Contradiciendo las versiones que sostuvo Patricia Bullrich y Cambiemos, la Justicia ordenÃģ la detenciÃģn de Francisco Javier Pintos, acusado de haber ejecutado por la espalda al chico de 22 aÃąos en noviembre de 2017.
Lo hizo a traves de un escrito presentado por la ex esposa del fiscal Alverto Nisman al tribunal que lleva adelante la causa a cargo del juez JuliÃĄn Ercolini.
La Justicia tiene en la mira a la Municipalidad de General Rodríguez por supuestos ilícitos de corrupción y evasión fiscal que pican cerca del intendente Diego Kubar, y de distintos funcionarios de Cambiemos.
A fines de Junio, por pedido explícito de la Jueza Sandra Arroyo Salgado, Gendarmería Nacional, en conjunto con la AFIP, realizaron distintos allanamientos en General Rodríguez, distrito encabezado por Diego Kubar de Cambiemos. En el marco de una investigación para dar con una asociación ilícita que cobra coimas a cambio de perdonar impuestos, los allanamientos se realizaron en la heladería Tomasso y la parrilla El Córner, propiedades del hombre de confianza del intendente Darío Kubar, el secretario de Inspección General, Sergio Cuello.
Según denuncia AFIP, Cuello, junto a varios funcionarios, están siendo investigados por “manipular los sistemas para cancelar deudas, proveer facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositivas y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos ‘especiales’ y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras”.
El ex secretario de Gobierno del distrito y actual integrante del palacio legislativo, Sergio Maffía, quien en 2015 acompañó la candidatura de Kubar a intendente en las PASO y en las generales, sostuvo al medio La Tecla que Cuello “debería dar un paso al costado, ya que no beneficia a la gestión; no es conveniente tenerlo en la gestión”. Pese a la investigación y las sospechas, Kubar lo mantiene a Cuello como jefe de campaña del oficialismo, que lleva como primera candidata a Natalia Ruiz, esposa del jefe comunal.
Lo cierto es que lejos de la imagen de incorruptibilidad que quiere dar Cambiemos, las sospechas de corrupción, los allanamientos y denuncias contra la gestión de Diego Kubar en General Rodríguez, ponen en peligro la imagen de María Eugenia Vidal.
En el programa de Mirtha Legrand, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y viuda del fiscal, denunció que el Poder Ejecutivo contrató a su perito criminalista a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Mira el video.
Durante el programa que conduce la “Chiqui” Legrand, la jueza Arroyo Salgado, ex esposa y viuda del fiscal Alberto Nisman, acusó al Poder Ejecutivo liderado por el presidente Mauricio Macri de contratar a su perito. Al ser consultada por los trasfondos de la causa, Arroyo Salgado denuncio que “lo que más nos preocupó a la querella es enterarnos que nuestro perito criminalista fue contratado por el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso decidí venir a este programa, porque confío en que el presidente Macri no debe estar en conocimiento de esto”.
Ante la mirada atónita de Maria Eugenia Vidal que compartía la “mezasa”, y continuando con la denuncia, Sandra Arroyo Salgado detallo que "el licenciado Daniel Salcedo fue contratado por la AFI, uno de los organismos que está más sospechado de haber tenido participación en el homicidio de Nisman”.
En la misma línea, Arroyo Salgado aclaró: “Nos enteramos hace tres semanas e inmediatamente revocamos su designación en el expediente”, comparó la acción del Poder Ejecutivo con la de “un equipo que va a jugar el Mundial de Clubes a Japón, subiendo al avión se entera que la AFA le contrató al DT”. Para cerrar, la jueza eligió separar al Presidente del hecho, y disparó contra la ex SIDE, “No entiendo quiénes son y porque están haciéndole esto al propio presidente Macri”.
La ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, habló tras el dictamen del fiscal general Ricardo Sáenz que determinó que Nisman fue “víctima del delito de homicidio”.
En una entrevista con Radio Mitre, la jueza se refirió a la muerte del ex funcionario de la UFI-AMIA y a los avances en la causa, y calificó al escrito de Sáenz como “sumamente valiente” y que “escribió todo lo que hay que escribir”.
Además, remarcó que hay pruebas que demuestran que Nisman fue asesinado, hipótesis que desde hace meses sostiene la querella. “Para llegar al final hay que volver al principio y que se hagan las cosas bien”, afirmó la ex mujer del fiscal fallecido en las declaraciones radiales.
