El Banco de sangre que recibe insumos de 22 nosocomios bonaerenses que envían la sangre proveniente de donativos para que sea analizada y devuelve los hemocomponentes necesarios para transfundir a los pacientes.

En las últimas dos semanas, el Banco de sangre de General Rodríguez no recibió reactivos de serología, por lo que los profesionales no pueden estudiar alrededor de 400 unidades de sangre que se encuentran bloqueadas en las heladeras.

Dichos reactivos permiten verificar si la sangre está infectada con VIH, hepatitis o chagas, entre otros.

“Nos sacaron el presupuesto por algún motivo que desconocemos, y pareciera que nadie se quiere hacer cargo de comprar los reactivos”, advirtió una profesional del Banco de Sangre al sitio BigBangNews.

Los establecimientos afectados son el Hospital Nuestra señora de Luján; Pedro D´Agnillo (Marcos Paz); Sanguinetti (Pilar); Meisner; Falcon (Derqui); Hospital de Campana; Eva Perón, infantil de Pontevedra, Materno Infantil Chutro (Merlo); Trauma y emergencias Dr. Abete, Polo Sanytario, Mennem (Malvinas Argentinas); Maternidad Estela de Carlotto (Moreno); Nuestra Señora del Carmen (Carmen de Areco); Arcangel (José C. Paz); Larcade (San Miguel); Exaltación de la Cruz (Capilla del Señor); Vicente López y Planes (General Rodríguez) y el Hospital de Hurlingham.

Como tampoco funcionaron los generadores de emergencia, la situación se volvió "crítica", según denunciaron los médicos y enfermeros. Además, aseguran que el hospital San Martín, de la capital bonaerense, está en muy "malas condiciones" de infraestructura e insumos.

“Justo cuando terminaba nuestro turno a las 24 horas se produjo un corte de luz. Esperamos para salir porque no se veía nada ya que había solo unas pocas luces de emergencia. Pasaron unos 15 minutos y escuchamos al jefe de la guardia que necesitaban asistencia en Neonatología”, describió la enfermera Guillermina Peralta al medio Info Blanco Sobre Negro.

La también delegada de la juanta interna de ATE siguió: "Nos pidieron que empecemos bolsear a los chiquitos que estaban con asistencia respiratoria porque varios aparatos no estaban funcionando. Pudo haber sido una tragedia”, relató.

La enfermera recordó que las áreas más importantes están equipadas con generadores que arrancan automáticamente ante un corte de luz. Pero no funcionaron durante la crisis. “Estuvimos 25 minutos sin luz en todo el hospital", insistió.

La situación fue dramática: “En otra sala, algunos compañeros denunciaron que no había un aspirador para un paciente que había entrado en shock. La situación que se vivió anoche fue tremenda, nunca me había pasado algo así en siete años de trabajo”.

Por último, en un comunicado a la prensa, ATE exigió a las autoridades del Hospital y al Ministerio de Salud bonaerense “soluciones inmediatas y condiciones dignas de trabajo que permitan garantizar la salud de los pacientes”.

La medida de fuerza incluye una movilización desde el Obelisco al Ministerio de Salud de la Nación en contra de la Cobertura Universal de Salud (CUS), considerada una “privatización” del sistema sanitario, así como en rechazo de la reforma laboral, previsional y tributaria.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) desarrolla un paro de 24 horas en los 80 hospitales públicos bonaerenses, nosocomios municipales y centros de salud.

El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, explicó que reclaman a la gobernadora María Eugenia Vidal y a su ministro de Salud, Andrés Scarsi, que “cumplan con el cronograma ya acordado de nombramiento de los precarizados”, reapertura de paritarias, aumento de presupuesto de salud para 2018, aplicación del decreto de desgaste laboral, reglamento para residentes y abordaje de situaciones de violencia.

En el marco del paro, los profesionales de la salud, también se movilizan desde el Obelisco al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo a la Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri.

