El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución de un ex policía bonaerense y agravó la condena de un ex subteniente, juzgados por la masacre de los pibes de villa Carcova. La justicia volvió a poner en la mira la represión del 3 de febrero de 2011 en la villa de José León Suárez.
En este marco, la Sala I del Tribunal anuló la absolución del ex sargento Gustavo Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad en el homicidio de Mauricio Ramos, de 17 años, y Franco Almirón, de 16.
Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fallo sostuvo que los testimonios de los testigos y las pericias ubican a Rey en el lugar desde donde se realizaron los disparos que ocasionaron las muertes.
La Sala I también agravó el delito que se imputa al ex subteniente Gustavo Vega porque recalificó la condena como “tentativa de homicidio calificado por abuso de la función policial y por el empleo de arma de fuego”. A Vega se lo juzgó por las graves lesiones ocasionadas a Joaquín Romero (19), que logró sobrevivir de la represión.
De esta manera, el tribunal resolvió a favor de los recursos presentados por las familias de las víctimas, patrocinadas por el CELS y Juan Carlos García Dietze, y por la UFI N°5 de San Martín.
“Un claro mensaje al Ejecutivo”
Este fallo fue bien recibido por el diputado nacional Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita y de la Campaña contra la Violencia Institucional. “La policía disparó, la justicia disparó también, ahora casación nos dio la razón, lo imposible sólo tarda un poco más”, expresó el diputado del Frente para la Victoria.
De igual modo, el CELS realizó un llamado de atención a la gestión provincial de Daniel Scioli y a la cartera bonaerense de seguridad, que en el momento de la masacre de Villa Carcova estaba en manos de Ricardo Casal, eventual ministro de Justicia en caso de que DOS gane el balotaje.
El organismo liderado por el periodista Horacio Verbitsky consideró que la decisión de la Cámara de Casación Penal “es un claro mensaje al Poder Ejecutivo provincial y a la Policía Bonaerense sobre la necesidad de prohibir el uso de armas de fuego ante situaciones de protesta o conflictividad social como en este caso”.
En tanto, el CELS sostuvo que este fallo “muestra la necesidad de que los tribunales juzguen de forma más estricta las violaciones a los derechos humanos en las que se pone en juego el derecho a la vida y a la integridad física de los sectores de la sociedad que sufren la violencia policial en la vida cotidiana”.
Además los miembros del organismo pidieron profundizar la investigación contra los superiores de los policías Vega y Rey, “por la planificación y la ejecución del operativo violento, así como por el intento de encubrimiento posterior”.
La masacre en la justicia
El 3 de febrero de 2011 siete vagones de una formación de carga del tren Mitre se salieron de las vías en José León Suárez. Los vecinos abrieron el tren de carga descarrilado en las vías que cruzan el barrio. La escena era, al menos, paradójica: la formación que llevaba autopartes —Volkswagen y Renault— y alimentos —Arcor y Bagley— había quedado varada en una de las zonas más pobres de la provincia de Buenos Aires, que subsiste de los desechos arrojados a la quema del CEAMSE.
Cuando llegaron los uniformados desataron una feroz represión policial, que terminó con el asesinato de dos jóvenes y un herido en gravísimo estado.
En marzo de 2014, después de una investigación en la que se pudieron desarmar las estrategias de encubrimiento policial, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Martín condenó al subteniente de la policía bonaerense Gustavo Vega a siete años de prisión por la “tentativa de homicidio simple” de Joaquín Romero y absolvió al sargento Gustavo Rey por el homicidio de Mauricio Ramos y Franco Almirón. Ahora, Casación dio vuelta la página de ese fallo que para los familiares de los pibes asesinados tuvo gusto a “impunidad”.
