirmó.

Además, ironizó sobre el empresario Joe Lewis, dueños de muchos terrenos en la Patagonia: “Yo estuve en el Lago Argentino. Cómo no van a reprimir a Lewis que tiene un lago que es de todos. Lo tiene para él solito hace más de 8 o 9 años, y hay orden judicial que dice que tiene que haber un camino libre y lo tiene cerrado”.

Antes de finalizar, Oliveira le contestó al  senador Miguel Ángel Pichetto, quien días atrás critico al monseñor Jorge Lugones de la Pastoral Social del Episcopado por sus dichos en contra de la reforma previsional: “Una cosa más”, pidió el cura, “Pichetto lo mandó al Obispo a ocuparse de las cosas de Dios, estas son las cosas de Dios, porque yo nunca eh visto un alma caminando”, sentenció.

El bloque de diputados del FpV había convocado a una sesión especial tras la represión de Prefectura en Villa Mascardi, donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel. Sin embargo, el oficialismo no bajó al recinto y bloqueó el quórum.

La oposición intentó debatir hoy en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, pero el bloque de Cambiemos lo frenó de plano.

Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), encabezados por Héctor Recalde, habían convocado a una sesión especial luego del asesinato del joven Rafael Nahuel, quien recibió un balazo por la espalda durante la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Este caso se sumó al de Santiago Maldonado, en cuya desaparición y muerte está involucrada la Gendarmería.

La convocatoria contaba con el apoyo de diputados de Libres del Sur, Peronismo para la Victoria, el Frente de Izquierda y Alfredo Olmedo, pero no logró prosperar porque los legisladores de Cambiemos no bajaron al recinto y bloquearon el quorum.

El temario de la sesión especial también incluía la declaración de emergencia laboral en Fabricaciones Militares, una ley que crea un régimen para la detección precoz y tratamiento de la trombofilia, un proyecto de declaración de emergencia pública por violencia de género en todo el territorio nacional y cambios en la ley de Defensa al Consumidor.

En un duro pronunciamiento, apuntaron contra los proyectos en materia laboral, previsional y tributaria, que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”. También destacaron la escalada represiva en la Patagonia y acusaron al Gobierno por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres manifestó su preocupación en un mensaje titulado “Cambiamos futuro por pasado”, donde se advierte sobre “la acelerada disolución del Estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual ‘Estado Policial’”.

Los sacerdotes repudiaron “la militarización de la Patagonia” que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri para defender los intereses de los inversores extranjeros por encima de la población y “los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”.

“La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley”, sostuvieron los curas al responsabilizar a la Casa Rosada por ambos casos.

En su pronunciamiento, también criticaron “la pérdida de derechos adquiridos” y “el saqueo el país y la exclusión de las mayorías” contempladas en las reformas laboral, previsional y tributaria que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”.

“Es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia, retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia”, subrayaron.

A continuación, la declaración completa:

Los acontecimientos que vive el país nos exigen decir una palabra en el nombre del Dios de la Vida. Creemos que no debemos callar y no rendirle culto a la cautela cuando se trata de la vida o la muerte de los pobres.

Nos preocupan la acelerada disolución del estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual “Estado Policial”. Es sumamente preocupante la militarización de la Patagonia en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros por encima de los derechos de la población y, dentro de ella, los derechos ancestrales de los pueblos indígenas protegidos por la Constitución Argentina. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley. La sangre de Santiago y Rafael clama al cielo y será un peso en la conciencia del Estado que solo se ha encargado de producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras y ha herido la dignidad y el buen nombre del pueblo mapuche y la familia Maldonado.

Más preocupante aún es la vuelta a un discurso autoritario y represivo que creíamos superado y protegido por la dinámica democrática que tanto nos ha costado construir después de la sangrienta dictadura cívico-militar del ’76. A la ya denunciada presión intimidatoria sobre los jueces y la Procuraduría y la permanente violación de la división de poderes que este gobierno ha impuesto como costumbre, se agrega la instalación de un poder represivo con atribuciones por encima de la justicia y los jueces. La ministra de seguridad dice que “va a creer a la versión de las fuerzas de seguridad” sin necesidad de probar nada y que “ya no tienen límites”. Según el diario Clarín, el presidente Macri afirmó que "hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse" “hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”.

La dictadura cívico-militar usó la misma lógica para desaparecer personas. El gobierno instala la hipótesis del enemigo interno, culpa de la violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos va llevando a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de estado. Es el regreso del relato de la doctrina de la seguridad nacional, condenada por el magisterio latinoamericano de la iglesia e instalado a través de las dictaduras militares de los ‘70, que reivindica un modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas, elimina derechos y se instala desde una matriz militar-represiva, más allá de que este sea un gobierno en apariencia democrático.