La CICOP advirtió que la CUS es “la privatización del Sistema Público de Salud”, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La marcha también expresa el rotundo rechazo a la reforma laboral, previsional y tributaria. “La CICOP viene manifestando en todos los encuentros en los que participa su postura de realizar los máximos esfuerzos para convocar a todos aquellos que estén dispuestos a enfrentar las políticas de ataque a lxs trabajadorxs que desarrolla el oficialismo”, explicaron desde el gremio.

En medio de la crisis que atraviesa el sistema sanitario bonaerense, el hospital de Avellaneda decidió recurrir a la colaboración de sus pacientes. En el área de ecografías ya colocaron un cartel requiriendo “rollos de cocina y toallas”.

La gobernadora María Eugenia Vidal decía días atrás, para justificar su decisión de no abrir más hospitales en la provincia de Buenos Aires, que “la salud no es un edificio” y que no le “interesa trabajar para cortar cintas”.

De esa forma le respondía a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quienes pusieron en evidencia la paralización de obras de infraestructura durante la gestión de Cambiemos, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa la Provincia.

“Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia”, fundamentó Vidal.

Pero en hospitales como el Fiorito de Avellaneda carecen de los insumos más básicos y deben recurrir a la buena voluntad de sus pacientes para conseguirlos.

En el área de Ecografías del nosocomio ya colocaron un cartel pidiendo a los pacientes que lleven “rollos de cocina y toallas”, según consignó hoy la agenica local El Vigía.

Lo aseguro María Eugenia Vidal, en respuesta a las críticas que la ex presidente, Cristina Fernandez de Kirchner, y de la Intendenta de La Matanza, Verónica Magario, hicieron por el abandono de seis hospitales de primera generación a punto de terminar.

En diálogo con Radio Nacional, la gobernadora de Buenos Aires se defendió de las críticas lanzadas por la ex presidente, Cristina Kirchner, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, por la falta de terminación de seis hospitales de primera generación que en La Matanza, Escobar, Cañuelas, Rafael Castillo, Esteban Echeverría e Ituzaingó, Cambiemos se niega terminar.

“La salud no es un edificio, a mí no me interesa cortar cintas, yo no vine a la gobernación para cortar cintas y decirle a la gente que tiene un hospital que después no tiene”, dijo María Eugenia Vidal, “No voy a abrir hospitales nuevos porque es una estafa a la gente”, adhirió.

En la misma línea, Vidal insistió, “primero arreglemos los que están antes de inaugurar nuevos, porque eso no garantiza mejor Salud. Mi compromiso es que todos tengan SAME, una ambulancia y una guardia que funcione, con turnos por prioridad de urgencia, que ya lo estamos implementando en 30 guardias del conurbano y lo vamos a hacer en los 79 de toda la provincia”, explicó la gobernadora.

Por otra parte, desde la Fundación Soberanía Sanitaria denuncian el abandono por parte de Cambiemos, de 6 hospitales de primera generación en Buenos Aires, y uno en Paraná, Santa Fé. En un informe, detallan que desde la asunción del presidente Macri y la gobernadora Vidal, “se paralizaron o suspendieron todas las actividades programadas para poner en funcionamiento” los nuevos hospitales, al tiempo que reconoce que “en la mayoría de los casos”, los hospitales se acercaban al 90% de su ejecución.

La intendenta cruzó una vez más a María Eugenia Vidal, esta vez por la salud pública. Fue luego de que la gobernadora explicara en un programa televisivo por qué no abrirá los hospitales René Favaloro de Rafael Castillo y Néstor Kirchner de Laferrere. La gobernadora también recibió varias críticas por lavarse las manos con Farmacity.

María Eugenia Vidal dijo este viernes que no pondrá en funcionamiento dos hospitales construidos en La Matanza durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque, a su entender, son “para la foto de inauguración”.