Por otra parte, Arroyo Salgado advirtió que “estamos pidiendo, porque así lo manda la Constitución, que la Cámara mande la causa a la Justicia Federal. Que los jueces de la Cámara resuelvan conforme a Derecho, sin más dilaciones, que no se espere o se dilate fecha de inicio de Comisión Interdisciplinaria” para establecer la causa de muerte del fiscal Nisman.
En caso de que el expediente pase al ámbito Federal tomaría un claro color político. Como publicó el Diario Clarín, "si la causa cambia de domicilio, sin dudas Cristina Fernández sería citada a declarar”.
“El paso siguiente, inevitable para cualquier juez que tome el expediente, debería ser la citación de la ex presidenta Cristina Fernández como testigo. ¿Los motivos? Antes de morir, Nisman la acusó de haber intentado encubrir el atentado a la AMIA de 1994 pergeñando, impulsando y firmando el Memorándum de Entendimiento con Irán”, explica el matutino porteño.
Es sabido que hay sectores políticos que quieren ver a CFK comprometida judicialmente. Mediante la “causa Nisman” buscan llevar la causa al fuero federal, donde Cambiemos tiene cercanía con los jueces, y así llegar a la ex presidenta, Cristina Fernández.
En un mismo día Arroyo Salgado, quien se convirtió en una defensora acérrima de la figura del fiscal fallecido Alberto Nisman, benefició a la dueña del Grupo Clarín y a un grupo de periodistas ligados a la ex SIDE.
En 2011, luego de diez años de dilaciones, Felipe y Marcela Noble Herrera aceptaron realizarse los estudios de ADN para comprobar si eran hijos de desaparecidos. El cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo.En tanto, respecto a la causa por la adopción irregular de Felipe y Marcela Noble Herrera, de quienes se sospechaba eran hijos de desaparecidos durante la dictadura, la magistrada federal remarcó que el estudio deADN realizado a ambos y comparado con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo.
En 2011, luego de diez años de dilaciones, Felipe y Marcela Noble Herrera aceptaron de golpe realizarse los estudios de ADN para comprobar si eran hijos de desaparecidos.
El cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo. En tanto, respecto a la causa por la adopción irregular de Felipe y Marcela Noble Herrera, de quienes se sospechaba eran hijos de desaparecidos durante la dictadura, la magistrada federal remarcó que el estudio de ADN realizado a ambos y comparado con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativo. Sin embargo, la apropiación sí fue irregular y nunca quedó del todo clara.
En septiembre de 2012, la jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE en el menemismo, dos ex agentes de Inteligencia y el director del portal Seprin, Héctor Alderete, por ser parte de una “compleja organización clandestina de espionaje” que hackeó cientos de correos electrónicos de los más altos funcionarios de Gobierno. A los periodistas Carlos Pagni, de La Nación; Edgar Mainhard, director del portal Urgente 24, y Roberto García los procesó por encubrimiento, ya que habían usufructuado los datos obtenidos de forma ilegal.
Pero el 30 de diciembre último –el fallo se conoció ayer– la magistrada decidió anular y cerrar la investigación con el argumento de que el expediente se originó con información a la que la ex SIDE llegó de forma irregular. Es decir que, luego de diez años de investigación, se anotició de que la causa nunca debió haber sido abierta. La medida es más llamativa aún si se tiene en cuenta que la jueza no tenía en su poder el expediente, ya que éste estaba en la Cámara de Casación, que debía resolver antes del 10 de febrero si confirmaba los procesamientos. Y mientras un tribunal superior tiene una causa en revisión, los jueces inferiores no pueden tomar este tipo de decisiones.
“Dispondré la nulidad de carácter absoluto de la nota remitida por el entonces secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga por violación de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio y de todo lo actuado a consecuencia de aquella, disponiendo el sobreseimiento de todos los sujetos traídos a proceso”, dijo la magistrada en alusión a la notificación a partir de la que se abrió el expediente, que consideró “viciado desde su origen”.
Arroyo dijo en su último fallo que la información que sirvió para iniciar la investigación por espionaje fue obtenida por dos “agentes infiltrados” que no tenían autorización para actuar como tales. Ese supuesto hecho, de todas formas, figuraba en la foja 1 de la causa.