El saqueo del país y la exclusión de las mayorías a través de las falaces reformas laboral, previsional y tributaria, que no son más que la institucionalización del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado, la pérdida de derechos adquiridos, la retirada del Estado de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales del ser humano, es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia.

Es por eso que exhortamos a los legisladores y dirigentes sindicales a defender los derechos de trabajadores y jubilados, y a detener la depredación de los recursos previsionales destinados a las arcas de los prestamistas y al negocio privado de muchos funcionarios del Estado que mantienen la doble vara de gerentes de capitales privados, naturalizando el conflicto de intereses. Apoyamos de corazón la lucha de los espacios sindicales y las asociaciones de trabajadores que han manifestado en el Congreso para detener esta sangría de recursos y derechos de los argentinos.

Repudiamos la represión a los legítimos dueños de la tierra usurpada por millonarios extranjeros y los consiguientes negocios mineros o inmobiliarios y la sistemática mentira de los Medios de Comunicación cada vez más ajenos a la verdad, la sensatez y los aportes para la paz que tanto pregonan.

Nos solidarizamos con las ya numerosas víctimas de este gobierno irresponsable: los 44 tripulantes -cuyo paradero se desconoce todavía- del ARA San Juan, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los 10 muertos de Iron Mountain, Milagro Sala y sus compañerxs presxs políticxs, y tantos otros.

Tiene razón el oficialista senador Pichetto. “Los curas tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios”. Y justamente la vida ultrajada de Rafita, el desfalco a los abuelos y trabajadores que está previsto por este gobierno en el ajuste disfrazado de reforma, el robo de la Patagonia por los extranjeros amigos de Macri a nuestro pueblo mapuche y a todos los argentinos, son “cosas del Dios” que nos mostró Jesús, el amigo de los pobres y excluidos… Ese Dios que Pichetto quisiera que viva en la sacristía, pero está en el cerro esquivando las balas asesinas y en las calles con nuestro pueblo reclamando justicia social.

Esperamos del episcopado argentino un apoyo público a la defensa de los derechos de la población en peligro, una condena pública del manejo autoritario y elitista de las fuerzas de seguridad y la solidaridad con las víctimas de este modelo neoliberal condenado por el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia.

Curas en la Opción por los Pobres

Noviembre 2017

Se trata de Fausto Jones Huala y Lautaro González, ambos detenidos durante el desalojo de Prefectura en Villa Mascardi, donde el joven de 22 años fue asesinado de un tiro por la espalda.

Luego de iniciar una huelga de hambre, Fausto Jones Huala y Lautaro González fueron liberados por orden del juez Gustavo Villanueva. Ambos están acusados por la ocupación del territorio en la zona rionegrina de Villa Mascardi, cercana a la ciudad de Bariloche.

“Creemos que esto es parte de los reclamos justos que venimos sosteniendo y en función de la falta de delitos en que se les había impuesto a los compañeros”, dijo Matías Schrarer, uno de los abogados de la Lof Lafken Winkul Mapu.

Según trascendió, Villanueva puso tres condiciones para la liberación de Jones Huala y González: no podrán acercarse a los terrenos tomados en cercanías del Lago Mascardi ni salir del país y tendrán que presentarse ante su juzgado al menos una vez por semana.

Los dos mapuches habían sido detenidos el sábado pasado, cuando bajaron de la montaña hacia la ruta con Rafael Nahuel en una improvisada camilla, a la búsqueda de ayuda para intentar salvarlo. El joven de 22 años murió al recibir un tiro por la espada durante la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad Lafken Winkul Mapu. La bala que le entró por el glúteo y quedó alojada debajo de su axila era 9 milímetros, como las que usa la fuerza federal.

Mientras sigue el conflicto por las tierras de Villa Mascardi donde se asentó la comunidad mapuche, la familia de Rafael pidió ser querellante en la causa y reclamó que la Justicia realice las pericias correspondientes en la zona.

Con la lucidez discursiva que acostumbra, el ex Juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, dialogó con Luis D’Elia en la AM740, donde realizó un panorama general sobre la actualidad social y política de la Argentina.

El Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ve “un gravísimo deterioro del Estado de Derecho, a la cual se suman declaraciones absurdas de funcionarios”. A continuación, se refirió a la muerte del joven Rafael Nahuel, donde cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es la responsable de las fuerzas de seguridad, y declara que va a tomar como verdad cualquier cosa que digan las fuerzas de seguridad, cuando ella tiene el deber de vigilar y supervisar a las fuerzas de seguridad. Es responsabilidad de ella que las fuerzas de seguridad no se excedan”, explicó.