Tras las declaraciones de Vidal, la intendenta Verónica Magario sostuvo que “la gobernadora le mintió una vez al pueblo de La Matanza y a todos los bonaerenses” al explicar en un programa de televisión las razones para no abrir los hospitales René Favaloro de Rafael Castillo y Néstor Kirchner de Laferrere.

Para poner en marcha los dos nosocomios se requieren los equipos, el mantenimiento y el personal médico y de enfermería, algo que la mandataria provincial no está dispuesta a pagar.

“La señora Vidal dice que la salud no es un edificio. Y por supuesto que no lo es, es un conjunto de edificios y servicios que integran el sistema de salud. Un sistema que en La Matanza está incompleto porque hace falta que abran esos hospitales en forma urgente. Para cubrir la demanda de salud de los más de 2 millones de habitantes que tiene nuestro municipio, hacen falta 5 hospitales de alta complejidad. La gobernadora lo sabe y aun así mintió públicamente”, apuntó Magario.

La intendenta agregó que “la salud pública, pensada como un sistema de prevención y atención de alta complejidad, debe construirse y sostenerse desde el Estado”.

“Eso pensamos quienes gobernamos pensando en los que menos tienen. Pero hoy, el Gobierno nacional y el provincial han decidido atender sólo a aquellos que tengan obra social y que puedan pagar la salud”, lamentó.

Farmacity

En la misma entrevista televisiva, Vidal evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor de la cadena fundada por el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, que intenta desembarcar en la provincia de Buenos Aires desde 2012 a pesar de que no cumple con la normativa vigente.

El periodista Antonio Laje (Buenos Días América) le mencionó que en la causa Farmacity está “involucrada la mesa chica del Gobierno”, en referencia a que la empresa fue creada y presidida hasta diciembre de 2015 por Quintana y uno de los ministros de la Corte propuestos por Mauricio Macri, Carlos Rosenkrantz, tuvo entre sus principales clientes a la compañía farmacéutica.

“Sí, justamente. Por eso y porque hay, puede haber un conflicto de intereses, yo nunca hablé con la Corte de este tema ni lo voy a hacer. La decisión va a ser de la Corte. Ni a favor ni en contra”, respondió muy incómoda la gobernadora.

Para el presidente de la filial Lanús del Colegio de Farmacéuticos, Néstor Caprov, “la respuesta” de Vidal fue “patética”

“El juicio de Farmacity es en contra de la provincia de Buenos Aires, a quien ella representa. Si te hacen un juicio y no contestás, es porque evidentemente lo querés perder”, advirtió Caprov al diario Página/12

El ex ministro de Salud de Buenos Aires y actual secretario de Salud de La Matanza, Alejandro Collia, también criticó con dureza a Vidal: “Qué raro que la máxima autoridad política de la provincia no tenga una idea sobre el rol de la farmacia en la red sanitaria. Qué raro que no sepa cuál es el rol que quiere darle a ese actor y en consecuencia, defenderlo”.

“¿Vidal forma parte de ese conflicto de intereses? ¿En calidad de qué? Si es como gobernadora, tiene que opinar. Tiene la responsabilidad de fijar posición en el tema”, consideró el funcionario.

La Unidad Ejecutora de la “Cobertura Universal de Salud”, creada por decreto de necesidad y urgencia, tuvo su primera reunión. Una reforma dictada por el Banco Mundial para mercantilizar un derecho humano garantizado constitucionalmente.

(Por Fernando M. López *) Con una Confederación General del Trabajo (CGT) más interesada en la caja de las obras sociales que en la salud pública del conjunto de los argentinos, el Gobierno de Mauricio Macri logró dar este lunes el primer paso hacia la implementación de la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS).

“La CUS busca que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan a lo largo de todo su ciclo de vida, sean de promoción, prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos”, sostuvo un comunicado oficial, luego de la reunión inaugural de la Unidad Ejecutora de la reforma, integrada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia Servicios de Salud y la CGT.

