Plantean desde la prisión domiciliaria a la excarcelación. Al menos 10 ya lograron su cometido

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al coronel retirado Enrique Armando Cicciari, un represor procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en La Plata durante la última dictadura.

Cicciari se había profugado en 2010 y fue apresado y procesado en julio de 2016 junto a otros 20 imputados, entre retirados del Ejército y de la Policía bonaerense, en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Comisaría 8 de La Plata.

La comisaría servía como lugar de alojamiento transitorio para personas privadas ilegalmente de la libertad que luego eran trasladadas a otros centros clandestinos de detención.

El juez federal Ernesto Kreplak dispuso el procesamiento de los 21 acusados por un total de 106 privaciones ilegales de la liberad y seis homicidios cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la citada comisaría platense durante los años 1976 y 1978.

En diciembre último, la Cámara Federal de La Plata se opuso al pedido de prisión domiciliaria, una resolución contra la cual la defensa de Cicciari presentó un recurso de casación.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier Augusto de Luca, también rechazó que se le concediera el beneficio y dictaminó que la prisión domiciliaria para quienes superen los 70 años de edad no es automática sino excepcional y que otorgarla es una facultad de los jueces y no una obligación.

De Luca destacó además que de los informes médicos y psicológicos no surgía que el imputado no pudiera estar alojado en un establecimiento carcelario.

No obstante, la Sala III de la CFCP sostuvo que en estos casos es necesario "conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores".

"Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos" investigados" sino, "por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor", sostuvieron los camaristas Juan Carlos Gemignani, Angela Ledesma y Eduardo Riggi.

En el mismo sentido, señalaron que "no puede soslayarse que el Estado argentino también se comprometió ante la comunidad internacional a 'adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor".

También consideraron "necesario" recordar que para el otorgamiento del arresto domicilio no existe ninguna otra exigencia legal "más allá del requisito etario", fijándose las condiciones a las que quedará supeditado "a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional".

Con estos argumentos, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal decidió "revocar la resolución recurrida y conceder el arresto domiciliario a Enrique Armando Cicciari", y dispuso "adoptar las medidas pertinentes para proceder a tal fin".

Un día antes de la marcha a Plaza de Mayo, el ministro se reunió con gestores que reclamaron por las detenciones del ex militar Emilio Nani y el ex policia Luis Patti.

Ni siquiera el funcionamiento contrarreloj del Congreso para votar una ley que limite el beneficio del 2×1 logró cerrar las puertas del Ministerio de Justicia para los lobistas de los condenados por delitos de lesa humanidad. Según reveló el Diario Perfil en las 48 horas previas a la movilización que encabezaron los organismos de derechos humanos para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Germán Garavano y sus hombres se reunieron con abogados y lobistas de represores, quienes realizaron gestiones contra un juez de la causa ESMA y pidieron la libertad del ex militar Emilio Nani, que acaba de ser detenido en Mar del Plata.

El primer encuentro fue el lunes pasado. “No tuvo que ver con el tema de las domiciliarias ni con el 2×1. Es por un tema que tenemos con un juez del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, que se fue de viaje a fines de abril, aunque la Cámara de Casación y la Corte Suprema le habían dicho que no podía. Pero no estoy autorizado a decir con quién nos reunimos”, detalló el abogado Sebastián Olmedo Barrios que representa a varios represores condenados en otras causas, que ahora enfrentan un nuevo juicio por crímenes cometidos en la ESMA contra 798 personas.

Esa reunión, a la que fueron los abogados Olmedo Barrios y Guillermo Fanego, está rodeada de misterio. Los abogados se niegan a decir a quién vieron y los hombres de Garavano y los de Claudio Avruj se pasan la pelota: los primeros niegan que los haya recibido Siro de Martini, asesor jurídico de Garavano en cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, quien habría viajado especialmente hacia allí desde las oficinas en el Ministerio de Justicia.

Con Garavano. La otra reunión se realizó el martes, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo. El ministro Garavano recibió al escritor y lobista de represores, Sebastián Miranda, y a Carlos Romero, titular de la “Comisión Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia”. Ambos le pidieron por el ex teniente coronel Nani, detenido en una causa por delitos de lesa humanidad que encabeza el juez Santiago Inchausti.

“Le hicimos saber nuestro sentimiento y el de muchos argentinos respecto a los presos políticos, la inseguridad y especialmente lo referido a la detención infundada del teniente coronel Nani y Luis Abelardo Patti, entre otros”, escribió Romero en un posteo de Facebook. Miranda precisó que la reunión duró “45 minutos” y desde el Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro.

Durante el encuentro con Garavano, Miranda se lamentó de que se acuse a Nani “por supuestas violaciones a los DDHH”, justo a él, que “optó por la reconciliación”. Y aclaró que le pidió su intervención “como una de las máximas autoridades de la Justicia argentina”.