En la misma línea, Zaffaroni hizo referencia a los dichos de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que en una entrevista con Luis Novaresio defendió el accionar de las fuerzas de seguridad luego de la muerte de Rafael Nahuel: “Es bueno que de lo que no sabe no hable”, lanzó Zaffaroni. “Que no hable para decir semejantes barbaridades, como cuando dijo que en cualquier caso de violencia institucional opera una presunción en favor de lo que dicen las fuerzas de seguridad. No, la presunción de inocencia es de todo el mundo”, respondió anonadado. “Uno escucha esas cosas y ve que se habla de una legítima defensa con alguien muerto con un tiro por la espalda, de abajo para arriba ¿Qué querés que te diga?”, sentenció.

“Se está tratando de generar un enemigo interno. Me parece que no da pretender que los mapuches son los enemigos públicos número uno, me parece absurdo, creo que nadie lo va a creer pero de cualquier manera la intención no falta” y trazó una línea entre la sesión de tierras y la cuestión mapuche: “Sabemos que el enemigo se crea fundamentalmente por razones políticas generales por un lado, pero por otro lado lo que hay atrás de esto es una cuestión de sesión de tierras, de privación de las tierras ancestrales de los mapuches”, pronunció.

Al ser consultado por las sanciones que pueden caer sobre la Argentina, de no respetar la cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sobre Milagro Sala, Zaffaroni aclaró: “Lo que le puede suceder es una denuncia ante el Secretario General y por ende ante la Organización de Estados Americanos. En general los estados vienen respetando las medidas provisionales y vienen cumpliendo las sentencias”, dijo, y amplió: “Son pocos los estados que de alguna manera no han cumplido decisiones nuestras”.

Más adelante, Zafarroni resumió el momento actual de los trabajadores como “un momento de resistencia, un momento de regresión”, y a la vez que se pregunta “¿Cómo se va a parar esto?”, se contesta: “Lamentablemente creo que lo va a parar el fracaso del proyecto económico que tienen porque es inviable”. En consecuencia, pidió “tener mucho cuidado con estos abusos que están cometiendo desde el oficialismo”, y hablo sobre “cuidar a los pibes, enseñarles porque los pibes tampoco saben de esto, es la primera vez ellos se encuentran con esto, tuvieron unos 12 años que nunca paso nada de esta naturaleza”.

En diálogo con Radio Rebelde, Raúl Zaffaroni también opinó sobre las reformas en materia laborales, previsionales y fiscal que planea el Gobierno, y fue contundente: “Es el resultado de la ideología única que impone este totalitarismo corporativo que tiene pulsiones por el mundo y que ahora se traduce acá”, y enumero los motivos por los cuales Mauricio Macri quiere “hacer de la argentina una especie de Korea, que nunca lo van a lograr, porque nuestros obreros y obreras nunca van a aceptar estar cobrando 200 dólares por mes, pero bueno ellos quieren que así va a venir la lluvia de inversiones, la lluvia de explotación y trabajo esclavo”. Para finalizar, el ex Juez de la Corte Suprema anunció: “Nunca van a llover inversiones productivas porque nunca vamos a llegar al nivel de los países que producen trabajo esclavo.

Luego de la conferencia de prensa de este lunes en la que Patricia Bullrich y Garavano justificaron el accionar del grupo Albatros que culminó con el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, desde redes sociales le recordaron a la ministra las épocas en que lideró la campaña por la derogación de la Ley antiterrorista aprobada en el 2007.

La llamada Ley Antiterrorista fue aprobada en 2007 en el marco de las recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional pero el articulado más polémica dejaba abierta la posibilidad de que se aplique contra individuos o grupos vinculados a la protesta social ya que en el artículo 213 se afirmaba: “Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

En 2014 la entonces diputada Patricia Bullrich, que presidía la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, impulsó la aprobación de un dictamen de comisión para derogar la ley: “Mañana sacaremos dictamen para derogar la abusiva y discrecional ley antiterrorista , una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas, como el caso de Pablo Suárez de Santiago del Estero”. Entonces Bullrich denunciaba que la Ley era “usada como pantalla” por el kirchnerismo “para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país”.

La entonces diputada Laura Alonso, actual titular de la Oficina Anticorrupción, también apoyaba la derogación de la ley, argumentando: “Estamos ante una ley que amenaza la libertad de las personas físicas o jurídicas: va en contra de los que protestan, los que piensan distinto y también contra una empresa que quiebra. Desde el primer día, el PRO se opuso”.