Pero en realidad se trata de un plan para mercantilizar el sistema sanitario nacional en función de grandes intereses privados, que no sólo afectará a los sectores que dice beneficiar sino también a los trabajadores de la salud pública.

“Buscan que las leyes de mercados sean las que rijan el sistema de salud, con una transferencia de fondos públicos a lo privado”, advirtió al diario Contexto Marta Márquez, vicepresidenta de la CICOP, quien calificó la reforma como “una puerta de entrada hacia la privatización”.

El Gobierno, la CGT y los medios hegemónicos que sirven de cadena de transmisión de la CUS dicen que la universalidad de la reforma pasa por permitir “a unas 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico recibir atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales”.

Y ahí reside, precisamente, la falacia de la CUS porque el acceso a la salud ya es un derecho universal y gratuito, garantizado por la Constitución Nacional para cualquier persona que habite suelo argentino, sin distinción de raza, religión, ideología política, o condición económica o social.

Lo que en rigor de verdad pretende imponer el nuevo sistema es una “canasta básica de prestaciones” médicas, que le permitirá al Estado nacional eludir su responsabilidad de brindar el grado máximo de salud con los conocimientos técnicos existentes, en línea con los programas de ajuste dictados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hasta la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el Movimiento por el Derecho a la Salud, integrado por organizaciones profesionales, gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos, alertan que esta canasta básica es “un gran riesgo porque aumenta la brecha entre ricos y pobres”.

“Fiel a los criterios del Banco Mundial, la constitución de la canasta supondrá criterios-numeral contables, con lo cual no todas las patologías que afectan a la salud de los ciudadanos se verán cubiertas. De hecho, sólo serán tratadas las más recurrentes. Asistiremos a la concreción de una cobertura mínima de salud, hecho que ya puede observarse en países que llevaron adelante la reforma del sistema, tales como Chile, México o Colombia”, agrega el Movimiento.

Daniel Manoukian, médico generalista del Hospital Chos Malal de la provincia de Neuquén, da un ejemplo que grafica esta situación: “Se podría llegar a la paradoja de que a todas las mujeres se les haga gratuitamente la toma del Pap para determinar si tienen o no cáncer de cuello uterino, pero que la cobertura del CUS no alcance para tratarlo. Esto ha pasado en algunos países que ya han implementado esta receta del Banco Mundial”.

Entonces, lo que no entre en la “canasta básica de prestaciones” deberá ser costeado de manera privada, por lo que sólo tendrán acceso total a los servicios de salud quienes puedan pagar por ellos. Un negocio redondo.

Márquez llamó incluso a “no dejarse engañar” por la supuesta modernización que implicaría la CUS. “Se habla de la historia clínica digitalizada, de que todo el mundo se va a poder atender en cualquier lugar del país con una tarjeta inteligente… No son más que distintas maneras de disfrazar la restricción de un derecho”, aseguró a este diario.

La reforma fue impuesta por Macri a través de un decreto de necesidad y urgencia (908/2016) firmado a mediados del año pasado. Allí se especifica que para financiar el CUS se destinarán, “por única vez”, 8.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) de la Superintendencia del Servicio de Salud (SSS), una cifra insignificante si se la divide por los 15 millones de beneficiarios (apenas 533 pesos por persona).

La CGT se metió de lleno en proyecto porque el presidente no sólo le prometió la devolución escalonada del FSR a las obras sociales, sino que además puso a Alberto Scervino al frente de la SSS, un hombre de José Luis Lingeri, titular de Obras Sanitarias y ex superintendente durante el menemismo.

Scervino fue expulsado del gabinete macrista luego de la marcha del último 22 de agosto, cuando uno de los triunviros de la central obrera, Juan Carlos Schmid, anunció la posibilidad de otro paro general en contra de las políticas neoliberales de Cambiemos.

