A travÃĐs de una carta abierta, advierten que por falta de protocolos sanitarios en los comercios ya hay 300 contagios por Covid-19 y que la empresa no quiere hacerse cargo de la situaciÃģn que estÃĄn padeciendo
La fiscal Paloma Ochoa imputó al empresario Alfredo Coto y su hijo Germán por el arsenal encontrado en una de las sucursales de su cadena de supermercados, así como también a los funcionarios responsables de ANMAC (ex Renar) que tuvieron participación en el procedimiento llevado a cabo en el depósito del negocio familiar y son sospechados de haber ocultado el caso.
La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa. La inspección de parte de ANMAC, fue realizada el 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito.
El arsenal encontrado es escandaloso: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.
Asimismo, resultó llamativo para los investigadores un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado, además de ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003.
Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les habían borrado los números de serie.
En lo que respecta a los directivos ANMAC fueron avisados en su momento sobre tamaño arsenal pero respondieron que "dejaran todo como está", ya que ellos se ocuparían. Por lo tanto la ANMAC no actuó y se ocultaron las pruebas hasta que la UFI-ARM, a cargo de Jorge Di Lello, recibió una denuncia anónima sobre el caso y actuó de oficio, donde constató la veracidad de la acusación y formuló la denuncia penal, que recayó en la fiscalía federal número 10, a cargo de Paloma Ochoa, y del juez Sebastián Ramos.