En este sentido vale la pena recodar que, más allá del discurso político y mediático, no se ha presentado una prueba respecto del accionar terrorista o el armamento de un grupo de tan dudosa existencia como RAM y sí se han realizado numerosas detenciones a gente que “piensa distinto”, a veces por acciones tan irrelevantes como hacer alguna publicación crítica contra el gobierno en Facebook o Twitter.

A esto último hay que agregarle lo trascendido en las últimas horas, ya que Bullrich quiere que las fuerzas federales estén por encima del poder judicial, violando así el Estado de derecho.

 

Desde la provincia del Chaco, el presidente se refirió a la represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu que terminó con la vida del joven de 22 años, al recibir una bala policial por la espalda. Lejos de repudiar el crimen, habló de los mapuches como “grupos minoritarios violentos” que “no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia”.

Al igual que sus ministros Patricia Bullrich, y Germán Garavano, el presidente Mauricio Macri agitó hoy el discurso demonizante sobre los mapuches que buscan recuperar sus tierras ancestrales. Lo hizo con el objetivo de justificar el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Albatros de la Prefectura.

El joven de 22 años recibió una bala policial 9 milímetros por la espalda el sábado pasado, cuando la fuerza federal reprimió en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche.

Sin embargo, Macri apuntó contra los mapuches calificándolos como “grupos minoritarios” y advirtió que “no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia”.

El presidente formuló estas declaraciones desde el Chaco, tras recorrer las obras de una planta de tratamiento cloacal en Gran Resistencia junto al gobernador Domingo Peppo.

“Eso, por suerte para ustedes, está pasando muy lejos, en el sur, muy lejos de acá, pero es parte de nuestro país. Nosotros queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa, se conviva respetando la ley, que es respetar al que tenemos al lado”, agregó sobre lo ocurrido en la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Tras el asesinato de Nahuel, Bullrich, y  Garavano había dicho que “nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial”.

“La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, enfatizó en esa oportunidad la ministra de Seguridad.

Desde el sábado se encuentran detenidos los mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, los dos jóvenes que bajaron de la montaña hacia la ruta con Nahuel herido en una improvisada camilla, a la búsqueda de ayuda para intentar salvarlo.

La Nación + dio a conocer una escucha entre prefectos que participaron del operativo en Bariloche y contradice la versión del Gobierno de los mapuches armados.

"Al pie de la montaña, ahí va a venir la gente de la delegación. El primer escalón, ahí estamos secuestrando mochilas, un motosierra Stihl y una pala. Lo preservamos, por favor…", se escucha en el diálogo entre prefectos del Grupo Albatros.

Ayer, Bullrich y Garavano afirmaron que los mapuches estaban armados, la misma versión que difundió en un comunicado el ministerio de Seguridad y que el Gobierno amplificó con sus medios cercanos.

Escuchá el audio:

En una reunión de Gabinete, el presidente Mauricio Macri respaldó a su ministra de Seguridad por el operativo de Prefectura que terminó con el asesinato de un joven de 22 años y varias personas heridas con bala de goma. Además, se indignó porque los efectivo debieron pedir autorización para usar armas de fuego: "¿Cómo que en medio del operativo llamaron para ver si podían usar sus armas? ¡Esto no pasa en ningún lugar del mundo!", gritó.

Ese diálogo entre el mandatario y sus principales funcionarios fue reseñado por Clarín. Pidió un "cambio cultural" en las fuerzas de Seguridad. Nada dijo sobre la posibilidad de que los prefectos hayan matado a una persona desarmada, como aseguraron desde la comunidad mapuche. Rafael Nahuel, el chico abatido por los agentes federales, fue herido por la espalda. Además, no había resto en su mano de pólvora, lo que indica que no había disparado un arma letal, como afirmaron los prefectos.

Por su parte, hoy se supo que la iglesia de Bariloche pidió "diálogo" para evitar "más muertos". Además, negó que la comunidad agredida por prefectos tenga algo que ver con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Me parece que están armando un enemigo”, aseguró el obispo local, Juan José Chaporro, sobre las últimas afirmaciones temerarias de Patricia Bullrich.

“Hay gente que vivía en un lugar y que luego se fue endeudando hasta que de repente no tenían más ese terreno y comenzaron a buscar otros lugares para vivir. Algunos de ellos, pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires. Pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande”, graficó el obispo. Para el Gobierno de Cambiemos, se trata de acciones de una "guerrilla armada".