Fue una clara presión, nuevamente ejercida a través de los fondos de las obras sociales, que surtió el efecto esperado por Macri. De esta forma, la CGT desactivó cualquier debate interno que pudiera derivar en una medida de fuerza y se prestó para avanzar con la CUS, enviando como representantes al propio Lingieri y a Carlos Frigerio, dirigente cervecero.

(*) Artículo tomado del diario Contexto de La Plata.

Durante la gestión de Mauricio Macri, los precios de los remedios aumentaron un 95% promedio, según reveló la Universidad Nacional de Avellaneda. Los más caros son los ansiolíticos, broncodilatadores, antiiflamatorios y antiespasmódicos, con subas de hasta 150%. La situación se agrava por el descenso de la cobertura del PAMI.

Con un Gobierno que ajusta en salud y elimina todo control de precios para beneficiar a los grandes laboratorios, enfermarse puede ser mortal.

Desde que asumió Mauricio Macri en la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2015, hasta septiembre de 2017, los medicamentos aumentaron el 95 por ciento promedio, un avance mayor a 15 puntos respecto de la inflación medida por el índice del ente estadístico porteño (69%).

Así lo indicó un relevamiento de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) sobre la base de una muestra de 123 drogas de consumo masivo.

Los fármacos que más aumentaron fueron los ansiolíticos (147%), broncodilatadores (137%), antiiflamatorios (130%) y antiespasmódicos (121%), mientras que la reventa de remedios importados creció entre enero y agosto de 2017 más del 35 por ciento respecto de igual período de 2016, generando un déficit comercial de 900 millones de dólares.

Desde Unidad Ciudadana señalaran que “los medicamentos están fuera de control” y exigieron una “emergencia farmacológica” para hacer frente a esta situación que afecta a los sectores más vulnerables.

La candidata a diputada nacional por esa fuerza, Fernanda Vallejos, agregó a través de su cuenta de Twitter que “la jubilación argentina es la que menos remedios compra, por los aumentos de la era Macri”.

Precisamente, de acuerdo al informe de la UNDAV, el aumento en los medicamentos va de la mano con la caída de la cobertura por parte del Gobierno.

“Más del 15 por ciento de los productos del relevamiento sufrieron un descenso en la cobertura por parte del PAMI en 2016. En grupos de riesgo de adultos mayores, con patologías depresivas, la afectación es de casi un 50 por ciento de incremento por quita de cobertura”, detalla la casa de estudios.

Se trata de Romina Rodríguez, quien ocupó la subsecretaria de Gestión y Administración de los Recursos de Salud. La militante de Cambiemos cosechó diez denuncias por violencia laboral iniciadas por sus compañeros y subordinados cuando se encontraba al frente del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires.

Rodríguez asumió en diciembre de 2015 al frente del Registro Provincial de las Personas (RPP), organismo dependiente del Ministerio de Gobierno encabezado por Federico Salvai. Desde esa fecha hasta la actualidad la funcionaria del macrismo en la provincia de Buenos Aires consiguió diez denuncias por violencia laboral iniciadas por sus compañeros y subordinados.

Según publicó el sitio Real Politik, las agresiones de Rodríguez se multiplicaban semana a semana y en la persona de numerosos subordinados: Alejandro Morena (Informática), Cristian Batista, Natalia Panella(Delegaciones), Jimena Domínguez Silvapobas (subadministración), Magali Antonowicks (íntima de la directora), Oscar Rodríguez (chofer de dirección) y Edgardo Markusek (reemplazante del anterior), son solo algunos de los que tuvieron el valor para iniciarle una denuncia.

La reacción utilizada por Rodríguez para contrarrestar las denuncias de sus compañeros de trabajo consistió en que dos directoras del RPP exigieron a sus empleados “notas de respaldo” a la funcionaria en cuestión, lo que está prohibido por las leyes 10430 y de Ética Pública.

El jefe de Gabinete de la Goberandora María Eugenia Vidal, Federico Salvai, para evitar futuros posibles conflictos decidió remover a Rodríguez de sus funciones y se la pasó al flamante ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, quien la nombró como subsecretaria de Gestión y Administración de los Recursos.

De esta manera, la cambiada funcionaria de Cambiemos tiene bajo su órbita áreas claves del ministerio, como  la dirección General de Administración (DGA); Compras y Contrataciones; Personal y Compras Hospitalarias.

Por su parte, los trabajadores del ministerio de Salud comenzaron a movilizarse en aras de librarse de la violencia de Rodríguez. Para ello, iniciaron una discreta junta de firmas que será presentada ante el mismísimo Scarsi y una solicitada que pretenden presentar a los medios en las semanas próximas.

El aumento indiscriminado de los medicamentos en los últimos meses tiene que ver con una política violatoria de la ley, que ajusta en salud y elimina controles de precios para beneficiar a los grandes laboratorios. Las consecuencias ya están a la vista con el incremento de la mortalidad infantil y las enfermedades como la tuberculosis.

Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec) reveló que los medicamentos más usados por la población aumentaron un 100% promedio desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri.

Por ejemplo, el Atenolol, utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares, pasó de 67 a 225,4 pesos (236,4%); mientras que el Acenocumarol, que es un anticoagulante necesario para evitar accidentes cerebro-vasculares, incrementó su valor de 60 a 179 pesos; y el Fluticasona+salmeterol, recetado para personas asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC), aumentó de 449 a 1084 pesos.

Consumidores Libres maneja los mismos datos. Según informó ayer, durante los diecinueve meses del macrismo, los medicamentos de venta libre aumentaron hasta un 236%. En tanto, la suba promedio, sobre un total de 48 fármacos relevados, fue del 132%.

“Son los medicamentos que más se venden en la seguridad social, en el PAMI y las obras sociales”, señaló el titular de la a asociación, Héctor Polino, y agregó: “el problema está en los laboratorios y en la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno nacional que no está controlando”.

Nicolas Kreplar, ex viceministro de salud de la Nación y actual presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, recordó que “hay una ley que declara a los medicamentos como bienes sociales”, por lo que el Gobierno “debe regular los precios” para “asegurar la accesibilidad”.

“El Estado nacional ajusta con menos cobertura en el PAMI, menos programas públicos como el Remediar, entonces hay menos población que accede a los medicamentos y lo que hace el mercado es aumentar los precios para sostener su nivel de rentabilidad con aquellos que pueden pagar”, explicó.

Para Kreplar, el secretario de Comercio, Miguel Braun, debería sentarse con los representantes de la industria farmacéutica y decirles “ustedes no pueden aumentar los precios porque no es un bien transable, es un bien social, un derecho”. Sin embargo, el Gobierno decide “abandonar” a la población, en especial “a los pacientes con enfermedades crónicas”, que son los más afectados por estas políticas.

“Esto significa aumento en la mortalidad y aumento de las complicaciones por enfermedades prevenibles”, subrayó el ex funcionario y puso como ejemplo el aumento de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, que trepó del 6,0 en 2015 al 7,2 por mil en 2016, algo “relacionado directamente con el aumento de la desigualdad”.

En otro de los distritos más ricos del país, San Isidro, se detectaron un total de 43 casos de tuberculosis, una enfermedad que avanza a medida que se profundiza la pobreza y la indigencia.

La diputada Teresa García, del Frente para la Victoria (FPV), indicó días atrás que en la villa La Cava los casos se multiplicaron desde 2016 y denunció recortes en la compra de medicamentos de prevención por parte del Gobierno de Macri.

“Son cinco medicamentos que actúan en conjunto, y en su compra se bajaron las cantidades, las dosis de cuatro de ellos y se aumentó la de uno solo de ellos, el más barato y el que tiene menos eficacia”, sostuvo la legisladora.